Ayer fue ejecutado Edgar Tamayo Arias en la prisión de Huntsville, Texas, al término de 20 años de cárcel, de juicios y apelaciones, como castigo por haber asesinado a un policía estadounidense. Es el tercer mexicano ejecutado por las autoridades texanas desde que el 31 de marzo de 2004. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió a favor de México la demanda interpuesta contra Estados Unidos por violar las disposiciones de la Convención de Viena de protección consular. Dicho fallo fue aceptado por el gobierno de George W. Bush, a principios de 2005, aunque la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió en 2008 que el presidente carecía de la autoridad para imponerle a los tribunales estatales la decisión de la CIJ. Simplifico: el fallo fue favorable en partes esenciales, más no en todas, y el Ejecutivo norteamericano lo aceptó sólo en parte.

Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

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