Ahorrar en ladrillos, un cambio cultural

El miércoles pasado tratamos y aprobamos en el Senado de la nación el proyecto Casa de Ahorro, que consiste en la creación de un sistema de ahorro en metros cuadrados y créditos hipotecarios para diferentes sectores de la sociedad.

La importancia de que esta iniciativa haya logrado consenso entre los legisladores radica en la necesidad de crear instrumentos que permitan recuperar la cultura del ahorro. El trabajo, el ahorro, la constancia y el compromiso que requiere la compra de una vivienda es gratificante cuando es el resultado del esfuerzo propio y el Estado tiene que estar ahí donde es necesario, para dar las garantías y las condiciones para el acceso al crédito hipotecario, pero para lograr créditos a largo plazo primero necesitamos el ahorro a largo plazo.

 

El ahorro

El ahorro en metros cuadrados da estabilidad y mantiene el valor de los ahorros en el tiempo, lo que garantiza al ahorrista el valor del metro cuadrado de construcción. Esto se logra a partir de la creación de la Unidad de Vivienda (UVI), que se actualiza a partir del Índice Cámara de la Construcción (ICC). Además de conservar el valor de lo ahorrado, las UVI tienen otras ventajas: exención en bienes personales, mecanismos de ahorro gratuitos (cajas de ahorro), sistema de inversiones sin pagos de impuestos para dar valor a ese capital mientras se está acumulando (exenciones en el impuesto a las ganancias) y la posibilidad de invertirlas para generar más capital (plazos fijos). Continuar leyendo

Unidad de Vivienda: un cambio cultural

Se encuentra en estudio del Senado de la Nación un proyecto para crear la Unidad de Vivienda (UVI) para promover el ahorro en metros cuadrados y generar un sistema de crédito para el acceso a la vivienda. A continuación, algunas consideraciones sobre el tema.

El ahorro. Somos una sociedad marcada por la historia. Hijos de inmigrantes que padecieron las consecuencias de las grandes guerras y se aferraron a la cultura del ahorro. La desazón de la historia, las grandes devaluaciones, las crisis y la poca previsibilidad fomentaron la desconfianza, y con ella el desconcierto de dónde colocar los ahorros. En los últimos años y por la pérdida del valor de la moneda nacional, quienes querían ahorrar en la Argentina se volcaron o bien a la compra de divisas extrajeras (dólar) o bien a la compra de inmuebles como forma de capitalizarse ante la devaluación sostenida del peso. Con este proyecto queremos romper esta inercia y recuperar esa cultura del ahorro.

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Por qué necesitamos una Cédula Escolar Federal

Con el aval del Ministerio de Educación de la Nación, presenté en el Senado un proyecto para crear la Cédula Escolar Federal, registro digital integral que permitirá a alumnos, padres y docentes, contar con una mayor y mejor información de los alumnos y permitirá al Estado, realizar un diagnóstico en tiempo real sobre el sistema educativo nacional.

Son muchos los casos que nos ilustran la necesidad de ese Estado Presente y que reclamamos como sociedad; niños en riesgo de vida por desnutrición, alarmante deserción escolar,  niveles académicos magros, situaciones de vulnerabilidad social y de maltrato infantil, entre otros.

Con la Cédula Escolar nos proponemos dar un paso, no solo en conocer la situación real de nuestro país sino en ir más allá de la simple verificación estadística de esa realidad, buscando cambios concretos y efectivos que permitan poner en marcha acciones preventivas que eviten esa vulnerabilidad. La cédula escolar tiene una finalidad resolutoria, integral y no persecutoria, permitiendo primero diagnosticar el sistema (algo indispensable) y luego brindar soluciones en materia de políticas públicas.

Los niños y jóvenes del sistema educativo deben ser prioridad del Estado. Un Estado presente para actuar, debe conocer y contar con información actualizada que  permita individualizar causas, asistir a cada individuo en su realidad y proponer soluciones concretas tales como uso efectivo de los servicios sanitarios, mejorar programas sociales, el entorno físico y social del niño y lograr mayor eficiencia en la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

La cédula permite integrar en forma precisa datos preexistentes sociales, educacionales y de salud; a través de un soporte informático o digital unificado en todas las jurisdicciones. Por su carácter estatal  se brindan las garantías necesarias como apoyo fundamental para el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado, que no son más que velar por la seguridad, salud y educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan con legajo o registro digitalizado de alumnos (SINIDE) pero al no estar centralizados ni integrados entre sí ni con otros organismos,  se desaprovechan datos e informes importantes que garantizarían el trabajo en conjunto de las distintas aéreas.

La cédula escolar responden al reconocimiento de los derechos a la educación y a la salud consagrados en tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional-Declaración Universal DDHH; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre los Derechos del Niño etc.- como así lo consigna nuestra Carta Magna; legislando y  promoviendo  medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos.

El proyecto contempla el derecho a la intimidad y se legisla para no poner en riesgo la privacidad de nuestro niños, y así establece el deber de resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de los datos y el uso sólo para fines sociales y/o educativos de los responsables de dicho programa; como así también sus fundamentos limitan la utilización de los mismos a funcionarios especialmente designados; no debemos olvidar que los fundamentos de nuestras leyes, establecen el espíritu.

Para el resguardo de esta información, nuestro sistema cuenta con la ley 25.326  y con la Dirección de Protección de Datos Personales como principal ente de control, para garantizar el correcto funcionamiento de estos registros. La ley de protección de datos personales establece que es posible la recolección y tratamiento de datos sensibles cuando median razones de interés general autorizadas por ley, que es justamente lo que pretende este proyecto procurando el bien común; describe a los datos sensibles como aquellos que revelan origen racial y ético, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referentes  a la vida sexual o a la salud, siendo el Estado el principal tutor de los mismo.

Considero que es un avance para nuestro sistema educativo, permitiéndonos un salto cuantitativo y cualitativo en el diagnóstico del mismo, permitiendo generar políticas al Estado Nacional que sean soportes para cada provincia, brindando medios y recursos necesarios, en pos a la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes de todo el país.

Alberto Nisman, presente

A un año de su muerte, lo primero que me vino a la memoria fueron las dos frases que utilicé días posteriores a aquel triste 18 de enero de 2015: “Prudencia en los dichos” y “ser cuidadosos en la investigación”. Así como sucedió con la Embajada de Israel y la AMIA, la sombra de la impunidad no debía golpear, una vez más, la democracia argentina. La sensación de la historia repetida se hizo presente y por esa razón, ante la muerte de Alberto Nisman, hice referencia a la incapacidad y la desidia del poder de turno a la hora de proteger a un fiscal de la nación y advertí, con aquellas frases sobre el decir y el hacer, sobre un hecho de esta gravedad institucional. El resultado, un año después, es que la demanda de justicia y verdad sigue intacta.

A un año de este acontecimiento nos encontramos sin certezas de cuáles fueron las causales de su muerte. La investigación exhibió siempre irregularidades, deficiencias y omisiones que no sólo ponen en riesgo el descubrimiento de la verdad, sino que afectan derechos humanos de rango constitucional y ponen en evidencia la ineficacia de un sistema arcaico y selectivo. La intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida en la Constitución, atenta contra la división y la independencia de los poderes de la República.

Una vez más, se mostró la negligencia del Estado para cumplir con una función esencial que el contrato social le asigna, de garantizar la vida de los ciudadanos y buscar la verdad para procurar justicia. Que se haya cometido un magnicidio de esta naturaleza y que no haya luz sobre lo sucedido revela un sistema infiltrado por la corrupción y un Gobierno de turno cómplice. Continuar leyendo

Los esfuerzos en educación deben empezar con nuestros niños en las escuelas

Todos sabemos que la educación es un potente motor de cambio, de superación y de inclusión social. Además, es la herramienta más eficaz para el crecimiento equitativo, perdurable y justo de cualquier sociedad. Todo país se define por su sistema educativo, desde qué tipo de sociedad somos y sobre todo qué configuración social queremos para nuestro futuro: alfabetizada, competente, con igualdad de oportunidades en un mundo globalizado que exige la permanente capacitación de todos nosotros. Ese país con esa pobreza cero que todos anhelamos.

Son muchos los estudios que demuestran la relación entre los niveles de educación y de pobreza: a mayor nivel educativo alcanzado disminuyen notoriamente las posibilidades de ser pobres y estar marginados de la sociedad, que genera un círculo vicioso en las futuras generaciones.

Cada política que se ocupe de que los niños estén en las escuelas nunca estará de más, desde la asignación universal que les permita desarrollarse en plenitud, la obligatoriedad de sala de 4 años, entre tantas otras. Continuar leyendo

Ahora estamos ante el desafío del desarrollo argentino

Nos enfrentamos a un gran desafío, desarrollar la Argentina, para eso es necesario fijar políticas de Estado de infraestructura de largo plazo que permitan este desarrollo, a través de la implementación de planes de acción en áreas estratégicas para los próximos 10 años que abarquen energía; transporte vial, ferroviario, marítimo y aéreo; provisión de agua potable, servicios de desagües cloacales y pluviales; vivienda social y recuperación ambiental.

El desarrollo energético es fundamental para un país como el nuestro, que está lejos de los mercados mundiales. Se debe volver al autoabastecimiento petrolero y a la posibilidad de exportación de gas, favorecer la exploración y la explotación de recursos convencionales y no convencionales. Por otra parte, es imprescindible para un proyecto de desarrollo generar aproximadamente 1.200 MW nuevos por año, utilizando especialmente fuentes renovables de energía eléctrica no contaminantes, como centrales hidráulicas, eólicas y solares.

Es imposible desarrollar un país sin vías de comunicación internas y regionales adecuadas, para eso se debe trabajar en ejes de transporte, mediante un nuevo sistema ferroviario a partir del Belgrano Cargas que comunique la producción del interior con los puertos de exportación en forma eficiente y tender a un sistema regional que permita el transporte ferroviario internacional con Brasil y Chile. Con este último es importante la reactivación del Ferrocarril Central San Martín y la construcción de un nuevo túnel que posibilite una salida de nuestra producción más económica al Pacífico, que hoy es el mercado de mayor crecimiento mundial. Por otra parte, se deberán disminuir las víctimas de accidentes viales y mejorar la seguridad construyendo una red de autopistas y autovías que permita el transporte de pasajeros y de cargas en forma más segura y rápida, para alcanzar en pocos años un ritmo de mil kilómetros de autovías por año, hasta interconectar las principales ciudades del país.

Tampoco se puede hablar de desarrollo sólo desde el punto de vista productivo, si no se cumple con brindar buena calidad de vida a nuestra población. Para ello es importante fijar como objetivos abastecer al 95% de la población con agua potable y a, por lo menos, un 80% con servicio cloacal en los próximos 10 años. Hoy estos valores no llegan al 80% y al 50% de la población, respectivamente. Eso implica malas condiciones de vida y mortalidad, especialmente infantil. También se debe plantear un plan integral de prevención de inundaciones con medidas estructurales de defensa y medidas no estructurales como planes de contingencia, tanto en las zonas urbanas como rurales. No se puede aceptar que se repitan muertos en una inundación como ocurrió en La Plata en 2013.

Finalmente, uno de los principales problemas que debe enfrentar la Argentina es el crónico déficit habitacional. Es nuestra obligación desarrollar un plan de vivienda social con un sistema de ahorro y crédito que permita reducir el déficit en la próxima década. Para ello, se deberá construir a un ritmo de como mínimo 150 mil viviendas sociales nuevas por año, lo que implica no sólo un importante salto en los volúmenes de construcción, sino también en la industria proveedora de materiales para la construcción, con muchos nuevos puestos de trabajo.

Iniciamos una época promisoria que debemos aprovechar para trabajar con consensos a favor de una Argentina que retome una senda de libertad, igualdad, desarrollo y seguridad para alcanzar la calidad de vida que nos merecemos.

El modelo se financia con el esfuerzo de los trabajadores

En reiteradas ocasiones escuchamos sobre las bonanzas del modelo y la necesidad de continuar con él, sin detenerse a pensar en algunas de sus características. La realidad es que el modelo actual, lejos de sustentarse en el desarrollo productivo e industrial, se sostiene a costa de los trabajadores.

Si observamos la evolución de la recaudación en estos seis meses del último año del gobierno de Cristina Fernández, nos encontramos con datos que no nos sorprenden a quienes sostenemos desde hace tiempo que hay dos graves problemas que son fiel reflejo de la economía: la profundización de la crisis energética y el aumento de la presión impositiva. Continuar leyendo

También es el pueblo, Presidenta

En las últimas horas se difundió una carta de la Presidenta de la Nación analizando la marcha del miércoles pasado en homenaje al Fiscal Alberto Nisman, carta que no puedo decir que me haya sorprendido por su tono porque lamentablemente es el que la nos tiene acostumbrados, pero sobre la cual sí me gustaría hacer algunas consideraciones dado que fui uno más de los miles de argentinos que se movilizaron en todo el país.

En primer término, la Presidenta niega el homenaje al Fiscal Nisman, colocándose en el lugar de portadora de la verdad -una vez más- y conocedora de las motivaciones que nos llevaron a miles de argentinos a concurrir a las marchas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que en esa ciudad haya sido el epicentro. Es decir, nos dice a cada uno de nosotros por qué fuimos.

La Sra. Presidenta habla de un respaldo masivo pero no popular a la marcha. Indudablemente habla de otra movilización, en la que yo estuve vi a miles de trabajadores, jóvenes, familias, jubilados, y por qué no, empresarios, que concurrían por distintas motivaciones de acuerdo a las consignas que podían escucharse o leerse. La mayoría de ellos en un respetuoso homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman, y muchos otros, también de manera respetuosa y democrática reclamando mayoritariamente justicia. Una cosa no excluyente de la otra. Porque, les guste o no, el que piensa distinto también es parte del pueblo.

Es decir, fue una marcha que atravesó a toda la sociedad argentina, no solo a los sectores de mayores ingresos, a los que inmediatamente la Presidenta quiere hacer ver como conservadores y reaccionarios, como si tener dinero fuera un sinónimo de ser golpista. Indudablemente la Sra. Presidenta no recordó la situación económica de varios funcionarios, ya que siguiendo este razonamiento absurdo entonces ellos también serían “conservadores” y “golpistas”.

También hace referencia a los funcionarios del Poder Judicial como miembros de un complot destituyente del Gobierno, vinculando a algunos de ellos en actividades ilícitas con el crimen organizado y con las barras bravas. Le recuerdo a Cristina Fernández que si tenía información de ese tipo debía haberlo denunciado, no a través de una carta, sino en sede judicial, ya que de no hacerlo estaría incumpliendo los deberes de funcionario público, lo cual es un delito.

Asimismo vincula a los funcionarios del Poder Judicial con una “tarea destructiva y depredadora de lo institucional”. Resulta paradójico que quien encabeza la administración que más deterioro produjo sobre las instituciones de gobierno desde el retorno a la democracia, quien en 2007 en su campaña prometió superar viejas antinomias y trabajar por una mayor calidad institucional, promesa en la que algunos creímos y nos dispusimos a acompañar, aunque rápidamente nos dimos cuenta que esto no iba a ser así, hoy hable de un partido judicial, vinculándolo con el tristemente célebre partido militar. Hubiese sido bueno que en sus años como abogada en la provincia de Santa Cruz, cuando nos gobernaba el partido militar, la Presidenta hubiese presentado algún recurso de amparo como hicieron muchos otros dirigentes políticos como el Dr. Raúl Alfonsín, que pusieron su matrícula de abogados en pos de la defensa de los Derechos Humanos. La Presidenta no lo hizo.

Por último, me gustaría recordarle que este también es el gobierno de la mentira del INDEC sobre los índices de inflación y pobreza, de los chicos que mueren por desnutrición en el Norte, de la baja en la calidad educativa, de los hospitales sin insumos y equipos sin funcionar (como el de Río Gallegos, donde no pudieron hacerle una tomografía), de la mayor inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, de la pérdida de autoabastecimiento petrolero y de la crisis energética, del más trágico incidente ferroviario de la historia argentina, de la mayor cantidad de muertos en una inundación urbana (su ciudad de nacimiento, La Plata en 2013, por si se olvidó) y de la corrupción, y por si fuera poco es el primer gobierno de la historia que tiene un Vicepresidente procesado por coimas y una Presidenta imputada al mismo tiempo.

Sra Presidenta, por favor, en vez de preocuparse en revisar tapas de diarios viejos, dedíquese a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, desarrollada, más justa e igualitaria. Ese es el deseo de millones de argentinos, muchos de los cuáles concurrimos el 18 de febrero a la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.

La enseñanza del caso Nisman

Hay dos aspectos importantes que pueden extraerse de la muerte del fiscal Nisman: la incapacidad del Gobierno para proteger la vida de los ciudadanos, en especial la de un fiscal que debió estar fuertemente protegido dado que se hallaba en una instancia extraordinaria. Y por otro, la demora en la interpretación de lo sucedido por parte de la Presidente de la Nación, que además de tardía resultó contradictoria y confusa.

Quedó de manifiesto la incapacidad o la desidia al no haber protegido al Fiscal, más en  momentos previos a su exposición ante el Congreso de la Nación. El comportamiento de la custodia del fiscal es altamente cuestionable.  Uno se pregunta sobre la idoneidad de todos los servicios de inteligencia de la diversas fuerzas que el Gobierno controla.  Todo esto habla de la incapacidad de esta administración para cumplir con la función más elemental que el contrato social le asigna: garantizar la vida de los ciudadanos. Que se haya cometido un magnicidio sobre el que el gobierno no tiene ni idea aún es de una gravedad institucional que no podemos ponderar en su verdadera magnitud.

Tengan en cuenta que esta reflexión esta basada en la hipótesis más benévola para el Gobierno. Simplemente me niego a pensar que sectores del kichnerismo hayan estado detrás de eso aunque no llegar a la verdad dará bases firmas a este terrible hipótesis. 

A su vez, descreo de la iniciativa que el oficialismo lleva adelante en el Congreso en relación a crear una nueva agencia de inteligencia. Da la impresión de ser una nueva improvisación a las que nos tienen acostumbrado y que salvo algo cosmético, no termina cambiando absolutamente nada. Esta es una tarea que merece un profundo debate y consenso y debe ampliarse al conjunto de organismos de seguridad federales.

El Gobierno no parece estar interesado en este enfoque y pretende sancionar “su reforma”. Por lo tanto, será tarea del próximo encontrar una solución. Este debate profundo y el posterior proceso de cambios es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que pretenden ser alternativas para gobernar. La verdadera reforma de las fuerzas federales de seguridad y los servicios de informaciones es una tarea urgente, quizás la primera de una verdadera política de Estado que debemos asumir las fuerzas democráticas de nuestro país.

Finalmente. hay una enseñanza del caso Nisman: el coraje y valor de un hombre para investigar el corazón del poder justamente en el caso más enigmático y grave de los últimos años: el atentado de la AMIA. Vaya su vida de ejemplo y bandera para los fiscales y jueces que hoy tienen la responsabilidad de esclarecer numerosos casos de los cuales el pueblo argentino espera conocer la verdad. Esperemos que se conozca.

Una grave ausencia de obras y planes de contingencia

Las lluvias intensas siguen azotando a Buenos Aires -el cambio climático y el Niño han generado que en los últimos  30 años se produzcan más tormentas intensas que en los 70 anteriores- y, sin embargo, la política no da respuesta. Algunas consideraciones sobre este fenómeno:

• Las inundaciones en La Plata del 2013 demostraron la total falta de un plan de contingencia en la Provincia, se empezó a inundar la ciudad y nadie sabía que hacer lo cual implicó más de 50 muertos declarados oficialmente y casi 100 según los privados.

• La ciudad de Buenos Aires no hizo un mejor desempeño, tuvo la suerte que las lluvias fueron sustancialmente menores que en La Plata. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta hoy en el 2014 con un plan de contingencia; una lluvia intensa como la platense implicaría una catástrofe mayúscula si no cambiamos la política.

• La ciudad de Luján resulta el ejemplo extremo; ya se inunda varias veces por año. ¿Por qué? ¿Por cambios naturales? No, debemos analizar también las acciones de los hombres.

• Se debe concientizar que grandes obras contra las inundaciones pueden reducir el nivel de riesgo hídrico, pero no eliminarlo, por lo cual debemos preparar a la población para un posible evento. Muchas inundaciones actuales se dan por las mismas acciones del hombre. La falta de planificación, los usos demagógicos de políticos de turno que repartieron áreas fiscales que eran inundables, los negocios de desarrolladores inmobiliarios que no son bien controlados; nos han llevado a ocupar espacios pertenecientes a los ríos y arroyos.

Veamos el caso del Río Luján, que pasa por la localidad con emprendimientos sobre zonas del río, Pilar con barrios que están sobre zonas que solía ocupar el río en crecidas y luego por el Municipio de Tigre, donde se han construido grandes emprendimientos inmobiliarios privados, con grandes obras de relleno, que fueron tanto autorizados por el Municipio de Tigre, como por la dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires; sin un análisis profundo de las consecuencias permitieron un gran negocio privado. Estos rellenos generan una reducción de zonas bajas que permitían una expansión del río;  y colaboran en gran medida a que el río inunde aguas arriba cuando antes no lo hacía, a eso debemos sumar la falta de mantenimiento del cauce y la basura que por falta de una buena educación ambiental tiramos a los cursos de agua.

Se deberán gastar un montón de recursos del Estado en hacer obras en Luján y en todo el cauce inferior del Río, a consecuencia de negocios de privados, pero no podemos decir que es culpa de ellos, es la falla del Estado como planificador del Desarrollo que lo autorizó en su momento. Por otra parte, como el Municipio de Luján no es gobernado por el FPV, sino por fuerzas caratuladas como oposición, no es una prioridad hacer obras allí. A veces parecería que se quiere castigar al votante por no haber apoyado al oficialismo de turno.

Debemos cambiar el rol del Estado, dejar de lado el capitalismo de amigos, la falta de transparencia en la gestión y el favoritismo hacia los intendentes adictos. El Estado debe profesionalizarse, capacitando funcionarios y fijando reglas estrictas anticorrupción. Es necesario hacer una planificación técnica fijando prioridades según las necesidades más básicas de cada población y no en base a la subordinación políticas de las autoridades locales como ocurre actualmente.

Debemos generar no solo un plan de obras para las inundaciones sino también planes de contingencia para la población que permita concientizar que hacer en caso de un evento extraordinario de lluvias. Tenemos en nuestro país el único ejemplo positivo de Plan de contingencia es el de la ciudad de Santa Fe, el cual se hizo a consecuencia de la gran inundación del 2003. La ciudad de Buenos Aires y los distintos municipios del Gran Buenos Aires deben armar programas de contingencia públicos y una gran campaña de concientización para saber qué hacer en la emergencia. Las cuencas de los Ríos y Arroyos no reconocen los límites políticos que les queremos imponer, debemos trabajar en conjunto en toda el área metropolitana, sin importar qué partido gobierna cada municipio.