Por: Leandro Querido
Me tomo tres párrafos para dar a conocer una experiencia regional que intenta ponerle límites a la campaña anticipada.
Las elecciones presidenciales en Guatemala se realizarán el 13 de septiembre de 2015. Sin embargo, la campaña electoral se adelantó inusitadamente. El Tribunal Electoral no anduvo con vueltas y en julio de 2014 tomó una medida extrema. Se le quitó la personería jurídica a once partidos políticos. En esa lista figura el poderoso partido de gobierno, el partido Patriota.
La resolución del TSE fue emitida en conferencia de prensa por el pleno de los magistrados y ante la mirada atenta de la sociedad. Rudy Pineda, presidente del TSE, dijo que la suspensión sería por seis meses, pero se podría levantar antes si cesaba el mensaje que originó la sanción. Eso sí, si dichas agrupaciones no cumplían con lo requerido por el TSE al concluir la sanción “se cancelaría el partido político”. Así de fácil.
Toda la institución electoral se ocupó del tema: el equipo de trabajo estuvo conformado por 15 inspectores regionales, 22 delegados departamentales, 312 subdelegados municipales y personal administrativo, quienes verificaron en todo el país la existencia de propaganda electoral anticipada. Por esta decisión el Tribunal recibió el apoyo de muchas organizaciones no gubernamentales y se ganó el respeto de la ciudadanía al comprobar que había voluntad política por parte de las autoridades. Esta es la corta historia de una institución que pasó de tener poco prestigio a tener mucho.
En la Argentina la campaña anticipada se ha naturalizado. Un año antes del inicio formal de la campaña electoral los precandidatos nos brindaron un festival de proselitismo; contrataron cartelería en vía pública y gigantografías en autopistas y rutas de manera legal. Ya no se trata, como en las elecciones anteriores, de pintadas o afiches pegados en postes a las 3 de la madrugada. Es muy fácil advertir que estos carteles presentan el nombre de la empresa propietaria del cartel o la cartelera, el cuit y el teléfono de la misma. De esta manera se puede determinar fácilmente quién es el que ha pagado por esa publicidad política ilegal.
Sin embargo, poco se ha hecho. La Cámara Nacional Electoral incorporó en su portal una sección de denuncia que no ha tenido la correspondiente difusión. En soledad el fiscal Jorge Di Lello convocó a las empresas de publicidad para informarles acerca de la normativa electoral y advirtió que podría intimarlas en caso de no cumplir con la misma.
Si bien esto representa un avance debemos dejar en claro que llega tarde. Por lo menos doce meses tarde. Durante ese año se produjo un golpe letal para toda concepción comprometida con las elecciones limpias, transparentes y equitativas. Al día de hoy, y más allá de este esfuerzo de la Justicia, el país se encuentra inundado de carteles de precandidatos, sobre todo de los que actualmente detentan algún cargo en el ejecutivo nacional, provincial o municipal. No por casualidad tenemos instaladas a nivel nacional solo tres precandidaturas. La campaña anticipada actúa como una suerte de imposición de mercado (político), algo a lo que estamos muy acostumbrados los consumidores cuando nos dirigimos a una góndola de supermercado.
De mucho no han servido las exhortaciones que la Cámara Nacional Electoral les envió a todos los jueces federales que entienden en materia electoral para que cumplan con la ley.
Acerca de los costos que representa la campaña anticipada poco se habla, lo que sí puede asegurarse es que se trata de cifras multimillonarias. Dinero de dudosa procedencia que no se rinde, que no existe.
La campaña anticipada es un problema mucho más grave de lo que se imagina. Involucra dos temas centrales que hacen a la calidad democrática: equidad electoral y financiamiento. Constituye la piedra basal de uno de los déficits más generalizados de la región: la ausencia de condiciones para la alternancia, o dicho de otro modo, la feudalización de la política, que es casi lo mismo. Con la naturalización de la campaña anticipada ganan los “partidos de poder”, los que se ubican en una posición de privilegio, ya sea gobernando una nación, una provincia o un municipio.
Si la normativa no es clara o no es operativa, hay que mejorarla o reemplazarla, pero lo que no puede pasar es que algo ilegal se torne normal. Si la autoridad de aplicación no aplica estamos ante un gran problema que afecta al sistema político en su conjunto. Si se trata de un problema “cultural” queremos decir que nada efectivo se ha hecho para lograr cambios de prácticas en este sentido.
Las autoridades electorales deben primero reconocer el problema para avanzar en su solución. Lamentablemente, este proceso electoral ha sufrido consecuencias negativas que parecen irreversibles; sin embargo, el ejemplo de Guatemala nos puede servir de estímulo ya que confirma que algo se puede hacer al respecto. Solo hace falta un poco de voluntad política.