Obra pública sin control

El Presupuesto Nacional para el año en curso tiene previstos gastos por casi novecientos mil millones de pesos ($ 900.000 millones). De ellos, más de ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) corresponden a Obra Pública Nacional. O sea, que el 10% del presupuesto anual de nuestro país está contemplado para obras que realizará el Estado. Dicho número es realmente impresionante ya que representa el equivalente al 3,5% del PBI de nuestro país para 2014.

Frente a estas magnitudes surgen algunas preguntas inevitables: ¿Cuáles serán dichas obras?, ¿quién las realizará?, ¿a quiénes beneficiarán?, ¿cómo se financiarán?, ¿cuánto empleo generarán?, etcétera. Si analizamos el presupuesto encontraremos muy poca información sobre el origen y el uso que se dará a estos fondos, aunque de forma bastante clara surge que el 40% de esos ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) será ejecutado por el Ministerio de Planificación que dirige el arquitecto Julio De Vido.

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Capitanich olvidó lo que aprendió en Eseade

El Jefe de Gabinete es egresado de una de las instituciones académicas más interesantes de nuestro país, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, más conocida como Eseade. Dicha institución universitaria es la principal representación en Argentina de la Escuela Austríaca de Economía, extensamente conocida en el mundo por la defensa de los principios del libre comercio.

Sin importar cuánta afinidad cada alumno pudiera tener con la idea del libre funcionamiento de los mercados, todos los que realizamos nuestras maestrías en Eseade recibimos y estudiamos las herramientas de pensamiento necesarias para comprender cómo funciona un sistema económico y que éste está sustentado en tres cuestiones: libertad, propiedad privada y expectativas.

Sin dudas, el elemento esencial del sistema económico es la libertad, ya que al igual que en todos los ámbitos de la vida, el ser humano también tiende a escapar de las restricciones que un tercero quiera imponer sobre su libertad para transar bienes.

El segundo elemento es la propiedad privada, ya que si ella no es reconocida y protegida por el sistema legal y los gobernantes de turno, los bienes no podrán ser asignados válidamente a una u otra persona, puesto que cualquier intercambio de objetos carecerá de garantías y protecciones.

Estos dos elementos generarán determinadas expectativas en cada uno de los seres humanos actores del sistema económico, y todas esas expectativas sumadas mostrarán la tendencia del sistema y los deseos del mercado, o sea, del conjunto de la gente.

Al definir políticas públicas y dictar normativas económicas, los gobernantes siempre estarán regulando libertades, restringiendo derechos de propiedad, y en consecuencia, modificando expectativas sociales. Cuanto mayor sea la restricción de libertades y derechos que establezcan las normativas, mayor será la caída en las expectativas; y ello se verá profundizado en caso de que las regulaciones carezcan de estabilidad y previsibilidad. El secreto radicará entonces en no excederse con las regulaciones y restricciones que se quieran imponer, y nunca comprometer el largo plazo en función del corto plazo.

Las medidas cambiarias, tributarias y fiscales anunciadas por el jefe de Gabinete en los últimos tiempos han significado un avance sobre la libertad de comercio y sobre la propiedad privada. Y para complicar todavía más la situación, las regulaciones dispuestas han gozado de poca estabilidad, impidiendo cualquier posibilidad de realizar previsiones económicas de mediano o largo plazo.

Estas combinaciones han generado expectativas sumamente negativas en la gente, lo que se traduce inmediatamente en retracciones de consumo, huida de la moneda local, cancelación de inversiones, y tantas otras cuestiones bien conocidas en nuestro país.

Las respuestas del jefe de Gabinete a las reacciones del mercado potencian la tendencia. Entre sus dichos del viernes 31 de enero se destacan: “…el Gobierno está absolutamente solo luchando contra grupos económicos poderosos…”; “…los grandes productores agrícolas no liquidan sus divisas en el mercado local por avaricia y carácter especulativo…”; “…en la Argentina existe una conjunción de factores, entre los cuales están exponentes políticos, visibles o invisibles, sindicales, visibles o invisibles, sociales y económicos, visibles o invisibles, que promueven una estrategia de desestabilización permanente…”.

Creo que Capitanich debería dejar de luchar contra conspiraciones inexistentes y concentrar sus esfuerzos en generar condiciones de confianza suficientes que permitan modificar la tendencia negativa en las expectativas económicas de la sociedad. El Ministro conoce las reglas de funcionamiento del sistema capitalista y sabe que la situación actual de nuestro país se debe a que el gasto estatal descontrolado de la última década se ha devorado todas las inversiones y todo el crecimiento económico.

La opción de mirar para otro lado, repetir el discurso oficial e intentar sostener un modelo populista completamente agotado siempre puede intentarse, pero ya no hay margen de error. Hemos alcanzado un nivel de deterioro tan profundo que a partir de aquí cada punto de caída en el PBI representará a miles de personas que se hunden un poco más en la pobreza, a miles de niños que serán condenados a vivir en la marginalidad, y a millones de argentinos que cada día estarán más alejados de las oportunidades que el mundo nos brinda.

Por eso es responsabilidad del jefe de Gabinete repasar las enseñanzas que recibió cuando realizaba su maestría. Recordar a sus profesores y a sus compañeros de clase. Volver a leer los textos y comprender nuevamente que el sistema económico no es bueno ni malo. Que tiene reglas naturales, mecanismos de funcionamiento que no se rigen por instrucciones presidenciales ni ministeriales. Que los integrantes del sistema son personas humanas, y lo que ellas desean es la mayor libertad y estabilidad posible para poder desarrollarse. Que el Estado fue creado para garantizar esos derechos. No para violarlos.

Ojalá pueda recordar a tiempo.

Más impuestos, menos ahorro

Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Esta frase se encuentra grabada en el frente del edificio principal del IRS (Internal Revenue Service), la AFIP de los Estados Unidos, y resume los motivos por los que debemos entregar parte de nuestros ingresos al Estado.

En Argentina tenemos una presión impositiva cercana al 45% de nuestros ingresos, y si a ello le agregamos el impuesto inflacionario, seguramente descubriremos que cada año la administración estatal se queda con la mitad de nuestros ingresos. A cambio de ello deberíamos recibir seguridad, educación, jubilación, justicia, infraestructura, y algunos otros servicios más que son la esencia del contrato social entre el ciudadano y el Estado. La pregunta natural es: ¿no estaremos pagando demasiado por los pésimos servicios que recibimos? Evidentemente sí. El precio que se nos cobra para mantener nuestra sociedad civilizada es mucho más alto del que pagan la mayoría de los ciudadanos del mundo.

El Gobierno de nuestro país parece haber olvidado la finalidad de esos tributos y cada día busca nuevas herramientas que extraigan más recursos de los ciudadanos, para ser aplicados al mantenimiento del inmenso e ineficiente Estado que ha creado y alimentado a lo largo de los diez años de su gestión.

Con este sentido el titular de la AFIP ha expresado que para el pago del impuesto a los bienes personales, debería calcularse el valor de los inmuebles según el precio de mercado, y no según el valor fiscal que el propio Estado les otorga. Más allá de la desmentida que horas después hizo el ministro de Economía Axel Kicillof, si las intenciones del señor recaudador se hicieran realidad, los propietarios de pequeños inmuebles deberían dedicar un importante porcentaje de sus ingresos a pagar solamente este impuesto.

Por ejemplo, en un departamento de tres ambientes en el barrio de la Boca, de 53 metros cuadrados, con un valor de mercado cercano a los $ 389.000, el monto mensual del impuesto alcanzaría los $ 1.623. Ello es equivalente al 66% de una jubilación mínima, o al 19% de una remuneración promedio del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires (según el INDEC).

Si fuera el caso de un departamento de un ambiente, de 33 metros cuadrados en el barrio porteño de Almagro, cuyo valor según estimaciones del mercado alcanza los $ 429.000, debería pagar por mes la suma de $ 2.063. O sea, el equivalente al 83% de una jubilación mínima, o el 25% de una remuneración promedio del sector privado.

Por supuesto que luego de pagar este impuesto, los habitantes de estos departamentos deben alimentarse, higienizarse, transportarse, educarse y, claro, pagar impuesto a las ganancias, aportes jubilatorios, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, la energía eléctrica, el gas, el agua, etcétera.

Bajo estos nuevos parámetros, el impuesto a los bienes personales (que debe su existencia a una disposición que lo estableció como recurso de emergencia el día 31 de diciembre del año 1991), se convertiría en algo absolutamente confiscatorio y contrario a la ley.

Destruir o limitar los incentivos para el ahorro, la capitalización, o la realización de inversiones en bienes duraderos, destruye la riqueza de las familias y del país. Es por ello que son muy pocos los países del mundo que aplican este impuesto, y cuando lo hacen, establecen pisos muy altos, que exceptúan a la mayoría de los contribuyentes. Así por ejemplo, en España no pagan el impuesto aquellos que declaran un patrimonio inferior a 300 mil euros, y en Francia no lo hacen los que poseen bienes por debajo de 700 mil euros. En la ley argentina solamente quedan exentos aquellos que tienen un patrimonio inferior a 21 mil euros.

La capacidad de acumular propiedad privada, ya sea en forma de ingresos, inversiones o adquisiciones, es la fuerza motora que impulsa a una economía. Para que las personas trabajen, ahorren e inviertan, precisan tener la certeza de que serán los dueños exclusivos de su propiedad y que el Estado no se las arrebatará. Cuanto mayor sea la protección de la propiedad, mayor será el empeño con el que las personas emprenderán sus actividades económicas, y de ese modo promoverán el desarrollo de la sociedad.

El reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad por parte del Estado incentivan la cultura del ahorro, de la innovación y de la inversión, elementos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de todo país. Las excesivas cargas fiscales no solamente violan el derecho de propiedad sino que también debilitan la actividad económica. Los contribuyentes reducen la inversión, consumen menos, generan menor cantidad de puestos de trabajo y muchas veces transitan sin regreso hacia el mercado negro.

El Gobierno debe repasar los textos esenciales de la economía y recordar que los impuestos son solamente un precio que todos los que hemos decidido vivir en una sociedad civilizada y organizada, debemos afrontar. Si insiste con estas pretensiones recaudatorias desmesuradas, sin contraprestaciones ni servicios de calidad, encontrará cada día menos recursos para capturar e ingresará definitivamente en un camino de pobreza, marginalidad y exclusión.

Las decisiones correctas están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo estuvieron cuando intentó establecer un régimen de retenciones a las exportaciones que era claramente confiscatorio e ilegal. El interrogante es cuánto daño se producirá hasta que el Gobierno corrija su error y disperse la incertidumbre que ha generado en la sociedad.

Argentina al borde del abismo narco

El narcotráfico actúa como un globo a medio inflar, que al ser apretado en un sector, desplaza el aire hacia el extremo contrario. Gracias al combate que México y Colombia desarrollaron contra los narcos, el negocio de la droga se ha ido desplazando hacia tierras menos controladas, que permitan mayor movilidad y, por lo tanto, reducción de costos de producción, traslado y comercialización.

Nuestro país se ha convertido en una de esas tierras liberadas en la que cada día alrededor de cien vuelos ilegales cruzan la frontera para ingresar o extraer drogas, personas o productos de contrabando. Cien vuelos que aterrizan o despegan de alguna de las más de mil quinientas pistas clandestinas que florecen por todo nuestro territorio.

Ello sucede porque no se toman esenciales medidas de seguridad, similares a las que se aplican en la mayoría de los países de nuestra región, y sin dudas, en los Estados Unidos y Europa. El primer paso debe ser blindar nuestras fronteras, tanto terrestres, como aéreas y fluviales. No sirve de nada poner escáneres en los puestos aduaneros si los traficantes ingresan impunemente a escasos metros del control oficial. La Gendarmería debería patrullar esas zonas cumpliendo la función para la cual ha sido entrenada, en lugar de estar ocupando tareas que desconoce, como la seguridad urbana. Lo mismo vale respecto de la Prefectura en los cursos fluviales. Hoy esa fuerza debería estar patrullando los ríos fronterizos, pero en cambio el Gobierno le ha asignado tareas tales como la protección de los políticos que viven en Puerto Madero.

Es indispensable una radarización real, esto es con tecnología específicamente diseñada para detectar aviones en vuelo, su altura y su trayectoria. La radarización requerida es la de tecnología 3D, ya que ubica a la aeronave en latitud, longitud y altura. Hoy hay tan sólo tres radares de ese tipo funcionando, cuando en realidad se requieren al menos quince para cubrir la totalidad de la frontera norte.

Los radares tipo RASIT que se emplazaron en la frontera cuando Cristina Kirchner anunció el rimbombante “Plan Escudo Norte no sirven para detectar aviones. Esa tecnología está diseñada para detectar formaciones de tanques en planicies o buques en altamar, lo cual no tiene nada en común con los medios con que operan los traficantes, quienes se desplazan en grupos pequeños por la selva.

Es absolutamente necesario contar además con un protocolo de intercepción de aeronaves, que pueda llegar al punto del disparo de derribo, siguiendo pasos similares a los que hoy usan la Prefectura y la Armada para el disparo de hundimiento de buques no identificados detectados navegando ilegalmente dentro de nuestro litoral marítimo. Contar con radares pero no tener este tipo de protocolo funcionando es como tener policías que solamente se dediquen a mirar las cámaras de seguridad, sin facultad de intervenir ante la ocurrencia de un delito.

Diversos funcionarios del Gobierno Nacional han dicho que una ley de derribo equivale a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. Ello es absolutamente errado y lo saben, ya que todo protocolo de intercepción establece ciertos pasos que necesariamente se deben cumplir previo al derribo de una aeronave hostil (pedido de identificación, contacto visual, orden de aterrizar, vuelos rasantes, tiro de advertencia, etc.). Y no solo ello, sino que en la mayoría de los protocolos del mundo se reserva la orden de derribo al ministro de Defensa, que debe confirmarla en dos o tres oportunidades por vía radial.

Debido a la falta de estas políticas Argentina se ha convertido en un país de elaboración, consumo y tránsito de droga. Es decir que somos un país que recibe la materia prima, la procesa y luego la exporta o consume en su propio territorio. Esta situación se traduce en un aumento del delito en todas las esferas. La droga es la culpable de las muertes por enfrentamientos entre bandas de traficantes en disputa por un territorio; o la que lleva a los jóvenes a robar, asesinar y secuestrar para conseguir los fondos con los cuales comprarla. La adicción es la que empuja a miles de jóvenes a la prostitución y la que trae aparejada, entre otras cuestiones, la trata de personas.

Son muchas las medidas que deben tomarse para combatir y vencer al narcotráfico. Acciones de prevención e inclusión social deben combinarse con sostenidas políticas de seguridad que incluyan adecuada remuneración y entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad. El documento recientemente presentado por la Iglesia indicó perfectamente algunos de estos ejes.

Luego de diez años al frente del Gobierno Nacional, la señora Presidenta y su gabinete de ministros deberían entender que la lucha contra las drogas no reconoce ideologías, sino la sincera voluntad de vencer a un enemigo que lucra con la muerte de nuestros ciudadanos. Es tiempo de asumir responsabilidades e implementar un plan integral de lucha contra el narcotráfico que está devorando nuestra sociedad. No hacerlo demuestra ausencia de interés por lo que le sucede a los argentinos, o en todo caso un alto nivel de inoperancia, o lo que sería más grave aún, un grado de complicidad importante con los narcotraficantes.

Nuevos impuestos para sostener el relato

Pese al voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados recientemente dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno, el cual crea tres nuevos impuestos que repercuten directamente sobre la clase media argentina.

El proyecto, impulsado por el oficialismo argumentando que debían compensar en el presupuesto estatal la baja de recursos que significó el alza del piso en el impuesto a las ganancias, dispuso tres gravámenes:

  1. Un impuesto del 15% sobre el valor de transferencia de acciones, cuotas o participaciones sociales de empresas que no coticen en la bolsa.
  2. El mismo impuesto del 15% sobre los actos de “disposición” que involucren a la transferencia de las acciones, cuotas o participaciones de dichas empresas.
  3. Un impuesto del 10% a la distribución de dividendos.

Este impuestazo implica que en cualquier transferencia onerosa, gratuita (donación) o sucesoria (testamento), de títulos de sociedades que no coticen, el Estado será acreedor de un valor equivalente al 15% de la empresa. Se grava la compra-venta o permuta de acciones, y se vuelve a legislar el impuesto a la herencia, que hace muchos años había sido desterrado de nuestra legislación.

Como si esto fuera poco, se establece que cada vez que existan dividendos para distribuir, las sociedades deberán entregar un 10% de ellos al Estado, antes de repartir el saldo restante a los accionistas. Luego, serán estos últimos los que paguen al Estado otro impuesto del 35%, sobre los dividendos recibidos. O sea, casi la mitad de sus dividendos habrán sido entregados al Estado como contribución impositiva.

El impuestazo está dirigido a las empresas que no cotizan en bolsa, es decir, a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, una pequeña fábrica, una administración de consorcios o una panadería. O sea, al 98% de las sociedades que existen en Argentina, que generan el 44% de los empleos, y representan el 41% de la facturación empresaria.

Lo único que realmente genera esta nueva ley, que impulsa el Gobierno con el argumento de compensar los recursos que el Estado dejaría de percibir por la reducción en el impuesto a las ganancias de las personas físicas, es la redistribución de esfuerzos fiscales entre la clase media. Se está pasando la presión impositiva de una persona a otra. Con lo cual, el efecto que en realidad producirá será el contrario al que se pretende conseguir. La economía se achicará, las inversiones se frenarán, se generará menos empleo, menos riqueza y claramente, menor bienestar en la sociedad.

Con estos nuevos impuestos, Argentina pasa a tener la presión fiscal más alta de Latinoamérica, con un impacto sobre el PBI cercano al 45%. De esta manera, casi la mitad de lo que produce el país, va a manos del Estado.

Evidentemente mantener el “relato” oficial se está haciendo muy costoso y ello requiere nuevos ingresos al Estado. Si la voluntad real fuera impulsar a la clase media y potenciar a las pequeñas y medianas empresas, las medidas serían absolutamente distintas. Se desgravaría la reinversión de utilidades, se asignarían los excedentes de recaudación al impulso de nuevos sectores productivos o se estimularía fiscalmente la contratación de personas que viven de subsidios sociales.

Nada de ello sucede, sino todo lo contrario: el Gobierno festeja como un logro que en los últimos diez años ha duplicado la presión fiscal y que la clase media pagará más impuestos. El problema llegará cuando choquemos de frente con la realidad. Cuando el motor del “relato” precise para su existencia más recursos de los que el mercado tenga para entregar.

La antigua tentación del monopolio estatal

Gracias a los reiterados ataques que el Gobierno Nacional y sus funcionarios impulsan contra la empresa LAN, se abre nuevamente un viejo debate sobre el tipo de política aerocomercial que debe aplicar nuestro país. Si partimos de la base de que el transporte aerocomercial es un servicio público, corresponderá al Estado garantizarlo y controlarlo, asegurándose que se brinde a los usuarios un servicio moderno, eficiente y accesible económicamente, que comunique la mayor cantidad de puntos del país.

Ahora bien, para que el servicio se desarrolle, el Estado deberá crear y sostener determinadas condiciones y reglas de funcionamiento. Aquellos que todavía creen en los programas dirigistas y en un Estado omnipresente, proponen utilizar todas las herramientas que encuentren a su alcance para eliminar la competencia. Ellos sueñan con un monopolio estatal artificial en el cual Aerolíneas Argentinas logre una recaudación suficiente para esconder su escandaloso déficit mensual.

Los impulsores de estas políticas olvidan que los monopolios promovidos por el Estado generan abusos, servicios de pésima calidad, y corrupción. Los usuarios se transforman en rehenes y pierden toda posibilidad de elegir precios, horarios, tipos de servicios, frecuencias, etc. Por otro lado, las empresas dispuestas a competir en libertad y bajo una ley pareja escapan del país en busca de mercados más confiables. Como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, los más perjudicados por estas disparatadas medidas son los usuarios.

La política aerocomercial que nuestro país debe impulsar es exactamente la opuesta a la que algunos trasnochados quieren imponer. El mercado aerocomercial debe ser libre y competitivo. La única restricción para la fijación de rutas nacionales e internacionales, número de aerolíneas, capacidad, frecuencias y tipo de aeronaves debe ser el control de calidad y seguridad ejercido por el Estado. Su único interés debe ser que la mayor cantidad posible de consumidores puedan hacer uso del transporte aéreo con las mejores alternativas y con los menores costos posibles. El centro de la política pública aerocomercial deben ser los consumidores, no las aerolíneas.

El modelo del monopolio estatal ha fracasado en la historia mundial. Argentina precisa muchas aerolíneas volando por sus cielos y para ello el Estado debe garantizar la estabilidad del régimen aerocomercial y la libre competencia. La previsibilidad es requisito indispensable para que cualquier persona o empresa invierta las millonarias sumas que son necesarias para desarrollar esta actividad, cuyo éxito o fracaso no pueden depender de la discrecionalidad estatal, sino de parámetros objetivos y de procedimientos transparentes.

Por ello, al momento de debatir las políticas públicas concretas nunca debemos olvidar que ellas se encuentran basadas en ideas, y que las ideas fundadas en la libertad, en la responsabilidad y en el respeto a la ley tienen efectos positivos sobre la sociedad. En cambio, los experimentos basados en la tentación monopólica y en el sometimiento del consumidor son parte de un grupo de ideas completamente anacrónico, cuyo fracaso está garantizado.

Un nuevo régimen de pasantías para volver a crear empleo

A comienzos de junio se conoció un dato alarmante: dos millones y medio de jóvenes argentinos no tienen trabajo o están en situación laboral precaria. Esto equivale a más de la mitad de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. El relevamiento no fue confeccionado por la oposición ni lleva la firma de algún medio crítico de la gestión del Gobierno nacional, sino que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec; entidad insospechada de cualquier sesgo contrario al oficialismo.

La precariedad laboral, pero especialmente la falta de capacitación y entrenamiento de los jóvenes, será uno de los peores legados que nos habrá dejado la autoproclamada década ganada.

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Una década para no olvidar

Hay una imagen del 25 de mayo de 2003 que quedó grabada en mi memoria: Néstor Kirchner asumía la Presidencia de la Nación y mientras festejaba genuinamente su momento triunfal, hacía malabares con el bastón presidencial, jugaba a revolearlo, a que se le caía.

La falta de interés mostrada por ese símbolo, que representa el poder y la responsabilidad que el presidente recibe en representación de todo el pueblo (no solamente del que lo votó), fue una señal de los tiempos que vendrían. Los antecedentes institucionales del recién llegado a la Capital Federal no eran buenos. Los Kirchner nacieron a la vida política en Santa Cruzdonde forjaron una fortuna considerable. Primero al calor de la dictadura militar (o al menos consintiéndola) y luego, en democracia, escalando en la jerarquía de poder del Estado provincial. Encabezaron una gestión plagada de denuncias de corrupción, en la que no se respetaron principios esenciales de la vida institucional. Los ataques a la independencia judicial y a la libertad de prensa vieron allí sus primeros pasos.

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