Deportaciones

El lunes 7 de abril, The New York Times publicó un largo artículo, en primera plana, basado en más de 3 millones de documentos sobre deportaciones obtenidos por el diario gracias al IFAI de allá. Los datos confirman la pesadilla en la que se ha convertido ser indocumentado en Estados Unidos, y en particular ser mexicano, varón y menor de 35 años, ya que la mayoría de los 3.2 millones de deportados a lo largo de los últimos 10 años revisten esas características. El análisis del cotidiano demuestra -ya se sospechaba- que las deportaciones se dispararon a partir de 2008, alcanzando su pico en 2012, con más de 400,000. A diferencia de lo dicho por la administración Obama, la gran mayoría no son delincuentes ni criminales, sino personas culpables de haber incurrido en violaciones de tránsito menores: el número de deportados por este tipo de motivos casi se quintuplicó durante los últimos 5 años. Además, a la mayoría de los deportados se les niega la oportunidad de apelar; por otro lado, se ha incrementado enormemente la tendencia a asentar una acusación formal en su contra, impidiendo su regreso legal a EEUU durante 5 años.

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El censo educativo

El censo educativo ha arrojado datos importantes que habrá que estudiar con paciencia y prudencia. Es lógico que en un primer momento los medios y las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la educación y a responsabilizar al SNTE del desastre educativo se centren en los resultados en apariencia más alarmantes: el número de comisionados, el número de aviadores, el número de fantasmas. Pero hay otros datos interesantes que una primera lectura ofrece y que convendría también tomar en cuenta. Si se quiere, empecemos con el escándalo y el escarnio para luego pasar a lo menos amarillista y más triste.

El secretario de Educación ya advirtió que, de los 30 mil comisionados, no se sabe cuántos tienen licencia con goce de sueldo, y cuáles no. Tampoco está disponible aún la información sobre su destino en tanto comisionados: a labores sindicales, políticas, a la “hueva”, o a otras tareas necesarias, mas no necesariamente frente a grupo. Algo semejante sucede con las 114.000 bajas por fallecimiento, jubilación o invalidez, donde se carece de explicaciones: ¿por qué un muerto sigue cobrando? Y podría argumentarse algo semejante en lo que se refiere a los aviadores que no son ni comisionados ni bajas. Por último, en el caso específico de los comisionados, sería importante saber si existe una figura equivalente en países con sindicatos poderosos (como Brasil, Estados Unidos o Francia) y cuál es el porcentaje correspondiente: 3% como en México, más, o menos.

Ahora bien, uno puede pensar que algunos de los otros datos del censo encierran implicaciones igualmente importantes para las políticas públicas. Van algunos, sin orden. Aunque el promedio de proporción de escuelas públicas y privadas del país es alrededor de 86% vs. 13%, en el DF es de 52% vs. 48%. Es un dato curioso, que explica el escándalo mediático de las clases medias capitalinas a colegiaturas, IVA y deducciones, pero que no se explica fácilmente. Quizás una razón consista en el ingreso per cápita más elevado del DF que en la mayoría de los estados, o en el hecho de que la educación pública en el DF sigue en manos del gobierno federal y no de la entidad federativa. Para los críticos de la “privatización”, he aquí una advertencia, que convendría correlacionar con 17 años seguidos de gobiernos de izquierda en la capital.

Otro dato: entre las escuelas públicas, el 98% son de turno matutino normal (cuatro horas y media en primaria). Para todos fines prácticos, desaparecieron las escuelas con turno vespertino. Pero al mismo tiempo, menos de 3% de los establecimientos son de tiempo completo o de jornada ampliada. Esto se supone que debe cambiar ahora, pero vemos aquí la hipocresía de las autoridades educativas en los últimos 25 años: uno de los argumentos esgrimidos contra la escuela de tiempo completo era el obstáculo del turno vespertino.

Otra perla: la diferencia entre el equipamiento de las escuelas en los estados “ricos” y los pobres es gigantesca. Aunque me cuesta un poco de trabajo creerlo, parece que en el DF el 95% de las escuelas públicas tiene internet; el siguiente estado es Baja California, con 78%. Oaxaca y Chiapas tienen 6% cada uno, Michoacán y Tabasco 12%. Los estados ricos tienen entre 7 y 15 veces más acceso a internet que los pobres: ¿cómo mantener unida a una sociedad con estas brechas?

Dejo dos preguntas en el tintero. ¿Cuánto costó este censo? Y más allá del amarillismo, ¿qué nos dice que no supiéramos o intuyéramos? Segunda: ¿por qué no se pudo aprovechar esta operación, inevitablemente costosa, para informarnos sobre quiénes son los maestros de México, y no sólo cuántos son? ¿Por qué no haber indagado cuál es su nivel educativo, de ingresos, de lectura, de acceso a internet, a telefonía celular, a automóviles, vivienda digna, si son hijos de maestros o no? En otras palabras, cuántos siguen siendo los maestros rurales y socialistas con guaraches de la época cardenista, y cuántas son maestras urbanas de clase media.

Razón y Jornada

En los últimos días se han producido cambios importantes en uno de los diarios más nuevos e innovadores de la Ciudad de México. La Razón es evidentemente un periódico de baja circulación, de poca publicidad, de escasos recursos nacionales e internacionales, pero provisto de un diseño, una concisión, un excelso elenco de editorialistas y una agilidad periodística notables. El diario pudo alcanzar estos logros gracias a la generosidad de Ramiro Garza Cantú, el propietario, de la visión y el talento de Ana, su hija, administradora, y hasta la semana pasada al talento de Pablo Hiriart, el director. Ojalá el periódico sobreviva. ¿A qué?

A la incidencia de la crisis venezolana en el equipo de colaboradores y quizás en la línea editorial de La Razón. Cualquier lector menos chismoso que el autor de estas líneas se preguntará qué diablos tienen que ver Nicolás Maduro, los estudiantes de Caracas o la represión en Altamira, con la renuncia de Hiriart y de columnistas como Fernando Escalante, Salvador Camarena y Gil Gamés. Parece que mucho.

Según lo que se ha podido indagar sobre los motivos de los cambios en La Razón, tanto por las cartas, entrevistas y filtraciones de los interesados, como por chismes de todos, sucedió más o menos lo siguiente. A pesar de que el periódico, en mi opinión, perdió mucho de su frescura e independencia con la llegada del PRI a Los Pinos, convirtiéndose a veces en un nuevo El Nacional, mantenía un punto de discrepancia importante con el gobierno. Se trata del repudio y la crítica casi constante, a través de una cobertura seria pero claramente orientada, de la debacle venezolana, del creciente autoritarismo de Maduro, y de la hecatombe económica en la que se encuentra ese país. Como se sabe, el gobierno ha decidido ser extraordinariamente prudente con cualquier acontecimiento delicado en Venezuela o en Cuba, por razones que no comparto. Es cierto que Maduro tiene, como Cuba desde hace muchos años, su quinta columna en México: parte de la izquierda partidista, algunos decrépitos círculos bolivarianos, y La Jornada. Esta, en lo que se refiere al Castro-Chavismo no es “casi” El Nacional: es Granma o Pravda. Todo lo usual ha sido descrito y criticado por un articulista como Fernando Escalante o como Gil Gamés en múltiples entregas.

A raíz de esos artículos y de otros donde se menciona a La Jornada, y de la propia cobertura antichavista del periódico, la directora de La Jornada, que sostiene una vieja amistad con el dueño de La Razón, aparentemente protestó y pidió que cesaran dichos ataques. Existe la versión, no corroborada, de que a pesar de esa amistad, insinuó que posiblemente aparecerían en La Jornada reportajes vinculando a las empresas de don Ramiro con el caso Oceanografía. El hecho es que según Hiriart, Escalante y muchos otros, Garza Cantú les pidió que “le bajaran un poco” a los ataques a La Jornada y tal vez a Maduro (esto es menos probable), petición que, después de pensarla unos días, rechazaron, y se fueron.

¿Reviste la menor importancia todo esto en México, con todos los problemas que enfrentamos? Sí y no. Obviamente frente a los sucesos en Michoacán o en la Línea 12 o en la economía, La Razón es peccata minuta. Las susceptibilidades de La Jornada también, por no hablar de lo que piense Maduro de lo que pensamos algunos mexicanos de su gobierno. Pero por otro lado, para todos aquellos que piensan que México puede ser una isla (de preferencia no tropical, ni bananera) y que lo que pasa en el mundo no nos afecta, el microcosmos Nicolás Maduro-Carmen Lira-Ramiro Garza Cantú-Pablo Hiriart-Fernando Escalante-Gil Gamés demuestra lo contrario. Qué bueno, y ojalá éste sea el meollo del asunto y no un problema de egos o de hostile takeover. Y ojalá los partidarios del “pragmatismo nacionalista” en el gobierno o en la izquierda entiendan que si a ellos no les importa lo que sucede en Cuba o en Venezuela, a Cuba y a Venezuela sí les importa lo que sucede en México. Hasta en La Razón.

Chile y Venezuela

Entre las muchas estupideces que un sector de la izquierda mexicana sigue manifestando a propósito de la situación en América Latina figura una triple analogía falsa y aberrante. En este pensamiento troglodita, Venezuela hoy es Chile en 1973, Nicolás Maduro es Salvador Allende y Barack Obama es Richard Nixon. Hay que ser muy idiotas y muy ignorantes.

En primer lugar, si bien tanto Allende como Maduro fueron electos, uno lo fue sin cuestionamiento por parte de los candidatos derrotados, al grado de que por no haber obtenido el 50% del voto, Allende fue electo por el Congreso chileno gracias a los sufragios de la democracia cristiana. No es que el margen de victoria de Maduro sea menor o mayor que el de Allende; la otra mitad de la sociedad venezolana cuestionó a tal grado la elección que desconoce a Maduro.

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Extradición, sí o no

Extraditar o no a el Chapo Guzmán a Estados Unidos es un dilema complejo que no admite respuestas fáciles. Más que dar una opinión contundente al respecto, quisiera compartir con los lectores sus pros y contras.

En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país equivale a renunciar a esa prerrogativa.

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Rigideces

En las últimas semanas el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) ha logrado éxitos innegables, profundizado en la transformación del país. Con independencia de las implicaciones a largo plazo en materia de violencia e inseguridad, haber capturado a El Chapo, abatido a El Chayo, domesticado a las autodefensas en Michoacán, y estabilizar (no estoy tan seguro de lo apropiado del verbo disminuir) las ejecuciones, los secuestros y la extorsión, son logros indiscutibles. Asimismo, las decisiones recientes del Ifetel, más allá de las consecuencias a mediano y largo plazos que entrañan para los monopolios de telecomunicaciones, son pasos en la dirección correcta. El lento, pero parece que continuo, avance de las disposiciones secundarias en materia de reforma política, energética y educativa puede también verse como parte de esta buena gestión gubernamental.

Entonces, ¿por qué las rigideces tan severas en materia de encuestas y de desempeño de la economía en su conjunto? Hay algo aquí que conviene analizar aunque sólo sea de manera preliminar, entendiendo que no llevamos ni medio sexenio de EPN pero tampoco sólo unos meses. Empecemos por las encuestas.

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