Un caso que devela la corrupción institucional

Mientras el gobierno se victimiza y denuncia la persecución mediática sobre el actual vicepresidente, debemos recordar y tener presente que no es la primera vez que Amado Boudou está involucrado en irregularidades fiscales que complican el desempeño de su función pública y develan la corrupción institucional de un gobierno que defiende lo indefendible.

Recordemos que en el 2009 una causa judicial involucró a Boudou y a otros funcionarios en la compra irregular de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el objetivo de “inflar” el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con el ajuste inherente. Lo cierto es que ese año se compraron Préstamos a distintas Sociedades de Bolsa por $570 millones a precios arbitrarios, a través de maniobras financieras que curiosamente beneficiaron a banqueros amigos del Gobierno como Jorge Brito. Sin embargo, una vez más, las conductas sospechosas contaron con la complicidad oficial, a través del Decreto Nº 2103/08 que habilitó al Fondo de Garantías de Sustentabilidad a realizar dichas operatorias.

Pero las irregularidades continuaron y en el año 2010 las operatorias del canje de la deuda encontraron a Boudou una vez más envuelto en sospechas e imputado por tráfico de influencias e información oficial. Resulta que cuando el gobierno, luego de la crisis económica mundial del 2008, tomó la decisión política de capturar bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 para iniciar la reapertura del canje, los bancos norteamericanos que fueron convocados por la consultora Alcaldía para realizar la operatoria aceptaron la propuesta sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default por otras emisiones nuevas. Esta tráfico de información, que les permitió comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, involucró a Hernán Lorenzino, en ese momento Secretario de Finanzas y, una vez más, a Boudou.

El manto de sospechas sobre Boudou no termina ahí, y lo coloca en el centro de los negociados de la reestructuración de deuda pública de la Provincia de Formosa. Es en ese momento cuando aparece en escena la empresa de Alejandro Vanderbroele, The Old Fund (TOF), que luego realizaría la cuestionada adquisición de la imprenta Ciccone.

Por entonces Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía y la empresa de Vandenbroele fue contratada como asesora para negociar la deuda pública entre el gobierno provincial y nacional, en una operación que le significó a la consultora y ingreso de $7.667.161 por los servicios prestados, siendo curiosamente la primera factura emitida por la empresa “fantasma”.

En fin, hoy las acusaciones sobre el actual vicepresidente resuenan en la opinión pública denunciando irregularidades en su función pública, mientras el aparato oficialista intenta desvincularlo de las maniobras corruptas que son cada vez más irrefutables. Sin embargo, el pasado reciente nos muestra que las irregularidades han teñido en múltiples ocasiones la conducta del Boudou, que contó siempre con la complicidad de los organismos oficiales corruptos y con la ayuda de empresarios amigos dispuestos a negociar a favor de intereses comunes; mientras que el presente cercano parecería dejar claro que el accionar de Boudou cuenta con el aval y la directriz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Dos caras de la misma moneda

Cuando una sociedad se constituye en un foro de propagandistas se embrutece. Y en eso estamos los argentinos, al menos una parte de nuestra dirigencia. Mientras tanto, la corrupción se pavonea entre nosotros. Está en el seno mismo del gobierno, que la tolera, la protege y, en algunas ocasiones, pareciera fogonearla. Está en ámbitos de la Justicia. Está en la actividad empresaria y sindical. Está, en fin, como enquistada en nuestra identidad como país. Y lo peor, la impunidad apañada de los que mandan.

La Argentina necesita corregirse. Necesita urgentemente recuperar la posibilidad de pensar el futuro. Necesita dejar de ser lo que es. La honestidad de la gestión pareciera ser una característica anormal para la sociedad argentina. Como si fuera una extravagancia. La transparencia se vuelve entonces en algo como demasiado exigente para una sociedad que se administra a sí misma con ilegalidad. En este verdadero desvarío de corrupción, aprietes, ineficacia, inmoralidad, incoherencias y mentiras, estamos a punto de perder a la República.

Estamos en presencia de dirigentes inescrupulosos que pretenden que creamos en sus “cambios”, cuando no hacen la más mínima autocrítica sobre sus pasados más que recientes en términos históricos. El ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, anda por la vida intentando cooptar a dirigentes del radicalismo en un afán incalificable por hacer creíble que en verdad constituye una alternativa. Pretende que creamos que ha nacido anoche mismo y que no tiene responsabilidad pasada sobre lo que hoy pasa. Nada dice sobre cómo solucionará los problemas energéticos; ni la pobreza; ni la educación de nuestros hijos; o de nuestro sistema de salud pública que destruyeron los gobiernos de su mismo signo político. Ejemplo concreto: la provincia de Buenos Aires, gobernada por sus compañeros durante más de un cuarto de siglo.

También observamos actitudes similares en el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri. No muestra ningún plan que pueda convencer que hay en ese espacio algún proyecto serio de gobierno para la Nación. Los dos, en materia de seguridad, sólo prometen más represión, más policía. Parecen desconocer que la matriz de la inseguridad en la sociedad argentina está en la exclusión social de millones de compatriotas que hoy viven bajo los límites de la pobreza y la indigencia, sin derecho a la salud y a la educación públicas.

Siempre recuerdo, cuando se habla de estos temas, una entrevista que le hicieron al presidente Raúl Alfonsín durante el menemismo. Le preguntaron si la UCR no debería “modernizarse” y seguir los “lineamientos” que en ese momento imperaban para poder ganar una elección. Contestó con una frase contundente: dijo que la UCR no debía subirse a ese tren sino más bien prepararse a perder muchas elecciones hasta que se demostrase que ese no era el camino. Bienvenidas sean las alianzas para salir de donde estamos. Bienvenida la unión de quienes tienen una visión progresista de las cosas, de quienes tienen una visión social demócrata de la realidad, de quienes tienen la decisión de transformar el futuro.

La educación en crisis

A finales de 2005 el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, una herramienta legislativa que buscaba introducir modificaciones sustantivas en la estructura del financiamiento de la educación así como cambios importantes en las relaciones políticas y financieras entre la Nación y las provincias. Entre sus principales objetivos se destacaba el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología, fijando una meta de esfuerzo educativo del 6% del PBI en un lapso de cinco años. Para ello, la ley establecía metas particulares de inversión al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de un esquema de convergencia financiera que propendiese hacia el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley.

No obstante, desde 2005 las profundas brechas estructurales de inversión entre las jurisdicciones participantes en el financiamiento se mantuvieron constantes evidenciando debilidades en el diseño de la ley. A pesar deque en gran medida las desigualdades demostradas entre los sistemas educativos provinciales tienen su origen en las divergencias económicas y sociales de los territorios, las mismas se perpetuaron en el tiempo al haberse definido una distribución de responsabilidades de inversión entre las jurisdicciones que no tomaron en cuenta los puntos de partida de cada realidad.

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