Los garantes

Horacio Minotti

El clima electoral en la Argentina está que arde. Las múltiples denuncias de fraude, quema de urnas, telegramas apócrifos, robo de boletas y múltiples etcéteras, han puesto en alerta a la población sobre la eventualidad de un latente fraude generalizado que arroja un manto de sospecha sobre todo el proceso electoral.

Frente a esta situación, la Cámara Nacional Electoral ha decidido tomar medidas para afianzar la confiabilidad de un sistema que de por sí es proclive a facilitar el fraude, pero que los camaristas no pueden cambiar, simplemente porque ellos no legislan.

En otros artículos se ha mencionado la necesidad de que la Argentina cuente con una autoridad electoral autónoma, que sea la que organice los comicios, al margen del Poder Ejecutivo, que por lógica está controlado por un partido político que participa de la elección. Pero la conformación de dicha autoridad electoral es también una cuestión legislativa y no podría concretarse en medio de un proceso como el que estamos atravesando.

Por otro lado, dicha Cámara Nacional tiene un problema adicional. Es, en realidad, un tribunal de alzada, de apelación; la elección la conducen los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias. Un tercio de la totalidad de esos magistrados son subrogantes, es decir, están a merced del Poder Ejecutivo o, para decirlo en términos más claros, del kirchnerismo. Y por otro lado, no son jueces de la especialidad: Cumplen roles de otros fueros y solo en forma contingente la función electoral. La existencia de un fuero electoral exclusivo y autónomo es urgente si pretendemos transparencia y eficiencia.

Sin embargo, con las medidas anunciadas por los camaristas, se tienden a resguardar algunos de los problemas graves que se advirtieron en las últimas elecciones y que explotaron por las aires en el escándalo tucumano.

Como primera medida, es fundamental que la Justicia se haga cargo de la distribución de todas las boletas, como anunciara el magistrado Santiago Corcuera. Es el Estado quien debe garantizar la provisión de estas y, con ella, que el votante tenga a disposición la oferta electoral completa y no una porción. Y habrá también, según el mismo camarista, un delegado de la Justicia por escuela, que será el encargado de administrar las boletas extra y su reposición. De funcionar el sistema de ese modo, no se estaría sometiendo al elector a que “vote lo que encuentre” en el cuarto oscuro. Es el Estado, en este caso el Poder Judicial, quien se hace responsable de que las boletas lleguen a las escuelas y se repongan cuando faltan. Esto subsanaría de hecho, el robo o la destrucción de los instrumentos de sufragio.

Después de la experiencia en Tucumán, es muy importante la decisión de que los camiones que trasladen las urnas cuenten con un sistema GPS, para que en todo momento se pueda saber dónde están, si se detienen y permanecen en esa condición un tiempo imprudente, y qué recorrido hicieron hasta que llevaron las urnas a su lugar de custodia.

Otro de los problemas graves que se ha producido es la falta de coincidencia entre el acta de escrutinio y el telegrama que refleja los resultados insertos en tal acta o, incluso, la adulteración de las actas. Frente a esto, la Cámara Nacional Electoral tiene planeado un sistema de duplicado del acta que será firmado también en original y ambos tendrán el mismo valor jurídico, de modo que si se contradicen una con otra, la mesa resultará invalidada. El acta original siempre viaja dentro de la misma urna; habrá que ver qué modalidad se sigue con la copia, para que llegue a manos de la Justicia por una vía diferente, garantizando así que si se adultera una, no pueda hacerse lo mismo con la otra.

Las medidas tomadas son paliativos, a priori eficientes, pero no más que ello. La Cámara no puede hacer otra cosa, porque está dicho, no es la que dicta las normas. Pero el sistema electoral argentino requiere una profunda modificación y será necesario, cuando esta se lleve adelante, hacer un trabajo conjunto con los camaristas, que son en definitiva quienes, cuando el sistema falla, deben tomar medidas complementarias para minimizar las deficiencias. No hay mayor especialista en la materia que quien ha debido aplicar una legislación deficiente a lo largo de los años.

Pero no puede omitirse una gran reforma, que tampoco puede reducirse exclusivamente al modo de emisión del sufragio (boleta papel, electrónica, única, o cualquiera de sus variantes), sino que debe ser integral, consensuada y tendiente a terminar con el sistema feudal, clientelar y fraudulento que impera en nuestro país. Mientras tanto, solo nos queda la Cámara Nacional Electoral, que hoy es la única garante del imperio de la soberanía electoral del ciudadano.