Juicio por jurados: más democracia y transparencia para la Justicia

Iván Budassi

Todos estamos conmocionados con lo que pasó con el caso Marita Verón. No conozco, como tantos otros, los detalles procesales pero hemos visto una gran reacción social en contra del fallo. Durante estos días se ha hablado y especulado mucho sobre quiénes fueron los jueces de la causa; cuáles podrían ser sus intereses, su historial y sus conexiones con el mundo político. Dichas especulaciones no se dan cuando es el propio pueblo quien toma las decisiones. ¿Qué diferencia hay, entonces, entre el resultado de aquel juicio y otros que han sido igual de perturbadores, pero cuyo fallo fue dictado por la gente común que interviene en la administración de la justicia? Sin dudas, a ambos sistemas los separa una brecha gigante: la legitimidad. Es posible pensar que ante el mismo fallo, la gente hubiera reaccionado distinto. Veamos casos concretos. Primero, el juicio por jurados no existe sólo en las películas sino en la mayor parte de los países de América y Europa e incluso en nuestro país, desde 2005, en la provincia de Córdoba. Ya se han realizado en nuestro territorio más de 300 juicios con éxito y total aceptación. El jurado, en esa provincia, se compone por dos jueces profesionales y 10 ciudadanos y ha tenido que tratar casos que afectaron a toda la sociedad, sobre los que la prensa y los vecinos ya se habían expedido señalando un culpable. Uno de ellos ocurrió en la pequeña ciudad de San Francisco, donde incluso hubo una pueblada de más de 5000 personas pidiendo se condenara a quien se sospechaba había asesinado a su esposa. Sin embargo, el jurado lo absolvió porque consideró que no había pruebas suficientes. Y, contra lo que podría pensarse, no hubo ninguna reacción popular: la gente de la comunidad sintió y entendió que era ella misma quien había dado el veredicto a través de los juicios por jurado.

Este año, hubo una fuerte decisión política por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para cumplir con lo que establece la Constitución Nacional. El proyecto que envió en mayo el gobernador Daniel Scioli a la Legislatura bonaerense, y que acaba de votarse en la Cámara de Diputados, va más allá en cuanto a la participación ciudadana: establece que el jurado estará compuesto por doce miembros, todos ellos ciudadanos sin ninguna formación jurídica. Un juez profesional los instruirá y será una suerte de árbitro en el proceso, pero la decisión de si un hecho sucedió o no será de la gente. Así, la democracia ingresa al Poder Judicial y el proceso se transparenta. Porque hay otro aspecto importante, que terminaba por expulsar al pueblo de las audiencias judiciales. Durante un simulacro de este sistema que realizamos en Mar del Plata, se me acercó una señora que participó, y me contó que a su marido lo habían matado durante un robo. Si bien ella sí estuvo de acuerdo con la condena que los jueces le dieron al acusado, me confesó: “Sinceramente, asistí cada día de audiencia y no entendí nada de lo que estaba pasando, era como si hablaran en otro idioma”. Con el juicio por jurado tanto fiscales como abogados deberán hablar en castellano, es decir, salirse de la jerga que acostumbramos los juristas, para que tanto el acusado como la posible víctima y sus familiares puedan entender el proceso que los involucra. El Poder Judicial no es solamente para abogados, es para toda la gente.

Por último, y volvamos al principio, a la legitimidad de la que goza el jurado popular. Tengamos en cuenta que los jueces están atravesados, aun involuntariamente, por ciertas tensiones, mientras que el jurado no. Aún inconcientemente, y asumiendo con total responsabilidad su función, los jueces profesionales están afectados por preocupaciones lógicas, sobre si van a poder continuar con un cargo que le permite dar de comer a su familia, por ejemplo. Por más buena voluntad que tuviera un magistrado, incluso sin darse cuenta, es probable que se vea influenciado por las relaciones laborales, y la posible reacción de sectores políticos que promovieron su designación, cuando toma decisiones jurídicas. Por el contrario, para los ciudadanos, el juicio implica una participación de tres o cuatro días, luego de los cuales siguen con su vida normal. Los juicios por jurado, entonces, garantizan una mayor imparcialidad.