Fútbol para todos: gol en contra

Lo que el gobierno creyó que terminaría en Fiesta para Todos terminó en gol en contra. De la idea de remozar al fútbol televisado con un sesgo de modernidad técnica que el Estado no está en condiciones de proveer, junto a relatores un poco más “aptos para todo público”, se pasó –papelón de por medio– a la radicalización de las posturas y, seguramente, del “relato“.

La abrupta salida de Marcelo Tinelli, a quien fueron a buscar a los 44 minutos del segundo tiempo, le devuelve a la Cámpora y a la Presidenta un nuevo revés en el convencimiento de que al partido pueden darlo vuelta solos.

Con el torneo local comenzando y el mundial a la vuelta de la esquina, la improvisación gubernamental en lo que constituye su apuesta mayor en la batalla comunicacional contra la cadena del desánimo ha quedado al desnudo.

El programa Fútbol para Todos siempre fue una clara herramienta de comunicación política, una “obra maestra” para la penetración y manipulación cultural a través de las transmisiones del deporte que constituye una de las máximas pasiones argentinas. Pasión, comunicación y negocio: un combo ideal para mantener entretenido al mismo pueblo al que, supuestamente, se pretende poner a salvo de otras posibles comunicaciones, negocios y políticas mediante este fenomenal artilugio que tan bien empleó la dictadura en 1978.

El sainete que estamos presenciando entre el gobierno y el empresario Marcelo Tinelli ya trae aparejados costos políticos para una sola de las partes y un perdedor neto: el televidente como ciudadano.

Con lo que cuesta el Fútbol para Todos podrían comenzar a resolverse problemas graves que aquejan al país mientras que las transmisiones podrían financiarse –en todo o en parte– con publicidad privada. Pero resulta que el gobierno continúa empecinado en manejar discrecionalmente esos fondos con la complicidad de Don Julio y el sostén irrefrenable de la Juventud Maravillosa que lidera Máximo Kirchner.

Quien lo ha dicho con mayor claridad es Hebe de Bonafini: el FPT es para hacer política, no negocios. Y efectivamente de eso se trata: de la lucha por un poder que, a fuerza de pretender concentrarlo, al gobierno se le diluye cada vez más.

En efecto, su política de comunicación es una máquina de producir estampidas entre los leales y simpatizantes iniciales. Y es también una máquina de crear malestares donde hasta hace cinco minutos no los había. Así es como en tiempo de descuento le propinaron un portazo en la cara a Marcelo Hugo quien, seguramente, ya estará preparando el temido regreso del Gran Hermano.

¿Vendetta o pluralismo?

Inmediatamente después de la derrota electoral por fin el gobierno recibió una buena noticia. El 7D llegó un poco tarde y habrá que ver cómo la autoridad de aplicación de la ley 26.522 (popularmente conocida como Ley de Medios) instrumenta lo que algunos interpretan como una vendetta contra el Grupo Clarín y otros como la ampliación del pluralismo, del derecho igualitario a la producción y al acceso a la información.

Que los jueces de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de seis a uno hayan declarado constitucional la Ley de Medios no quiere decir necesariamente que la norma sea buena. Un excelente medicamento mal administrado puede ocasionar serios problemas de salud así como una ley teledirigida por un gobierno que pretende desarticular monopolios para crear el propio (incluyendo medios satélites) puede terminar amordazando a la ciudadanía al son de un discurso único.

Ratificada la constitucionalidad de la ley no queda otro camino que hacerla cumplir, controlar efectivamente su ejecución y derogar o modificar por vía legislativa aquellos puntos oscuros que resulten de su implementación y puedan llegar a afectar tanto derechos empresariales como sociales.

En tal sentido coincido plenamente con el juez Enrique Petracchi, quien advirtió sobre los riesgos de la mala aplicación de la norma afirmando que la cuestión se distorsionaría “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”. Sinceramente, a la luz del manejo que el gobierno viene haciendo con la Televisión Pública, con Fútbol para Todos y, vistas las facilidades que ha otorgado para que grupos económicos “amigos” compren medios que se vuelven afines, no podemos más que esperar que la lógica de concentración oficialista se acentúe.

Recordemos el consejo de Néstor Kirchner a sus amigos Lázaro Báez y Rudy Ulloa: “compren medios”. He aquí una prueba cabal de la concepción de “captura” mediática gubernamental que, a mi criterio, subyace tras la idea de “democratizar la palabra”.

La Corte ha fallado a favor del gobierno y eso ha hecho que, de pronto, cambie la opinión kirchnerista sobre la integridad democrática de la Corte. Quienes hasta ayer fueron “destituyentes” hoy son alabados.

Quede claro que la Corte es independiente y que le cabe al grupo afectado continuar la defensa de sus derechos en tribunales internacionales si es su intención. La máxima autoridad judicial argentina se ha expedido y el fallo debe cumplirse resguardando todos los procedimientos que la ley prevé. Sería bueno, de paso, que el gobierno no acatara selectivamente los fallos de la Corte y que, de inmediato se abocara a volver operativas otras decisiones firmes del superior tribunal. En efecto: miles de jubilados esperan cobrar lo que les corresponde a la luz del fallo por el “caso Badaro”; también habría que haber restituido inmediatamente en su puesto al procurador general de la Provincia de Santa Cruz (que fue separado arbitrariamente de su cargo por Néstor Kirchner en 1995), y destinar pauta oficial al diario Perfil tal como la Corte lo dictaminó.

Estoy convencido de que ningún medio público puede ser utilizado como instrumento de propaganda oficial y que la AFSCA, en tanto autoridad de aplicación, debe ser neutral. Es de esperar que, una vez resuelta la cuestión de la constitucionalidad, el gobierno aplique la ley a todos los medios de comunicación en vez de seguir diferenciando entre obsecuentes y críticos.

La presidenta desquicia a la democracia

La Presidenta de la Nación salió con dureza al cruce no sólo de la Corte Suprema de Justicia sino también de todo el Poder Judicial en el acto realizado para celebrar el Día de la Bandera en Rosario. El día anterior, con motivo de festejarse el aniversario número cuatrocientos de Universidad de Córdoba, sostuvo que tenía “muchos remedios” para calmar su dolor. A confesión de partem relevo de pruebas: le duele, está enferma, o ambas cosas. Le duele que un poder independiente le diga que no como cuando un padre o una madre no le permite a un hijo cumplir un capricho temerario. Cristina, en vez de ofuscarse con el fallo de la Corte, debería haberlo tomado como una lección democratizante; no como un regaño sino como una oportunidad para reconocer, frente a todos y todas, que se equivocó, permitirse replantear su gobierno, e irse en el 2015 por la puerta grande.

Pero a juzgar por su discurso rosarino, cargado de resentimiento, todo hace pensar que se empeñará en romper puertas y pilares. Puertas y pilares que nos costaron 30 años y 30.000 desaparecidos reconstruir. La Presidenta pretende hacernos creer que una voluntad popular circunstancial puede, por mayoría simple, decidir cualquier cosa. Decidir, por ejemplo, que la Constitución Nacional no vale. Tiene el tupé de preguntarse en voz alta si la toman por tonta cuando, al hacerlo, toma por tonto al pueblo que la ha votado y a quienes dejarán de votar a su proyecto en las elecciones de octubre.

Cuando se postula para jueza en 2015, suponiendo falazmente que de tal modo tendría poderes omnímodos, lo que nos está diciendo es que los desea; que haría cualquier cosa con tal de tenerlos. En síntesis: pretende transformar república en autocracia o monarquía. Esta mujer desquicia a la democracia; pero la democracia tiene también su remedio: el voto popular. El mismo voto popular al que ella apela constantemente. El voto que expresará la voluntad popular de que vuelva a su casa y comience a visitar Comodoro Py.

En octubre los opositores de verdad tendremos la oportunidad de ponerle fin a esta década ganada para ellos y recuperar el futuro para todos. Ellos deberán rendir cuentas de lo actuado ante una Justicia que no deberá consentir impunidad y nosotros dejaremos atrás el relato para escribir la historia con todas las dificultades heredadas con las que la realidad nos enfrente. No habrá más choques ni confrontaciones sino diálogo e integración para gobernar la patria.

¿La presidenta quiere curarse? Que llegue octubre.

En camino hacia la modernización partidaria

Mejorar el sistema de representación política es uno de los desafíos que, a punto de cumplir 30 años, tiene nuestra democracia. Esta es una misión que interpela fundamentalmente a los partidos políticos que tienen la obligación republicana y funcional de modernizarse. 

Las estructuras tradicionales de organización, reproducción de poder interno y agregación de intereses partidarios le han puesto límite a los partidos provocando el éxodo de sus militantes y la pérdida de confianza de buena parte de la ciudadanía.

El desafío entonces no debe pasar por generar buenas acciones marketineras sino por revisar cuáles son los criterios operativos viables para competir, no tanto para triunfar en elecciones circunstanciales, sino para ganar mayor espacio de representatividad social. Es claro que nunca se conseguirán metas partidarias mientras no exista un sujeto social en crecimiento, con razones compartidas por delante e importante raigambre ideológica y cultural de base.

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Irán: la Presidenta debería retirar el proyecto y volver a su posición en la ONU

En la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidenta de la Nación se refirió a la necesidad de esclarecer el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA. Propuso entonces que se aplicara la denominada “Doctrina del atentado de Lockerbie” para garantizar la neutralidad judicial y llegar, de una vez, a la verdad. Esta doctrina importa la participación de un tercer país que brinde garantías fundamentales para las partes involucradas sustanciando el juicio allí.

En su alocución la Presidenta aseguró haber instruido al ministro Héctor Timerman para reunirse con su par iraní e iniciar una ronda de diálogo tendiente a destrabar la investigación vinculada con el atentado.

El diálogo bilateral avanzó al punto en el que estamos hoy: una situación en la que el gobierno pretende someter al Congreso un memorándum de entendimiento con Irán en el que la idea de la intervención de un tercer país neutral ha caído en saco roto.

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