Ante la crisis, prohibir despidos y suspensiones

Argentina vive una situación de crisis. Si es pasajera o profunda, catastrófica o sobrellevable, es algo que está por verse, y es deseable evitar los pronósticos apocalípticos. Pero que hay crisis es inocultable, y la pretensión de algunos analistas y funcionarios del oficialismo de aparentar que la casa está en orden y todo marcha según los planes resulta cada vez más difícil de sostener.

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Continuar leyendo

Investigar la deuda externa es posible y necesario

El fallo de Griesa abre la oportunidad perfecta para explicar por qué es absolutamente inviable seguir pagando la deuda externa en los términos que propone el sistema financiero internacional. ¿Se puede investigar la deuda y modificar las condiciones de pago de la Argentina? Sí, es perfectamente posible política, económica y jurídicamente.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

Continuar leyendo

Las consecuencias políticas del acuerdo con el Club de París

En varias publicaciones anteriores venimos haciendo referencia al giro pro-mercado que el gobierno definió luego del resultado electoral de octubre del año pasado. Planteamos que para los últimos dos años de gestión de Cristina la estrategia oficial estaba signada por un “pacto de gobernabilidad” que intente asegurar una transición ordenada en 2015. El centro de esta política es buscar el apoyo de al menos un sector del establishment y por eso se comprende la constante apelación al empresariado en los discursos de la presidenta, así como el pedido de mesura hacia los trabajadores y el rechazo a las protestas sociales, como en el caso de Gestamp.

En materia de política económica tuvimos la devaluación de enero, los aumentos de las tasas de interés y el “redireccionamiento” de subsidios. En términos de variables macroeconómicas, las medidas permitieron estabilizar el tipo de cambio a 8 pesos y frenar la caída de reservas. Pero en términos de costo social, esto implicó una transferencia regresiva de ingresos, es decir que se perjudicó a la clase trabajadora y se benefició a las grandes empresas, bancos y en particular a las exportadoras.

Sin embargo esta estabilidad lograda podría ponerse en riesgo en el segundo semestre del año. Sin la cosecha que se liquida en el primer semestre, ¿cómo evitar que el 2014 no termine igual que el 2013? ¿Cómo evitar una nueva sangría de reservas, una nueva corrida contra el peso y en consecuencia una nueva devaluación?

Las respuestas del gobierno a estos interrogantes no se distancian mucho de la agenda propuesta por la oposición y la palabra clave es “confianza”. Había que dar “seguridad” para que vengan los dólares a través de inversiones y/o nueva deuda. Para lograr confianza había que sincerar al menos parcialmente los números del Indec, había que darle una compensación “razonable” a Repsol, había que dejar de rechazar las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de Libre Comercio y había que llegar a un acuerdo con el Club de París.

La confianza tiene precio

¿Cuánto cotiza la confianza? En el corto plazo sale barata. El gobierno espera que gracias a todas estas señales pro-mercado en el segundo semestre y en el comienzo de 2015 tengamos una verdadera “lluvia de dólares” con inversiones en la industria, en la minería y en el sector energético a través de Vaca Muerta. Y también contar con acceso al mercado financiero internacional tanto para las empresas privadas como para la emisión de deuda pública a tasas “razonables”. Por supuesto que esto habrá que verlo, pero supongamos que fuera cierto y el objetivo es logrado. En ese caso en el corto plazo esto permitirá al Estado mejorar sus reservas internacionales, enfrentar posibles corridas y si todo sale bien liberar importaciones que están frenadas y hasta contar algún recurso para hacer política expansiva.

Pero el contrato tiene una letra chica y que eleva muy alto el precio de la seguridad brindada al mercado. Con esta orientación de reconciliación con los mercados internacionales el gobierno está firmando la renuncia a las transformaciones estructurales que no se hicieron durante estos diez años y que muchos creían que a lo mejor se podrían comenzar a hacer en los próximos. Esta nueva orientación es incompatible con sancionar una nueva ley de inversiones extranjeras que afecte los intereses de las grandes multinacionales, con avanzar en el control público del comercio exterior, de ir por las rentas extraordinarias del agro y la minería, de regular el sistema financiero o de simplemente elevar el nivel de presión tributaria sobre los grandes capitales. Cualquiera de estas medidas y varias más que podríamos enumerar dinamitarían el objetivo enunciado y por el cual se hicieron todos los deberes en los últimos meses.

Las consecuencias políticas de esta orientación, por lo tanto, no son para nada gratuitas. El establishment ya ha expresado su vocación de contar a partir de 2015 con un gobierno más confiable, más previsible, tal como expresó a través del “Foro de Convergencia Empresarial”. Massa, Macri o Cobos ya se anotaron en esa carrera. El Frente para la Victoria no quiere quedar atrás y el círculo se va cerrando. Lógicamente, el candidato más cómodo y acorde a la nueva versión del modelo que se prepara para el 2015 se llama Daniel Scioli. 

¿Cómo combatir realmente la informalidad laboral?

El pasado miércoles el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley para promover el trabajo registrado y combatir la informalidad y el fraude laboral. El objetivo declarado es reducir la proporción de trabajo “en negro” del 33,5% actual a un 28% en un plazo de un año. La metodología elegida es mediante incentivos económicos a los empresarios (descuentos de contribuciones patronales) a cambios de blanqueo o contratación de nuevos trabajadores formales. En caso de lograrse la meta, por supuesto que se trataría de una mejora para cientos de miles de trabajadores, pero programas similares fracasaron en años previos y tanto el diagnóstico como la solución no parecen ajustarse a las necesidades de poner fin a una práctica que afecta de manera directa a casi 5 millones de familias en nuestro país, y de manera indirecta al conjunto de la clase trabajadora.

La nueva ley supone que la principal razón de la informalidad laboral son los altos costos de las empresas (sobre todo las Pymes), de allí que las exenciones impositivas sean el mecanismo ideado para facilitar el blanqueo, ya que reducir la carga fiscal permitiría a las empresas aliviar sus costos y dar margen para asumir el pago de las cargas sociales que implican formalizar el empleo. Supongamos por un momento que esto es cierto y las Pymes efectivamente enfrentan un problema de rentabilidad, habría no obstante varios aspectos discutibles que el proyecto de ley no asume.

La nueva ley invisibiliza la responsabilidad de las grandes empresas

Si bien es cierto que la mayoría del trabajo informal se concentra en las Pymes, es equivocado asumir que se trata un problema exclusivo o aislado de ese sector, ya que nuestra estructura productiva gira alrededor de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que aquí se ubican fuera del radar. Y es que en gran medida estas pequeñas y medianas empresas son proveedoras de las grandes industrias y en muchos casos directamente empresas tercerizadas de las grandes cadenas, una modalidad de producción que se ha extendido en todos estos años, a medida que se fue fortaleciendo una estructura económica inserta en las cadenas de valor del capitalismo global. Lógicamente, el poder de las grandes firmas les permite fijar precios que las Pymes asumen como dados y por tanto compensan sobre-explotando a sus trabajadores al “contratarlos” en negro. En cualquier caso la variable de ajuste siempre es el salario y el trabajo, es el eslabón más débil de toda la cadena.

Pero lo que no se puede soslayar es el rol de las grandes empresas en la estructuración del mercado de trabajo. La tercerización es una forma que las firmas líderes tienen para “lavarse las manos” de sus responsabilidades y traspasarlas a las Pymes. Un proyecto de ley que se proponga combatir la informalidad laboral no puede eludir esta realidad y concentrarse en bajar los costos de las pequeñas empresas. Dicho de otro modo, la informalidad laboral no es otra cosa que la contracara de la altísima rentabilidad de las empresas más concentradas de nuestra economía, por lo que resulta imposible atacar verdaderamente un aspecto dejando inmutable al otro. Aunque en apariencia sean cuestiones separadas, las brutales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo, por ejemplo no son independientes de las enormes ganancias de las grandes exportadoras.

La nueva ley elude el problema de la democracia sindical

Las razones por las cuales una empresa “negrea” no son sólo de costo salarial en un sentido directo. La informalidad permite, además de bajar costos, evitar la conquista de la estabilidad laboral y por sobre todas las cosas el “dolor de cabeza” que significa para los empresarios la sindicalización. El “negreo” es la forma más directa de evitar que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos. Si incluso en empresas que contratan mano de obra de manera formal existen todo tipo de artilugios para evitar la organización gremial, más difícil aún resulta para quienes no cuentan con ningún amparo formal.

En este sentido la nueva ley sólo tiene en cuenta como sujeto para resolver el problema de la informalidad a los empresarios de las Pymes y no a sus trabajadores, quienes no son convocados a reclamar, organizarse o movilizarse para exigir sus derechos. De esta manera no se asume otra dimensión clave para terminar con la informalidad y precarización laboral: promover la organización y la democracia sindical en los lugares de trabajo. Distintas estadísticas laborales demuestran que los establecimientos laborales que cuentan con delegados sindicales electos por sus compañeros no llegan al 15% del total. Asumir esta realidad y esta dimensión de la precarización laboral, permitiría un abordaje mucho más serio y efectivo para terminar con el trabajo informal. Incentivar la sindicalización y sobre todo la democratización de la representación gremial en los lugares de trabajo, daría mayor capacidad a los trabajadores y trabajadoras para pelear por trabajar en condicionar dignas y con derechos plenos.

Vale la pena mencionar también el ninguneo a los trabajadores de la Economía Popular que vienen organizándose gremialmente en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y exigiendo su reconocimiento al Ministerio de Trabajo. En lugar de concentrarse exclusivamente en beneficios impositivos para los empresarios, otorgar legalidad a un sindicato integrado por trabajadores precarizados o informales, sería una gran herramienta para avanzar en la lucha contra el fraude laboral.

Ausencia de una perspectiva integral

En resumen, aislar el problema de la informalidad laboral constituye un diagnóstico equivocado, que explica los fracasos previos. Incluso concediendo que las exenciones impositivas puedan llegar a ser un mecanismo útil, lo cual también es discutible, lo concreto es que hecho de manera aislada probablemente no produzca los resultados esperados y sobre todo no permita resolver la cuestión de fondo. Es que la precarización laboral en un sentido amplio y en particular el “negreo”, no son problemas sectoriales, sino un rasgo estructural del conjunto del mercado laboral que se fue diseñando en las últimas décadas.

Por eso, combatir la informalidad debería contemplar derogar las leyes de flexibilización laboral, discutir una ley para terminar con el fraude laboral de las tercerizaciones de las grandes empresas y promover la organización democrática de los trabajadores. Puede parecer utópico, pero en realidad es la única vía hasta en el sentido más pragmático del asunto. Lo que sin dudas resulta utópico es pretender combatir la informalidad con políticas focalizadas de dudosa aplicabilidad.

Un nuevo ALCA se negocia en silencio

A pesar de su importancia estratégica para América Latina y su impacto de magnitudes en el plano económico y político en nuestros países, las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no están presentes en la agenda pública. El regreso del “libre-comercio” como fórmula de integración al mundo “desarrollado” reaparece a casi diez años del rechazo al ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005. Así como aquel hecho reflejó un cambio político positivo en la región luego de las rebeliones populares y la crisis del neoliberalismo, la posibilidad de este nuevo acuerdo expresa tendencias de cambio en un sentido regresivo.

Lo primero a señalar es que el contexto en que avanzan las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur es el de la continuidad de una importante crisis económica internacional de la que no se percibe el final, y cuyo epicentro hoy está en Europa. Producto de ella, en algunos países del Viejo Continente los índices de desocupación superan los dos dígitos, sobre todo entre mujeres y jóvenes; los sistemas financieros fueron “auxiliados” por los Estados con salvatajes millonarios pero continúan quebrados y se suceden fuertes convulsiones sociales frente al desarme de las viejas conquistas de los Estados de bienestar. En última instancia todos estos hechos son fruto de transformaciones a nivel global del capitalismo.

En segundo lugar y como consecuencia de estas modificaciones a escala planetaria, en las últimas décadas se vieron cambios significativos en el comercio internacional. Si bien el nivel de concentración del comercio no ha variado, ya que los diez países principales concentran el 50% del intercambio global, sí se ha modificado sensiblemente la composición de estas potencias, fundamentalmente con la incorporación de China (hoy principal exportador del mundo) y de Corea del Sur. Aunque estos países no tienen capacidad, al menos por el momento, de disputar la hegemonía mundial, constituyen un obstáculo serio para los intereses de las viejas potencias europeas y de los Estados Unidos.

En tercer lugar y vinculado a esto último tenemos el fracaso de las discusiones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para liberalizar el comercio internacional, producto de los intereses encontrados entre las distintas economías. Luego de la virtual disolución de las “Rondas de Doha” durante el 2013, producto de la falta de acuerdo tras más de diez años de negociaciones, se buscan salidas alternativas. En este contexto se enmarca no sólo la discusión de un tratado de libre-comercio entre el Mercosur y la UE sino también entre esta última y los EEUU (“Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, ATCI), lo que implicaría una suerte de triangulación en el eje de occidente que podría funcionar como barrera para la penetración China en la región. Por otro lado, si bien en el plano latinoamericano el proyecto del ALCA fracasó, EEUU motorizó la “Alianza del Pacífico” que integra a Chile, Colombia, Perú y México y desde donde se viene avanzando en los planes de liberalización del comercio internacional con Asia, Norteamérica y Europa.

El acuerdo y sus consecuencias para América Latina

Si bien la Unión Europea conserva el status de principal socio comercial del Mercosur, tanto en destino de exportaciones como en fuente de nuestras importaciones, y continúa siendo el principal inversor extranjero de la región, su peso en ambos rubros viene disminuyendo en los últimos años cediendo terreno al competidor asiático. La relación comercial no es diferente a la que signó toda nuestra historia. Mientras que nosotros les vendemos productos primarios y derivados (en nuestro caso fundamentalmente agro-industriales) ellos nos venden maquinarias e insumos para la industria. Simétricamente nuestros países cobran aranceles contra la importación de productos industriales, mientras que los europeos los establecen a las materias primas. La misma situación ocurre en materia de subsidios, en donde Europa destina unos 50 mil millones de euros anuales para apuntalar su producción primaria.

Las razones de esta situación son de larga data e incluyen tanto elementos económicos como de dominio político. Lógicamente la eliminación recíproca de aranceles entre el Mercosur y Europa, en lugar de modificar las características de esta relación comercial asimétrica, la profundizarían, es decir que nuestras exportaciones se primarizarían aun más y nuestra dependencia de bienes de capital, de insumos y tecnología se haría aún más elevada.

Pero el peligro es mayor, ya que avanzar en un acuerdo de libre comercio con Europa podría ser el primer paso para realizar acuerdos de esta naturaleza con otros bloques comerciales dominantes y de manera directa o indirecta, con Estados Unidos. De hecho no habría razón para hacerlo sólo con la Unión Europea pero rechazarlo frente a otras potencias, lo que implicaría una apertura total de las economías del cono sur, en correlaciones de fuerza de suma debilidad. En definitiva, nada demasiado diferente a lo que habría ocurrido con el ALCA en caso de prosperar a principios de siglo.

La teoría económica liberal plantea que acuerdos de esta naturaleza son favorables porque aumentan las exportaciones y por ende la producción, lo que sería beneficioso para el empleo y los ingresos. Sin embargo la expansión que viene aparejada por los acuerdos de libre comercio se reduce a las actividades “competitivas”, que en nuestro país son las agro-industriales, las cuales generan muy poco valor agregado, empleo e ingresos. Por el contrario, la contrapartida de inundación de productos manufacturados de origen europeo perjudicaría la incipiente y débil producción manufacturera local empeorando los niveles de empleo e ingreso, además de potenciar las presiones al desequilibrio de las cuentas externas.

Lo que tampoco asume la teoría económica liberal es que en la actualidad del mundo capitalista globalizado, más de la mitad del comercio internacional es intra-firma. Esto significa que en lugar de intercambio de bienes producidos entre distintos países que pueda generar beneficio para ambas partes, se trata en realidad de la integración de empresas trasnacionales que diversifican su producción en distintas economías aprovechando las ventajas de cada una para reducir sus costos. En consecuencia un acuerdo de libre comercio en lugar de mejorar el intercambio comercial entre países, simplemente abarataría los costos de las empresas perjudicando a los Estados y por tanto facilitaría las estrategias globales de las multinacionales en nuestro continente.

Según los pocos transcendidos mediáticos, el Mercosur (exceptuando a Venezuela) avanza en esta discusión impulsada fundamentalmente por Brasil y llegaría a hacer una primera propuesta a la Unión Europea en el mes de junio de 2014. Argentina, que se venía oponiendo a esta posibilidad, ahora se muestra más abierta. El silencio absoluto con el que estas negociaciones se están manejando no resulta sorprendente, ya que contradicen el espíritu con el que se rechazó el ALCA. En lugar de abrir una discusión con el conjunto de la sociedad en relación a este tema, se intenta avanzar sin que nadie se entere. Esto es lo que denuncian los Movimientos Sociales hacia el ALBA, protagonistas diez años atrás del rechazo del ALCA.

En este marco resulta aun más urgente comenzar a instalar este tema en la discusión y generar conciencia de la importancia que tiene para el futuro del pueblo argentino y latinoamericano.

Una foto de la Ciudad que no vemos

Desde el día lunes 21 referentes barriales nucleados en la Corriente Villera Independiente iniciaron una huelga de hambre en una carpa instalada frente al Obelisco. El objetivo es visibilizar las condiciones de vida en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y exigir al gobierno la urbanización, políticas de acceso a la vivienda y ejecución de los presupuestos correspondientes. Vale la pena entonces brindar alguna información y herramienta de análisis sobre la situación de vivienda en la CABA y el rol del mercado inmobiliario.

Según el último Censo Nacional (2010), hay 164 mil personas que pueblan las villas miserias de la Ciudad de Buenos Aires. A esas se le agregan otras 144 mil que viven en hoteles familiares, inquilinatos, pensiones, casas tomadas, etc. Si sumamos a quienes logran acceder a un departamento pero viven en condiciones de hacinamiento, tenemos que más de 500 mil habitantes de la Capital Federal viven en situación precaria. Sí, más de medio millón de personas no acceden a una vivienda digna en la Ciudad más rica del país. Esto es, uno de cada seis de sus habitantes.

La situación no sólo no viene mejorando, sino que en todos estos años se ha agravado. El déficit habitacional, es decir la cantidad de familias sin acceso a vivienda digna, era de 86.185 familias en 2001 y ascendió a 108.225 en 2010. ¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico y de mejora en los ingresos comparados con el 2001 la situación del derecho a la vivienda sea aún más catastrófica? La respuesta es muy simple: la falta de regulación del mercado inmobiliario genera que el crecimiento urbano no sólo no resuelva las dificultades para acceder a la vivienda, sino que las empeora.

Entre 2001 y 2011 se construyeron 14.592.673 metros cuadrados con destino residencial, es decir, un número equivalente a 300 mil departamentos de 50 m2. Sin embargo las viviendas construidas fueron 152.608, es decir un promedio de casi 100m2 por unidad habitacional. De todos modos cabe preguntarse: si en el 2001 había 86.185 familias sin vivienda digna y se construyeron más de 152 mil viviendas, ¿cómo es que el déficit habitacional aumentó en lugar de descender?

Muy simple. El 82% de las viviendas se construyeron en la zona norte y centro de la Ciudad, es decir en los lugares donde hay menos déficit habitacional (Palermo, Villa Urquiza, Belgrano, Caballito fundamentalmente). A su vez dos de cada tres de estas residencias nuevas son de categoría lujosas, es decir tienen como fin la venta en el mercado a los sectores de altos y de medios-altos ingresos.

Mercado inmobiliario vs derecho a la vivienda

La lógica de este “desarrollo urbano” bajo las reglas del mercado inmobiliario es obvia. Las inversiones se colocan en donde aparecen más rentables y al tratarse de un mercado dolarizado, rige la lógica de la especulación financiera. Es así que más de 150 mil viviendas se encuentran ociosas en la Ciudad de Buenos Aires y no existe ninguna política pública para desincentivar la especulación con el ladrillo, que debiera utilizarse prioritariamente para atender las necesidades de vivienda de la población.

El desarrollo urbano bajo las reglas de un mercado inmobiliario absolutamente desregulado duplicó en dólares los valores promedios del suelo, de las propiedades y como consecuencia también de los alquileres. Es así que cada vez es más difícil acceder a una vivienda en la Ciudad y la contracara de la Ciudad de las torres y la modernización de los barrios en donde viven los sectores acomodados es el aumento permanente de la población que vive en situación precaria, de los jóvenes que no pueden alquilar y mudarse de sus casas, de familias que son desplazadas de la Ciudad porque resulta imposible comprarse una vivienda.

Es importante también aclarar, contra la usual explicación que da el jefe de Gobierno sobre este problema, que la Ciudad no sufre ningún tipo de “invasión” del interior o de países limítrofes que podrían explicar el crecimiento del déficit habitacional. Además de xenófobo, se trata de un argumento absolutamente falaz, ya que la población de la Ciudad de Buenos Aires no ha crecido en todos estos años. Con la misma cantidad de habitantes, tenemos una porción mayor cuyo derecho constitucional a la vivienda no es garantizado.

Como suelen enunciar los referentes de la Corriente Villera Independiente que hoy acampa en al Obelisco, existen dos ciudades dentro de la gran Ciudad de Buenos Aires. Una encima de la otra, una que desplaza e ignora a la otra. Existe una Ciudad que le construye las casas a la otra, que le lava la ropa, que limpia sus departamentos, que les lleva el delivery, que recolecta sus residuos. Esa Ciudad que no vemos cuando constatamos el “desarrollo” urbano de Puerto Madero, Palermo o Caballito pero que escode la eterna postergación de Lugano, Soldati o Barracas. Es hora de abrir los ojos y asumir que la lucha de las villas es la lucha de todos los que habitamos esta ciudad y de quienes queremos que en lugar de la especulación inmobiliaria, sean el derecho a una vivienda y a una vida digna los frutos del “progreso” de nuestra querida Ciudad.

El pacto de gobernabilidad hacia el 2015

Una serie de factores políticos y económicos han generado una nueva coyuntura política. Nos encontramos en un nuevo momento dentro del proceso político que vive nuestro país a lo largo de los últimos diez años de kirchnerismo. Confluyen en esta nueva situación dos elementos fundamentales: 1) La acumulación de tensiones económicas propias de todo período de “bonanza” en el capitalismo dependiente; 2) La cercanía del recambio presidencial que va a cerrar doce años de gobierno kirchnerista. Los problemas económicos y políticos en este sentido no son independientes y unos alimentan a otros.

La estrategia planteada por el gobierno en esta última etapa no fue la “profundización” que se había prometido ni las transformaciones estructurales pendientes en esta década, que son el único camino para lograr una auténtica solución de la desigualdad social y la dependencia nacional. Probablemente este camino hubiera implicado el riesgo de agudizar los problemas económicos (inflación, escasez de divisas) y sociales (mayor conflicto con clases medias) y por otro lado también romper el esquema de alianzas políticas vigente. En este sentido quedó clarísimo que Cristina y el núcleo del kirchnerismo no quieren llevar a la Argentina a una situación “a la venezolana”. El camino elegido por el gobierno fue entonces el opuesto. Plantear un pacto de gobernabilidad para llegar al 2015 de la mejor manera posible y reservar a Cristina para un posible retorno al poder más adelante.

En el plano económico, el gobierno volvió a convocar al empresariado y concretó un giro hacia los mercados. Se asumió el diagnóstico empresarial del “atraso cambiario” que por un lado había generado un aumento del salario en dólares (del orden del 50% en 2011 y 2012) y por otro lado una demanda muy grande de moneda extranjera tanto para ahorro (que se cortó con la restricción) como para turismo. Originalmente el plan del oficialismo era devaluar de manera gradual, pero eso generó problemas con los movimientos especulativos de los exportadores, que terminaron logrando la devaluación brusca de enero.

Además de la devaluación, el otro eje central es conseguir financiamiento externo para hacer frente a la escasez de divisas. Para eso se arregló con el FMI, CIADI, Repsol y se sigue negociando con el Club de París y los fondos buitres. La idea del gobierno es que, si esta política es exitosa, la Argentina debería estar pudiendo emitir deuda en el segundo semestre de 2014 y de esa manera hacer frente a una posible nueva corrida contra las reservas cuando los efectos de la devaluación se hayan disipado. Junto al endeudamiento, el gobierno también busca conseguir dólares vía inversiones, sobre todo a través de YPF utilizando el proyecto de Vaca Muerta.

En conclusión, el kirchnerismo devaluó, subió las tasas de interés, hizo política monetaria contractiva. La única diferencia con la receta ortodoxa (la última bandera que le queda a la oposición para seguir exigiendo más ajuste) es que no realiza el ajuste fiscal ni lleva a cabo los famosos “planes antiinflacionarios” (tal como lo indican los organismos internacionales y el lobby empresarial), lo cual tendría efectos aún más recesivos y regresivos que los actuales desde el punto de vista económico y social. Pero incluso considerando ese componente “heterodoxo” del ajuste, el 2014 seguramente termine con una caída del salario real y redistribución negativa del ingreso y por ende en un beneficio para el capital concentrado.

En el plano social la nueva estrategia necesariamente tuvo que venir de la mano de un endurecimiento del discurso hacia la protesta social, que seguramente se va a expresar en mayores niveles, como ya quedó claro con la histórica huelga docente de la provincia de Buenos Aires y la convocatoria al paro del 10 de abril.

Y finalmente en el plano político, el gobierno apuesta cada vez más a consolidar la discusión dentro del Frente Para la Victoria (FPV) en un pacto de gobernabilidad con el PJ. La idea de resolver todo en el marco del FPV (es decir, contener a todo el espectro desde Unidos y Organizados hasta los gobernadores) es parte de esta estrategia más general. Pero también hay que interpretar dentro de esa estrategia política la apelación de Cristina a una gran concertación nacional, los gestos al radicalismo y las conversaciones con el papa Francisco.

En resumen, todo parece indicar que en esta fase el kirchnerismo aspira a llegar al 2015 de la manera más prolija posible, intentando campear la situación económica, fortaleciendo el FPV y cuidando la fuerza propia.  Desde nuestro punto de vista, hoy estamos pagando las consecuencias de no haber encarado transformaciones de fondo, ni en el plano económico ni el político. En lo primero, el gobierno apostó a construir un “capitalismo en serio” dando concesiones a los sectores populares pero hoy se demuestra que no hay capitalismo alguno que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina. En lo segundo, el gobierno apostó al PJ y a la institucionalidad tradicional para sustentar su proyecto político, pero hoy se demuestra que sin apostar a la movilización popular y a la construcción de poder popular no es posible transformar la Argentina.

El gobierno termina su mandato tirando la toalla y haciendo concesiones al poder económico, perjudicando el bolsillo de los trabajadores. El kirchnerismo eligió el camino del pacto de gobernabilidad. Por eso es necesario construir un proyecto popular verdaderamente transformador, que supere el horizonte del capitalismo serio y que sea autónomo de las estructuras tradicionales (PJ-UCR-PRO). Para esto es imprescindible convocar a todos los compañeros y compañeras que durante estos años apostaron al proyecto del gobierno a defender las conquistas de esta década, a construir una opción política superadora en una convocatoria amplia con el conjunto de la militancia popular.

Ayer golpistas, hoy ajustadores

Hoy se cumple un nuevo aniversario del inicio del golpe genocida de 1976. Vale siempre la pena recordar que el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” no consistió simplemente en la implementación sistemática del terrorismo de Estado para cortar los sueños de una generación militante, sino también en la implementación de un programa de transformaciones estructurales (en el plano económico, político, social y cultural) que colocaron a la Argentina en el camino de un nuevo paradigma ideológico a nivel global, que solemos identificar con el término de “neoliberalismo”.

Esos cambios profundos, que luego continuaron bajo los gobiernos constitucionales y fueron profundizados de manera salvaje durante la década de los noventa, cortaron de un cuajo numerosísimas conquistas populares que se habían logrado en las décadas previas. Pero la ofensiva contra los sectores populares no se limitó al objetivo económico de elevar los niveles de rentabilidad del empresariado en nuestro país; también fue una reacción contra un modelo que había generado una clase obrera fuerte y con capacidad no solo para lograr condiciones de vida más dignas en el marco del capitalismo dependiente argentino (“fifty-fifty”), sino también para pelear por una transformación de fondo de las relaciones sociales y la construcción de una nueva sociedad en donde las riquezas sean socializadas y los derechos garantizados.

De allí que la enorme fragmentación de la clase trabajadora argentina que se expresa en la actualidad de manera patente y la precarización de la vida de los sectores populares no pueden entenderse como meras fallas de un sistema al que todavía no le encontramos la vuelta para regularlo, sino como parte constitutiva e inmodificable del engranaje económico al que aun estamos sometidos y del que debemos salir más temprano que tarde. La vinculación entre dictadura, neoliberalismo y padecimientos sociales no es un secreto para el movimiento popular argentino. Quizás por eso en su etapa de resistencia los organismos de Derechos Humanos fueron parte no solo de las peleas contra la impunidad sino también de las luchas contra las políticas de ajuste y pro mercado de los gobiernos de turno.

Pero todo lo que nuestras luchas han logrado generar como avance en terreno de la nulidad de las leyes del perdón y del juicio a los genocidas no hemos podido trasladarlas al terreno económico y social. Y es que los grupos que hoy concentran y dominan los resortes de nuestra economía no son otros que quienes promovieron y se beneficiaron con el golpe. Un sector agropecuario controlado por un puñado de empresas multinacionales, una industria concentrada y extranjerizada, un sistema financiero desregulado. La dictadura nos dejó, entre otras cosas, una ley de inversiones extranjeras a medida de los intereses de las multinacionales que todavía sigue intacta 38 años después y una ley de entidades financieras que convierte nuestros ahorros en ganancias extraordinarias de la banca privada.

El poder económico beneficiado con la dictadura no fue sólo la Sociedad Rural y el Grupo Clarín como suele simplificarse desde algunos discursos. El empresariado “patriota” al que el gobierno viene intentando seducir fue igualmente parte del plan sistemático inaugurado el 24 de marzo de 1976. La UIA, Techint, las automotrices, el grupo Macri, Bridas, Arcor, Pérez Companc y un larguísimo etcétera de representantes de la “burguesía nacional” fueron tan responsables y cómplices como las multinacionales y la “oligarquía”.

Si hoy nos enfrentamos a la posibilidad de un ajuste que golpee a los bolsillos de los trabajadores no viene mal hacer memoria sobre estos temas. No será la primera vez que la burguesía argentina traicione las ilusiones que muchos sectores de nuestro pueblo depositaron en el proyecto de construir un capitalismo “serio” o “nacional”. Son los mismos grupos económicos que ayer propiciaron el golpe los que hoy fogonean el ajuste económico. Son los mismos que siguen teniendo la manija de nuestra economía.

Claro que no todo fue lineal entre el 76 y la actualidad. Hubo lucha y fue mucha. En el 2001 los argentinos dijimos basta a las políticas neoliberales y durante todos estos años hemos avanzado en conquistas simbólicas y materiales que no estamos dispuestos a rifar. Pero defender hoy el salario, como están haciendo los docentes de la Provincia de Buenos Aires y las conquistas democráticas no pueden ser solo un acto de resistencia. Lo que no avanza, se estanca y prepara el terreno para el retroceso.

En este 24 de marzo se nos hace necesario plantear otra salida. Otra salida frente a las presiones para el ajuste y otra salida para quienes nos quieren convencer de que se pueden resolver los problemas con “diálogo” y dejar a todos contentos. La historia nos enseña que para mejorar la situación de los de abajo, hay que afectar los intereses de los de arriba. Recuperar el control del comercio exterior, el sistema financiero o la distribución de alimentos son algunas de las medidas que la Argentina necesita comenzar a discutir. Claro que avanzar en esa dirección no depende solo de un cambio de política económica. Requiere poner al pueblo adelante para dar una batalla que puede ser muy dura, pero preferible a la resignación que impone el “realismo” de aceptar que una vez más la pelea la ganen los mismos de siempre. Lo que ganaron en el 76, que siguen ganando hoy y que necesitamos de una buena vez dejen de ganar para que el pueblo deje de perder.

¿Ajuste heterodoxo?

Una serie de medidas de política económica tomadas en los últimos meses, que fuimos analizando en distintos artículos, permiten reconstruir la estrategia que el gobierno ha definido para enfrentar su último año y medio de mandato. Acá, acá y acá, se encuentran algunos de interpretaciones de las tensiones económicas presentes y las respuestas por parte del oficialismo.

Para resumirlo en un párrafo, decíamos que frente a las presiones más agudas que el gobierno había sufrido tanto por arriba (desde el poder económico) como por abajo (desde los sectores populares), ensayaba una fuga hacia adelante. ¿En qué consiste? En conseguir una buena cantidad de dólares vía financiamiento externo para aliviar las tensiones sin necesidad de recurrir a megadevaluaciones o ajustes fiscales clásicos, con sus respectivos efectos económicos recesivos y socialmente regresivos. De esa manera se entiende que por un lado se avanzara en los acuerdos con el CIADI, el FMI, el Club de París y finalmente con Repsol, mientras que por otro lado se anunciaran programas como el PROGRESAR, que implican un mayor gasto público y un intento de “compensación” por los efectos negativos de las otras políticas.

¿Está siendo exitoso esta suerte de “ajuste heterodoxo”? ¿Efectivamente se está logrando “compensar” los efectivos negativos? ¿En qué medida los empresarios responden a los objetivos declamados por el gobierno? ¿Qué rol se le asigna a la participación popular en este proceso? Si bien el desenlace está por verse y dependerá no sólo de la acción del gobierno sino también de las luchas sociales abiertas, creemos que es posible adelantar algunas impresiones.

¿Massa tenía razón?

Durante la última campaña electoral las distintas variantes de la oposición conservadora presentaron diagnósticos y propuestas comunes. Independientemente de las diferencias en el acento republicano del FAP-UNEN, la apelación al “primer kirchnerismo” del Frente Renovador o el liberalismo rancio del PRO, existe un trasfondo común que comparten Massa, Felipe Solá, Macri, Cobos, Binner, Carrió, Lousteau o Prat Gay. Todos coinciden en que los problemas de la Argentina se deben al populismo del gobierno que “espanta inversiones”, “no pone reglas claras”, “nos aísla del mundo” y un conocido etcétera. A partir de esa crítica se justificaba el énfasis en los problemas de “competitividad” y “atraso cambiario” (una manera elegante de promover la devaluación y la baja de salarios), de “derroche del gasto público” y “emisión descontrolada” (una forma sutil de proponer ajuste fiscal y enfriamiento de la economía).

Pero la estrategia del gobierno, que rechazaba rotundamente estos planteos, fue salir a disputar con la oposición conservadora la gracia del poder económico concentrado, tal como había adelantado en su momento la propia Cristina al reclamar la presencia de los “titulares” y no de los “suplentes” de la oposición. En este sentido durante 2013 promovió una devaluación gradual de la moneda y ofreció distintos canales a los grandes exportadores para mejorarles su rentabilidad, avanzó en el plan de sincerar la inflación y aceleró las negociaciones con el Club de París y Repsol para otorgar un baño de “confianza” a potenciales inversiones y acreedores.

El objetivo es muy claro y Cristina suele enunciarlo abiertamente en sus discursos. El gobierno quiere convencer a los grandes empresarios para que sean socios y no enemigos, que dejen de quejarse por su rentabilidad ya que la “levantaron en pala” y que inviertan en el país, que sean patriotas y sensibles y no se aprovechen de su posición dominante para aumentar abusivamente los precios. Es decir, el gobierno se esfuerza por enésima vez por formar esa burguesía nacional a la que convocaron desde el 25 de mayo de 2003, un empresariado cuyos intereses estarían asociados al desarrollo de nuestro país y no subordinados a los grandes capitales financieros internacionales.

Sin embargo, a diferencia de los años 2009 y 2010, cuando ante la adversidad el kirchnerismo no dudó en tomar medidas progresivas a costa de confrontar con sectores del poder económico, en la actualidad el gobierno tomó buena parte de la agenda de la oposición, creyendo que así lograría modificar las relaciones de fuerza a su favor y alcanzar sus objetivos. ¿Acaso tenía razón la oposición cuando planteaba la necesidad de la devaluación y bajar salarios? ¿Efectivamente estábamos aislados del mundo y ahora tenemos que hacer la tarea que nos encomiendan para volver a confiar en nosotros?

Los primeros resultados están a la vista. La brusca devaluación de enero fue la primera prueba de los riesgos de la nueva estrategia económica oficial. El gobierno jugó con fuego y se quemó. La pulseada la ganaron los exportadores que hicieron un negocio importante cuyo costo lo vamos pagando en cuotas la mayoría de la población. Las recurrentes dificultades para controlar los precios son otro elemento que comienza a mostrar los problemas de la orientación actual. Y el reciente acuerdo con Repsol, además de indignante por tener que indemnizar a una empresa que vació nuestra petrolera nacional, es otra jugada de extremo peligro ya que el gobierno especula con el ingreso de ingentes inversiones (que difícilmente lleguen antes de 2015) a costa de sumar mayores vencimientos en dólares que presionarán sobre el desequilibrio en las cuentas externas.

Argentina no quiere ser Venezuela

Muchos de quienes esperaban la profundización luego del 54% del año 2011 hoy se preguntan a qué se debe esta orientación. Algunos apelan a la “correlación de fuerzas” para explicar por qué no se avanzó con transformaciones de fondo. El concepto es discutible, ya que resulta muy difícil colocar una medida exacta de la correlación de fuerzas entre las clases para evaluar qué se puede y qué no se puede hacer. Pero aquí la apelación a ese concepto funciona como un mecanismo para justificar la falta de voluntad política de llevar adelante la promesa de “ir por todo”. ¿Acaso había correlación de fuerzas para nacionalizar las AFJP? ¿Había correlación de fuerzas para expropiar a Repsol pero no para ser más firme en el escenario internacional?

Pero más allá de ese debate, la orientación actual del gobierno nacional se distancia cada vez más de cualquier perspectiva de “radicalización”. La comparación con Venezuela no es caprichosa, ya que tanto desde la derecha como desde el propio kirchnerismo y desde la izquierda dogmática se asimilan ambos procesos y también porque efectivamente muchos de los problemas económicos que se presentan en nuestro país se encuentran en el proceso bolivariano, aun más candentes. Pero mientras que frente a problemas similares el gobierno venezolano eligió un camino de radicalización declarando una “guerra económica” a la burguesía local, la nacionalización del comercio exterior y la regulación de la ganancia empresarial, el kirchnerismo ha optado por calmar las aguas y buscar un nuevo pacto con el empresariado. Las diferencias entre ambos procesos se hacen más evidentes y desde ya no radican solamente ni principalmente en los aspectos económicos.

Quizás en este punto radique una de las explicaciones de la estrategia del gobierno, ya que una salida “a la venezolana” sin dudas implicaría intensificar muchos de los problemas que hoy emergen, cuestionando las propias relaciones sociales del “capitalismo serio” realmente existente y abriendo una perspectiva de liberación. Demandaría también apostar a la organización y movilización popular en lugar de depositar toda la energía en los canales institucionales y las negociaciones a puertas cerradas. Requeriría modificar el esquema de poder político actual asentado en el PJ que hoy se prepara para heredar el gobierno en el 2015 bajo el liderazgo de Scioli, como una opción de mayor “gobernabilidad” para el establishment y dar por cerrado su amargo capítulo del kirchnerismo.

De nuevo aquí el gobierno toma el mensaje de la oposición que asustaba en la campaña con el miedo a la “chavización” de la Argentina. Más bien las señales indican que el gobierno pretende imitar el ejemplo de lo que el intelectual liberal de derecha Mario Vargas Llosa llama la “izquierda vegetariana” (en contraposición a la “carnívora” representada por el chavismo), es decir, los gobiernos de “izquierda” que aceptan el predominio de las leyes del mercado y de las instituciones y solo aspiran a establecer regulaciones sin buscar su superación por nuevas relaciones e instituciones.

Quién maneja la economía

En estos días de corridas cambiarias, golpes de mercado y cambios en la política económica oficial, pocos de los análisis que se ofrecen en los medios de comunicación presentan a los actores sociales y a los intereses en juego detrás de estos movimientos. En cambio, la mayoría prefiere aludir a cuestiones técnicas o hablar de la ineficiencia de tal o cual aspecto de la gestión gubernamental. Por eso no pueden explicar que el gobierno haya convalidado – al menos parcialmente – las exigencias que le hacía el poder económico concentrado. Como ya no pueden decir que los males de la Argentina se deben al atraso cambiario – actualizado en un 60% en el último año – ni al llamado “cepo”, ahora salen a plantear que en realidad no eran esos los problemas sino una deficiencia general – casi emocional – de falta de confianza hacia el gobierno por parte de los mercados. En definitiva, todo apunta a la idea de que no importa lo que se haga, las inversiones no vendrán y la cosa sólo se podría resolver con un cambio de gestión en el 2015. Pero cuando el relato liberal habla de “los mercados”, no se refiere a poderosos grupos económicos con capacidad de formar precios o realizar maniobras especulativas en búsqueda de ensanchar sus ya abultados márgenes de ganancia, sino pobres “agentes” víctimas de un clima de incertidumbre, a su vez hijo de la improvisación de un plan económico deficiente.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Continuar leyendo