Por: Horacio Minotti
Quienes observamos la política o participamos de ella hace más de treinta años, asistimos por estos días a un fenómeno único, extraño, heterodoxo, producto seguramente de doce años continuados de la misma fuerza política en ejercicio del poder y de la concepción autocrática y con pretensión y convicción de eternidad con que dicha fuerza concebía su estancia en la conducción del Estado.
Es histórico, tradicional, de buen uso y gusto, y un gesto de vocación democrática, que los funcionarios y los empleados políticos del Estado que ejercieron un rol en una administración entreguen sus renuncias cuando esa gestión concluye. Y que aquellos que no lo hacen esperen pacíficamente su reemplazo cuando el nuevo Gobierno lo decida.
Es lógico, cada gestión tiene su impronta, su modo de ver las cosas, sus confianzas y sus fidelidades, al cabo, por eso el pueblo toma su soberana decisión de cambiar una administración por otra, no solamente para el cambio de un presidente, sino de todos sus equipos de trabajo. Es disparatado pensar que el nuevo gobernante deberá llevar adelante el país con gente que piensa absolutamente distinto o guarda fidelidades con sus rivales políticos. Con estos puede sentarse y acordar, debatir, intercambiar ideas e incluso aceptar propuestas, pero no son su equipo de gestión.
Por eso resulta insólita la sorpresa cuando un medio publica: “Despidieron a Fulano”. No, Fulano debió tener la dignidad de dimitir cuando la administración que lo nombró concluyó su mandato y, si no lo ha hecho, con absoluta lógica el nuevo Presidente debe reemplazarlo. Cuanto más cuando su designación ha sido fruto de un decreto emitido con toda animosidad en los últimos días de la gestión anterior. En ese caso, Fulano debió, si es una persona de bien, decir: “Por favor, no me designen, no corresponde”.
Respecto a quienes no detentan la calidad de funcionarios, pero han sido empleados por una gestión, sea en planta de gabinete o por medio de contratos de locación de servicios, o cualquier otro modo de relación laboral que no tenga estabilidad definitiva por la ley de empleo público, rigen los mismos principios. El título “Tal ministerio despidió a 200 empleados” no se condice con la lógica y tiene un impacto negativo cuando se trata de algo absolutamente normal. A tales empleados probablemente se les haya terminado su contrato en diciembre y simplemente no se les renovará, porque la administración que los contrató ya no está, y la nueva quiere arreglarse con menos empleados o con otros de su confianza. Si tal contrato se renovó artificiosamente antes del 10 de diciembre, cuando esto siempre ocurre el 31 de ese mes, como son esencialmente rescindibles, pues está en todo su derecho el Estado empleador de proceder de este modo. O tal vez se trate de las llamadas “planta de gabinete”, justamente, gente que trabajaba en el gabinete de un funcionario que ya no está, ¿bajo qué parámetros podría pretender esta persona permanecer?
Respecto de aquellos que durante la administración extinta pasaron a planta permanente y, en caso de no haber transcurrido el plazo de un año establecido por la ley de empleo público, el régimen es similar a lo mencionado anteriormente.
Lo cierto es que la enorme mayoría de los agentes públicos que van perdiendo tal condición en la nueva administración en realidad concluyen sus contratos, o han sido plantas de gabinete, o no adquirieron la estabilidad por falta de tiempo, es decir, son empleados o funcionarios de carácter político que han cambiado con las nuevas administraciones ante cada nueva gestión, desde 1989 a la fecha, indefectiblemente, y sin una sola queja, ni mucho menos notas periodísticas al respecto.
Que la administración anterior haya colocado en el Estado a muchos miles de empleados o funcionarios más de lo que es lógico y de uso, y de lo que ha hecho cualquier gestión que lo precedió, le da un volumen especial a lo que ocurrió siempre y las fuerzas políticas aceptaron pacíficamente, no solamente por ser absolutamente legal, sino porque es el cariz obvio de una designación política. Salvo que el Presidente o el responsable de la dependencia deseen mantener por sus cualidades a tal o cual persona en un puesto, ¿por qué el nuevo mandatario debería mantener el equipo de la administración anterior? El pueblo no elige a una persona, sino a un equipo de trabajo y confía en esa persona para que construya ese equipo, no en el que se fue, que oportunamente diseñó el suyo, gestionó con él y luego fue reemplazado por voluntad popular, junto con todos sus colaboradores.
De tal modo que la polémica desatada es más bien un invento del que se aprovechan algunos gremios y otras organizaciones de lo que queda del kirchnerismo, para intentar crear confusión sobre una situación que siempre fue clara, al menos cuando gozábamos de cierta normalidad. Es cierto, hay jóvenes de treinta y pico que ingresaron al mundo de la política de la mano de la gestión estatal y, en muchos casos, por la facilidad que esto les brindaba para obtener algún tipo de ingreso. Deberán entender la lógica democrática que no les enseñaron y razonar que los cuadros políticos trabajan en el Estado en la administración que los eligió y no lo hacen en la que no los contrató. Es obvio, es evidente, es democrático. El Gobierno que terminó en diciembre duró más tiempo que el plazo que fue desde la última elección popular, antes del golpe del 1976 y la recuperación democrática de 1983, e hizo que se olvidaran algunas buenas costumbres del recambio de gestión.