A raíz de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, que dan cuenta de la fuga del sistema educativo público primario y secundario de más de 300 mil estudiantes acontecida en la presente década, los actores políticos de relevancia deberían fijar como política de estado común, una reforma estructural integral a ser aplicada por el próximo gobierno. La puesta en marcha de un “Plan Federal de Articulación Educativa”, que releve las falencias del sistema y logre mayor equidad en la asignación de recursos en las distintas provincias, puede ser el puntapié inicial de un arduo trabajo.

La reforma educativa llevada a cabo a principios de los años 90, estableció la transferencia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos administrados en forma directa hasta dicho momento por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también, las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

Dicha ley se encuentra en plena vigencia y, lejos de derogarla, el Estado nacional y las provincias deberían diseñar conjuntamente un plan federal de articulación que corrija las falencias evidenciadas en la educación inicial y media observada en estos últimos 20 años. La Ley en su articulado establece que las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo Nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. Asimismo, señala que el Estado Nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones. La concentración presupuestaria en el Estado Nacional, producto de la desvirtuada coparticipación federal de impuestos, ha debilitado severamente a muchas provincias que no han podido afrontar mejoras en el sistema educativo. Las partidas extra-presupuestarias son asignadas discrecionalmente por el tesoro nacional, sin un marco de previsibilidad.

Los problemas a abordar están enmarcados en los planos de la calidad educativa y de la distribución del presupuesto. Dichas problemáticas deben ser analizadas en planos separados pero articulados entre sí. Los actores de relevancia política deberían diseñar un “Plan Federal de Articulación Educativa”, como una política de Estado, teniendo como oportunidad el clima de convergencia programática que en esta materia manifiestan los tres candidatos presidenciales con mejor posicionamiento en las encuestas de cara a las elecciones venideras.

El “Plan Federal de Articulación Educativa” deberá contemplar objetivos claros y plazos claramente establecidos. A tales efectos, el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con el Consejo Federal de Educación, deberán convocar a Universidades de todo el sistema, la Academia Nacional de Educación y diversas organizaciones sin fines de lucro con abordaje pedagógico, a pensar y debatir sobre la cuestión.

Los aspectos salientes a abordar son:

- Realizar una profunda evaluación programática/curricular de la oferta educativa existente en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Establecer criterios únicos de evaluación y calidad educativa teniendo en cuenta parámetros regionales e internacionales

- Diseñar un plan de tronco común con paradigmas que respeten la tradición nacional pero incorpore a su vez la aplicabilidad de nuevas tecnologías y la especialidad técnica.

- Jerarquización del Instituto Nacional de Formación Docente.

- Aumentar progresivamente el horario de escolaridad en todo el territorio nacional. Transitoriamente aumentar el horario escolar promedio de 4 a 6 horas diarias.

- Fortalecimiento de la autoridad docente a través de políticas integradoras con estudiantes, familiares y autoridades escolares.

- Articulación programática de alumnos del último año del nivel medio con instituciones de educación superior de cercanía local.

- Plan bianual de mejora edilicia en instituciones educativas arraigadas en contextos socio-económicos desfavorables. Identificación provincial de las mismas y transferencia presupuestaria a tales efectos del Poder Ejecutivo Nacional.

En la medida que dichos objetivos sean programados y respetados por todo el arco político en un plazo no menor de diez años, la sociedad tendrá una señal inequívoca de que la educación es el elemento central para el desarrollo armónico de nuestra sociedad.