Por: Julieta Minervini
Hoy la Justicia porteña puede honrarse de llamarse Justicia. Actuó correctamente respecto a los abortos no punibles y amplió los derechos efectivos de las mujeres en la ciudad. Con el fallo del juez Gallardo, se garantiza uno de los derechos que Mauricio Macri nos niega todos los días, y por los cuales el movimiento de mujeres lucha y se organiza cotidianamente. Fue necesaria la intervención de la Justicia para que comience a cumplirse sin restricciones lo que el Código Penal establece desde 1921 como casos de aborto no punibles.
Al declarar inconstitucional el veto de Macri a la ley sobre abortos no punibles, se dio lugar a un protocolo que garantiza el derecho de las mujeres a realizarse, en los casos que establece el Código Penal, la interrupción de un embarazo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del año pasado fue, sin duda, un gran paso en este sentido, dando por tierra con las interpretaciones restrictivas que en todo el país venían ralentizando el acceso al derecho, sometiendo a las mujeres a intervenciones judiciales que en muchos casos terminaban impidiendo, por los tiempos, la realización del aborto. El protocolo vigente ahora va a garantizar en la CABA que toda mujer que haya quedado embarazada producto de una violación, o que su salud o su propia vida corran riesgo en caso de sostener el embarazo, pueda interrumpir, en condiciones de legalidad y salubridad su embarazo.
Con este fallo mujeres de la Ciudad vamos a poder acceder a las prestaciones establecidas en la ley que, entre otras, son: la realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo; el acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras resulte necesario, a petición de la mujer; la consejería en salud posterior a la interrupción del embarazo, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos e información sobre prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, sigue siendo necesario que el Ministerio de Salud de la Nación le dé carácter de resolución ministerial a la Guía Técnica de Atención de Abortos No Punibles, para homogeneizar el acceso a este derecho en todo el territorio nacional.
Lo que aún es una deuda pendiente es la discusión en el Congreso de la Nación del proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene la firma de más de 40 diputados y diputadas, que va a poner fin a una problemática de salud pública como es el aborto clandestino. Las muertes por causas relacionadas al aborto clandestino son la primera causa de muerte de mujeres gestantes y está demostrado en numerosos países del mundo que la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un impacto real y concreto en la vida de las mujeres. No hay derechos humanos sin derechos de las humanas, y la sanción y aplicación de esta ley de despenalización y legalización del aborto, es una gran deuda de la democracia hacia las mujeres. No tiene que ver con creencias personales, sino con que el Estado garantice el acceso a todo el sistema de salud y deje de perseguir a las miles de mujeres que todos los años eligen interrumpir un embarazo.
El tema de aborto no punible es muy importante porque implica que efectivamente se cumpla con lo que ya hoy y hace casi 100 años es legal, pero creemos que es hora de ir por más, plantear el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso y legislar para que las mujeres puedan decidir si interrumpir o no su embarazo y el Estado pueda garantizar su salud e integridad física en todo el país. No olvidemos que la cuestión del aborto está atravesada también por una cuestión social y económica. Son las mujeres de bajos recursos las que abortan de forma insegura, mientras que aquellas de los sectores más pudientes lo realizan, si bien también clandestinamente, en clínicas privadas y con profesionales de la salud.
Son muchas las leyes que el macrismo decide pasar por alto, por ejemplo de la Ley de Educación Sexual Integral no existe hasta el momento informes de su aplicación a pesar de haber sido exigidos hasta por la Justicia. Son muchas también las leyes a las cuales no se asigna presupuesto para su cumplimiento, e innumerables los programas que están siendo vaciados tanto de profesionales como de presupuesto. No existe en esta ciudad una política de resolución integral a los problemas que sufrimos las mujeres día a día.
Desde Marea Popular venimos luchando por estos derechos hace años. Somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y creemos que las elecciones son un buen momento para poner en discusión estos temas, planteando el debate en la sociedad y comprometiéndonos como futuros diputados/as y legisladores/as a discutir en el recinto de una buena vez este tema.