Cefalea y acefalía

Dos palabras resumen el estado de incertidumbre que invadió al poder político y a gran parte de la sociedad argentina: cefalea y acefalía. La primera, el síntoma de la “colección subdural crónica”, el hematoma craneal que motivó la operación de la presidente Cristina Kirchner y que desplegó generalizadas muestras de apoyo y oportunos deseos de pronta recuperación. La segunda expresa las dudas sobre la real extensión de los plazos del interinato de Amado Boudou, a cargo del Poder Ejecutivo, sus atribuciones para mantener activa la gestión y su capacidad para afrontar los conflictos irresueltos que arrastra la administración kirchnerista.

Oficialismo y oposición manifestaron su solidaridad sin fisuras hacia la jefa de Estado, que en un escenario óptimo podrá estar en plenitud de funciones días después de las elecciones legislativas, para completar el mandato hasta 2015, con toda la legitimidad del 54% de votos obtenido en 2011. La operación es seria, aunque de bajo riesgo, como definieron varios especialistas en las últimas horas. Sin embargo, no deja de preocupar que el post-operatorio se estire a 90 días y que el Gobierno deambule por un período de intrascendencia, a cargo de un vicepresidente desprestigiado, investigado por la Justicia y sin margen de maniobra para encarar iniciativas impostergables.

En el plano económico corre tiempo de descuento. El crecimiento de la actividad sostenido en base a emisión sin respaldo -que a la vez alimenta la inflación-, la pérdida de los fundamentos que hasta 2011 le dieron brío a esta expansión y la imposición de un Presupuesto 2014 inconsistente desde todo aspecto, votado a las apuradas a falta de un trimestre para que concluya el año, son muestras de un esquema agotado y que además dejó de ofrecer réditos electorales para el oficialismo.

Las cuentas públicas transitan por el déficit fiscal primario, si se descuenta el auxilio financiero de los préstamos del BCRA, ANSeS y el PAMI al Tesoro nacional. Insistir a la vez con un creciente déficit energético, atraso cambiario, declive de reservas en el Banco Central y aislamiento financiero internacional es exponerse a factores de riesgo para la estabilidad económica en un contexto de mayor debilidad política para el Gobierno. Las medidas para corregir estas deficiencias se esperaban para después de octubre, pero la enfermedad de la Presidente arrasa con estas expectativas inmediatas.

Cualquier decisión trascendente en estos aspectos no puede tomarse sin la aprobación de Cristina Kirchner. Como la mayoría de sus antecesores en la primera magistratura, ella se caracteriza por su personalismo. No es su culpa: la ciudadanía siempre avaló esta representación por un sistema híper-presidencialista. A la hora de votar los argentinos consagramos jefes de Estado con imagen fuerte, los caudillos, la concentración del poder en una mano. Esta impronta no es ajena a muchos de los problemas de salud de aquejaron nuestros máximos dirigentes.

En el mejor de los casos, la actual es una oportunidad para poner a prueba los distintos mecanismos de la República, que el país no se paralice y transite por un sendero de estabilidad institucional, aún con elecciones de por medio. Será una muestra de adultez de nuestra democracia, que superó sin perder la línea de sucesión constitucional un trance mucho más grave, de profunda crisis social, política y económica en diciembre de 2001, después de la renuncia de Fernando de la Rúa y aquella semana con cinco presidentes, que dejó muertos y heridos por la represión a las manifestaciones y un default cuyas consecuencias todavía marcan la agenda del Gobierno.

Menos transparencia y más control para la AFIP

Dentro del paquete de leyes de la Reforma Judicial, el Gobierno introdujo la modificación de la ley 25.188 de Ética de la Función Pública, a través de la ley 26.857, que establece el Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios. Esta normativa, reglamentada por la presidente Cristina Kirchner a través del decreto 895/2013, es un franco retroceso para el control de la transparencia de las instituciones de gobierno.

El cambio del régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios altera la única política de transparencia pública que se había mantenido en los últimos años, si bien la ley, sancionada en 1999 en las ocaso de la gestión de Carlos Menem, nunca contó en 14 años con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa desidia del poder político que se mantuvo en los sucesivos gobiernos facilitó que ahora esa institución haya sido suprimida.

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Menos reservas que en 2001

Fue un duro semestre para las reservas del Banco Central. Entre la vigencia de las restricciones cambiarias, el pago de deuda y las transferencias al Tesoro, cayeron a u$s37.156 millones, su monto más bajo desde el 9 de abril del 2007, y también debajo del récord de reservas de la convertibilidad, de u$s37.380 millones el 18 de enero de 2001, de u$s37.249 millones del 19 de enero, u$s37.194 millones del 2 de febrero, además de los u$s37.283 millones del 21 de julio de 2000.

La potestad del Gobierno para equilibrar sus cuentas con los dólares de la entidad emisora, luego de la reforma de la Carta Orgánica a comienzos de 2012, alteró esta variable fundamental para establecer el valor del peso por su respaldo en divisas y, por lo tanto, el del dólar en el mercado local.

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