Un triunfo colectivo para seguir adelante

Todavía estoy conmocionado. Emocionado. La recuperación de Guido es la culminación de una vida de lucha. Una recompensa para el alma. Una reparación.

Pero en esto hay una dimensión que excede largamente lo individual. Incluso que supera el ámbito de nuestra familia. Es que la restitución de la identidad de Guido, el hijo de mi hermana Laura, asesinada por la dictadura cívico-militar después de dar a luz a mi sobrino, es una conquista colectiva.

Durante estas horas frenéticas pero maravillosas hemos comprobado que los valores que guían la militancia de las Abuelas, y que constituyen la política de Memoria, Verdad y Justicia, están instalados en el corazón de los argentinos.

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Una falsa dicotomía que debe superarse

Poco más de cuarenta y cinco días atrás, el Gobernador Daniel Scioli decretó la Emergencia en Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento se alentaron debates alrededor de aquella medida y de la implementación que llevó adelante el Ejecutivo bonaerense: desde descalificaciones reduccionistas hasta aportes para la construcción de seguridad democrática.

En este marco, toma una dimensión muy importante un concepto político que determina la práctica y delimita los alcances de una gestión de gobierno: los derechos humanos y la seguridad no son antagónicos.

Desde diversos sectores (que se ubican en los extremos del arco ideológico de la política nacional) se intentó hacer una utilización política que sólo confunde. Sin embargo, la gestión que realiza el Ejecutivo provincial a través de la secretaría de Derechos Humanos (en articulación con el resto de los ministerios), y las medidas tomadas en el marco de la Emergencia, dan cuenta de un accionar enmarcado en una concepción que aspira a ser una síntesis: la seguridad pública atravesada y condicionada por los derechos humanos.

Por eso el gobernador Scioli tomó una decisión vital: los legajos de los policías y penitenciarios retirados convocados a sumarse a la Emergencia fueron revisados por la secretaría de Derechos Humanos. Cada uno de esos expedientes fue cotejado en una base de datos de lesa humanidad, otra de violencia de género y otra de asuntos internos, por lo que ninguno de los reincorporados tiene antecedentes en ninguno de los tres casos.

Esta articulación con el ministerio de Seguridad se inscribe en el trabajo institucional que Derechos Humanos realiza al interior del Gobierno provincial para abordar la heterogénea y compleja problemática de derechos humanos.

En ese marco, estamos reparando y ampliando derechos en la Provincia, en los distintos campos de acción y ámbitos de intervención de la secretaría de Derechos Humanos. La Emergencia en Seguridad no es la excepción: se intensificaron las políticas sociales, robusteciendo el vínculo con las organizaciones que trabajan territorialmente y complementan la acción estatal, desde una matriz de gestión asociada.

En por esto que entendemos que también debemos trabajar en relación a los sentidos: es falsa la premisa que enfrenta la seguridad con los derechos humanos. La articulación institucional dentro del Gobierno bonaerense, y el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que pueblan los 307 mil kilómetros cuadrados de la provincia, apuntan a la construcción de seguridad democrática, porque el primer derecho que defendemos es el derecho a la vida.

Esta es la concepción que nos permite, además, avanzar en transformaciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), formando y capacitando a agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; trabajar en la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura; monitorear el accionar policial para erradicar la violencia institucional; abordar la violencia de género con un Programa gratuito que atiende las 24hs. los 365 días del año (0800 555 0137).

Por supuesto que estos avances son posibles en el marco de un proyecto político que comenzó hace 11 años: la reciente actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el desarrollo del Programa Progresar, garantizan el acceso a necesidades básicas de los sectores menos favorecidos.

En ese mismo temperamento transformador hay que ubicar los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una nueva conquista democrática que llena de participación popular un ámbito institucional que, muchas veces, evidenció rasgos corporativos. Esta decisión avanza en el mismo sentido que la reforma del sistema político con la incorporación de las PASO; o que las transformaciones socio-culturales expresadas en la ley de identidad de género; o la incorporación de nuevos actores en el espectro comunicacional que significó la ley de medios.

Los juicios por jurados implica modernización y ampliación de ciudadanía en su doble dimensión: como derecho y como responsabilidad que generará mayor compromiso cívico de los bonaerenses. En estas búsquedas, acciones, medidas y sujetos destinatarios es posible vislumbrar el contorno que delimita un proyecto político y su proyección en la historia.

Ampliar derechos, no volver al pasado

Las recientes escaramuzas mediáticas en torno a una supuesta iniciativa para promover el  regreso del servicio militar obligatorio, construyó un escenario que posibilitó diferenciar los comentarios individuales sin representación social ni anclaje institucional, de las políticas de Estado que promueve el Ejecutivo provincial.

El gobernador Daniel Scioli no dejó dudas al respecto y, al mismo tiempo, trazó la hoja de ruta para abordar problemáticas ligadas al presente, pero especialmente relacionadas con el mediano plazo y con la oportunidad de desarrollar la provincia y el país.

El gobernador explicó que el servicio militar obligatorio “es parte del pasado”, y definió el marco político-conceptual para abordar, por ejemplo, la problemática de jóvenes desocupados: “inclusión social”, generación de oportunidades a partir de un Estado activo que interceda para generar las condiciones (destacó los programas Envión –provincial- y Progresar –nacional).

Desde estas certezas y esta responsabilidad es que debemos construir la provincia y el país que estamos en condiciones de hacer: reparando, fortaleciendo y ampliando derechos; caminando hacia la equidad en el marco del desarrollo.

Las problemáticas sociales, las que plantea el desarrollo, no pueden abordarse desde lógicas reduccionistas, ni desde los discursos y prácticas que en el pasado configuraron la Argentina del terror, de la miseria y la exclusión.

Relacionar a la juventud con las violencias, sin matices ni voluntad de análisis histórico, se inscribe en ese marco. Es una especie de resorte reaccionario que expresa, básicamente, incapacidad e irresponsabilidad. No se trata de mandar a los pibes a la cárcel o a los cuarteles. Se trata, como expresó el Gobernador, de incluir y ofrecer posibilidades.

Y finalmente, estos entreveros mediáticos permiten diferenciar a los dirigentes que asumen sus compromisos institucionales con responsabilidad, de los que se transforman en generadores de títulos de alto impacto que se remiten sólo a impresiones particulares que permanecen desarticulados de proyectos colectivos de transformación, y alejados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Este es el camino de los Derechos Humanos. Por eso, en la Provincia ampliamos una consigna histórica: a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, le sumamos la Inclusión Social como paradigma rector. En esos valores puede rastrearse los límites, objetivos y sujetos de un proyecto político.

Frente a la demagogia, los derechos humanos como horizonte

Los linchamientos (o intentos de) a supuestos delincuentes, sucedidos en los últimos días, exigen especial atención a quienes tenemos responsabilidades político-institucionales; y debemos hacer un esfuerzo para no caer en la tentación de los análisis simplistas.

En primer lugar, debemos remarcar que estas situaciones expresan conductas pre democráticas. Es inaceptable que consignas como “el que las hace las paga”, u “ojo por ojo” sean las que determinen nuestro comportamiento social. Y es inaudito que legisladores nacionales repliquen esas ideas y las justifiquen.

La sociedad debe estar muy atenta a los discursos dominantes en torno a estas situaciones, y a la creación de sentidos que apunta a presentar escenarios desastrosos que legitiman estas acciones de “justicia por mano propia”.

Los discursos de determinados políticos, cargados de demagogia punitiva, que apuntan a la “ausencia del Estado”, están cargados de intencionalidad política y miopía social.

Resulta particularmente esclarecedor el comportamiento oscilante de estos mismos políticos, que actúan como caja de resonancia de los discursos mediáticos dominantes: no aparecen con el mismo temperamento en casos de violencia institucional contra jóvenes pobres del conurbano. Parece que estos dirigentes son apenas portavoces de lo que los medios dominantes imponen como agenda: un pibe asesinado en una villa no merece la atención que sí le dispensan a un robo a un vecino de Palermo.

Sin embargo lo principal es que, ante estas situaciones, recordemos las enormes conquistas sociales, culturales, laborales, institucionales que hemos logrado en los últimos 11 años. Por supuesto que no se trata de esconder los notorios problemas que enfrentamos como sociedad. Pero al mismo tiempo que la autocrítica, es vital entender que fue el Estado nacional, y el provincial en sintonía fina, quien impulsó la reparación de derechos y ampliación de ciudadanía más importante de los últimos 50 años.

Las demandas y banderas históricas de sectores sociales que habían sido reducidos a la marginalidad e invisibilizados por los mismos medios que hoy acicatean el descontrol, fueron recuperadas por el Estado para empoderarlos, protegerlos, incluirlos.

Los organismos y militantes de derechos humanos somos un claro ejemplo de ello. Hoy, Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado. Los valores que constituyen esa consigna se han hecho carne en los argentinos.

Abuelas y Madres, HIJOS y familiares, sobrevivientes. Todos ellos son el ejemplo que debemos tomar ante estas situaciones sociales complejas: jamás hubo justicia por mano propia. A pesar de conocer a los asesinos y desaparecedores de nuestros hermanos, a pesar de las provocaciones de los genocidas –incluso en los mismos juicios-, a pesar de los años de ninguneo institucional, nunca hubo respuestas violentas ni “ojo por ojo”. Sólo la búsqueda de justicia a través de las instancias institucionales correspondientes.

No podemos adoptar las prácticas de los victimarios, porque nos convertiríamos en ellos. Debemos profundizar la inclusión y la apertura de posibilidades. Debemos abrir las instancias de diálogo para abordar las tensiones de nuestra sociedad. Y debemos estar atentos ante el oportunismo y la demagogia de determinados sectores y ciertos dirigentes políticos.

La concepción rectora de todas las políticas públicas

Desde hace más de un década, el Día Nacional de la Memoria ha propiciado la aparición de espacios populares de encuentro, reflexión y alegría. La movilización central que se realiza cada año en Plaza de Mayo, y los miles de encuentros y actos que se replican a lo largo y ancho de todo el país, dan cuenta de como los argentinos se han apropiado de esta fecha.

Los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país; la militancia de organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones políticas y sociales; la voluntad institucional del Estado argentino desde la llegada de Néstor Kirchner, y el acompañamiento de los ejecutivos provinciales para sostener la decisión de constituir los derechos humanos como política de Estado. Este escenario da cuenta del involucramiento institucional con los valores que constituyen y le dan sentido a la política de Memoria, Verdad y Justicia.

La sociedad argentina se ha fortalecido y tiene un altísimo grado de conciencia. A nuestra vivacidad innata como pueblo, se sumó la decisión política del Estado para iniciar un proceso de reparación que hoy nos permite tener un estándar alto en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, recién comenzamos. Nuestra democracia es joven, y el proceso de resignificación y valoración de los derechos humanos es aún más reciente. Progresivamente, será necesario apuntar hacia las vulneraciones actuales a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

En ese marco, la responsabilidad política e institucional nos obliga a pensar los derechos humanos en función de la inclusión y la ampliación de ciudadanía.

De esto se trata el presente y el futuro: fortalecer una política de Estado que, en la provincia de Buenos Aires, hemos sintetizado en la ampliación de una consigna histórica. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social. Esta decisión es, por supuesto, una opción política en el marco de un proyecto que aspira a cumplir las tareas inconclusas o aquellas todavía no abordadas.

Quienes habitamos los derechos humanos desde la responsabilidad política debemos planificar nuestro trabajo en torno a dos proposiciones básicas:

- Ampliación y fortalecimiento de la territorialización a través de la construcción de políticas públicas.
- Construir un campo simbólico integral en torno a los alcances y competencia institucional-política-social-cultural de los DDHH.

Es importante comprender que los derechos humanos deben interpelar a los ciudadanos y éstos deben apropiarse de los sentidos y los valores que los constituyen. En este ida y vuelta se encuentra la posibilidad de ampliar ciudadanía, construir políticas públicas que incluyan y que sean eficaces en los diversos campos de acción y ámbitos de intervención de nuestra Secretaría: salud, educación, cultura, género, seguridad.

Desde la construcción de una ley de prevención de la tortura que está actualmente en estudio, y la conformación del CIPreT (Comisión Interministerial para la prevención de la Tortura) en el ámbito del Ejecutivo, hasta los juicios de lesa humanidad que están avanzando en las complicidades civiles y los delitos sexuales. Desde al abordaje de la violencia de género con el Programa AVM (atención telefónica las 24hs. los 365 días del año al 0800-555-0137) hasta las señalizaciones de ex centros clandestinos. Desde la entrega de pensiones a familiares de víctimas de la dictadura hasta la identidad de género. Desde Asuntos Indígenas hasta violencia institucional. Desde problemáticas de discapacidad hasta la trata. Desde la formación de ciudadanía y formas de participación política en la juventud hasta una editorial propia para concientizar y crear sentidos.

Este es el legado de los que no están y de quienes recuperaron sus luchas y banderas. Se trata de la reparación, pero también de la construcción de una patria más justa, libre, soberana. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social.

Ex ESMA: un embate contra Alak y la política de DDHH

El embate que, desde los mismos lugares de reacción de siempre, se despliega en estos días sobre la política de Memoria, Verdad y Justicia y, puntualmente, sobre el ministro Julio Alak, es apenas una nueva operación mediática para cuestionar uno de los pilares en los que se apoya el proyecto nacional-popular que comenzó el 25 de mayo de 2003, y al mismo tiempo para erosionar a uno de los funcionarios más involucrados en la pelea contra las corporaciones (judicial o mediática), como es el ex intendente de La Plata.

Los conceptos con los que se cuestiona la reunión que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación organizó en la ex ESMA para presentar el Plan Estratégico 2012-2015 están anclados en una premisa falsa y en la absoluta incomprensión de esta época.

Este tiempo histórico está atravesado por los derechos humanos y por los valores que constituyen la política de Memoria, Verdad y Justicia. Los ciudadanos y el pueblo se apropiaron de esa consigna, de esos valores y de una visión de los derechos humanos que implica la mirada sobre el país: más justo e igualitario, donde se garantizan los derechos de los argentinos.

Esa visión tiene un anclaje histórico: los compañeros desaparecidos que pusieron el cuerpo y las ideas en función de algo superador, como lo es el proyecto de una Patria libre, justa y soberana. Ellos construyeron esa idea y la desarrollaron en el marco de una época signada por el terror que impuso la dictadura cívico-militar; pero el cotidiano de esos compañeros estuvo sostenido por el amor, la alegría, el compromiso, la convicción.

La resignificación de la política de derechos humanos llevada a cabo desde 2003 está en línea con esa mirada: no queremos construir en la ex ESMA una tiendita del horror. Entendemos que la ESMA, como todos los ex centros clandestinos de detención (CCD), son verdaderos nodos de producción de conocimiento, de reflexión y profundamente llenos de vida gracias a la presencia de un sujeto heterogéneo: no sólo confluyen allí militantes y organismos políticos y de derechos humanos; cada señalización de un ex CCD se desarrolla en el marco de verdaderas fiestas populares en la que conviven varias generaciones en torno a consignas como “Memoria, Verdad, Justicia” y “la Alegría y el Amor vencen al Odio”.

La legitimidad de este proyecto político para hacer y decir sobre derechos humanos es innegable: convirtió en política de Estado la lucha y las banderas de movimientos que, históricamente, habían sido postergados; resignificó y llenó de vida los espacios donde vivió el terror; empujó los juicios en los cuales se juzga a los genocidas en un proceso ejemplar a nivel mundial. A través de todo este desarrollo, logró hacer carne en la sociedad los valores que constituyen y le dan sentido a la consigna Memoria, Verdad y Justicia.

Por eso los ataques de una parte de los medios y de la oposición son irracionales en tanto responden a una obtusa estrategia política, que la repetición de agresiones mediáticas sobre Alak confirma, pues se trata del ministro que enfrenta desde su responsabilidad institucional a los actores corporativos de la Justicia y del entramado de medios.

Y, principalmente, esos embates son miopes porque no dan cuenta del tiempo histórico ni de la intensidad de la relación entre la sociedad, y la decisión popular de defender y promover los derechos humanos.