El pasado 2 de octubre, el presidente uruguayo José Mujica autorizó el aumento del 10% de producción de celulosa en UPM, la fábrica de pasta celulosa instalada en el margen uruguayo del Río Uruguay, conocida como ex Botnia. Esta decisión unilateral generó la reacción del Gobierno argentino, quien antes del anuncio había manifestado su rechazo a esta intención. Idéntica posición habían adelantado los asambleístas de Gualeguaychú, quienes luego de confirmado el anuncio amenazan con volver a cortar el puente que une esa ciudad con el país vecino.
A través de su canciller, Héctor Timerman, el Gobierno argentino manifestó que volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya para denunciar a Montevideo por una supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay. Si el reclamo prosperara, sería la segunda vez en menos de ocho años que ambos países deben dirimir sus diferencias ante el citado órgano judicial de las Naciones Unidas.