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El pacto de gobernabilidad hacia el 2015

Una serie de factores políticos y económicos han generado una nueva coyuntura política. Nos encontramos en un nuevo momento dentro del proceso político que vive nuestro país a lo largo de los últimos diez años de kirchnerismo. Confluyen en esta nueva situación dos elementos fundamentales: 1) La acumulación de tensiones económicas propias de todo período de “bonanza” en el capitalismo dependiente; 2) La cercanía del recambio presidencial que va a cerrar doce años de gobierno kirchnerista. Los problemas económicos y políticos en este sentido no son independientes y unos alimentan a otros.

La estrategia planteada por el gobierno en esta última etapa no fue la “profundización” que se había prometido ni las transformaciones estructurales pendientes en esta década, que son el único camino para lograr una auténtica solución de la desigualdad social y la dependencia nacional. Probablemente este camino hubiera implicado el riesgo de agudizar los problemas económicos (inflación, escasez de divisas) y sociales (mayor conflicto con clases medias) y por otro lado también romper el esquema de alianzas políticas vigente. En este sentido quedó clarísimo que Cristina y el núcleo del kirchnerismo no quieren llevar a la Argentina a una situación “a la venezolana”. El camino elegido por el gobierno fue entonces el opuesto. Plantear un pacto de gobernabilidad para llegar al 2015 de la mejor manera posible y reservar a Cristina para un posible retorno al poder más adelante.

En el plano económico, el gobierno volvió a convocar al empresariado y concretó un giro hacia los mercados. Se asumió el diagnóstico empresarial del “atraso cambiario” que por un lado había generado un aumento del salario en dólares (del orden del 50% en 2011 y 2012) y por otro lado una demanda muy grande de moneda extranjera tanto para ahorro (que se cortó con la restricción) como para turismo. Originalmente el plan del oficialismo era devaluar de manera gradual, pero eso generó problemas con los movimientos especulativos de los exportadores, que terminaron logrando la devaluación brusca de enero.

Además de la devaluación, el otro eje central es conseguir financiamiento externo para hacer frente a la escasez de divisas. Para eso se arregló con el FMI, CIADI, Repsol y se sigue negociando con el Club de París y los fondos buitres. La idea del gobierno es que, si esta política es exitosa, la Argentina debería estar pudiendo emitir deuda en el segundo semestre de 2014 y de esa manera hacer frente a una posible nueva corrida contra las reservas cuando los efectos de la devaluación se hayan disipado. Junto al endeudamiento, el gobierno también busca conseguir dólares vía inversiones, sobre todo a través de YPF utilizando el proyecto de Vaca Muerta.

En conclusión, el kirchnerismo devaluó, subió las tasas de interés, hizo política monetaria contractiva. La única diferencia con la receta ortodoxa (la última bandera que le queda a la oposición para seguir exigiendo más ajuste) es que no realiza el ajuste fiscal ni lleva a cabo los famosos “planes antiinflacionarios” (tal como lo indican los organismos internacionales y el lobby empresarial), lo cual tendría efectos aún más recesivos y regresivos que los actuales desde el punto de vista económico y social. Pero incluso considerando ese componente “heterodoxo” del ajuste, el 2014 seguramente termine con una caída del salario real y redistribución negativa del ingreso y por ende en un beneficio para el capital concentrado.

En el plano social la nueva estrategia necesariamente tuvo que venir de la mano de un endurecimiento del discurso hacia la protesta social, que seguramente se va a expresar en mayores niveles, como ya quedó claro con la histórica huelga docente de la provincia de Buenos Aires y la convocatoria al paro del 10 de abril.

Y finalmente en el plano político, el gobierno apuesta cada vez más a consolidar la discusión dentro del Frente Para la Victoria (FPV) en un pacto de gobernabilidad con el PJ. La idea de resolver todo en el marco del FPV (es decir, contener a todo el espectro desde Unidos y Organizados hasta los gobernadores) es parte de esta estrategia más general. Pero también hay que interpretar dentro de esa estrategia política la apelación de Cristina a una gran concertación nacional, los gestos al radicalismo y las conversaciones con el papa Francisco.

En resumen, todo parece indicar que en esta fase el kirchnerismo aspira a llegar al 2015 de la manera más prolija posible, intentando campear la situación económica, fortaleciendo el FPV y cuidando la fuerza propia.  Desde nuestro punto de vista, hoy estamos pagando las consecuencias de no haber encarado transformaciones de fondo, ni en el plano económico ni el político. En lo primero, el gobierno apostó a construir un “capitalismo en serio” dando concesiones a los sectores populares pero hoy se demuestra que no hay capitalismo alguno que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina. En lo segundo, el gobierno apostó al PJ y a la institucionalidad tradicional para sustentar su proyecto político, pero hoy se demuestra que sin apostar a la movilización popular y a la construcción de poder popular no es posible transformar la Argentina.

El gobierno termina su mandato tirando la toalla y haciendo concesiones al poder económico, perjudicando el bolsillo de los trabajadores. El kirchnerismo eligió el camino del pacto de gobernabilidad. Por eso es necesario construir un proyecto popular verdaderamente transformador, que supere el horizonte del capitalismo serio y que sea autónomo de las estructuras tradicionales (PJ-UCR-PRO). Para esto es imprescindible convocar a todos los compañeros y compañeras que durante estos años apostaron al proyecto del gobierno a defender las conquistas de esta década, a construir una opción política superadora en una convocatoria amplia con el conjunto de la militancia popular.

Ayer golpistas, hoy ajustadores

Hoy se cumple un nuevo aniversario del inicio del golpe genocida de 1976. Vale siempre la pena recordar que el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” no consistió simplemente en la implementación sistemática del terrorismo de Estado para cortar los sueños de una generación militante, sino también en la implementación de un programa de transformaciones estructurales (en el plano económico, político, social y cultural) que colocaron a la Argentina en el camino de un nuevo paradigma ideológico a nivel global, que solemos identificar con el término de “neoliberalismo”.

Esos cambios profundos, que luego continuaron bajo los gobiernos constitucionales y fueron profundizados de manera salvaje durante la década de los noventa, cortaron de un cuajo numerosísimas conquistas populares que se habían logrado en las décadas previas. Pero la ofensiva contra los sectores populares no se limitó al objetivo económico de elevar los niveles de rentabilidad del empresariado en nuestro país; también fue una reacción contra un modelo que había generado una clase obrera fuerte y con capacidad no solo para lograr condiciones de vida más dignas en el marco del capitalismo dependiente argentino (“fifty-fifty”), sino también para pelear por una transformación de fondo de las relaciones sociales y la construcción de una nueva sociedad en donde las riquezas sean socializadas y los derechos garantizados.

De allí que la enorme fragmentación de la clase trabajadora argentina que se expresa en la actualidad de manera patente y la precarización de la vida de los sectores populares no pueden entenderse como meras fallas de un sistema al que todavía no le encontramos la vuelta para regularlo, sino como parte constitutiva e inmodificable del engranaje económico al que aun estamos sometidos y del que debemos salir más temprano que tarde. La vinculación entre dictadura, neoliberalismo y padecimientos sociales no es un secreto para el movimiento popular argentino. Quizás por eso en su etapa de resistencia los organismos de Derechos Humanos fueron parte no solo de las peleas contra la impunidad sino también de las luchas contra las políticas de ajuste y pro mercado de los gobiernos de turno.

Pero todo lo que nuestras luchas han logrado generar como avance en terreno de la nulidad de las leyes del perdón y del juicio a los genocidas no hemos podido trasladarlas al terreno económico y social. Y es que los grupos que hoy concentran y dominan los resortes de nuestra economía no son otros que quienes promovieron y se beneficiaron con el golpe. Un sector agropecuario controlado por un puñado de empresas multinacionales, una industria concentrada y extranjerizada, un sistema financiero desregulado. La dictadura nos dejó, entre otras cosas, una ley de inversiones extranjeras a medida de los intereses de las multinacionales que todavía sigue intacta 38 años después y una ley de entidades financieras que convierte nuestros ahorros en ganancias extraordinarias de la banca privada.

El poder económico beneficiado con la dictadura no fue sólo la Sociedad Rural y el Grupo Clarín como suele simplificarse desde algunos discursos. El empresariado “patriota” al que el gobierno viene intentando seducir fue igualmente parte del plan sistemático inaugurado el 24 de marzo de 1976. La UIA, Techint, las automotrices, el grupo Macri, Bridas, Arcor, Pérez Companc y un larguísimo etcétera de representantes de la “burguesía nacional” fueron tan responsables y cómplices como las multinacionales y la “oligarquía”.

Si hoy nos enfrentamos a la posibilidad de un ajuste que golpee a los bolsillos de los trabajadores no viene mal hacer memoria sobre estos temas. No será la primera vez que la burguesía argentina traicione las ilusiones que muchos sectores de nuestro pueblo depositaron en el proyecto de construir un capitalismo “serio” o “nacional”. Son los mismos grupos económicos que ayer propiciaron el golpe los que hoy fogonean el ajuste económico. Son los mismos que siguen teniendo la manija de nuestra economía.

Claro que no todo fue lineal entre el 76 y la actualidad. Hubo lucha y fue mucha. En el 2001 los argentinos dijimos basta a las políticas neoliberales y durante todos estos años hemos avanzado en conquistas simbólicas y materiales que no estamos dispuestos a rifar. Pero defender hoy el salario, como están haciendo los docentes de la Provincia de Buenos Aires y las conquistas democráticas no pueden ser solo un acto de resistencia. Lo que no avanza, se estanca y prepara el terreno para el retroceso.

En este 24 de marzo se nos hace necesario plantear otra salida. Otra salida frente a las presiones para el ajuste y otra salida para quienes nos quieren convencer de que se pueden resolver los problemas con “diálogo” y dejar a todos contentos. La historia nos enseña que para mejorar la situación de los de abajo, hay que afectar los intereses de los de arriba. Recuperar el control del comercio exterior, el sistema financiero o la distribución de alimentos son algunas de las medidas que la Argentina necesita comenzar a discutir. Claro que avanzar en esa dirección no depende solo de un cambio de política económica. Requiere poner al pueblo adelante para dar una batalla que puede ser muy dura, pero preferible a la resignación que impone el “realismo” de aceptar que una vez más la pelea la ganen los mismos de siempre. Lo que ganaron en el 76, que siguen ganando hoy y que necesitamos de una buena vez dejen de ganar para que el pueblo deje de perder.