El miedo al caudillo ausente

En los días siguientes al confuso comunicado de Presidencia que informaba la prescripción de reposo a Cristina Kirchner me encontré inmerso en repetidos diálogos con gente muy preocupada por la suerte del país durante la incierta transición que se abría. No estoy hablando de personas apenadas por la salud personal de la mandataria -congoja que muchos de ellos también sienten, naturalmente- sino de ciudadanos apesadumbrados por la salud institucional del país. La mayoría de ellos antikirchneristas, que seguramente participaron del 13S, 8N y 18A.

Durante esta década se ha criticado la fenomenal acumulación de poder político y recursos económicos en la Presidencia de la Nación. Mucho se ha censurado un estilo de gobierno personalista en exceso, que ignoró los frenos y contrapesos de nuestro régimen constitucional. Por ello, me resultó notable que se suscitase angustia ante la temporaria ausencia de la líder vituperada. Si hasta hace ese día deplorábamos una gestión que postergaba los problemas de fondo como la inflación, la inseguridad y el empleo y nos imponía una agenda de conflictos innecesarios como el 7D, la “democratización” de la Justicia, el cepo publicitario, el ataque a LAN o los altercados con los países vecinos, ¿qué había cambiado de repente?

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Se llega a la vivienda derrotando a la inflación

Aporto algunas reflexiones al debate sobre las políticas públicas para el acceso a la vivienda propia que se planteó la semana pasada en este medio entre Iván Kerr, gerente general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y el banquero y diputado nacional kirchnerista Carlos Heller.

El crédito hipotecario representa en nuestro país uno de los porcentajes más bajos de América Latina (1,8 % del PBI, similar a Venezuela y lejos del 19% de Chile o el 8% de México). Antes de la crisis de 2001 el stock de créditos hipotecarios llegó a ser del 6,8% del PBI. El resultado es que hoy en el área metropolitana el 40% de las familias no son propietarias de las viviendas que ocupan. El déficit habitacional en todo el país se acerca a los 2 millones de unidades. Estos son datos irrefutables de la realidad y revelan que en este terreno la última década dista de haber sido “ganada” y que la gente necesita soluciones innovadoras.

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Los riesgos de una propuesta apresurada

Al calor de la puja política y el despecho por fallos que no lo conformaron, el Poder Ejecutivo lanzó, a través de la Presidenta de la Nación una serie de iniciativas tendientes a reformar el Poder Judicial. Si bien los debates en torno a mejorar el servicio de Justicia son siempre bienvenidos, el apresuramiento en enviar al Congreso una propuesta inconsulta enciende alarmas que es preciso poner en evidencia. Y de todas ellas, la nueva reforma al Consejo de la Magistratura es la que más dudas y preocupaciones genera.

El Consejo de la Magistratura surgió, en el contexto de la reforma constitucional de 1994, como un intento de enfrentar el desafío de lograr una Justicia proba, eficaz e independiente. La primera ley que reguló el organismo en cuanto a su composición e integración así lo expresaba. Y si bien era necesario mejorar algunas pautas de funcionamiento la posterior reforma en 2006 lejos de abordar los problemas de funcionamiento del Consejo implicó un serio retroceso. Fue una marcha atrás en el camino de lograr un Poder Judicial independiente, debido a la preponderancia que otorgó a los miembros designados por el oficialismo de turno, dándole un peso decisivo sobre las decisiones trascendentales y un virtual poder de veto.

Esta nueva reforma propuesta, que incluye un mecanismo de elección por voto popular a los miembros del Consejo es prima facie contraria a la Constitución Nacional, que fija representaciones por estamentos. Pero además es contraria al sentido común. ¿Alguien se imagina a los jueces en funciones dedicando tiempo de su trabajo a recorrer el país en una campaña electoral nacional para que los elijan? ¿Quién y por qué financiaría estas costosas campañas? ¿Cuándo el derecho positivo esté reñido con las aspiraciones del votante, resistirán los candidatos la tentación de prometer o ignorar la ley, entrometiéndose en un rol propio del legislador?

Aunque no se conoce aún el detalle de la iniciativa, será inevitable que con votación popular habrá una mayor injerencia del sistema partidario sobre la Justicia. Incluso las tan denostadas corporaciones de medios de comunicación tendrían una oportunidad de influir en el proceso electoral muy superior a la que hoy tienen en las limitadas elecciones indirectas de abogados, jueces, parlamentarios y académicos.

Hace siglos que la humanidad descubrió las virtudes de encomendar el servicio de justicia a cuerpos técnicos, aislados de los vaivenes y pasiones de la coyuntura política. Nadie quiere un juez que, en vez de sentenciar conforme a derecho, esté pendiente de su popularidad y de los guiños de los partidos políticos. El Poder Judicial bailará al compás de las mayorías y minorías que se consagren en los otros dos poderes e ingresará de lleno en la lógica de la política agonal, lo que violentará el juego de equilibrios inherente a la forma republicana de gobierno.

En definitiva, los frenos y contrapesos de nuestro sistema constitucional se verán nuevamente alterados, profundizando los vicios de la híper concentración de poder y recursos en el líder providencial. Tengo para mí que ese ha sido a lo largo de dos siglos el gran mal de la Argentina.