Con un dejo de insatisfacción escuchamos ayer los anuncios de la Presidente de la Nación referidos a la modificación del mínimo no imponinble del “impuesto al trabajo”, y los porcentajes que corresponden al aumento a los jubilados por aplicación de la ley de movilidad.

Respecto al anuncio sobre los trabajadores pasivos, éste sólo representa la publicación del coeficiente correspondiente al segundo semestre del 2012 y no modifica la situación de precariedad de las jubilaciones. Nadie puede pensar que con $2165 a partir de marzo algún jubilado puede vivir con la dignidad que merece luego de haber trabajado toda la vida. El fracaso de la ley de movilidad jubilatoria radica en que la base sobre la que se empezó a calcular era insignificante. Por ello el aumento del 15,5% para el semestre o 28% anual representa en el primero de los casos $285 mensuales a partir de marzo. Muy poco. Por ello reclamábamos desde la CGT, y con criterio, un aumento de emergencia  para que la base de cálculo de la movilidad tuviera algún viso de justicia social en el resultado del aumento. Nuestros abuelos seguirán penando. El 28% les permite sobrellevar la inflación, es decir que los deja en idéntica posición de necesidad que el año pasado. Sin embargo, creemos que si pensamos en nuestros mayores con criterio de justicia social, es posible pagar salarios dignos.

En el caso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el anuncio ratificó lo que se venía haciendo público y que en nada satisface las expectativas de los trabajadores, que vienen sufriendo el ajuste en sus salarios cada vez en un porcentaje mayor, como en las asignaciones familiares. La no modificación del mínimo no imponible el año pasado, como sucedió en el 2009, y habiendo sido la última en abril del 2011 con un 20%, generó un desfasaje que aumentó la presión impositiva sobre el salario. Ello agravado por la no modificación ni de las escalas, ni de las alícuotas, ni la ampliación de las exenciones, como se viene reclamando desde las organizaciones de trabajadores y desde los proyectos presentados al Congreso que el oficialismo, por cierto, se niega a tratar. El resultado es que el anuncio significa un nuevo ajuste por cuanto la pinza que ejerce junto a la inflación sobre los salarios de trabajadores se agudizará y en unos meses (no bien se vayan concretando las discusiones paritarias) serán más trabajadores a los que se les aplicará el impuesto al trabajo que los que lo sufrían en 2012.

El mecanismo de anunciar las cifras salariales en bruto, en lugar del salario neto, pretende confundir a los incautos pero no modifica el impacto que sufrirá cada trabajador en su salario, ya castigado por la inflación.

La persistencia en un sistema impositivo regresivo de neto corte neoliberal en el que la presión impositiva es mayor para los trabajadores (IVA y ganancias) se agudiza en un universo de bajos salarios y de precariedad laboral. El hecho de que la informalidad del trabajo forme parte de la política del Estado es altamente preocupante. Más allá de la declamación, se acepta y expande la lógica neoliberal de controlar la inflación por los salarios, oficializando modelos productivos que explotan y esclavizan trabajadores como el de “La Salada”, se desactualiza el salario mínimo vital y móvil respecto del costo real de la canasta alimentaria básica, se mantiene bajo el salario de los jubilados, y se pone techo a los salarios a partir de discriminar a los hijos de los trabajadores y aumentar la presión impositiva sobre sueldos que en ningún caso constituyen “altos ingresos”,  sino que luchan por alcanzar un nivel de dignidad que merecen no sólo el 17% o el 25% , sino todos los trabajadores y trabajadoras argentinas con o sin trabajo.

Creemos que, lamentablemente, el Gobierno sigue sin escuchar la voz de los trabajadores y se aleja de la justicia social. Estos anuncios fueron, en este sentido, sólo un paso más.