Por: Laura Alonso
La Cámara Federal acaba de dictar un fallo que declara inconstitucional el Tratado con Irán. Desde su anuncio, nos manifestamos en ese sentido en la Cámara de Diputados de la Nación. Votamos en contra durante el tratamiento parlamentario. Es un acuerdo sin ética: jamás se negocia la justicia para las víctimas con los acusados del asesinato.
La Comisión creada no es de la Verdad sino una radical interferencia en el proceso judicial argentino que ya lleva casi veinte lamentables años. Esta sólo podría justificarse frente a una debilidad institucional que impida la actuación del Poder Judicial, como aquella que se da en períodos de transición después de una dictadura o un conflicto bélico, situación inexistente en este caso.
En su fallo, la Cámara resalta la falta de reconocimiento y voz de las víctimas, sus familiares y la AMIA, directos afectados del atentado terrorista. La negación de sus derechos también confirma que este acuerdo sólo puede convenir a la impunidad de la República Islámica de Irán, cuyo régimen es uno de los principales sponsor y financiadores del terrorismo internacional.
El Tratado es una burla a la Constitución Nacional a la que omite respetar. Desde el 27 de Enero de 2013, fecha en que se firmó el Memorándum de Entendimiento, venimos sosteniendo que el Congreso debía rechazarlo en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina.
Una vez aprobado por el Congreso, cuya ley únicamente autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar, hemos sostenido la importancia de derogar la Ley Aprobatoria y quitar al Poder Ejecutivo la posibilidad de ratificación. Esto es precisamente lo que los jueces de la Cámara han ordenado: el gobierno no puede seguir avanzando.
La propia Presidente Cristina Kirchner reconoció y pidió en la última Asamblea Legislativa que le hicieran propuestas para avanzar con la causa AMIA, previendo este resultado en la Justicia. Si bien el kirchnerismo logró, con su mayoría automática, aprobar el tratado con Irán en el Congreso, la oposición parlamentaria se manifestó unánimemente en contra y ha dado argumentos de su inconveniencia e inconstitucionalidad, además de proponer su derogación inmediata.
Ayer, la justicia argentina dio una señal fatal a los intereses del gobierno argentino y fundamentalmente a Irán. El Tratado no es aplicable, rige la Constitución Nacional y se incita a la continuidad de la investigación judicial argentina. Se insiste en que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presionar a Irán para que preste una debida cooperación a la Justicia argentina, poniendo a disposición a sus funcionarios y aportando sus pruebas. A ello se han negado sistemáticamente y el Tratado era, para Irán, la salida hacia la impunidad.
Desde un primer momento planteamos que la única solución posible era mantener los pedidos de captura de los acusados iraníes, solicitar la extradición y seguir ejerciendo presión internacional sobre Irán a fin de que entregue a los acusados por el atentado terrorista que voló la sede de la AMIA.
Resulta imprescindible, ahora más que nunca, la derogación de la Ley 26.843, aprobatoria del Memorándum y el tratamiento de los pedidos de juicio políticos por mal desempeño al Canciller Héctor Timerman y al Ministro de Justicia, Julio Alak. Hay un nuevo mensaje a la Presidenta, a las autoridades iraníes y al mundo entero: la República Argentina no negocia a los muertos y que la justicia no está en venta.