La relación entre el marco institucional y el desempeño económico de los países ha sido un tema que por muchos años ha concitado el interés de los economistas. A su vez, en la última década ha ganado espacio entre los economistas, la hipótesis de que la estructura institucional de un país es un determinante de importancia de la tasa de crecimiento que éste registre, como también del comportamiento de otros indicadores macroeconómicos, como la inflación, el endeudamiento, el tipo de cambio real y la tasa de interés.
En términos generales el concepto de instituciones se asocia con la forma en que se relacionan los poderes públicos de un país, las restricciones que enfrenta la autoridad en el ejercicio de sus funciones, como también con el grado de protección que tienen la propiedad privada y los contratos entre individuos. Aspectos como la representación de las diferentes provincias en el Parlamento, el grado de independencia del Poder Judicial y el grado de centralización de las decisiones de políticas públicas debieran estar en el centro del análisis del crecimiento. A su vez, dentro de esta agenda de investigación ocupa un lugar preponderante el estudio de los procesos que llevan a alterar el conjunto de reglas dentro de las cuales se inserta la actividad productiva y la forma en que se distribuyen las utilidades y pérdidas resultantes.
Desde esta perspectiva, el análisis del conjunto de “reglas del juego” que configuran el entorno en el cual se desarrollan las actividades productivas es un aspecto esencial para comprender las diferencias que se observan en el desempeño de las economías. En este sentido, a continuación y de manera extremadamente sintética se presentan un conjunto de cinco instituciones que generan una mayor tasa de crecimiento.
1. Normas que regulan la actividad de los agentes económicos
La calidad de las normas y la medida en la que éstas incentivan la actividad empresarial, profesional y laboral, es un elemento institucional importante. El sistema impositivo puede representar una carga excesiva tanto para la actividad inversora de las empresas como para realizar el mejor esfuerzo laboral. Puede también generar sesgos a favor de actividades que no son las más eficientes para el crecimiento de la economía. A modo de ejemplo, la regulación del comercio exterior, si impide o encarece a los empresarios la importación de bienes de capital y otros elementos necesarios para la producción, o si dificulta la apertura de mercados en el exterior, puede operar como una importante traba para el crecimiento.
2. Seguridad Jurídica
El cumplimiento de las leyes y de los contratos necesita una Administración de Justicia eficaz e independiente. Pero también unos valores sociales que no sean tolerantes con los incumplidores. La relación entre Seguridad Jurídica y desarrollo empresarial es evidente. No se puede esperar que aparezcan y se mantengan empresarios con capacidad de innovar si no confían en que se mantengan y se cumplan las leyes, se cumplan los contratos y se les respete tanto la propiedad de sus activos como los rendimientos de los mismos.
3. Eficacia y Transparencia de las Administraciones
Buena parte de las normas que regulan las actividades económicas no sólo emanan de las propias Administraciones sino que son aplicadas por ellas mismas. Los sesgos que pudiera haber en el desarrollo de las normas y en su aplicación pueden condicionar la actividad empresarial. En general, los sesgos se producen a favor de grupos o empresas establecidos, que gozan de relaciones especiales con los poderes públicos, por lo que pueden entorpecer (o, incluso, impedir) el desarrollo de emprendedores que pudieran dinamizar los mercados y los sectores productivos.
4. Políticas Macroeconómicas
Las políticas macroeconómicas seguidas por los gobiernos forman parte del marco institucional, ya que forman parte de las reglas de juego en las que los empresarios tienen que actuar. Una tasa de inflación alta y variable, un endeudamiento público alto y creciente, un tipo de cambio sobrevaluado y un tipo de interés intervenido, constituyen todas ellas distorsiones que entorpecen la inversión productiva y la apertura de los mercados internacionales.
5. Valores Sociales
Los valores compartidos por una parte sustancial de la sociedad condicionan la interpretación y credibilidad de las normas y dictan la aceptación o rechazo social de los incumplimientos de las leyes y de las conductas irregulares. Si bien, los valores sociales son persistentes, no son estáticos, por lo que estos cambian cuando la distribución de los recursos se altera de forma relevante, ya que los valores de los que mejoran inciden en los valores de la mayoría. Así los valores contribuyen también a la persistencia de las instituciones, lo cual también deja de manifiesto las dificultades que conlleva romper una estructura institucional de mala calidad.
En definitiva, como sostuviera Adam Smith en su Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones (1776), respecto al rol del sector público en el manejo de las instituciones: “Poco más hace falta para llevar a un Estado del peor de los barbarismos al máximo grado de opulencia salvo la paz, unos bajos impuestos y una administración de justicia tolerable, el resto vendrá con el curso natural de las cosas”. En este sentido, el bien público más importante que puede suministrar el Estado es el diseño y respeto de un conjunto de instituciones económicas de buena calidad, de modo tal que permitan que el orden de mercado se desarrolle espontáneamente.