Vivir Malvinas

Días atrás tuve la oportunidad de ir, conocer y “vivir Malvinas”. Durante una semana -sólo hay un vuelo semanal los días sábados- estuve allí, siendo parte de una experiencia fuerte, intensa y llena de sensaciones encontradas.

Fui a Darwin a rendir honor y rezar por los caídos en combate, en particular por mi compañero y amigo de secundaria, el Primer teniente Jorge Casco.

También recorrí Puerto Argentino, Bahía de Gitanos y varios puntos dónde se desarrollaron las batallas decisivas del conflicto: Monte Longdon, Wireless Ridge, entre otros.

Caminé por los montes y encontré los pozos en la tierra dónde durante meses vivieron y combatieron compatriotas, soportando las inclemencias del tiempo crudo e imprevisible. Aún hoy se encuentran vestigios y pertrechos de aquella guerra que nunca debió haber existido y que, a pesar de las carencias, fue sostenida por valientes soldados. Además de sortear la hostilidad climática, combatieron con heroísmo en situaciones de desventaja desde el punto de vista del poderío bélico y tecnológico. Conocí infinidad de actos heroicos, de reconocimientos de valentía mutua, de dolor, de ausencia, de muerte.

Además, en Malvinas encontré dos realidades. Una base militar que intimida, dónde funciona el aeropuerto internacional a unos 70km de Puerto Argentino. Nada justifica esta presencia.  Por otro lado, alejado de esa base, una población rural de isleños de varias generaciones concentrada -la mayoría- en Puerto Argentino y compuesta por una gran variedad de nacionalidades, más de cincuenta, con predominio de chilenos.

Percibí también el costo que significó para los isleños la guerra. Según cuentan las personas de mayor edad, antes de 1982 accedían al continente: había vuelos de Aerolíneas, correo, servicios educativos y de salud en Río Gallegos y Buenos Aires, etc. Amables, desconfiados, correctos; con recuerdos tristes y dolorosos, como los nuestros. Una guerra se puede perder o ganar en términos políticos y fácticos, pero siempre ambos bandos pierden desde lo humano.

Debemos reconstruir puentes, sin con ello contradecir lo que nuestra Carta Magna establece: la soberanía indeclinable sobre las Islas. La soberanía Argentina en Malvinas no es un punto de discusión, pero no rehúyo al desafío de tender lazos a las Islas, de acercarlas al continente, de cumplir con cada palabra de lo que estable la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Soy consiente que no hay otro camino que el de la paz y la diplomacia y valoro el esfuerzo hecho por los sucesivos gobiernos de la democracia, para por medio del diálogo y la intervención de los organismos internacionales, lograr para Malvinas el destino que deseamos.

Malvinas es una experiencia que no debe ser vedada a nadie; ojalá otros acepten este desafío.

Vivir Malvinas, necesario e imprescindible.

Crónica de un final anunciado

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán, en el cual se establecía una comisión de notables y permitía que pudieran ser interrogados en ese país los ciudadanos iraníes imputados por su presunta responsabilidad en el atentado a la AMIA.

Además de ser un fallo razonable y esperable, es una reivindicación para todas esas voces que alertaron sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad de este acuerdo. Desde la oposición y en reiteradas oportunidades, advertimos que esto iba a suceder y que era un mal paso para nuestro país pero como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

En una de las asambleas de las Naciones Unidas apenas asumido su primer mandato, la Presidenta pidió a Irán que respete la Justicia Argentina y ponga a disposición a los funcionarios sospechosos. Fue una posición firme y correcta, luego desautorizada por la promoción del acuerdo y su posterior aprobación en el Congreso.  Anticipamos que el  mismo no tendría ningún efecto favorable en la causa y que tampoco contaba con el consenso necesario, así lo hicieron saber distintos representantes de la comunidad judía.

Desde nuestro espacio fuimos claros al rechazar el memorándum y sobraban los argumentos: daba marcha atrás a todo un proceso judicial, creaba una comisión fuera de lo que correspondía y por sobre todas las cosas, proponía acordar con los propios acusados y eso no era un camino viable, menos siendo funcionarios del gobierno.

Meses atrás en el Congreso de la Nación realizamos una audiencia pública para promover la derogación del acuerdo con Irán. Legisladores, juristas, especialistas y referentes de la comunidad judía expresamos nuestras posturas y solicitamos que se adoptara esa medida. La costumbre del oficialismo de imponer la mayoría sin escuchar hizo que finalmente fuera la  Justicia quien nos diera la razón. Finalmente, y como fueron las Cámaras las que votaron el acuerdo, deben ser ellas quienes corrijan lo actuado. Espero que así lo entiendan los legisladores que lo aprobaron y avancemos con la derogación.

Reconocer un error a tiempo para evitar problemas mayores

El gobierno nacional promovió a finales de diciembre pasado la sanción de la Ley 26.929, que aumentó a 30% la alícuota de impuestos internos para los autos con un precio de fábrica superior a $170 mil y a 50% para aquellos con un precio mayor que $210 mil. El objetivo inicial era evitar la fuga de divisas pero las consecuencias han sido otras y graves. Este impuesto pone en peligro la continuidad laboral de miles de empleados del sector automotriz por lo que debemos derogarlo inmediatamente antes de que los problemas sean mayores.

Veamos algunas de las consecuencias de la aplicación de esta política. Durante el primer cuatrimestre del 2014 y en relación a igual período del año anterior, las ventas de 0 km bajaron un 18%, la producción disminuyó un 18% y las exportaciones un 18,6%. El cuadro empeora cuando analizamos la situación que se presenta a los trabajadores de las automotrices.  Se han informado más de 12 mil suspensiones y hablamos de un sector que contempla al rededor de 165 mil empleos.  Entonces, ¿priorizamos la recaudación o la protección del empleo?

Otra arista a tener en cuenta es el impacto de la inflación en el precio de los rodados. En algunos casos, el impuesto se tradujo en aumentos de 100% en los precios finales, abarcando cada vez a más autos, incluso los nacionales. Existen en la actualidad autos sedanes medianos afectados por el tributo y la ley no contempla ningún mecanismo de actualización de los valores. La actual administración aumenta constantemente la presión fiscal cuando en su lugar debería buscar alternativas para aumentar el desarrollo productivo y la creación de empleo genuino. Es una contradicción que por un lado promuevan la ley de protección de trabajadores y por el otro desatiendan la situación de los trabajadores de las automotrices.

Además, se le quita otra alternativa de ahorro a la sociedad. Si bien un auto no es la mejor inversión, en el contexto actual se encuentran acotadas las posibilidades de ahorrar en dólares o en ladrillos y la inflación hace que no sea rentables los plazos fijos. Este impuesto desalienta la compra de vehículos y limita las alternativas de inversión.

Esta medida que perjudica al sector automotriz es un eslabón más de la cadena de errores que ha cometido el gobierno nacional. Cadena formada por el límite a las importaciones que afectó los costos de producción, el espiral inflacionario no reconocido ni manejado, el posterior cepo al dólar con consecuencias negativas para el mercado inmobiliario y la construcción. Se pueden remediar esos errores y el primer paso es reconocerlos. Deroguemos el impuesto y protejamos el empleo de miles de trabajadores.

Pensar un país para las próximas décadas

Somos un país joven,  dentro de muy poco celebraremos el Bicentenario de nuestra Independencia pero recién conformamos un Estado hace apenas más de un siglo a partir de una Nación integrada por diferentes culturas, costumbres, creencias.

A veces, este horizonte temporal acotado nos impide dimensionar los tiempos de los procesos sociales. Estamos siempre pensando en el corto plazo, en la coyuntura, dificultándonos extender la mirada en el futuro. ¿Somos capaces de pensar el país para las próximas décadas?

Argentina necesita de acuerdos, de consensos, de políticas a largo plazo. Nuestro país requiere poner la mirada en el porvenir. En este sentido la conformación de un Frente entre fuerzas políticas de diferentes partidos, que comparten principios, líneas de acción y objetivos constituye una gran esperanza para nuestra República devaluada por el deterioro de sus instituciones señeras.

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Claves para entender el problema y acciones para combatirlo

El problema del narcotráfico es complejo y para alcanzar una solución adecuada debemos conocer y comprender de qué se trata. Necesitamos conocer, para discernir sobre las capacidades de las distintas instituciones que intervengan, y determinar la competencia que les cabe a cada una de ellos. Estas tres “C” (Conocimiento, Capacidad y Competencia), son fundamentales si se quiere lograr un verdadero efecto de disuasión sustentado en códigos claros y efectivos. Leyes y reglas de juego adecuadas para enfrentar este flagelo que amenaza a la salud, la vida y la estabilidad de los argentinos, y atender a su prevención. Es un problema urgente que no admite dilaciones, trasciende a la política partidaria y exige el compromiso patriótico y desinteresado de todos.

Claves

1. El narcotráfico es un delito de proyección internacional que no reconoce fronteras; y menos aún cuando los controles que, son responsabilidad de cada Estado, tampoco se las impone claramente.

2. El producto que cultiva, produce, promueve, trafica y vende –la droga en sus distintas variantes-, se fracciona en diferentes fases hasta alcanzar pequeñas dosis para llegar al consumidor en la etapa de comercialización final; en todo el proceso es maleable, incluso en grandes cantidades, y relativamente fácil de transportar, esconder, enmascarar y simular.

3. Es un negocio ilícito de una enorme rentabilidad; por lo tanto, sus ejecutores, cuentan con grandes cantidades de dinero. En este sentido, su capacidad de comprar voluntades y corromper instituciones es enorme.

4. Al ser sustancias que producen adicción, también facilita a los delincuentes operar sobre la voluntad de las victimas e incorporarlas al circuito delictivo de diferentes maneras, a cambio de la propia sustancia.

5. El narcotráfico ejerce sus actividades en forma territorial. Es decir que necesita hacer pie y adueñarse del territorio de su interés. Necesita disponer de una logística adecuada y de impunidad territorial. Se involucra y trata de apropiarse, por lo tanto, del gobierno, la seguridad y la justicia del lugar donde ejerce sus actividades. Funciona como una empresa con un gran sentido de la eficacia y la eficiencia pero también con un supuesto sentido social y, como tal, no es ajeno el asistencialismo como marketing, que realiza en las comunidades.

6. Es un flagelo que no distingue clases sociales ni diferencias culturales. Todos los estamentos de la sociedad son vulnerables, desde las clases más humildes hasta las más pudientes.

7. Es productor y generador de actividades subrepticias. Crea y maneja su propia red de inteligencia porque necesita de información confiable para su desarrollo.

8. Necesita de facilidades financieras que le permitan transformar el dinero mal habido en dinero limpio y libre de sospecha. Es tal la cantidad de riqueza que produce, que esta metamorfosis del dinero da lugar a otro negocio ilícito de enorme rentabilidad. La corrupción es, por lo tanto, causa y efecto del narcotráfico. Un verdadero círculo vicioso.

Acciones

Conocer estas características nos ayuda a entender la necesidad de soluciones integrales, que respondan a una decisión política del más alto nivel de la conducción del Estado. Estas soluciones deberán estar referidas al corto, mediano y largo plazos, porque las particularidades de este flagelo nos hacen pensar primero en la educación y la salud. Educación, mirando tal vez el mediano y largo plazo, para prevenir; y salud, pensando en el muy corto plazo, para contener y curar a las víctimas.

Al avance del narcotráfico hay que oponerle barreras que detengan o minimicen el ingreso y egreso de la droga, que impidan su circulación en el territorio nacional, que eviten su producción y fraccionamiento, que dificulten el lavado de dinero producto del negocio ilícito.

La prevención del delito es clave, debemos actuar sobre sus causas y no sobre las consecuencias. Es necesario contar con leyes adecuadas, concretas y específicas. Se hace necesario repensar y actualizar las leyes de Seguridad Interior, Defensa Nacional, Inteligencia Nacional; tal vez, las de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y de Extradición, entre otras, y sus respectivas reglamentaciones. Los Códigos, más allá de dar un marco legal para castigar, cumplen un efecto disuasivo. El delito es dinámico y se traslada de un lugar a otro, buscando los contextos más favorables para desarrollarse. Esto es importante de considerar a la hora de plantear modificaciones.

Una tarea que debemos encarar legisladores, juristas y constitucionalistas. Pensar nuevas leyes, normas y procedimientos referidos a la interceptación y al control de vehículos terrestres, aéreos y marítimos,que violen los espacios de jurisdicción nacional.

De manera prioritaria, atacar a la corrupción y al lavado de dinero, que son parte inseparables y condición necesaria para el narcotráfico.

Recuperar el control de aquellos territorios donde ya está presente este delito y evitar que se apodere de otros. El control efectivo del Estado sobre las zonas vulnerables es primordial. Éstas, a veces son áreas puntuales y, otras, extensos territorios: fronteras, vías de comunicación, pistas de aterrizaje, puertos marítimos y fluviales; zonas de producción, transferencia, fraccionamiento, distribución y comercialización.

Al ser un problema global su solución exige de una gran coordinación, no sólo entre las agencias de seguridad involucradas en forma directa, sino también entre los estados nacionales que comparten con el nuestro el comercio internacional y el tránsito de personas, no sólo en la región.

Proteger la información. Los narcotraficantes cuentan con muchos medios técnicos porque disponen de dinero en abundancia.

Proteger a los funcionarios involucrados en la lucha contra el narcotráfico. No sólo a aquellos que hacen el trabajo de campo (las fuerzas de seguridad y policiales) también a los que ejercen la conducción política, estratégica y operativa; a los jueces y fiscales, etc. Debe estar protegida a la confidencialidad de sus dichos y acciones. Estos funcionarios, además, deben contar con una preparación especial y estar sujetos a un estricto control de organismos competentes del Estado.

No basta con el compromiso de un intendente o un gobernador. Éstos poseen recursos materiales y humanos limitados e insuficientes para hacer frente a esta amenaza que los excede y, posiblemente, si la decisión no parte de la autoridad nacional, terminarán fracasando o siendo víctimas de las organizaciones delictivas. Fundamentalmente, es necesario el compromiso político, decidido y enérgico del Estado Nacional, que involucre a todos sus estamentos y con un presupuesto acorde a la prioridad que merece el problema.

Afianzar los Derechos Humanos en el presente

El 24 de marzo los argentinos haremos un alto en nuestras tareas para  reflexionar sobre la memoria, la verdad y la justicia. Esa fecha fue instituida por el gobierno nacional  porque el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado desalojó a las autoridades elegidas legítimamente y con el uso de las fuerzas militares instaló en el país una dictadura con graves consecuencias.

Los pueblos construyen su identidad a partir de su historia, de asumir culturas, tradiciones  comunes y de proyectar un futuro. Recuperar nuestra historia no significa solamente recordar la epopeya de la independencia, la organización del Estado y la conformación de nuestra nacionalidad, sino también asumir capítulos dolorosos de nuestro pasado, signados por la violencia y la sinrazón. Hacer el esfuerzo de recuperación de la memoria histórica nos permite entender, explicar el presente, no solo justificar situaciones coyunturales o acciones de gobierno. Cuando esto último sucede, la historia se transforma en “relato”.

El golpe del 24  de marzo de 1976 constituye uno de esos capítulos dolorosos de nuestra historia. La Junta militar que lo encabezó instauró un terrorismo de Estado que, con el pretexto de terminar con la “subversión”, usó la misma metodología que aquellos a los que quería erradicar. Las consecuencias fueron exilio, tortura, desaparición forzada de personas, expropiación de niños, detención de personas sin el debido proceso; además de voces acalladas, libros censurados, carreras universitarias eliminadas. Es decir, derechos conculcados.

Recuperar la memoria es una deuda que tenemos las generaciones adultas sobre las más jóvenes. Hacerles conocer lo que no vivieron para que no que no suceda nunca más, para que juntos asumamos la defensa de nuestra democracia participando, defendiendo los derechos de todos. La verdad nos hace libre, porque nos da certezas para elegir los caminos más adecuados. Muchas veces las personas y las comunidades evitamos aquellas verdades que nos duelen. Nos duelen los desaparecidos, nos duelen los muertos en Malvinas, nos duele el horror y también la mentira. Durante los años de la dictadura se trató de ocultar los hechos. La censura a los medios de comunicación impedía manifestarse a las personas que conocían lo que sucedía. Además el miedo asustaba e impedía conocer la verdad. Recuperada la democracia en 1983 durante el gobierno del Dr. Alfonsín, con el Nunca Mas,  el juicio a las Juntas, hecho inédito que significo juzgar a los máximos responsables, empezamos a conocer de a poco la verdad, pero costó mucho asumirla quizás porque nos daba algo de responsabilidad en lo que había sucedido.

La justicia va de la mano de la verdad. A 30 años de recuperada la democracia todavía no se termina con los juicios a los responsables de delitos de lessa humanidad. La justicia permitirá cerrar deudas con un pasado doloroso y afrontar el futuro con la certeza que el Estado de Derecho es la forma en que los seres humanos podemos vivir en sociedad, en el marco de la ley y en respeto a cada uno de nosotros.

Memoria, verdad y justicia con la mirada puesta en el futuro. Afianzar nuestra democracia poniendo en valor las instituciones de la República debe ser nuestra meta. Del golpe de Estado aprendimos que la democracia quizás no nos garantiza buenos gobiernos- los que eligen y son elegidos son seres humanos, a veces se equivocan- pero las instituciones, la división de poderes, la participación de la ciudadanía, la libre circulación de ideas permiten controlar, modificar acciones y además el voto y el Estado de Derecho garantizan que el gobierno que no nos satisface tenga fecha de caducidad. En las dictaduras no hay controles y solamente se irán cuando el peso de las circunstancias adversas sea mucho, pero ya será tarde.

Afianzar los consensos, he ahí otra meta. Es allí donde las dictaduras hicieron mella en el entretejido social, es esta quizás la tarea urgente que queda a los dirigentes y a la sociedad civil en su conjunto. La idea de una Nación que reconoce su pasado vislumbrando el porvenir necesita elementos constitutivos de consensos, que no se alteran, que no se rompen aunque cambien los gobiernos.

El golpe de Estado nos enseñó a valorar la libertad. Hoy los argentinos gozamos de nuestras libertades. La deuda a asumir, lo que nos falta, es la igualdad. Ese es el primer consenso que debemos encarar. Una auténtica sociedad democrática es aquella donde se conjuga al unísono libertad e igualdad. Igualdad de oportunidades, de acceso a bienes materiales y simbólicos, en el acceso al conocimiento. En síntesis, a derechos y bienestar. Los altos niveles de pobreza, hacen que parte de la población se debata al límite de la supervivencia y así es muy difícil lograr un clima de convivencia democrática, ya que ésta no se siente como prioridad.

Hicimos mucho en la recomposición de los Derechos Humanos violados durante la dictadura. El presente nos reclama afianzar, consolidar derechos humanos vinculados al bienestar, a la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros y a la vigencia plena de las instituciones republicanas, garantía esencial de esos derechos.