El pacto de gobernabilidad hacia el 2015

Una serie de factores políticos y económicos han generado una nueva coyuntura política. Nos encontramos en un nuevo momento dentro del proceso político que vive nuestro país a lo largo de los últimos diez años de kirchnerismo. Confluyen en esta nueva situación dos elementos fundamentales: 1) La acumulación de tensiones económicas propias de todo período de “bonanza” en el capitalismo dependiente; 2) La cercanía del recambio presidencial que va a cerrar doce años de gobierno kirchnerista. Los problemas económicos y políticos en este sentido no son independientes y unos alimentan a otros.

La estrategia planteada por el gobierno en esta última etapa no fue la “profundización” que se había prometido ni las transformaciones estructurales pendientes en esta década, que son el único camino para lograr una auténtica solución de la desigualdad social y la dependencia nacional. Probablemente este camino hubiera implicado el riesgo de agudizar los problemas económicos (inflación, escasez de divisas) y sociales (mayor conflicto con clases medias) y por otro lado también romper el esquema de alianzas políticas vigente. En este sentido quedó clarísimo que Cristina y el núcleo del kirchnerismo no quieren llevar a la Argentina a una situación “a la venezolana”. El camino elegido por el gobierno fue entonces el opuesto. Plantear un pacto de gobernabilidad para llegar al 2015 de la mejor manera posible y reservar a Cristina para un posible retorno al poder más adelante.

En el plano económico, el gobierno volvió a convocar al empresariado y concretó un giro hacia los mercados. Se asumió el diagnóstico empresarial del “atraso cambiario” que por un lado había generado un aumento del salario en dólares (del orden del 50% en 2011 y 2012) y por otro lado una demanda muy grande de moneda extranjera tanto para ahorro (que se cortó con la restricción) como para turismo. Originalmente el plan del oficialismo era devaluar de manera gradual, pero eso generó problemas con los movimientos especulativos de los exportadores, que terminaron logrando la devaluación brusca de enero.

Además de la devaluación, el otro eje central es conseguir financiamiento externo para hacer frente a la escasez de divisas. Para eso se arregló con el FMI, CIADI, Repsol y se sigue negociando con el Club de París y los fondos buitres. La idea del gobierno es que, si esta política es exitosa, la Argentina debería estar pudiendo emitir deuda en el segundo semestre de 2014 y de esa manera hacer frente a una posible nueva corrida contra las reservas cuando los efectos de la devaluación se hayan disipado. Junto al endeudamiento, el gobierno también busca conseguir dólares vía inversiones, sobre todo a través de YPF utilizando el proyecto de Vaca Muerta.

En conclusión, el kirchnerismo devaluó, subió las tasas de interés, hizo política monetaria contractiva. La única diferencia con la receta ortodoxa (la última bandera que le queda a la oposición para seguir exigiendo más ajuste) es que no realiza el ajuste fiscal ni lleva a cabo los famosos “planes antiinflacionarios” (tal como lo indican los organismos internacionales y el lobby empresarial), lo cual tendría efectos aún más recesivos y regresivos que los actuales desde el punto de vista económico y social. Pero incluso considerando ese componente “heterodoxo” del ajuste, el 2014 seguramente termine con una caída del salario real y redistribución negativa del ingreso y por ende en un beneficio para el capital concentrado.

En el plano social la nueva estrategia necesariamente tuvo que venir de la mano de un endurecimiento del discurso hacia la protesta social, que seguramente se va a expresar en mayores niveles, como ya quedó claro con la histórica huelga docente de la provincia de Buenos Aires y la convocatoria al paro del 10 de abril.

Y finalmente en el plano político, el gobierno apuesta cada vez más a consolidar la discusión dentro del Frente Para la Victoria (FPV) en un pacto de gobernabilidad con el PJ. La idea de resolver todo en el marco del FPV (es decir, contener a todo el espectro desde Unidos y Organizados hasta los gobernadores) es parte de esta estrategia más general. Pero también hay que interpretar dentro de esa estrategia política la apelación de Cristina a una gran concertación nacional, los gestos al radicalismo y las conversaciones con el papa Francisco.

En resumen, todo parece indicar que en esta fase el kirchnerismo aspira a llegar al 2015 de la manera más prolija posible, intentando campear la situación económica, fortaleciendo el FPV y cuidando la fuerza propia.  Desde nuestro punto de vista, hoy estamos pagando las consecuencias de no haber encarado transformaciones de fondo, ni en el plano económico ni el político. En lo primero, el gobierno apostó a construir un “capitalismo en serio” dando concesiones a los sectores populares pero hoy se demuestra que no hay capitalismo alguno que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina. En lo segundo, el gobierno apostó al PJ y a la institucionalidad tradicional para sustentar su proyecto político, pero hoy se demuestra que sin apostar a la movilización popular y a la construcción de poder popular no es posible transformar la Argentina.

El gobierno termina su mandato tirando la toalla y haciendo concesiones al poder económico, perjudicando el bolsillo de los trabajadores. El kirchnerismo eligió el camino del pacto de gobernabilidad. Por eso es necesario construir un proyecto popular verdaderamente transformador, que supere el horizonte del capitalismo serio y que sea autónomo de las estructuras tradicionales (PJ-UCR-PRO). Para esto es imprescindible convocar a todos los compañeros y compañeras que durante estos años apostaron al proyecto del gobierno a defender las conquistas de esta década, a construir una opción política superadora en una convocatoria amplia con el conjunto de la militancia popular.

Ayer golpistas, hoy ajustadores

Hoy se cumple un nuevo aniversario del inicio del golpe genocida de 1976. Vale siempre la pena recordar que el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” no consistió simplemente en la implementación sistemática del terrorismo de Estado para cortar los sueños de una generación militante, sino también en la implementación de un programa de transformaciones estructurales (en el plano económico, político, social y cultural) que colocaron a la Argentina en el camino de un nuevo paradigma ideológico a nivel global, que solemos identificar con el término de “neoliberalismo”.

Esos cambios profundos, que luego continuaron bajo los gobiernos constitucionales y fueron profundizados de manera salvaje durante la década de los noventa, cortaron de un cuajo numerosísimas conquistas populares que se habían logrado en las décadas previas. Pero la ofensiva contra los sectores populares no se limitó al objetivo económico de elevar los niveles de rentabilidad del empresariado en nuestro país; también fue una reacción contra un modelo que había generado una clase obrera fuerte y con capacidad no solo para lograr condiciones de vida más dignas en el marco del capitalismo dependiente argentino (“fifty-fifty”), sino también para pelear por una transformación de fondo de las relaciones sociales y la construcción de una nueva sociedad en donde las riquezas sean socializadas y los derechos garantizados.

De allí que la enorme fragmentación de la clase trabajadora argentina que se expresa en la actualidad de manera patente y la precarización de la vida de los sectores populares no pueden entenderse como meras fallas de un sistema al que todavía no le encontramos la vuelta para regularlo, sino como parte constitutiva e inmodificable del engranaje económico al que aun estamos sometidos y del que debemos salir más temprano que tarde. La vinculación entre dictadura, neoliberalismo y padecimientos sociales no es un secreto para el movimiento popular argentino. Quizás por eso en su etapa de resistencia los organismos de Derechos Humanos fueron parte no solo de las peleas contra la impunidad sino también de las luchas contra las políticas de ajuste y pro mercado de los gobiernos de turno.

Pero todo lo que nuestras luchas han logrado generar como avance en terreno de la nulidad de las leyes del perdón y del juicio a los genocidas no hemos podido trasladarlas al terreno económico y social. Y es que los grupos que hoy concentran y dominan los resortes de nuestra economía no son otros que quienes promovieron y se beneficiaron con el golpe. Un sector agropecuario controlado por un puñado de empresas multinacionales, una industria concentrada y extranjerizada, un sistema financiero desregulado. La dictadura nos dejó, entre otras cosas, una ley de inversiones extranjeras a medida de los intereses de las multinacionales que todavía sigue intacta 38 años después y una ley de entidades financieras que convierte nuestros ahorros en ganancias extraordinarias de la banca privada.

El poder económico beneficiado con la dictadura no fue sólo la Sociedad Rural y el Grupo Clarín como suele simplificarse desde algunos discursos. El empresariado “patriota” al que el gobierno viene intentando seducir fue igualmente parte del plan sistemático inaugurado el 24 de marzo de 1976. La UIA, Techint, las automotrices, el grupo Macri, Bridas, Arcor, Pérez Companc y un larguísimo etcétera de representantes de la “burguesía nacional” fueron tan responsables y cómplices como las multinacionales y la “oligarquía”.

Si hoy nos enfrentamos a la posibilidad de un ajuste que golpee a los bolsillos de los trabajadores no viene mal hacer memoria sobre estos temas. No será la primera vez que la burguesía argentina traicione las ilusiones que muchos sectores de nuestro pueblo depositaron en el proyecto de construir un capitalismo “serio” o “nacional”. Son los mismos grupos económicos que ayer propiciaron el golpe los que hoy fogonean el ajuste económico. Son los mismos que siguen teniendo la manija de nuestra economía.

Claro que no todo fue lineal entre el 76 y la actualidad. Hubo lucha y fue mucha. En el 2001 los argentinos dijimos basta a las políticas neoliberales y durante todos estos años hemos avanzado en conquistas simbólicas y materiales que no estamos dispuestos a rifar. Pero defender hoy el salario, como están haciendo los docentes de la Provincia de Buenos Aires y las conquistas democráticas no pueden ser solo un acto de resistencia. Lo que no avanza, se estanca y prepara el terreno para el retroceso.

En este 24 de marzo se nos hace necesario plantear otra salida. Otra salida frente a las presiones para el ajuste y otra salida para quienes nos quieren convencer de que se pueden resolver los problemas con “diálogo” y dejar a todos contentos. La historia nos enseña que para mejorar la situación de los de abajo, hay que afectar los intereses de los de arriba. Recuperar el control del comercio exterior, el sistema financiero o la distribución de alimentos son algunas de las medidas que la Argentina necesita comenzar a discutir. Claro que avanzar en esa dirección no depende solo de un cambio de política económica. Requiere poner al pueblo adelante para dar una batalla que puede ser muy dura, pero preferible a la resignación que impone el “realismo” de aceptar que una vez más la pelea la ganen los mismos de siempre. Lo que ganaron en el 76, que siguen ganando hoy y que necesitamos de una buena vez dejen de ganar para que el pueblo deje de perder.

¿Ajuste heterodoxo?

Una serie de medidas de política económica tomadas en los últimos meses, que fuimos analizando en distintos artículos, permiten reconstruir la estrategia que el gobierno ha definido para enfrentar su último año y medio de mandato. Acá, acá y acá, se encuentran algunos de interpretaciones de las tensiones económicas presentes y las respuestas por parte del oficialismo.

Para resumirlo en un párrafo, decíamos que frente a las presiones más agudas que el gobierno había sufrido tanto por arriba (desde el poder económico) como por abajo (desde los sectores populares), ensayaba una fuga hacia adelante. ¿En qué consiste? En conseguir una buena cantidad de dólares vía financiamiento externo para aliviar las tensiones sin necesidad de recurrir a megadevaluaciones o ajustes fiscales clásicos, con sus respectivos efectos económicos recesivos y socialmente regresivos. De esa manera se entiende que por un lado se avanzara en los acuerdos con el CIADI, el FMI, el Club de París y finalmente con Repsol, mientras que por otro lado se anunciaran programas como el PROGRESAR, que implican un mayor gasto público y un intento de “compensación” por los efectos negativos de las otras políticas.

¿Está siendo exitoso esta suerte de “ajuste heterodoxo”? ¿Efectivamente se está logrando “compensar” los efectivos negativos? ¿En qué medida los empresarios responden a los objetivos declamados por el gobierno? ¿Qué rol se le asigna a la participación popular en este proceso? Si bien el desenlace está por verse y dependerá no sólo de la acción del gobierno sino también de las luchas sociales abiertas, creemos que es posible adelantar algunas impresiones.

¿Massa tenía razón?

Durante la última campaña electoral las distintas variantes de la oposición conservadora presentaron diagnósticos y propuestas comunes. Independientemente de las diferencias en el acento republicano del FAP-UNEN, la apelación al “primer kirchnerismo” del Frente Renovador o el liberalismo rancio del PRO, existe un trasfondo común que comparten Massa, Felipe Solá, Macri, Cobos, Binner, Carrió, Lousteau o Prat Gay. Todos coinciden en que los problemas de la Argentina se deben al populismo del gobierno que “espanta inversiones”, “no pone reglas claras”, “nos aísla del mundo” y un conocido etcétera. A partir de esa crítica se justificaba el énfasis en los problemas de “competitividad” y “atraso cambiario” (una manera elegante de promover la devaluación y la baja de salarios), de “derroche del gasto público” y “emisión descontrolada” (una forma sutil de proponer ajuste fiscal y enfriamiento de la economía).

Pero la estrategia del gobierno, que rechazaba rotundamente estos planteos, fue salir a disputar con la oposición conservadora la gracia del poder económico concentrado, tal como había adelantado en su momento la propia Cristina al reclamar la presencia de los “titulares” y no de los “suplentes” de la oposición. En este sentido durante 2013 promovió una devaluación gradual de la moneda y ofreció distintos canales a los grandes exportadores para mejorarles su rentabilidad, avanzó en el plan de sincerar la inflación y aceleró las negociaciones con el Club de París y Repsol para otorgar un baño de “confianza” a potenciales inversiones y acreedores.

El objetivo es muy claro y Cristina suele enunciarlo abiertamente en sus discursos. El gobierno quiere convencer a los grandes empresarios para que sean socios y no enemigos, que dejen de quejarse por su rentabilidad ya que la “levantaron en pala” y que inviertan en el país, que sean patriotas y sensibles y no se aprovechen de su posición dominante para aumentar abusivamente los precios. Es decir, el gobierno se esfuerza por enésima vez por formar esa burguesía nacional a la que convocaron desde el 25 de mayo de 2003, un empresariado cuyos intereses estarían asociados al desarrollo de nuestro país y no subordinados a los grandes capitales financieros internacionales.

Sin embargo, a diferencia de los años 2009 y 2010, cuando ante la adversidad el kirchnerismo no dudó en tomar medidas progresivas a costa de confrontar con sectores del poder económico, en la actualidad el gobierno tomó buena parte de la agenda de la oposición, creyendo que así lograría modificar las relaciones de fuerza a su favor y alcanzar sus objetivos. ¿Acaso tenía razón la oposición cuando planteaba la necesidad de la devaluación y bajar salarios? ¿Efectivamente estábamos aislados del mundo y ahora tenemos que hacer la tarea que nos encomiendan para volver a confiar en nosotros?

Los primeros resultados están a la vista. La brusca devaluación de enero fue la primera prueba de los riesgos de la nueva estrategia económica oficial. El gobierno jugó con fuego y se quemó. La pulseada la ganaron los exportadores que hicieron un negocio importante cuyo costo lo vamos pagando en cuotas la mayoría de la población. Las recurrentes dificultades para controlar los precios son otro elemento que comienza a mostrar los problemas de la orientación actual. Y el reciente acuerdo con Repsol, además de indignante por tener que indemnizar a una empresa que vació nuestra petrolera nacional, es otra jugada de extremo peligro ya que el gobierno especula con el ingreso de ingentes inversiones (que difícilmente lleguen antes de 2015) a costa de sumar mayores vencimientos en dólares que presionarán sobre el desequilibrio en las cuentas externas.

Argentina no quiere ser Venezuela

Muchos de quienes esperaban la profundización luego del 54% del año 2011 hoy se preguntan a qué se debe esta orientación. Algunos apelan a la “correlación de fuerzas” para explicar por qué no se avanzó con transformaciones de fondo. El concepto es discutible, ya que resulta muy difícil colocar una medida exacta de la correlación de fuerzas entre las clases para evaluar qué se puede y qué no se puede hacer. Pero aquí la apelación a ese concepto funciona como un mecanismo para justificar la falta de voluntad política de llevar adelante la promesa de “ir por todo”. ¿Acaso había correlación de fuerzas para nacionalizar las AFJP? ¿Había correlación de fuerzas para expropiar a Repsol pero no para ser más firme en el escenario internacional?

Pero más allá de ese debate, la orientación actual del gobierno nacional se distancia cada vez más de cualquier perspectiva de “radicalización”. La comparación con Venezuela no es caprichosa, ya que tanto desde la derecha como desde el propio kirchnerismo y desde la izquierda dogmática se asimilan ambos procesos y también porque efectivamente muchos de los problemas económicos que se presentan en nuestro país se encuentran en el proceso bolivariano, aun más candentes. Pero mientras que frente a problemas similares el gobierno venezolano eligió un camino de radicalización declarando una “guerra económica” a la burguesía local, la nacionalización del comercio exterior y la regulación de la ganancia empresarial, el kirchnerismo ha optado por calmar las aguas y buscar un nuevo pacto con el empresariado. Las diferencias entre ambos procesos se hacen más evidentes y desde ya no radican solamente ni principalmente en los aspectos económicos.

Quizás en este punto radique una de las explicaciones de la estrategia del gobierno, ya que una salida “a la venezolana” sin dudas implicaría intensificar muchos de los problemas que hoy emergen, cuestionando las propias relaciones sociales del “capitalismo serio” realmente existente y abriendo una perspectiva de liberación. Demandaría también apostar a la organización y movilización popular en lugar de depositar toda la energía en los canales institucionales y las negociaciones a puertas cerradas. Requeriría modificar el esquema de poder político actual asentado en el PJ que hoy se prepara para heredar el gobierno en el 2015 bajo el liderazgo de Scioli, como una opción de mayor “gobernabilidad” para el establishment y dar por cerrado su amargo capítulo del kirchnerismo.

De nuevo aquí el gobierno toma el mensaje de la oposición que asustaba en la campaña con el miedo a la “chavización” de la Argentina. Más bien las señales indican que el gobierno pretende imitar el ejemplo de lo que el intelectual liberal de derecha Mario Vargas Llosa llama la “izquierda vegetariana” (en contraposición a la “carnívora” representada por el chavismo), es decir, los gobiernos de “izquierda” que aceptan el predominio de las leyes del mercado y de las instituciones y solo aspiran a establecer regulaciones sin buscar su superación por nuevas relaciones e instituciones.

Quién maneja la economía

En estos días de corridas cambiarias, golpes de mercado y cambios en la política económica oficial, pocos de los análisis que se ofrecen en los medios de comunicación presentan a los actores sociales y a los intereses en juego detrás de estos movimientos. En cambio, la mayoría prefiere aludir a cuestiones técnicas o hablar de la ineficiencia de tal o cual aspecto de la gestión gubernamental. Por eso no pueden explicar que el gobierno haya convalidado – al menos parcialmente – las exigencias que le hacía el poder económico concentrado. Como ya no pueden decir que los males de la Argentina se deben al atraso cambiario – actualizado en un 60% en el último año – ni al llamado “cepo”, ahora salen a plantear que en realidad no eran esos los problemas sino una deficiencia general – casi emocional – de falta de confianza hacia el gobierno por parte de los mercados. En definitiva, todo apunta a la idea de que no importa lo que se haga, las inversiones no vendrán y la cosa sólo se podría resolver con un cambio de gestión en el 2015. Pero cuando el relato liberal habla de “los mercados”, no se refiere a poderosos grupos económicos con capacidad de formar precios o realizar maniobras especulativas en búsqueda de ensanchar sus ya abultados márgenes de ganancia, sino pobres “agentes” víctimas de un clima de incertidumbre, a su vez hijo de la improvisación de un plan económico deficiente.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

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2014: nuevo año, mismos dilemas

Arrancó un nuevo año y, ni lerdos ni perezosos, volvieron a plantearse los principales dilemas de la economía de nuestro país. Es que mientras millones de compatriotas descansan, otros esperan poder hacerlo en las próximas semanas y una parte significativa (muchas veces ninguneada) no puede acceder al derecho de tener vacaciones. La realidad económica no se toma respiro.

En los últimos días vimos marchas y contramarchas en el gobierno nacional, algo poco común en la gestión kirchnerista, respecto de dos temas: una reforma del impuesto a los bienes personales y la importación de tomates para frenar los aumentos de precios. Ambas cuestiones terminaron por ser desmentidas por Kicillof, ungido ahora como voz de mando en temas económicos por la Presidenta.

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El ajuste para esquivar el ajuste: ¿de qué se trata la estrategia económica del gobierno?

A raíz de los cambios en el gabinete, casi todos los análisis periodísticos centran sus elucubraciones en las características personales de los funcionarios. Los antecedentes académicos de Kicillof, el pragmatismo político de Capitanich, las “formas prepotentes” de Guillermo Moreno, todos análisis que llevan a conclusiones superficiales. No es que las personas no importen, sino que para intentar interpretar la orientación en la política económica del gobierno deben contemplarse otras variables que exceden por mucho no sólo las características sino incluso la voluntad o las intenciones de quienes ejercen la función pública.

Desde hace tiempo nos encontramos entre los que venimos planteando que la economía argentina se enfrenta a una encrucijada, frente a la que la oposición y los economistas ortodoxos plantean el camino del ajuste y los entusiastas defensores del modelo la tan ansiada “profundización”. Sin embargo, a juzgar por los escasos anuncios económicos y por las medidas que se perfilan, todo indica que el gobierno no convalidará las expectativas ni de propios ni de ajenos. ¿Podrá el kirchnerismo escapar a esta disyuntiva y al menos patear la pelota hasta 2015? ¿De qué depende esta posibilidad?

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Cambiar para adelante es dejar atrás la legislación neoliberal

A doce años del estallido social del 2001 que cuestionó le hegemonía de las ideas neoliberales, y a diez años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, es necesario reconocer que más allá de ciertos avances importantes, aún rigen en nuestro país un conjunto de leyes y acuerdos internacionales creados al calor del Consenso de Washington que no fueron modificados. Se trata de una estructura jurídico-financiera que impuso el neoliberalismo para los países del tercer mundo y que la Argentina mantiene intacta.

No se trata de un tecnicismo ni de un problema ideológico, sino sumamente concreto, como demuestra la reciente decisión del gobierno argentino de llegar a un acuerdo con capitales norteamericanos para pagar sentencias judiciales originadas en los tribunales del CIADI. Esta sigla significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y es un tribunal creado por el Banco Mundial justamente para que grandes inversores puedan litigar contra los Estados nacionales en territorio ajeno a su soberanía nacional.

Este acuerdo era una condición imprescindible planteada por los Estados Unidos para destrabar créditos en el Banco Mundial, y así poder poner en marcha una estrategia de retorno al endeudamiento externo, que aparece como el camino elegido por el gobierno nacional para hacer frente a las dificultades económicas sin promover cambios estructurales que puedan afectar los intereses de los grandes capitales.

Decenas de tratados bilaterales de inversión, conocidos como TBI, fueron firmados en los años noventa con los más dispares países y aún hoy están vigentes. Esos tratados establecen que en caso de conflicto los capitales provenientes de esos países apelarán al tribunal del CIADI en lugar de a la justicia local.

La Argentina adhirió al CIADI en 1994 y tiene en curso alrededor de treinta demandas en su contra, varias de ellas con sentencia adversa firme. La anteúltima demanda recibida fue presentada por Repsol y refiere al caso YPF. Si el CIADI llegara a fallar en contra del país, se daría la paradoja de que una empresa que ganó 47 mil millones de USD de 2000 a 2010 podría recibir como “compensación” por la expropiación unos 10 mil millones de dólares. Lo que se dice un negocio redondo.

A diferencia nuestra, algunos países latinoamericanos como Brasil nunca adhirieron al CIADI, mientras que otros decidieron retirarse en los últimos años, como Venezuela y Bolivia. En todos ellos esa decisión no significó una ruptura con los mercados internacionales, que en cambio siguen financiando a cada uno de esos Estados nacionales, así como tampoco implicó una retirada masiva de las inversiones extranjeras.

Además, como consecuencia de la decisión del gobierno argentino de habilitar por tercera vez un canje para la deuda en default frente a las presiones y amenazas de los tribunales estadounidenses en donde están radicadas las demandas de los “fondos buitre”, la cuestión de la cesión de soberanía por parte de los Estados Nacionales en favor de organismos multinacionales, potencias extranjeras y empresas transnacionales ha vuelto a colocarse en el centro de la discusión.

El caso de los llamados fondos buitres, radicado en los Tribunales de Nueva York y en manos del juez Thomas Griesa, es paradigmático en ese sentido. Un juzgado de otro país obligará (o no) a pagar sumas ridículas a la Argentina, que tiene todos sus bonos de deuda colocados bajo legislación extranjera. Y hasta las reservas del Banco Central pueden ser objeto de embargo. Los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 presentan también esta cláusula, requerida por “la comunidad financiera internacional” como muestra fehaciente de que el país se atendrá a las reglas de juego y dará seguridad jurídica a los inversores.

Finalmente, la ley que regula las inversiones extranjeras (ley 21.382) fue sancionada el 19 de agosto de 1976 bajo la última dictadura cívico-militar y reformada por última vez en 1993 en pleno auge neoliberal. En su artículo 1º establece algo inédito a nivel mundial: “Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. Como si esto fuera poco, la ley establece la libre disponibilidad para el giro de utilidades y la ausencia de requisitos de inversión.

Otras normativas, como por ejemplo la Ley de Entidades Financieras que permite las millonarias ganancias de los bancos estableciendo mínimas obligaciones, también forman parte de esta estructura que empezó a construirse durante la última dictadura militar y fue profundizada en los años noventa.

Camino Popular es una alternativa para avanzar y desarmar toda esta tela de araña neoliberal diseñada para mantenernos en la dependencia y el subdesarrollo. En estas elecciones por un lado están quienes se resignan con este presente e intentan convencernos de que no se puede cambiar nada de esto mientras vuelven al endeudamiento externo. Y por otro lado también están los que pretenden volver al pasado de las ideas neoliberales, quienes vuelven a hablar de “seguridad jurídica”, “confianza de los mercados” y otros eufemismos que recuerdan lo peor de nuestra historia. Frente a estas dos opciones Camino Popular es una alternativa para cambiar, pero para cambiar para adelante.

Alternativas ante el agotamiento de un ciclo político

En las PASO se hizo visible el proceso de estancamiento y retroceso del kirchnerismo tanto en cuanto forma de construcción política como en cuanto orientación general de la política económica. Los problemas concretos que hoy emergen como la inflación, la escasez de divisas, el colapso en el sistema de transporte o la precarización laboral, son síntomas de problemas estructurales que no se han encarado decididamente. Pero lo que explica el revés político no son los problemas en sí, sino la percepción de que el gobierno no ofrece explicaciones, respuestas ni convocatorias a la población a dar una pelea para avanzar sobre quienes generan estos problemas, a saber, el poder económico concentrado. En lugar de esto, nos convoca a “defender lo que se hizo hasta ahora”.

La derecha golpea por distintas vías. Algunas tienen que ver con deficiencias reales del gobierno, como los casos de corrupción de funcionarios de primer nivel. Otras se construyen en batallas contra un supuesto avance autoritario frente al que se convoca a defender las “libertades civiles” y el “funcionamiento de la república”. Otra vez, el gobierno opta por no convocar a la población ni plantear medidas de fondo. Todos estos ingredientes confluyen en un escenario de cambio de ciclo; en el debilitamiento de una fuerza política, que si bien sigue siendo la primera minoría a nivel nacional y probablemente la estructura más importante, ha encontrado problemas serios para hacer confluir voluntades cuando de la épica que miraba hacia el corto plazo se pasa a un menos atractivo llamado a defender lo logrado.

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Deuda externa: ¿un tema del pasado o del presente?

La Argentina está en vilo por una disputa en la justicia norteamericana. Resulta que algunos fondos de inversión que viven de la especulación financiera y que compraron a precio de ganga bonos de la deuda argentina cuando estaba en default lograron fallos favorables y presionan a nuestro país para que les pague el 100% de la deuda sin reconocer las distintas reestructuraciones (2005 y 2010). Estos “fondos buitres” representan un porcentaje muy pequeño y su reclamo es por U$S 1430 millones en total, pero el principal problema es que en caso de prosperar, el restante de los acreedores podrá utilizar este precedente para reclamar el pago total de la deuda, situación que pondría a la Argentina al borde de un nuevo default. A su vez, este debate se da en un contexto en donde nuestro país se encuentra realizando grandes pagos por la deuda renegociada y por mecanismos como el “cupón PBI”, que explican la caída de reservas  que se encuentran en su valor más bajo desde principios de 2007.

Esta situación permite poner en discusión dos grandes planteos del gobierno. En primer lugar la idea de que con la reestructuración de la deuda la Argentina “ganamos soberanía”, ya que por presión de un grupo de fondos especulativos y de los tribunales de nada menos que los Estados Unidos, el Congreso de la Nación se aprestó a votar la reapertura del canje (con voto del oficialismo, el PRO y la UCR-UNEN). Los canjes establecieron la jurisdicción norteamericana resignando soberanía, situación que es utilizada ahora por los acreedores. A su vez la Argentina sigue perteneciendo al CIADI, un instrumento del Banco Mundial presentado como “árbitro imparcial”, que no reconoce las legislaciones nacionales y que sistemáticamente defiende los intereses de las grandes empresas transnacionales contra los países del tercer mundo, especialmente latinoamericanos, situación que hizo que Ecuador, Bolivia y Venezuela renunciaran al organismo.

En segundo lugar se pone en discusión el planteo gubernamental de que la reestructuración de la deuda iniciada en 2005 habría permitido “resolver exitosamente” el problema de la deuda pública. Por ejemplo, en la primera mitad del presente año las reservas del Banco Central cayeron U$S 6.285 millones, mientras se pagaron U$S 7.513 millones en concepto de amortizaciones e intereses de deuda. Similar situación ocurrió durante el año pasado. Es decir que hoy el pago de intereses de la deuda se está comiendo nuestras reservas e intensifica la restricción que sufre nuestro país expresada en la falta de divisas. La contracara del llamado “desendeudamiento” fue convertirnos en “pagadores seriales”, lo que obliga a tomar el tema de la deuda como una discusión del presente y no sólo como una herencia del pasado.

La necesidad de replantear la estrategia, investigar y auditar la deuda

Al igual que ocurre con otros temas de la economía nacional, la discusión que aparece nos conduce siempre al mismo punto: ¿resuelve el crecimiento de la economía los problemas económicos y sociales estructurales de nuestro país? El gobierno se orientó bajo esta premisa y hoy chocamos contra la pared en numerosos asuntos. De la misma manera que el crecimiento de estos diez años no resolvió de por sí los problemas de pobreza estructural, los niveles de precarización laboral, los problemas de inversión o de matriz energética, tampoco lo hizo en relación a la deuda. El crecimiento trae beneficios indiscutibles que el gobierno ostenta permanentemente en la comparación con la situación del 2001, pero sin cambios estructurales no resuelve problemas del mismo orden.

En el caso de la deuda el gobierno apostó a esa estrategia. El famoso “cupón PBI” fue su expresión, ya que se trató de un mecanismo que compensa a los acreedores por la quita en función del crecimiento del producto bruto. Éste creció y lo que iba a ser un plan de pagos por treinta años se termina adelantando, situación que se agrava cuando se inflan los datos de crecimiento del Indec. En efecto, se pagó hasta el momento más de U$S 10.000 millones por este cupón, de los cuales entre U$S2800 y U$S3500 millones se pagaron de más si comparamos con el pago que resultaría de indicadores de actividad alternativos.

Pero lo que salta como evidencia es que pese a todo este crecimiento la Argentina no pudo evitar que la deuda siga siendo un problema de primer orden que hoy potencia la sangría de sus reservas. La caída de estas últimas se explican por muchos factores, entre los que se encuentran el déficit energético, el aumento de las importaciones y ahora el turismo. Pero claramente los dos principales fueron la fuga de capitales que sufrió nuestra economía desde el 2003 acumulando más de U$S 90.000 millones y el pago serial de deuda externa por U$S 48.894 millones (fundamentalmente intereses).

El pago sistemático de deuda, que implica permanente salida de divisas, presiona claramente para implementar políticas de ajuste, devaluación de la moneda o de apertura de nuestra economía, programa que exigen hoy las grandes empresas y que intenta representar políticamente las distintas alternativas de la oposición conservadora. El gobierno esgrime querer evitar este desenlace, pero no se replantea el modelo ni su política, lo que conduce peligrosamente a esa misma situación.

Replantear la estrategia en relación a la deuda es una de las claves para construir otra posibilidad para nuestra economía. Investigar y auditar la deuda permitiría establecer su carácter ilegítimo, ya sea por origen o por destino, y también conocer quiénes son los acreedores de los títulos de la deuda argentina, para discriminar entre capitales especulativos usurarios y bonistas legítimos. A partir de esta política, la Argentina podría dotarse de una estrategia de minimizar sus obligaciones y liberar a nuestra economía de una de sus principales restricciones actuales.

La posibilidad de una estrategia de transformación estructural de la economía argentina, que garantice un plan de desarrollo industrial, generación de trabajo de calidad, distribuir las riquezas y los ingresos, garantizar el conjunto de los derechos sociales, no puede claramente desprenderse de ninguno de los temas tomados aisladamente. Pero una condición importante es asumir que el tema de la deuda no es sólo una herencia del pasado. Por el contrario es un problema del presente y por sobre todas las cosas la posibilidad de no hipotecar nuestro futuro.

¿Cuánto pagan los que más tienen?

Nuestro sistema tributario, el que determina cómo se financia el Estado, es decir de dónde y en qué medida se apropia de recursos de distintos sectores sociales, nunca es puesto en discusión en forma integral. Sin embargo aparece recurrentemente vinculado a los problemas concretos que se debaten en la economía actual, por ejemplo cuando se discute el mínimo no imponible para el pago de ganancias de la cuarta categoría o la necesidad de gravar actividades exentas como la renta financiera o el juego. Aparece cuando se habla de los precios de los bienes de consumo popular, en donde se cobra el 21% de IVA a todos por igual. Aparece también cuando discutimos el comercio exterior y las retenciones o cuando se debate sobre el sistema previsional, donde aparecen los aportes de empresas y trabajadores para las jubilaciones. Pero falta una mirada integral, de todo este conjunto.

¿Cuánto aporta hoy cada sector a los más de 800.000 millones de pesos que recaudará el Estado Nacional este año?

La principal fuente es el impuesto al consumo, más conocido como IVA y representa casi el 30% del total. En segundo lugar aparecen las contribuciones y aportes a la Seguridad Social (jubilaciones), que representa aproximadamente un 25% de la recaudación y que se divide entre aportes personales de los trabajadores y contribuciones de las empresas. Recién en tercer lugar aparece el impuesto a las ganancias con un 20%, de los cuales una cuarta parte en realidad corresponde a la discutida “cuarta categoría” y no a ganancias empresariales. Finalmente los impuestos vinculados a la aduana, fundamentalmente las retenciones a la exportación, que aportan alrededor del 10%.

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