La memoria es un mecanismo profundo y complejo que no sólo es capaz de traernos las imágenes del más cruento horror que haya vivido nuestra sociedad, sino que además resulta fundamental a la hora de pensar nuestro futuro como país.
Hoy no es un 24 de marzo más. Se cumplen cuarenta años del golpe cívico-militar que dejó marcas por demás dolorosas en nuestra historia que perdurarán por siempre. Sin embargo, creo que es una buena ocasión para señalar que algo tan traumático como lo que vivimos como sociedad ha traspasado las fronteras y que nuestra política de derechos humanos es reconocida en el mundo entero por sus importantes aportes.
A partir del año 2003, la Argentina multiplicó sus esfuerzos tanto en el plano interno como en el internacional en la promoción y la protección de los derechos humanos entendiendo que democracia, desarrollo y derechos humanos constituyen un trinomio indisoluble que forma parte de las políticas fundamentales de las naciones más avanzadas. En el plano internacional se desplegó un conjunto de iniciativas en los más diversos aspectos, entre los que se puede destacar el apoyo y la colaboración con los órganos de supervisión universales y regionales, la presencia de reconocidos expertos argentinos en diversos órganos y relatorías de derechos humanos, así como la activa participación en las iniciativas de prevención del genocidio, entre otras.
Fue en el área de los derechos humanos donde la política exterior de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue particularmente activa y logró un reconocimiento global. La política exterior de un país exige que su proyección internacional represente su identidad como nación. Y esa identidad se construye con su historia, su idiosincrasia y sus valores; su organización social, política y económica y, por sobre todas las cosas, los intereses y las necesidades de todos sus habitantes.
Nuestro país apoyó con firmeza desde el inicio del debate sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas, la jerarquización de los derechos humanos y contribuyó de manera decisiva a la creación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización en el año 2006, que reemplazó a la antigua y poco eficaz Comisión de Derechos Humanos.
En ese año la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad el texto de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, iniciativa de la cual Argentina, junto con Francia, fueron los principales impulsores. Este fue el primer instrumento jurídico universal sobre desaparición forzada de personas, que establece el derecho de toda persona a no ser desaparecida, e incluye el derecho a la verdad, así como el carácter de crímenes de lesa humanidad cuando las desapariciones sean masivas y sistemáticas.
Siendo canciller me llenó de orgullo ver cómo se consolidaba como referente en la defensa de los derechos humanos al presentar y lograr la aprobación sobre el derecho a la verdad, cuando por primera vez Naciones Unidas adoptó una resolución reconociendo este derecho universalmente como un derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad toda. Es por eso que celebramos la decisión de los Estados Unidos y del Vaticano de desclasificar los archivos relacionados con la dictadura, tal como lo habían solicitado los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos de nuestro país en reiteradas ocasiones en todos estos años.
Hoy la Argentina cuenta con el reconocimiento internacional en esta materia, porque fue la primera vez en nuestra historia democrática que la lucha contra la impunidad se sustentó en los cuatro pilares fundamentales para hacerla exitosa: memoria, justicia, verdad y reparación. Y esos pilares estuvieron sostenidos por la sociedad y los tres poderes del Estado.