Archivo de Tag: poder judicial

Scioli hizo “bien” en no debatir

La ausencia de Daniel Scioli en el debate presidencial despertó infinidad de críticas desde diversos sectores políticos, periodísticos y sociales. Sin embargo, a mi humilde criterio, el candidato oficialista hizo bien en no asistir, porque tal postura encierra un acto de sinceramiento político e institucional clave. Su sola ausencia habla de él mucho más claramente que cualquier falsedad que hubiese volcado de estar presente en el debate.

Scioli dijo, con su inasistencia, lo que piensa de las instituciones y del pueblo. El debate tuvo un bloque donde los candidatos hablaban de institucionalidad. ¿Qué hubiese dicho el actual gobernador? ¿Que no le importa? ¿Que la independencia del Poder Judicial es algo que lo perjudica y que va a impedirla a como dé lugar? Por cierto que no, hubiese dicho una mentira.

El ex motonauta fue sobreseído la semana pasada en una causa en la que se le imputaba enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio evolucionó en los últimos diez años de una deuda de 40 mil pesos (es decir, patrimonio negativo) a declarar en la actualidad 15 millones de pesos en activos.

El sobreseimiento dictado por un juez de La Plata se llevó a cabo sin requerir una pericia contable sobre la documentación presentada por Scioli en el juzgado. Es decir, el juez, un abogado, analizó por su cuenta documentación contable compleja y con eso sobreseyó. El fiscal de la causa, encargado de representar al pueblo en la acusación, no apeló. Si Scioli iba al debate, ¿qué decía sobre institucionalidad? Hizo bien en no ir a mentir. Continuar leyendo →

Sobre Fayt y su resistencia. El juicio de la historia

Hay un proceso que no suele guardar las habituales garantías de los estados de derecho. Por eso, en ellos no juega la prescripción ni tampoco el instituto de la “cosa juzgada”. Son los juicios de la historia, esos espacios en la memoria o en los libros donde, los que llegaron a lugares cuya presencia cambió, de un modo u otro, el curso de los acontecimientos, serán juzgados.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia. Continuar leyendo →

Golpe de Estado al Poder Judicial

La constante presión ejercida desde diversos agentes del poder político sobre los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, especialmente sobre Carlos Fayt y también Ricardo Lorenzetti, no puede entenderse de otra manera que como un intento de golpe de estado sobre uno de los poderes constitucionales, para doblegarlo y dominarlo.

Tienen en realidad los mismos efectos de los antiguos “planteos militares” del siglo XX, desgastan, agobian y buscan que los jueces dejen sus cargos. Intentan generar una falsa noción de acefalía del Poder Judicial, o una acefalía real si logran las dimisiones que pretenden.

Debe decirse que el modo en que los esbirros oficiales disparan contra Fayt es de cobardes, aunque en el barrio los llamaríamos de un modo más gráfico. Y de descarados también. Algunos de ellos no solamente son charlatanes de toda ocasión, opinólogos iletrados que repiten una frase de algún libro del que ocasionalmente leyeron un resumen y definiciones de Wikipedia, sino que además han tenido severos problemas con la Justicia. Otros se han cobrado vidas inocentes durante la “lucha armada”. Continuar leyendo →

En legítima defensa de la institucionalidad

El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la lista de conjueces que el Gobierno aprobó en el Senado hace un año y medio por simple mayoría es un acto de defensa propia y de los terceros, los ciudadanos, que esperan mantener un grado mínimo de institucionalidad en vigencia.

El Alto Tribunal, en su rol de cabeza del Poder Judicial, no puede verse sometido a un golpe de Estado institucional desde otros poderes, sin ejercer tal derecho, y lo ha hacho seleccionando el modo y la oportunidad, para declarar la inconstitucionalidad de la lista de conjueces oficialistas.

El plan para destrozar a la Corte, descripto hace pocos días en este mismo medio, incluía la utilización de esa irregular nómina, cambiando el orden de prelación para la ocupar las vacancias en el Alto Cuerpo, para luego ampliar el número de miembros e “invadirla” con conjueces a la medida del kirchnerismo.

Por cierto, la ampliación del número de miembros está entre las facultades del Congreso, es una medida que se ha tomado de modo reiterado de acuerdo a las necesidades políticas del Gobierno de turno; y también se encuentra entre las prerrogativas del Poder Legislativo, modificar la ley de ordenamiento del Poder Judicial, de modo de alterar el mecanismo de cobertura de vacancias actualmente vigente.

Nada de esto pudo haberlo impedido la Corte Suprema. Pero sí estaba en sus manos que esas vacancias fueran ocupadas por conjueces habilitados para ello por fuera de la ley, y así lo ha hecho. Los ministros tienen esta causa en sus manos desde que la lista se aprobó, en diciembre del 2013, durante una prórroga de sesiones ordinarias, pero ha decidido declarar su inconstitucionalidad ahora, cuando el Gobierno acechaba, buscando utilizarla para “ocupar” la Corte.

El uso de mecanismos ilegales para manipular o directamente dominar uno de los poderes constitucionales no es otra cosa que un golpe de Estado, debe detentar tal denominación, tanto como si se ordenara al Ejército entrar a ocupar el Palacio de Justicia, y eso es lo que intentaba el oficialismo.

La mentada lista de conjueces, poblada por diez juristas de pertenencia definidamente kirchnerista, fue aprobada por mayoría simple en el Senado. El problema es que su objetivo es ejercer, eventualmente, como Ministro de la Corte Suprema, y a tal fin, la Constitución Nacional establece la necesidad de los dos tercios de los miembros de la Cámara Alta.

Del mismo modo que no se puede ser Presidente de la Nación de otro modo que mediante el voto popular, obteniendo determinados porcentajes o yendo a una segunda vuelta; ni se puede tampoco detentar la calidad de legislador nacional sin ser electo por el pueblo; no se puede ejercer ni un minuto el rol de Ministro de la Corte Suprema sin los dos tercios de los respaldos de los miembros del Senado. Cualquier otro mecanismo es inconstitucional.

Es cierto, la Corte eligió el momento para resolver en esta causa, y lo hizo en su carácter de tribunal político, como cabeza de uno de los poderes del Estado, el que define el sistema republicano, y en defensa de los derechos propios y de terceros, preservando la tan agraviada institucionalidad.

El dilema del ucraniano

El discurso político, o politiquero mejor, es recurrentemente utilizado por buena parte de la dirigencia, y si bien todavía hace mella en algunos sectores de la sociedad (hay quienes se sienten impactados por él), a veces resulta sorprendente cuando se escucha de quien además tiene una especialidad profesional, y que debería poder adaptar ese discurso a tal especialidad. En mi caso me refiero al derecho, simplemente porque es lo que conozco.

En una entrevista publicada el domingo al secretario de Justicia y novel miembro del Consejo de la MagistraturaAlejandro Julián Álvarez, al margen de una serie de afirmaciones con las que puede coincidir o no, dice: “Ojalá pueda convencer a los jueces de este país. No quiero convencerlos de que sean kirchneristas, quiero convencerlos de que un país inclusivo y pensar en el otro es importante; venimos de un país demasiado ensimismado, del sálvese quien pueda, quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil”.

Continuar leyendo →

Decoro y delicadeza

Cada uno de nosotros tiene derecho a festejar su cumpleaños cómo y con quien le plazca. Y bien podríamos tener algún amigote en problemas con la ley, al cual le otorgásemos el beneficio de la duda y hasta creyésemos su historia de inocencia. Es humano y está bien, le damos margen a la inocencia de aquellos a quienes apreciamos.

Pero ni usted ni yo somos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial y tribunal superior de la Nación. Si lo fuéramos, deberíamos tener otros cuidados en la celebración de nuestros onomásticos, dado que ese amigo “erróneamente” imputado en 50 expedientes penales bien podría caer con alguno de ellos en el tribunal que eventualmente integraríamos, y eso afectaría nuestro buen juicio y nos obligaría a excusarnos de sentenciar en tal causa.

Cuando por casualidad los jueces reciben el expediente donde se ventila el conflicto judicial de alguna persona relacionada, los magistrados de buena fe suelen excusarse de intervenir en ellos “por razones de decoro y delicadeza”, dejando que dichos autos sean evaluados por otro juez sin vínculos con los involucrados, para que pueda aplicarse la ley conforme a un razonamiento equilibrado sin influencias emocionales.

Continuar leyendo →

El círculo rojo

El círculo rojo es un círculo de sangre. No apunta a las referencias que hizo Mauricio Macri hace unos meses, en las que se refería a sectores de poder real que no resultan conocidos para el gran público. Este círculo es otro, es el que comienza con la constitución de la Conadep en 1983 y termina de cerrarse con la designación del general César Milani como jefe oficial del Ejército, con aval del Senado de la Nación. Es un círculo de dolor, de tragedia, de persecución y muerte que no puede resolverse volviendo hacia atrás.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Continuar leyendo →

Hubo un gobierno de la ley

“La política no es solamente conflicto, también es construcción. Y la democracia necesita más especialistas en el arte de la asociación política”, dice el ex presidente Raúl Alfonsín en el prefacio de su Memoria política. En realidad, y me permito avanzar algo más el concepto, lo que se necesitan son más especialistas en la asociación de personas. Se requieren más acuerdos sociales para que la política tenga de dónde asirse y carezca de hacia dónde escaparse. Desde Alfonsín a estos tiempos, la sociedad ha ido sufriendo un retroceso en materia de unicidad y hacia la división. Es decir, de aquella unión, desde tales consensos, se ha ido retrocediendo a las épocas de las más brutales divisiones. Al estilo de estos tiempos claro, donde la violencia física juega un rol menor en términos político-sociales, no obstante esto no obsta a la división.

La democracia, que por definición es tolerante, ha perdido ese rumbo. No puede negarse que a la gente no se la mata por opinar diferente. El kirchnerismo alega que existe una enorme libertad de prensa en razón a ello: no hay muertos o torturados por opinar diferente. Pero la intolerancia K se ha ejercido de acuerdo al espíritu de los tiempos: no te secuestro pero te mando a la AFIP; no te cierro el diario pero sacó una ley con mis mayorías legislativas exclusivamente destinada a complicarte a subsistencia; no matan jueces en un esquina pero les pongo un Consejo de la Magistratura que los destituya a mi capricho.

Continuar leyendo →

Con el fin de “aterrorizar” a la población

Mucho se ha dicho en los últimos días sobre la idea del gobierno de aplicar la llamada ley anti terrorista a los productores agropecuarios para obligarlos a vender productos que mantienen almacenados y que impiden al gobierno, percibir la tasa por retenciones que necesita para financiarse. Pese a que luego, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, desmintió dicha intencionalidad, conviene ir sabiendo que es la ley anti terrorista que curiosamente el kirchnerismo aprobó a fines de 2011 cuando se encontraban extinguidas la sesiones ordinarias del Congreso.

Continuar leyendo →