Encuentro Nacional de Mujeres: sembrando rebeldía feminista

Un año más las mujeres del país nos dimos cita para encontrarnos y discutir sobre nuestras problemáticas, nuestros sueños, deseos y desafíos como movimiento. Esta vez el encuentro tiene lugar en San Juan y las decenas de miles de mujeres que llegamos desde distintos puntos del país y América Latina nos disponemos a dar un paso más, a dejar otra huella en nuestra memoria histórica.

Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) suelen pasar sin pena ni gloria por los grandes medios de comunicación. Siempre decimos que si hubiera 20, 30 mil varones -por ejemplo, trabajadores de determinado sector- que se juntaran todos los años ininterrumpidamente desde hace 28 años, sería un evento tapa de los principales diarios y ocuparía buena parte del espacio de los noticieros. Pero somos mujeres, y nuestras luchas, nuestros sueños y horizontes, son la mayoría de las veces silenciados u omitidos por las agendas de los sectores de poder.

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquel primer encuentro que se realizaba en Buenos Aires en 1986, y los ENM se fueron convirtiendo en la expresión más importante de las luchas que las mujeres vamos desarrollando en diferentes espacios y territorios donde la sociedad actual aún nos domina, oprime y violenta: las fábricas, las casas, los barrios, las escuelas, los hospitales, los sindicatos, las universidades, la ciudad, el campo. No son abordadas allí simple y llanamente “cuestiones  de mujeres”, sino cuestiones que -por supuesto- hacen a demandas específicas y además otras más generales, con la originalidad de ser abordadas con la mirada de las mujeres.

La enorme cantidad de mujeres que nos reunimos aumenta año a año y sin dudas que el 2001, cuando distintas expresiones de luchas sociales y populares cobraron masividad y combatividad, fue el año en que los ENM dieron un salto gigantesco. En estas casi tres décadas, el encuentro recorrió gran parte del país, incluida San Juan en 1997, donde el gobierno provincial y la jerarquía de la Iglesia Católica emprendieron una dura batalla por frenar su realización y, al no poder lograrlo, realizaron uno paralelo.

Hoy volvimos a San Juan, una provincia que es máxima expresión de los nuevos milagros que nos quieren vender: la provincia de la megaminería, de las empresas que se instalan, saquean los bienes naturales, contaminan nuestro ambiente, explotan a los trabajadores y luego levantan campamento cuando ya no les conviene seguir, dejando todo peor que antes. Por eso este sábado a las 18 un conjunto de organizaciones feministas, sindicales, políticas, ambientalistas y sociales, realizaremos un escrache a las empresas tercerizadas de la Barrick Gold y al Centro Cívico, para denunciar el saqueo y la contaminación de nuestros bienes comunes y también para visibilizar que de la mano del extractivismo vienen las redes de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. Si históricamente la ruta del petróleo era la de la prostitución, hoy los enclaves megamineros son un polo de atracción para quienes lucran con el secuestro y la explotación de mujeres, con la connivencia de todos los poderes del Estado. Decimos que luchamos por la soberanía sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos, como muchas feministas del continente.

El aborto legal es una deuda de la democracia

Hace pocos días se discutió en la Cámara de Senadores de la Nación una reforma al Código Civil en el que se afirma que la “vida comienza con la concepción”, retrocediendo en la amplitud de criterio incluso a la redacción orginal de Vélez Sarszfield. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado en el que indica: “…tanto desde el punto de vista civil como penal, el derecho argentino no ha otorgado el mismo status al embrión que a la persona nacida. Si bien el Código Civil dice que se es persona desde el momento de la concepción inmediatamente sujeta esta cualidad a su viabilidad, o sea, que si no hay nacimiento con vida no hay persona. Los ejemplos en el derecho penal son varios, entre otros, la distinta pena que merece el homicidio en comparación con el aborto, y que este no es punible en grado de tentativa. Al realizarse estas construcciones, se puede correr el riesgo de tergiversaciones interpretativas de todo el articulado legislativo y convencional, en especial en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres, particularmente sus derechos sexuales y reproductivos. Violan los principios de igualdad y no discriminación por sexo que establecen los tratados y convenciones de DDHH, ya que solo las mujeres son actuales o potenciales gestantes”. El proyecto de reforma va completamente en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Estos sucesos recientes sin duda atravesarán los talleres de discusión sobre el derecho al aborto, que suelen ser polos de fuertes discusiones sobre la estrategia a seguir para conquistar ese derecho, entre las mujeres que allí concurren. Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina tiene una tasa de mortalidad materna de 77 por 100 mil nacidos vivos, una cifra inadmisible en relación a otros indicadores de salud de Argentina. Se sabe que casi la mitad de esas muertes corresponden a secuelas de abortos inseguros. La necesidad de avanzar en la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública. También es un tema de derechos humanos y de justicia social. Que quede claro, el aborto existe aún en la ilegalidad y a causa de esa sanción penal miles de mujeres mueren, particularmente mujeres de los sectores populares.

El ENM servirá, sin duda, para reforzar y relanzar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y volver a poner en agenda la necesidad urgente de aprobación del proyecto de ley cajoneado desde hace más de cinco años, aún contando con la firma de más de 50 diputados y diputadas de todos los sectores políticos. Lo que falta es la voluntad real de aprobarlo y no sólo de incluirlo como un eje “políticamente correcto” en las campañas electorales.

Varias decenas de miles de mujeres llegamos a San Juan con mucho aprendido sobre nuestras espaldas, y con todo lo que aún nos golpea: con un enorme esfuerzo financiero debido al alza de precios y a la inflación, con trabajos precarizados y derechos sociales y familiares que no alcanzan para aliviarnos las duras jornadas de trabajo doméstico y cuidado de la familia, con derechos sindicales en los cuales no se contempla suficientemente nuestras particularidades como mujeres, con la violencia que aún sufrimos y las instituciones que no contienen y acompañan suficientemente.  Y nos iremos con los mismos problemas, pero con otra mirada y mucha más fuerza para seguir luchando por una sociedad realmente igualitaria y para seguir sembrando rebeldía feminista en las plazas, en las casas y en las camas.

Patotas PRO

Los trabajadores del Programa Buenos Aires Presente comenzamos a organizarnos durante 2012 con el objetivo de defender nuestros derechos y también los derechos de las personas en situación de calle, convencidos de que para tener una buena política pública que realmente garantice los derechos de las personas era necesario también pelear por nuestra estabilidad laboral. Estábamos cansados de que nos paguen cuando se les antoje, de sostener tres trabajos para llegar a fin de mes, de no tener recursos para trabajar, camionetas rotas, falta de gasoil, falta de cupos en los paradores, falta de insumos. También nos cansamos de no tener respuestas para la gente, de ver cómo día a día el gobierno de la ciudad abandona a familias enteras a su suerte, a las cuales -en lugar de asistir- las patotea con métodos muy parecidos a los de la UCEP (llegando a triturar sus bienes personales en camiones de basura, o mandándolas a provincia como si eso solucionara algo). Cansados de ver morir personas durante el invierno por la inactividad y la falta de respuestas integrales es que empezamos a organizarnos.

Ante todos estos reclamos, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Santley, fue tratar a los trabajadores como si fuéramos descartables –metiendo patotas armadas en nuestro lugar de trabajo- y despidiendo trabajadores; y a las personas en la calle como objetos a depositar en paradores y hogares.

El 30 de octubre pasado los trabajadores y trabajadoras del BAP volvimos a sufrir un nuevo ataque por parte de una patota en el lugar de trabajo. Ese día era el  acordado con la gestión para que los delegados retomemos tareas en el lugar de trabajo. Luego del dictamen favorable del Ministerio de Trabajo de la Nación a los delegados y a la Junta Interna de ATE- BAP como legítima organización de los laburantes, una patota del SUTECBA  impidió el ingreso de los delegados del BAP, a la vez que controlaba el acceso al Hogar de Ancianos Rawson amedrentando y agrediendo a toda persona que quisiera ingresar, puntualmente a las compañeras del turno de las siete de la mañana.

El gobierno de Mauricio Macri representado por la ministra Stanley, el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Santiago López Medrano, y el director general de Atención Inmediata (del cual depende el  BAP), Ramón Lanús, dicen ‘no poder hacerse cargo de la seguridad de los trabajadores frente a la patota’. Hernán Berisso, gerente del Área Operativa del Programa, así lo afirmó en el acta redactada ante la escribana de ATE el mismo día 30. ¿Quién gobierna en el Ministerio? ¿Stanley o una patota armada? La patota liderada por Oscar “Cuca” Alcucero y compuesta por varios miembros de la barrabrava de San Lorenzo, choferes del Programa -utilizados como grupo de choque bajo la amenaza de perder su trabajo- y personas del SUTECBA que nunca trabajaron en el Rawson, aunque parecen ser los dueños del edificio público donde se encuentra la base operativa del BAP.

Estas prácticas son parte de la normalidad en nuestros trabajos, el hecho de que cada vez que queremos organizarnos, ejercer nuestros derechos y garantizar la libertad sindical, así como realizar de la mejor forma nuestras tareas, aparezca una patota armada para frenar la organización de los trabajadores. Esto mismo ya había sucedido el año pasado en el BAP, hecho que fue denunciado de mil maneras y al cual el gobierno nunca le dio una solución, la patota es la que parece que manda y sigue adentro del Ministerio decidiendo por el gobierno a través de aprietes y amenazas.

Esto es así, porque existe una connivencia entre la patota y el gobierno de Mauricio Macri. En el BAP se da una situación de cogobierno entre López Medrano y la patota del sindicato. El gobierno avala el robo de gasoil y de insumos, el desmantelamiento de las camionetas por parte del personal de SUTECBA, que producen el mal funcionamiento del Programa. Además  subejecuta el presupuesto, incumpliendo la ley para personas en situación y riesgo de calle.

Esta modalidad de violencia sistemática contra los trabajadores por parte de la patota del SUTECBA, y avalada por la gestión del Ministerio, se da también con las personas en situación de calle, ya que en forma permanente personal de Espacios Públicos en operativos de conjunto con la Policía Metropolitana ejercen violencia quemando ranchadas, lastimando  y obligando a las personas a abandonar sus lugares, operando al mejor estilo UCEP, causa por la cual el Jefe de Gobierno está actualmente procesado.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires es un importante negociado para el Gobierno y SUTECBA, a través del manejo de los planes sociales y subsidios habitacionales.

Sólo la vuelta de los delegados al Rawson puede garantizar la libertad sindical y la integridad física de los trabajadores del programa que trabajan cotidianamente bajo amenazas y aprietes. Es necesario poner en jaque el búnker de SUTECBA y los negociados en el Ministerio de Desarrollo Social y el BAP.  Solo la vuelta de los delegados puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en calle.

Buenos Aires bajo cero: las verdades del Operativo Frío 2013

Uno de los caballitos de batalla del macrismo en años electorales han sido los programas supuestamente exitosos del Ministerio de Desarrollo Social de GCBA, de donde ha surgido la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal. Uno de ellos es el BAP- Programa Buenos Aires Presente, que está cargo del director Ramón Lanús, perteneciente a  la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar bajo la órbita del subsecretario Santiago López Medrano.

El BAP es el encargado de realizar todos los inviernos el denominado “Operativo Frío”. Este programa, que trabaja con personas en situación de calle en la ciudad, está lejos de ser “la panacea de los pobres” que intenta mostrar el macrismo a través de sus propagandas y de sus videos institucionales. Según el Gobierno de la Ciudad, existen actualmente 800 personas en calle y esa es la cifra oficial que difunden; sin embargo varias organizaciones sociales (Proyecto 7 entre ellos) y de derechos humanos, denuncian hace años que la cifra real de personas y familias en situación de calle se ubica entre los quince y dieciseis mil personas.

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Un acto de justicia para las mujeres

Hoy la Justicia porteña puede honrarse de llamarse Justicia. Actuó correctamente respecto a los abortos no punibles y amplió los derechos efectivos de las mujeres en la ciudad. Con el fallo del juez Gallardo, se garantiza uno de los derechos que Mauricio Macri nos niega todos los días, y por los cuales el movimiento de mujeres lucha y se organiza cotidianamente. Fue necesaria la intervención de la Justicia para que comience a cumplirse sin restricciones lo que el Código Penal establece desde 1921 como casos de aborto no punibles.

Al declarar inconstitucional el veto de Macri a la ley sobre abortos no punibles, se dio lugar a un protocolo que garantiza el derecho de las mujeres a realizarse, en los casos que establece el Código Penal, la interrupción de un embarazo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del año pasado fue, sin duda, un gran paso en este sentido, dando por tierra con las interpretaciones restrictivas que en todo el país venían ralentizando el acceso al derecho, sometiendo a las mujeres a intervenciones judiciales que en muchos casos terminaban impidiendo, por los tiempos, la realización del aborto. El protocolo vigente ahora va a garantizar en la CABA que toda mujer que haya quedado embarazada producto de una violación, o que su salud o su propia vida corran riesgo en caso de sostener el embarazo, pueda interrumpir, en condiciones de legalidad y salubridad su embarazo.

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