Ante la crisis, prohibir despidos y suspensiones

Argentina vive una situación de crisis. Si es pasajera o profunda, catastrófica o sobrellevable, es algo que está por verse, y es deseable evitar los pronósticos apocalípticos. Pero que hay crisis es inocultable, y la pretensión de algunos analistas y funcionarios del oficialismo de aparentar que la casa está en orden y todo marcha según los planes resulta cada vez más difícil de sostener.

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

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Investigar la deuda externa es posible y necesario

El fallo de Griesa abre la oportunidad perfecta para explicar por qué es absolutamente inviable seguir pagando la deuda externa en los términos que propone el sistema financiero internacional. ¿Se puede investigar la deuda y modificar las condiciones de pago de la Argentina? Sí, es perfectamente posible política, económica y jurídicamente.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

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