Por: Gladys González
Llega un nuevo 25 de noviembre, fecha reconocida internacionalmente como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y momento más que oportuno para hacer un balance con respecto al camino recorrido y por recorrer.
Todos los días vivimos una tragedia relacionada con la violencia de género, una mujer aterrada, lastimada, asesinada; hijos creciendo en la violencia familiar, hombres que repiten patrones de conducta violentos en todas sus relaciones de pareja, familias destruidas.
Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, desde hace cinco años, cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia sexista en nuestro país. Unos 30 niños por mes quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres y sólo en 2012 fueron 357 los menores que quedaron en esa situación.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación, en estos últimos cuatro años, hemos presentado, la mayoría de los bloques, numerosos proyectos que abordan esta problemática desde todas sus aristas, a veces en un intento desesperado por dar respuesta a las súplicas de las mujeres víctimas que se atreven a peregrinar por los pasillos de nuestros despachos, haciéndose escuchar no sólo por ellas sino por otras tantas que el miedo aún silencia. Sin embargo, la agenda que en estos años impuso la mayoría poco ha tenido que ver con sus realidades.
De estas importantes iniciativas que cuentan con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, pero que aún no se les ha dado tratamiento, pueden destacarse algunas como la creación de refugios y de subsidios para mujeres víctimas de violencia doméstica, la regulación del tratamiento mediático de la violencia de género, la incorporación de la temática en la currícula escolar, la creación del Registro Único de Violencia Doméstica, medidas que faciliten el acceso a la Justicia y numerosas modificaciones útiles que requiere nuestra Legislación Penal.
En todas ellas, la necesidad de lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas surge como un imperativo que nos exige seguir pensando soluciones que se traduzcan en políticas públicas concretas y focalizadas. Tal es el caso del proyecto que impulso a fin de crear un programa para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia doméstica que les brinde la suficiente seguridad y sustento como para salir del círculo vicioso en el que se encuentran inmersas, a través de una sana revinculación social y laboral facilitada por el Estado.
Que las mujeres víctimas tomen conciencia del poder y la capacidad que tienen para recuperar su propia dignidad, es, sin dudas, un proceso que lleva tiempo pero que es mucho más lento cuando no están empoderadas económicamente, es decir: cuando no tienen la posibilidad de sustentarse, ellas y sus hijos. De ahí la importancia de diseñar e implementar políticas no sólo de asistencia inmediata a la víctima (tales como refugios y subsidios) sino también de políticas que les permitan el sostenimiento en el tiempo, la construcción de una nueva vida.
Por otro lado, tal como lo establece la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se nos plantea también la necesidad de abordar la problemática haciendo hincapié en la reeducación de los hombres violentos, disminuyendo las posibilidades de que la violencia se siga reproduciendo. Programas como los mencionados ya se están llevando a cabo en la mayor parte de los países europeos, tales como España, Escocia e Inglaterra, con presencia en países latinoamericanos como Chile y Uruguay. En la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Vicente López está desarrollando programas análogos, por medio del Centro de la Mujer y Políticas de Género de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.
Como es evidente son muchas las iniciativas presentadas, y una vez más estamos ante el desafío de que nuevas mayorías en el Congreso impongan el tratamiento de estos temas conformando una agenda parlamentaria con perspectiva de género.