Por: Gerardo Milman
En la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidenta de la Nación se refirió a la necesidad de esclarecer el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA. Propuso entonces que se aplicara la denominada “Doctrina del atentado de Lockerbie” para garantizar la neutralidad judicial y llegar, de una vez, a la verdad. Esta doctrina importa la participación de un tercer país que brinde garantías fundamentales para las partes involucradas sustanciando el juicio allí.
En su alocución la Presidenta aseguró haber instruido al ministro Héctor Timerman para reunirse con su par iraní e iniciar una ronda de diálogo tendiente a destrabar la investigación vinculada con el atentado.
El diálogo bilateral avanzó al punto en el que estamos hoy: una situación en la que el gobierno pretende someter al Congreso un memorándum de entendimiento con Irán en el que la idea de la intervención de un tercer país neutral ha caído en saco roto.
¿Incumplió Timerman las órdenes dela Presidenta o no pudo más que terminar conformando a su interlocutor mediante la redacción de un acuerdo cuyo seguro resultado será la impunidad para los autores intelectuales y materiales del atentado contra la sede de la AMIA?
Llama poderosamente la atención que, de pronto, el gobierno de Irán decida cooperar con la investigación luego de casi dos décadas de negativa sistemática. ¿Tiene el gobierno iraní verdadera sed de justicia? Resulta extraño que el sospechoso de un crimen decida correr el riesgo de exponerse sin garantías de que las acciones judiciales en su contra serán inocuas.
Lo que pretende el memorándum de entendimiento con la República de Irán que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso es, injustamente, transformar en ley de la Nación (vale la pena recordar que los acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento lo son) una suerte de “amnistía encubierta” para los sospechosos iraníes del atentado perpetrado contra la AMIA.
La Presidenta debería retirar el proyecto para la aprobación del memorándum del Congreso y volver a su postura original expresada ante el mundo en la Asamblea General de la Naciones Unidas.
Una acción rectificatoria de esta naturaleza sería un gesto de cordura y un regreso a una vía mucho más racional y menos claudicante que no menoscabe nuestra soberanía, no mancille a las víctimas del atentado, no revuelva las heridas de sus parientes y le devuelva a nuestro país la fe en que una investigación judicial independiente pueda llegar alguna vez a la verdad.