Casos Boudou y Campagnoli: no hay incoherencia sino mentira

Los principios lógicos como el de no contradicción no caben dentro de la dinámica de amigo/enemigo. El discurso en ese caso es un camuflaje de la hostilidad y una táctica para confundir. Al analizar al kirchnerismo muchas veces se olvida esta cuestión.

Si el fiscal José María Campagnoli es suspendido mientras se lo somete a un enjuiciamiento por investigar lo que se denominó “la ruta del dinero K”, se espera que el vicepresidente siga la misma suerte y cuando no ocurre se les reclama al oficialismo por una “incoherencia”.

Pero el kirchnerismo no se contradice, sino que miente. Cuando dice que suspende a Campagnoli “para que se pueda defender”, lo hace en realidad para que no cumpla con su deber de investigar. Si lo considerara necesario, él podría pedir una licencia, pero sacarlo contra su voluntad es una sanción anticipada. Cuando desde el mismo sector se sostiene a Boudou a cualquier costo y no se aplica el mismo criterio es, otra vez, para asegurarse impunidad. Más coherencia imposible. El problema es si los demás queremos o no queremos notificarnos de lo que hacen. Son pocos en realidad quienes tienen el valor de tomar al kirchnerismo por lo que es desde al año 2003 hasta la fecha. Distintos relatos se han tejido contra el relato pero como formas de evadir la realidad. El más grande es aquél según el cual pudo haber habido una época “buena” del kirchnerismo.

Volviendo a este contraste entre el tratamiento del fiscal y el del vice, Boudou, como gran figura de la corrupción K, también es una negación. El no es el autor del descarado despliegue político para salvarlo tanto de la investigación judicial como de un eventual juicio político o apenas de un pedido de renuncia o licencia. Proteger a Boudou no es para proteger a Boudou. Boudou ni siquiera es el que está resistiendo, carece de entidad política para eso.

Ahora bien, si nos olvidamos de esto y vamos a la superficie de la argumentación, no existían motivos para apartar a Campagnoli de una eventual extralimitación por asumir una competencia que según los protectores de Lázaro Báez no le correspondía. Se le quita la competencia, y el problema, que es estrictamente formal, se resuelve. Campagnoli no fue acusado ni siquiera de acciones ilegales en su trabajo. Su supuesta falta disciplinaria no interfería bajo ningún concepto en su función en otros casos ni tampoco estaba impedido de defenderse.

El caso del vicepresidente es bien distinto. Su función es política y de representación del país. Un imputado en una causa penal, no disciplinaria como la de Campagnoli, tiene el derecho de mentir. Eso está permitido en el proceso, pero es incompatible con su responsabilidad política. Es decir, el apartamiento del vicepresidente no tiene que ver con que pueda defenderse, como cínicamente se alegó en el caso del fiscal, sino con resguardar a la vicepresidencia como institución de ese ejercicio legítimo de la defensa por parte de su titular. Hay una incompatibilidad ética entre ambas cosas.

Dadas las responsabilidades constitucionales que le caben al señor Boudou, como eventual reemplazo de la Presidente, preservar a la vicepresidencia es proteger al Poder Ejecutivo como tal.

Se abusa muchas veces de un concepto algo monárquico de “investidura presidencial” para pretender que un presidente está más allá de todos nosotros en cuanto a la posibilidad de criticarlo. Para una República esto es completamente falso. Lo que se debe preservar en una República es una institución, la mayor parte de las veces contra los actos de quienes la ocupan temporariamente. Un presidente debe respetar a la presidencia por ejemplo no mintiendo, no simulando, no lanzando amenazas contra ciudadanos. Cuando sus intereses chochan con los de su responsabilidad aunque más no sea en el terreno hipotético, se debe ir. Un vicepresidente también. En términos republicanos la investidura vicepresidencial se encuentra gravemente alterada por la conducta y por la situación del vicepresidente.

Tampoco es compatible con la función del vicepresidente cualquier forma de ejercicio de su propia defensa. Las argumentaciones absurdas y su apelación a caprichos increíbles de la casualidad, que pueden ser el último recurso de un imputado que se ve perdido, dañan de manera muy severa a las instituciones además de ser una burla a la inteligencia de la población. Para el juez podrán constituirse o no en un desafío en su trabajo probatorio, para la relación mandante/mandatario son un golpe fulminante.

Campagnoli no cumple una función política sino técnica, es un funcionario de carrera que debe ser protegido de los intereses políticos que toca al cumplir con su trabajo.

Hay un plano jurídico y hay uno político institucional y no siempre corren por el mismo carril. Por eso la Constitución establece el juicio político tanto para el delito común, como para el cometido en ejercicio de las funciones y el mal desempeño. ¿Qué peor desempeño puede haber para un vicepresidente que representa al país en la asunción de un mandatario extranjero, que el de esconderse de los periodistas y pedir al anfitrión que le arme una valla especial para que no se le acerque ninguno?

El problema es que si hablamos de la política real, Boudou no decide si se queda o se va, eso lo decide la Presidente. Boudou encadenado al cargo está más expuesto a las consecuencias del proceso penal que si pudiera quedarse en silencio en su propia casa siguiendo los consejos de sus abogados. La exposición política de Boudou está para resguardar intereses que a él lo superan por completo y por los que será sacrificado del modo más cruel.

La benevolente figura del lavado para la corrupción K

El asunto en el caso Kirchner-Lázaro Baez-Fariña no es ni el lavado de dinero ni la evasión impositiva, es el asalto durante una década a las arcas del estado a la vista de todos. Los Kirchner jamás han escondido sus delitos, lo que hicieron fue llegar hasta el 2008 con una complicidad tan generalizada que quedará en la historia de la vergüenza nacional.

Al Capone fue apresado por evasión impositiva y siempre se señala eso como una genialidad, pero en realidad era pura impotencia, porque el mafioso más célebre de la prohibición no era un asaltante sino que hacía negocios en áreas que el gobierno había decidido prohibir, sin que hubiera víctimas. Era un delincuente porque su actividad iba acompañada de todo tipo de crímenes, pero no del robo. Vendía alcohol a quién quisiera comprarlo. El Estado al prohibirlo dejó ese mercado sólo para a los delincuentes.

Con las drogas el problema aumentó porque los flujos de dinero se hicieron exorbitantes Esa prohibición a diferencia de la del alcohol, se hizo mundial.

Tampoco el dinero del narcotráfico es robado, pero ¿cómo perseguir a los narcos internacionales por evasión impositiva?

No creo siquiera que exista acción por evasión por actividades sin víctimas que se encuentran prohibidas, porque no hay forma de pagar impuestos por algo que el Estado decide que no se puede hacer, sin someterse al castigo establecido. Es decir, se transforma en la elección entre dos castigos, pagar impuestos se vuelve una confesión y una entrega, por lo tanto si en los tribunales se pudiera discutir todavía de cosas serias que definen al sistema político (cosa imposible), creo que las acciones por evasión contra un Al Capone no podrían prosperar con seriedad. Si yo fuera juez al menos, porque o la actividad está prohibida o se recaudan impuestos por ella, pero las dos cosas juntas no cierran desde el punto de vista lógico. Ni siquiera entro en la cuestión de que la evasión tampoco debería ser delito.

El invento del delito del lavado de dinero es más incoherente todavía. Resulta que se transforma en crimen no sólo una actividad sin víctimas sino un movimiento (del negro al blanco) que permite al Estado cobrar impuestos, que antes estaban siendo “evadidos”. Al Capone preso por evadir, y un señor X del narcotráfico por lavar, es decir por hacer algo para dejar de evadir. Gataflorismo penal del Estado prohibicionista.

Lo único coherente (no digo justificado) por lo que se podría perseguir a Al Capone y a los narcos es por desobediencia. Esos son todos los delitos sin víctimas. Pero el Estado no quiere asumir su autoritarismo.

Igual que los mafiosos, los funcionarios ladrones hacen una exhibición orgullosa de cómo pagan impuestos, como si eso fuera un indicio de que la plata por la que pagan se la ganaron.

Acá viene la diferencia entre los narcos, Al Capone y ellos. Los primeros no robaron nada, se les debió inventar figuras o forzar otras. En cambio los lavadores de dinero robado al erario público tiene como víctimas a todos los “contribuyentes” y al Estado en lo inmediato. Lo que tienen no les pertenece.

Para los corruptos que se les diga que no pueden justificar el origen de sus fondos es una buena noticia, porque es un tema menor frente al hecho de que no es su dinero y si logran pagar impuestos son los tipos más felices del mundo. Total nada del monto imponible es de ellos.

Por eso, atención. Que el caso Fariña esté en el casillero de la evasión, es un síntoma más de la impunidad con la que los K se llevaron todo.