Cabe preguntarnos, con tanto discurso progresista en favor de políticas “inclusivas”, “sociales”, “solidarias”, ¿cómo puede explicarse que todavía subsista la pobreza?

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

Además la pobreza es un negocio patrimonial. Ejércitos de agentes públicos viven de los presupuestos destinados a la solución de la pobreza. La superposición de funciones estatales, los numerosos planes sociales y los agentes públicos y “para-públicos” como los punteros para administrar lo que otros ya administraron son muestras de que se puede vivir bien “ayudando a los pobres con recursos públicos”.

Crear riqueza

El populismo habla de combatir la pobreza pues supone que la riqueza está dada. Por lo tanto hay que sacársela a unos para dársela a otros. El auténtico combate a la pobreza pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza depende de instituciones que canalicen incentivos. Es más progre el libre comercio, las inversiones externas, la prudencia monetaria y el respeto a la propiedad que los planes sociales anunciados con bombos y platillos. Si queremos eliminar las villas de emergencia habrá que otorgar derechos de propiedad sobre las casas, obras de infraestructura en las calles y provisión de servicios adecuados y nominados.

Si queremos mejorar los ingresos de los pobres habrá entonces que motorizar la inversión local y externa sin distinciones, con normas claras, impuestos bajos y regulaciones razonables.

Si queremos que los pobres no sufran el deterioro en sus ingresos habrá que eliminar la inflación, bajándola hasta al cero o,3% como objetivo prioritario. Nada de eso está haciendo el gobierno, más preocupado en esconder la pobreza antes que solucionarla definitivamente. 

La propuesta fácil

La administración K considera que la única forma de combatir la pobreza es mediante la distribución del ingreso. En varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado “guste o no, la pobreza se resuelve con distribución del ingreso”. La distribución del ingreso quizás logre que los beneficiados la pasen mejor, pero no contribuirá definitivamente a sacar a la gente de la pobreza en forma consistente y de largo plazo.

Los pobres seguirán siendo pobres y por tanto vulnerables y dependientes del poder político que detenta la soga que evita su ahogo. La distribución del ingreso como mecanismo para eliminar la pobreza requiere un mecanismo de transferencia eficiente y transparente. Es decir, estructuras estatales capaces de cobrar impuestos, administrarlos cristalinamente y distribuirlos hacia aquellas personas que efectivamente lo necesitan.

Parece simple pero en el Estado argentino es una tarea de alta complejidad. Tanto por motivos políticos (incapacidad de explicar los beneficios de identificar a los verdaderos necesitados) como por motivos técnicos (incapacidad de las administraciones públicas de producir información confiable), se ha demostrado que es imposible identificar y subsidiar a la demanda. Es decir, específicamente a aquellas personas que lo necesitan.

Identificar a los necesitados tornaría más eficiente la provisión de subsidios, más económica y justa. Ante esa incapacidad, los estados hacen “la fácil”. Montan estructuras gigantes que sirven más para impresionar y ganar votos que para solucionar problemas. Vemos, por tanto, enormes hospitales públicos inaugurados varias veces con filas interminables de personas en situación de necesidad sin poder ser atendidos.

En lugar de atender directamente al necesitado (subsidio a la demanda) los estados optan por subsidiar a la oferta. Los gastos se multiplican en enormes estructuras que más temprano que tarde se transforman en burocráticas y anquilosadas con baja productividad en los resultados. Redunda entonces, estados grandes, gastos sociales “récords” y pobres más pobres que antes.

La distribución destruye incentivos a la producción. Tanto para el beneficiado como para quien aporta mediante impuestos. El beneficiado internaliza el concepto de que “cualquiera sea su productividad, igualmente el Estado se encargará de compensarlo”. El contribuyente en cambio internalizará el concepto que “para qué esforzarme si de cualquier manera el estado quitará parte de mi esfuerzo”.

Ante la pérdida de incentivos la economía se resiente. Pero además, instrumentos para cobrar impuestos y distribuirlos suelen afectar las decisiones de inversión y producción.