Por: Julián Obiglio
El Presupuesto Nacional para el año en curso tiene previstos gastos por casi novecientos mil millones de pesos ($ 900.000 millones). De ellos, más de ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) corresponden a Obra Pública Nacional. O sea, que el 10% del presupuesto anual de nuestro país está contemplado para obras que realizará el Estado. Dicho número es realmente impresionante ya que representa el equivalente al 3,5% del PBI de nuestro país para 2014.
Frente a estas magnitudes surgen algunas preguntas inevitables: ¿Cuáles serán dichas obras?, ¿quién las realizará?, ¿a quiénes beneficiarán?, ¿cómo se financiarán?, ¿cuánto empleo generarán?, etcétera. Si analizamos el presupuesto encontraremos muy poca información sobre el origen y el uso que se dará a estos fondos, aunque de forma bastante clara surge que el 40% de esos ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) será ejecutado por el Ministerio de Planificación que dirige el arquitecto Julio De Vido.
Respecto de las obras que se realizarán, podremos detectar diversos programas de vivienda, que sumados representan ocho mil doscientos millones de pesos ($ 8.200 millones), aunque lamentablemente será imposible determinar con precisión en qué sitio de nuestro país serán realizadas las viviendas o qué tipo de construcción o desarrollo habitacional representarán.
Si analizamos otros rubros, sumando diversas partidas podremos concluir que se han presupuestado más de dos mil millones de pesos ($ 2.000 millones) para obras en la red de energía, o tres mil millones de pesos ($ 3.000 millones) para obras de infraestructura general en el norte de nuestro país. Podemos continuar indicando rubros globales y montos, pero en ningún caso lograremos precisión o podremos responder las preguntas que nos hacíamos unos párrafos atrás.
Ahora bien, si queremos analizar la obra pública haciendo foco en los organismos estatales que la ejecutan, también tendremos un problema, ya que son muchísimos y salvo raras excepciones no tienen correctamente identificadas las obras y planes a su cargo. Frente a todo esto podremos recurrir a la legislación y verificar si las diversas obras están cumpliendo con los requisitos legales y normativos, pero allí también encontraremos serias dificultades, ya que las normas que legislan en la materia son diversas y no tienen ningún tipo de coordinación.
Analizando este complejo panorama y considerando que los montos involucrados en la obra pública son realmente grandes, la Fundación Nuevas Generaciones presentó hace pocos días una “Guía para el seguimiento de la obra pública” que intenta subsanar las deficiencias descriptas y poner luz sobre una situación extremadamente oscura.
La guía establece un sistema que brinda mayor transparencia y eficiencia a los procesos, y permite realizar un mejor seguimiento de las obras por parte de quienes deben o desean hacerlo. De esta forma, se abren nuevas perspectivas para el control ejercido por los cuerpos legislativos, por las ONGs, las Cámaras Empresarias, los Sindicatos, las universidades, o cualquier ciudadano que desee hacerlo. El documento realizado por Nuevas Generaciones indica los elementos básicos que toda obra pública debería explicitar y brinda los parámetros que correspondería analizar para determinar si aquella cumple adecuadamente con las condiciones de transparencia y eficiencia.
Entre los elementos que se exigen para toda obra pública se encontrarán desde cuestiones tan esenciales como el nombre y descripción del proyecto, número de registro de la obra, ubicación geográfica y organismo ejecutor, hasta cuestiones más complejas como el sistema de realización, presupuesto asignado, fuentes de financiamiento, fecha de firma del contrato, plazo de ejecución de la obra, adjudicatario, redeterminación de precios, ampliaciones de plazos, y fotografías ilustrativas de los avances, entre otros datos de relevancia. La necesidad de contar con una herramienta con las características de la “Guía” queda claramente justificada por la importancia de la inversión pública en el proceso de desarrollo de un país, y por la cuantía de los recursos asignados a ella en el presupuesto nacional. Toda obra pública debe ser planificada, ejecutada y evaluada tomando en cuenta sus aspectos financieros, técnicos y sociales, de manera tal que el proyecto resultante sea el más conveniente desde todos esos puntos de vista. La “Guía para el seguimiento de la obra pública” crea una herramienta que arroja claridad al enmarañado mundo de la obra estatal y la hace susceptible de ser controlada por los ciudadanos y sus representantes, permitiendo verificar el uso racional de los recursos públicos.
Las sumas que hoy administra el Poder Ejecutivo sin control son muy elevadas y las necesidades de infraestructura de nuestro país son amplias y urgentes. Por ello es necesario impulsar y establecer estos mecanismos de transparencia que permiten volver a balancear el equilibrio de poderes. Los resultados se reflejarán en una mejor administración de los recursos públicos, que es equivalente a decir, en una mejor calidad de vida para todos los argentinos.