Pemex presentó en diciembre de 2012 una demanda contra Siemens y SK Engineering y amplió esa denuncia ante el Segundo Tribunal Federal de Distrito de Nueva York contra César Nava el 8 de mayo de este año por su presunta participación en una conspiración de la empresa alemana y la empresa coreana para defraudar a Pemex durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Entre los enigmas figuran las inconsistencias de fechas ya mencionadas por el propio Nava, las contrademandas del consorcio mexicano Conproca (compuesto por Siemens y SK) contra Pemex, los laudos ante la instancia de arbitraje internacional en París perdidos por Pemex (aunque ganó algunos), por un monto que en noviembre alcanzaba más de 500 millones de dólares y que según los alemanes y los coreanos al día de hoy suman más de 900 millones de dólares; los riesgos jurídicos y hasta penales en los que hubiera incurrido Nava de haber ejecutado las cartas de crédito hace más de 10 años por incumplimiento de Siemens y SK no necesariamente demostrado; y la ausencia, hasta este momento de la acción penal en México en contra de Nava. Seguramente todo se dilucidará en las próximas semanas en Nueva York, pero a menos de que se trate de un caso blindado, que involucra un enorme daño patrimonial a Pemex, o de una estrategia de litigio negociador de Pemex para no pagar esa suma, uno puede preguntarse cuál es la lógica política en juego, en vista de que en México, hasta nueva orden, y en el mejor de los casos, la justicia no es exclusivamente justa, sino también, al menos en parte, política.

La mayoría de los conocedores de la Reforma Energética (me excluyo) han concluido que sin cambios en el 27 constitucional que permitan asociaciones mayoritarias de Pemex con empresas privadas nacionales y extranjeras tanto upstream como downstream, compartir el riesgo y la inversión en aguas profundas, permitir algún incentivo para pequeñas empresas como las 22.000 que han proliferado en Estados Unidos para explotar las enormes reservas de shale gas en México, y algún tipo de acuerdo tácito con la Securities and Exchange Commission (SEC) mediante el cual las empresas extranjeras que entren a México puedan realizar el equivalente de booking reserves sin tener la propiedad del subsuelo; cualquier reforma se asemejará a la de 2008. No atraerá enormes cantidades de inversión y tecnología; no incrementará, ni siquiera en un horizonte de 5 a 7 años, la producción y exportaciones mexicanas de crudo, gas seco y shale gas; y no mandará el mensaje a los mercados internacionales de una transformación radical de las tradicionales actitudes mexicanas en esta materia. El país puede prescindir de todo esto y seguir como va. Como hemos insistido Aguilar Camín y yo, seguir como vamos desde 1997, con la excepción de los muertos y desaparecidos de la guerra, no está mal.

Ahora bien, a menos de que uno crea en Santa Claus, el PRD jamás aprobará una reforma energética de estas características. Ello significa que la sacan Peña y el PRI con el PAN, o no la sacan. El PAN ya formuló su moneda de cambio: una reforma política que incluya reelección de diputados y senadores, segunda vuelta en la elección presidencial, federalizar los IFE estatales y, así lo espero también, contemplar referenda constitucionales y vinculantes. Todas estas posturas son anatema para Peña y el PRI, pero ya entrados en gastos, podrían aceptarlas.

En estas condiciones, confieso que no entiendo la lógica de golpear al PAN demandando a Nava por corrupción. Más allá de los desencuentros personales que pudo haber tenido Nava con su jefe Felipe Calderón, fue secretario particular del Presidente durante dos años y presidente del PAN durante año y medio, y la opinión pública verá el golpe a Nava como un golpe al PAN. Pemex se fue por la libre, o la demanda es el garrote para que el PAN se alinee, o se trata de un peligroso instrumento de negociación, en un litigio de cientos de millones de dólares que no debiera salir de su ámbito.

Lamento la derrota de Herminio Blanco en la contienda por la dirección de la Organización Mundial del Comercio; se trata de una derrota de México, de un candidato competente y del ex jefe de amigos personales. Abundan las explicaciones personales, diplomáticas y geopolíticas; repasemos algunas, por no dejar.

No nos ha ido bien en candidaturas internacionales competidas en los últimos años. Ganamos dos -el Consejo de Seguridad de la ONU en 2001 y la designación de José Ángel Gurría en la OCDE; hemos perdido seis -Jaime Sepúlveda Amor a la Organización Panamericana de la Salud; Julio Frenk dos veces ante la Organización Mundial de la Salud; Luis Ernesto Derbez a la Organización de los Estados Americanos, Agustín Carstens al Fondo Monetario, y ahora Blanco a la OMC; ganamos dos sin rivales -el Consejo de Seguridad en 2008 y la elección de Bernardo Sepúlveda Amor a la Corte Internacional de Justicia.

En casi todos los casos la razón de nuestra derrota es geopolítica. Por la ubicación geográfica y la orientación económica del país, tenemos más representaciones consulares que ningún país del mundo en Estados Unidos y menos embajadas en África y en Asia que países como Brasil; en América Latina nos ven con suspicacia, hágase lo que se haga en la Cancillería: defender derechos humanos y democracia representativa, como fue mi caso, o tratar de ser amigo de los cubanos y en menor medida de Chávez, como Derbez, Patricia Espinosa, y ahora José Antonio Meade.

En segundo lugar, aunque Blanco era un muy buen candidato en lo tocante a su currículum, el brasileño vencedor fue embajador ante la OMS durante cinco años; era parte de la cofradía de Ginebra. Brasil contó con buena parte, si no es que la totalidad, de los votos africanos y latinoamericanos, por las razones ya mencionadas; si bien México parece haber obtenido el voto (es secreto y en realidad es una opinión) de los países miembros de la OCDE, éstos ni se opusieron realmente a la candidatura brasileña ni cabildearon a favor de la mexicana en sus antiguas colonias (Francia e Inglaterra) o en sus esferas de influencia geográfica (Estados Unidos en el Caribe).

Pero hay una razón adicional que sintetizó un diplomático mexicano con un término ingenioso pero engañoso: “el efecto Peña”. Se refería por supuesto a la buena imagen del Presidente y en menor medida del país en los medios internacionales. El problema con el “efecto Peña” es que responde a un atavismo mexicano muy profundo y que ha caracterizado al nuevo gobierno desde sus primeros minutos. Me refiero a esta noción tan extraña y a la vez tan funcional a través de la cual el mexicano suele pensar que con enunciar (con e, no con a) un deseo, un propósito o una conclusión, automáticamente lo transforma en un hecho puro y duro. Cuenta el enunciado no su materialización o consumación: es un respeto reverencial por el valor mágico de la palabra. Abundan ejemplos en la gestión del gobierno, con quien comparto buena parte de sus enunciados.

Si se habla menos de la violencia y se pone el énfasis en otros temas, la violencia adquirirá menos importancia y los otros temas más. Sabemos que por un lado se habla menos de la violencia, pero por el otro no hay menos violencia. Si ahora la prioridad es crecer (como si antes no lo fuera), vamos a crecer. Sabemos que creceremos un poco menos este año que el año pasado, y el siguiente apenas lo mismo que éste. Si gracias a la Reforma de Telecomunicaciones habrá una tercera y cuarta cadenas de televisión, las habrá. Sabemos que podrá o no haberlas, con o sin reforma: todo depende si las condiciones materiales, financieras, de mercado, atraen inversionistas nacionales y extranjeros. Si se desea que la relación con Estados Unidos se centre en comercio y economía, y ya no en la guerra contra las drogas o migración, así será. Sabemos que el deseo puede o no coincidir con la otra parte, que por cierto tiende a ser más poderosa e insistente que nosotros.

Evidentemente el gobierno de Enrique Peña Nieto pensó que su nueva buena imagen -The Mexican Moment- bastaría para darle el triunfo a Blanco. En estos asuntos los deseos no alcanzan.

En un foro organizado en el Senado sobre derechos humanos, drogas y armas, ante la visita de Obama a México, Manuel Camacho me compartió una reflexión pertinente y perspicaz. Leía y escuchaba simultáneamente la intervención de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y el artículo de Dana Priest en el Washington Post (WP) sobre el involucramiento norteamericano en la cooperación antinarco durante el gobierno de Calderón. Vivanco presentó un panorama devastador de las violaciones a los derechos humanos, y el WP describía con enorme precisión el grado de penetración de diversas agencias norteamericanas en el aparato de seguridad y militar del gobierno de México. Tanto Vivanco como el WP atribuyen el origen de la devastación y de la intrusión a la guerra de Calderón, y a decisiones tomadas por el propio presidente. Camacho entonces comentaba: ”Estas son dos caras de la misma moneda’’, y engarzaba las manos.

El artículo del WP es un efecto del intento de Peña Nieto, previo al viaje de Obama, de rectificar ese rumbo. Las repetidas denuncias de Vivanco sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, etcétera, también han contribuido a que el gobierno actual cambie su postura ante el respeto a los derechos humanos. Ambos virajes por parte de EPN explican otro documento, a saber, el artículo publicado en el New York Times el 1o de mayo: “Surgen nuevas fricciones al limitar México la cooperación de Estados Unidos en la guerra contra las drogas“.

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En los últimos días se ha iniciado de manera balbuceante y atropellada una necesaria discusión sobre la evolución de la violencia en México en los primeros meses del sexenio de Peña Nieto. El gobierno ha sugerido que ya empezó a descender el número de muertos en los primeros cuatro meses de la administración. Aquellos medios que reanudaron su recuento dan a entender más bien lo contrario: que el número de ejecuciones diarias y semanales durante este cuatrimestre permanece más o menos idéntico al del periodo equivalente de 2012, o a los últimos cuatro meses del gobierno de Felipe Calderón corrigiendo las variaciones estacionales. En realidad no tendremos durante algún tiempo una fuente absolutamente confiable para comparar los datos de este sexenio con el anterior, porque no queda claro si se están contando las cosas de la misma manera; y los medios seguirán siendo probablemente el mejor indicador, pero con las inevitables intersecciones debido a la escasez de recursos disponibles para este propósito.

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Actuar con selectividad en lo internacional es una magnífica receta para el pragmatismo, pero genera también consecuencias contraproducentes. Unos con más celeridad que otros, otros con más razones que unos, los gobiernos de la región se precipitaron no sólo a reconocer el resultado venezolano, sino a respaldar a Nicolás Maduro, sin preocuparse por los motivos de la protesta opositora.

No tiene nada de malo si se pretende seguir con el sacrosanto y obsoleto principio de no intervención. Pero si les interesa vivir en el siglo XXI, deben compatibilizar su obsesión con sus compromisos sobre la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos.

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Sé que es casi una religión en México la patética propensión de querer elevar todo al llamado rango constitucional, creyendo con increíble perseverancia e ingenuidad que incluir un derecho en la Carta Magna automáticamente lo hace realidad. Por eso guardo dudas sobre algunas de las llamadas reformas que se han aprobado en el Congreso en los últimos meses. Creo que a la Constitución mexicana le sobran artículos, párrafos, restricciones, aspiraciones y palabrería. Por eso, también, me congratulo de la iniciativa de decreto de reforma de fracción I, del artículo 27 constitucional; presentada por los diputados Manlio Fabio Beltrones, Gloria Núñez y Raúl Paz el 3 de abril. Busca suprimir parcialmente la obsoleta y rancia prohibición de compra de terrenos de playa a extranjeros.

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