Por una reforma estructural y federal

A raíz de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, que dan cuenta de la fuga del sistema educativo público primario y secundario de más de 300 mil estudiantes acontecida en la presente década, los actores políticos de relevancia deberían fijar como política de estado común, una reforma estructural integral a ser aplicada por el próximo gobierno. La puesta en marcha de un “Plan Federal de Articulación Educativa”, que releve las falencias del sistema y logre mayor equidad en la asignación de recursos en las distintas provincias, puede ser el puntapié inicial de un arduo trabajo.

La reforma educativa llevada a cabo a principios de los años 90, estableció la transferencia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos administrados en forma directa hasta dicho momento por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también, las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

Dicha ley se encuentra en plena vigencia y, lejos de derogarla, el Estado nacional y las provincias deberían diseñar conjuntamente un plan federal de articulación que corrija las falencias evidenciadas en la educación inicial y media observada en estos últimos 20 años. La Ley en su articulado establece que las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo Nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. Asimismo, señala que el Estado Nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones. La concentración presupuestaria en el Estado Nacional, producto de la desvirtuada coparticipación federal de impuestos, ha debilitado severamente a muchas provincias que no han podido afrontar mejoras en el sistema educativo. Las partidas extra-presupuestarias son asignadas discrecionalmente por el tesoro nacional, sin un marco de previsibilidad.

Los problemas a abordar están enmarcados en los planos de la calidad educativa y de la distribución del presupuesto. Dichas problemáticas deben ser analizadas en planos separados pero articulados entre sí. Los actores de relevancia política deberían diseñar un “Plan Federal de Articulación Educativa”, como una política de Estado, teniendo como oportunidad el clima de convergencia programática que en esta materia manifiestan los tres candidatos presidenciales con mejor posicionamiento en las encuestas de cara a las elecciones venideras.

El “Plan Federal de Articulación Educativa” deberá contemplar objetivos claros y plazos claramente establecidos. A tales efectos, el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con el Consejo Federal de Educación, deberán convocar a Universidades de todo el sistema, la Academia Nacional de Educación y diversas organizaciones sin fines de lucro con abordaje pedagógico, a pensar y debatir sobre la cuestión.

Los aspectos salientes a abordar son:

- Realizar una profunda evaluación programática/curricular de la oferta educativa existente en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Establecer criterios únicos de evaluación y calidad educativa teniendo en cuenta parámetros regionales e internacionales

- Diseñar un plan de tronco común con paradigmas que respeten la tradición nacional pero incorpore a su vez la aplicabilidad de nuevas tecnologías y la especialidad técnica.

- Jerarquización del Instituto Nacional de Formación Docente.

- Aumentar progresivamente el horario de escolaridad en todo el territorio nacional. Transitoriamente aumentar el horario escolar promedio de 4 a 6 horas diarias.

- Fortalecimiento de la autoridad docente a través de políticas integradoras con estudiantes, familiares y autoridades escolares.

- Articulación programática de alumnos del último año del nivel medio con instituciones de educación superior de cercanía local.

- Plan bianual de mejora edilicia en instituciones educativas arraigadas en contextos socio-económicos desfavorables. Identificación provincial de las mismas y transferencia presupuestaria a tales efectos del Poder Ejecutivo Nacional.

En la medida que dichos objetivos sean programados y respetados por todo el arco político en un plazo no menor de diez años, la sociedad tendrá una señal inequívoca de que la educación es el elemento central para el desarrollo armónico de nuestra sociedad.

Un debate que atrasa y preocupa

El debate sobre una hipotética modificación a las leyes migratorias que regulan el ingreso de ciudadanos extranjeros al país ha suscitado un gran interés mediático. Pronunciamientos públicos con gran liviandad y tendencias a la estigmatización por nacionalidad han aflorado en nuestra sociedad.

Para comenzar dicho análisis, vale recordar algo que por más redundante que sea, siempre debe ser considerado: nuestro país se ha formado por oleada de inmigrantes que se acercaron en busca de paz y trabajo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Con los avatares lógicos de aquella época, nuestros abuelos o bisabuelos sembraron en la tierra nuestro origen como nación, basados en el sacrificio, el orden, el trabajo y la diversidad cultural. Fruto de ello, y para salvaguarda de sus derechos, el artículo 20 de la Constitución Nacional consagró la igualdad de derechos entre argentinos y extranjeros que habitan el suelo argentino. Dirigentes lúcidos de aquel entonces vislumbraron con claridad los caminos para forjar una nación. No obstante ello, nada fue sencillo para nuestros ancestros. La Ley de Residencia sancionada por el Congreso Nación en 1902, que permitió al gobierno nacional expulsar a inmigrantes sin juicio previo, fue un punto oscuro en nuestra historia, enmarcado en un contexto internacional convulsionado políticamente. Pasaron 56 años para que en 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se derogara aquella legislación. 

Regresando a nuestros tiempos, el debate se ha centrado en el supuesto alto porcentaje de residentes extranjeros que cometen delitos en nuestro país y la necesidad ante ello de agilizar la deportación del inmigrante, a los efectos de paliar la creciente inseguridad reinante.

Dicha argumentación está plagada de sofismas y se convierte en un disparador peligroso, que comienza con la asociación entre inmigrantes y delincuencia pero puede derivar bajo el mismo pre concepto en asuntos sociales y religiosos de mayor relevancia. La historia de la humanidad así lo marca.

Desde ya que sería una irresponsabilidad poner en duda la autoridad y la obligación del Estado para planificar y abordar el flujo migratorio del país. De hecho, la Ley de Migraciones, 25871, establece claramente los derechos y obligaciones de los inmigrantes que habitan en nuestra nación, así como el encuadre filosófico general del Estado argentino al respecto.

Pero acotar el tema de la seguridad a los inmigrantes extranjeros es injusto e incorrecto. Según el Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos de la Nación, en datos públicos elevados a la Dirección Nacional de Migraciones, en 2010 la población carcelaria ascendía a 50.641  (personas con condena y otros con prisión preventiva), y apenas 3.034 eran extranjeros, representando el 5,7% del total. Similar porcentaje se deriva del porcentaje de extranjeros condenados sobre el total de condenas efectivas (6 %). Con solo asociar tres datos suministrados por el propio Estado nacional se derriba el mito generalizado del ‘extranjero delincuente’.

El problema de la seguridad en argentina radica en múltiples factores. Quizás, en lugar de culpar los extranjeros por nuestros males, deberíamos juzgar con mayor celeridad a quienes delinquen. Sean nacionales argentinos o residentes extranjeros.

La seguridad como otros debates del que hacer nacional debe ser abordada en forma integral y alejarla  completamente de cualquier estigmatización. Debemos admitir y analizar los problemas del país y no encontrar válvulas de escape que recrean debates aparentemente superados por la sociedad argentina. Si así lo hacemos, seguramente como país atraeremos a más estudiantes, docentes, investigadores y empresarios que inviertan su capital humano y económico en el desarrollo nacional y menos delincuentes y narcotraficantes; argentinos o extranjeros.

 

Internacionalizar la educación superior

En un mundo cada día más globalizado, la educación es un aspecto central que sitúa a los países en la era del conocimiento. El flujo migratorio en general es un elemento de análisis central para el desarrollo, y en ese sentido la movilidad de estudiantes extranjeros a nivel internacional es un elemento que permite potenciar el quehacer nacional. El estudiante extranjero genera efectos positivos en diversos sectores de la vida de un país. Desde el aporte académico en su ámbito de estudio, cultural en su enraizamiento social, turístico en su afán por conocer nuevos rumbos y económicos en el aporte al consumo y la recaudación impositiva.

Según información pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2012 4,5 millones de estudiantes universitarios cursaron en el extranjero. Por ende, incentivar la recepción de alumnos internacionales, debe transformarse en un desafío de suma relevancia para el sistema educativo nacional.

Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación informan que, en dicho año, 50 mil alumnos extranjeros cursaron en instituciones de educación superior en nuestro país. El número refleja un incremento loable teniendo en cuenta que en 2008 nuestro país recibió 24 mil estudiantes extranjeros.  Cabe señalar que según el relevamiento oficial de la Presidencia, la matrícula total de alumnos del sistema de educación superior argentino en 2013, ascendió a 1.808.000 estudiantes. El margen de crecimiento sigue siendo promisorio.

Los buenos resultados obtenidos hasta el momento obedecen a múltiples factores.  Nuestro país ha progresado en la materia. En el 2006, a fin de promover la actividad universitaria argentina en el exterior y dar respuesta a requerimientos nacionales de asistencia especializada, el Ministerio de Educación de la Nación creó el Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA). Dicha repartición ha realizado una importante labor en la promoción integral de la oferta educativa argentina, aglutinando en misiones y ferias internacionales a instituciones públicas de gestión estatal con instituciones públicas de gestión privada. Asimismo, cabe destacar el trabajo coordinado con la Fundación Exportar  y con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. Aquí primó el trabajo conjunto y coordinado sobre los intereses políticos particulares, funcionando el estado como eje coordinante del trabajo, potenciando y no obstaculizando el trabajo armónico de las universidades.

Políticas públicas de estas características nos permiten visualizar que nuestros dirigentes pueden trabajar en conjunto, más allá de sus diferencias partidarias, en búsqueda del desarrollo nacional. No obstante ello, el impulso político que tuvo la actividad durante los últimos años, pareciera enfriarse producto de una serie de factores nacionales e internacionales que lo alejan del foco de interés. Sobre ellos debemos trabajar.

Analizando el total de alumnos extranjeros en el mundo, según la UNESCO,  Estados Unidos recibe al 19%  del total, seguido del Reino Unido con el 11 %, Australia con un 8 %, Francia con el 7%, Alemania con el 6% y Japón con el 4%. De todas formas, y dada la reconfiguración del orden internacional, la educación argentina debería prestar mayor atención al Asia Pacífico: más de 500.000 chinos salen anualmente de su país a estudiar en universidades extranjeras. Alrededor de 200 mil estudiantes provenientes de la India recorren universidades internacionales para completar sus estudios y 50 mil malayos “exporta” el sistema universitario de aquel país. Sin dudas es un dato de suma relevancia que debe ser abordado con profundidad, teniendo en cuenta las variables migratorias y pedagógicas, alejadas de cualquier prejuicio específico.

Como referencia de plaza educativa hispanoparlante, en España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó que sobre 1.469.653 estudiantes en el ciclo lectivo 2012/13, 110 mil alumnos eran extranjeros de intercambio, entre comunitarios y extra comunitarios. Vale recalar que el 40% de dichos estudiantes proviene de Latinoamérica.

Por otra parte, el programa ERASMUS de movilidad estudiantil, impulsado por la Comunidad Europea hace más de 20 años, ha demostrado ser de una gran valía en la cosmovisión de los egresados europeos. El MERCOSUR debería diseñar con celeridad un plan de similares características, a fin de lograr la tan mentada unidad sudamericana. Argentina tendría que impulsar un acuerdo de este tipo ya que se transformaría en un destacado actor a nivel regional, dada la competitividad del sistema educativo superior, que asegura la calidad y el amplio acceso en el ámbito de Grado y Posgrado en instituciones de gestión estatal y privada.

En este contexto tratando de abordar la situación como una verdadera política de estado, nuestro país debería proponerse, en un plazo de 8 años, que los estudiantes extranjeros representen el 10 % del total de la matrícula educativa del nivel superior (a datos de hoy 180 mil alumnos). De este modo la internacionalización universitaria generaría un efecto positivo en el campo educativo, social y económico. Un desafío posible.

El debate más allá del presupuesto

La educación primaria y secundaria en nuestro país se aproxima a un verdadero desafío que marcará el devenir nacional: la calidad educativa. Mucho se ha discutido en el ámbito político sobre el presupuesto educativo a nivel federal y provincial, y su justo correlato en el salario docente. La sociedad argentina en su conjunto ha tomado conciencia que la educación es prioritaria para el desarrollo del país y por ello el presupuesto educativo ha crecido sistemáticamente durante los últimos 12 años.

Fruto de dicho consenso, en 2005, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que establece que el presupuesto del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado al financiamiento de la educación no debe ser inferior al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno (PBI), meta que se viene cumpliendo desde el año 2010.

Acompañando esta iniciativa los gobiernos han implementado distintas programas que benefician el aprendizaje básico en una sociedad moderna. El Programa Conectar Igualdad de la ANSES, el Plan Sarmiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Centros de Orientación y Apoyo (COA), del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fortalecen dicho propósito. No obstante poco se discute y analiza, públicamente, sobre la calidad en la enseñanza, la capacitación docente y otros datos cuantitativos de suma relevancia que muestran una realidad preocupante.

Según información oficial el 53 % de los estudiantes secundarios no terminan en tiempo y forma sus estudios. Esto se debe a un alto porcentaje de deserción sumado aquellos estudiantes que por múltiples razones permanecen mayor cantidad de años que lo estipulado en los planes de estudios. Otro dato alarmante lo marca la tasa de graduación en las secundarias de gestión estatal donde apenas el 24 % de los estudiantes que ingresan al sistema logran graduarse. Pese a que las comparaciones no reflejan por completo la complejidad de cada sistema, vale recalcar que la tasa de graduación en instituciones de gestión estatal secundarias en el Uruguay es del 38 % y en Chile 39 %.
Otros datos preocupantes: sólo 2% de las escuelas primarias son de jornada extendida en el primer cordón de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo aún la mayoría de las provincias no aseguran el efectivo cumplimiento de la ley N 25.864, la cual garantiza 180 días de clases en el ciclo primario y secundario. Según el censo nacional de población realizado por el INDEC en 2010, sólo el 30 % de los jóvenes de 20 a 24 años terminaron el secundario.

Desde ya el mediatizado porcentaje del 26% del total de los jóvenes del país que ni estudia ni trabaja marca a las claras el arduo trabajo que existe por delante. Fortalecer la escuela pública debería regresar al centro de la agenda política. Entre 2003 y 2011 la matricula en las escuelas de gestión estatal se redujo un 11 por ciento.

En cuanto a la capacitación docente hay aspectos centrales donde el sistema tendría que progresar. La complejidad de la nómina docente en las diversas jurisdicciones marca que se deberían diseñar mecanismos claros y transparentes de designación docente, diagramar mecanismos de evaluación periódica de calidad y formación, y profundizar la formación continua de los docentes y directivos escolares. La asignación de computadoras portátiles en el ámbito nacional y provincial (casi 1 millón de netbooks entregadas) es vital pero insuficiente en el terreno pedagógico. Muchos docentes no utilizan las herramientas informáticas que disponen dado que desconocen su uso y funcionalidad. Se requiere un plan de capacitación articulado entre lo tecnológico y pedagógico que redunde en un aporte cualitativo en el espacio áulico. De lo contrario el esfuerzo presupuestario no se refleja en el aprendizaje aplicativo de los contenidos impartidos.

La creación de agencias provinciales de calidad educativa integradas por concurso público entre especialistas del área podría generar pensamiento y acción en la materia. La integración entre el sistema de gestión estatal y gestión privada agregaría valor y puede realizar transferencia de experiencias que enriquecerían al sistema en su conjunto. La internacionalización real de contenidos educativos en el ámbito del MERCOSUR nos acercaría a otras experiencias exitosas que, sin ser incorporadas como “recetas”, pueden servir de ejemplo para analizar mecanismos y establecer metas.

La educación de calidad es un aspecto vital para generar igualdad de oportunidades en una sociedad moderna. Establecer políticas públicas a largo plazo que aborden el tema sin focalización abstracta debe ser prioritario para la dirigencia política. Allí radica el verdadero desafío de cara al 2015.