Continúa el asedio contra la Justicia

Héctor Huici

El 2015 es un año electoral. Ejecutivo y Legislativo, prácticamente todos los cargos se renuevan a lo largo y ancho del país. Un proceso por demás interesante que tiene la atención de los medios de comunicación y de la gente acaparada; no es para menos.

Pero existe un tercer poder en nuestro sistema republicano de gobierno. Un poder donde, pese a no haber elecciones, hay mucho movimiento. Quizás esa intensidad de movimiento es consecuencia de la poca atención puesta y eso se está aprovechando.

Históricamente, el kirchnerismo ha intentado avanzar sobre el Poder Judicial. Un ejemplo claro ha sido la mal llamada “Democratización de la Justicia”, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La persecución al fiscal José María Campagnoli, la designación de fiscales afines a Alejandra Gils Carbó, el intento de colocar a Roberto Carlés como ministro de la Corte, la presión a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, el intento de Jurado de Enjuiciamiento a los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, han sido algunas de las maniobras más polémicas que, gracias a la participación ciudadana, han sido frenadas. Hoy, quizás habiendo tomado nota de estas derrotas, las embestidas contra la independencia del Poder Judicial son un poco más sutiles.

Acaba de ser aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional el paquete de leyes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Atrás de todos sus tecnicismos, existen aristas polémicas. Por ejemplo: a partir de ahora los fiscales se agruparán por distritos y estarán a cargo de un fiscal coordinador de distrito, quien decidirá a qué fiscal le otorgará cada causa. ¿Quién designará al fiscal coordinador en su cargo? Gils Carbó.

A la vez, se prevé que los fiscales puedan decidir si amerita perseguir un delito o no. En conclusión: un fiscal designado por Gils Carbó decidirá a qué fiscal le otorga la investigación y la acusación de un delito, quien tendrá además la posibilidad de descartarlo si así lo creyera. Me pregunto: ¿qué pasará cuando se investiguen delitos de corrupción?

Un dato más: dentro de la amplitud de facultades con la que se dotará a la procuradora general, una será la de promover el enjuiciamiento de los fiscales, los fiscales de distrito y sus correspondientes sanciones.

Por otro lado, días atrás Cristina Fernández de Kichner firmó la designación de nuevos funcionarios judiciales. El bloque PRO se opuso a todos los pliegos de fiscales y conjueces. En el caso de jueces, se impugnó a cinco de ellos.

Algunos de los flamantes integrantes del Poder Judicial muestran su perfil militante alejado de la independencia e imparcialidad que debe tener un magistrado: Franco Picardi, ex subsecretario del Ministerio de Justicia y militante de La Cámpora, ahora fiscal federal ante la Fiscalía n.° 5, donde tramita el caso por Papel Prensa. También Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía n.° 10, que subrogaba Juan Pedro Zoni, donde investigan los movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman.

No hay dudas de que, aunque con técnicas más refinadas, el kirchnerismo persiste en su intento de colonizar la Justicia y lograr un blindaje. Debemos estar alertas y no permitir que, aprovechando la distracción, logren su cometido. La participación ciudadana será, una vez más, determinante.