La urgencia de contar con una política de Estado sobre el Alzheimer

En octubre de 2014, se publicó en esta misma sección una nota de mi autoría referida al Alzheimer en la que explicaba la importancia de que el foco sobre dicha afección esté puesto en su prevención y tratamiento temprano.

En esa oportunidad mencioné también que había presentado un proyecto de ley ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación proponiendo la creación de un plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Dicho proyecto, cuyo número de expediente es el 1738-D-13, obtuvo media sanción en diciembre de 2014 y está esperando ahora ser tratado en el Senado para su sanción definitiva.

La mención a estos antecedentes viene a colación de la nota titulada “El drama cotidiano del Alzheimer a través de historias mínimas” publicada en Infobae el pasado 11 de abril. En dicha nota se reproduce la entrevista realizada al británico Nelson Dellis, a quien se podría definir como un “experto en memoria”, en la que da su opinión acerca de cómo prevenir el Alzheimer, poniendo el foco en la importancia de ejercitar el cerebro y llevar una vida activa y saludable para mantener y potenciar la reserva cognitiva de una persona a lo largo de los años.

Debido a los avances en el campo de la salud, los seres humanos hemos aumentado nuestra expectativa de vida, y en consecuencia, cada día tenemos un número mayor de personas que superan los 65 años, o sea, en la etapa de mayor exposición a la demencia. Y según diversas estimaciones, llegado el año 2050, uno de cada cinco argentinos tendrá 65 años de edad o más.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cerebral primaria, que afecta de manera progresiva la capacidad para aprender y recordar, como así también el lenguaje y la función ejecutiva, llevando a las personas a depender parcial o completamente de quienes la rodean. Por lo tanto, constituye una de las problemáticas de salud más importantes, por las tasas de crecimiento que presenta, el problema social que acarrea y el gasto económico que produce para las familias y el Estado.

La magnitud y la silenciosa virulencia con que la enfermedad de Alzheimer ataca, hace que resulte imperioso contar con las políticas de Estado necesarias para combatirla. Es por ello que será central que el Honorable Senado brinde sanción definitiva a esta iniciativa, para que de una vez por todas, Argentina pueda contar con una ley que contemple integralmente la prevención y tratamiento de un mal que afecta a millones de personas en el mundo, de las cuales 500.000 viven en Argentina.

¿Cuánta muerte hace falta para que se construya una autopista?

La Ruta Nacional Nº 7, conocida como Carretera Libertador General San Martín, recorre 1.224 kilómetros desde su inicio en Buenos Aires. A lo largo de su trazado recorre las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza para concluir en el paso fronterizo a Chile del Cristo Redentor.

Es la principal vía de comunicación entre la zona oeste del país, particularmente la región cuyana, y el Río de la Plata. Esta ruta, al ser un ramal de la carretera panamericana, forma parte del corredor bioceánico y es la conexión del Océano Pacífico con el Mercosur.

Vale destacar que por esta vía de comunicación circulan personas, bienes y servicios de intercambio entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile y las cinco provincias argentinas ya mencionadas. Debido a ello, el tráfico vehicular de camiones, micros y automóviles particulares que por ella circula es cada vez mayor. Continuar leyendo

Nisman: una muerte que desnuda el quiebre institucional

La muerte del fiscal Alberto Nisman ha mostrado la cara más cruda del quiebre institucional y de la división interna por los que atraviesa nuestra República, siendo el hecho más destacado la falta de racionalidad demostrada por el gobierno nacional ante el estupor causado por la noticia del fallecimiento del fiscal.

A ello se agrega que el gobierno se encuentra empecinado en promover un enfrentamiento entre sus seguidores y el resto de la sociedad. La fragmentación del “ellos o nosotros” nunca puede ser buena para la convivencia humana ni para el desarrollo de un país. Para colmo de males, gran parte del arco político opositor poco ha hecho hasta el momento para que la desazón ciudadana disminuya. Nadie es ajeno a la manera en que muchos de los candidatos trataron de capitalizar políticamente la trágica muerte de Nisman sin pensar en el dolor de su familia ni en la necesidad que el pueblo tiene de que se haga justicia. Continuar leyendo

San Luis sí atiende la emergencia laboral

En los últimos tiempos la capacidad económica de la población viene reduciéndose a pasos agigantados. Esta depreciación se debe a la inflación, a la falta de ajuste en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, a las suspensiones y recortes del horario laboral en las empresas y a la peor de las realidades: los despidos.

A pesar de esta dura realidad el gobierno nacional insiste en su intención de hacernos creer que la inflación no existe, que los salarios crecen a un ritmo superior al de los precios y que el empleo continúa estable. Sin embargo, y a pesar de las veleidades del relato oficial, las centrales de trabajadores están reclamando el otorgamiento de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Las paritarias que acordaron aumentos en los salarios para el corriente año, lucen muy lejanas en el tiempo pese a no haber transcurrido más de seis u ocho meses desde el último ajuste. Ello se debe a que el actual contexto inflacionario provoca aumentos de precios que en la canasta básica rondan entre el 35% y el 40% anual. Continuar leyendo

Alzheimer: el foco debe estar en la prevención y el tratamiento temprano

La Organización Internacional de la enfermedad del Alzheimer estimó en 2013 que 44,4 millones de personas sufrían la demencia y que cada año se sumarán 7,7 millones de nuevos casos. Ello implica que habrá un nuevo caso de demencia en algún lugar del mundo cada cuatro segundos. Entre dichos casos, los afectados por la enfermedad de Alzheimer representarán entre un 60% y un 70% de la totalidad.

Nuestro país no es una excepción, ya que según los números informados por el Dr. Facundo Manes, director del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, en el año 2012, 400 mil personas padecían de Alzheimer en Argentina. Estos datos son motivo suficiente para poner a la demencia y, en particular, a la Enfermedad de Alzheimer, en la agenda pública y política de nuestro país.

Debido a los avances en el campo de la salud, los seres humanos hemos aumentado nuestra expectativa de vida, y en consecuencia, nuestras sociedades han sufrido un envejecimiento demográfico. Por lo tanto, cada día tenemos más personas dentro del grupo etario más expuesto a sufrir demencia (mayores de 65 años). Y según indican diversas estimaciones, para el año 2050, uno de cada cinco argentinos tendrá 65 años de edad o más.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cerebral primaria, que afecta de manera progresiva la capacidad para aprender y recordar, como así también el lenguaje y la función ejecutiva, llevando a las personas a depender parcial o completamente de quienes la rodean. Por lo tanto, constituye una de las problemáticas de salud más importantes, por las tasas de crecimiento que presenta, el problema social que acarrea y el gasto económico que produce para las familias y el Estado.

Ante este escenario, es esencial que los tratamientos de este tipo de enfermedades sean oportunos (lo más temprano posible), adecuados (mediante fármacos apropiados) y accesibles (al alcance de todos los enfermos). Esta es la razón por la cual, he presentado un proyecto de ley proponiendo la creación de centros para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, compuestos por equipos multidisciplinarios de médicos clínicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales.

Todas estas medidas ayudarán a demorar la evolución de la enfermedad mediante el cumplimiento de una etapa preventiva. De esta forma los controles periódicos y el diagnóstico precoz serán determinantes en el tratamiento de las personas a las cuales se les detecte la enfermedad en una etapa inicial. Asimismo, todo este tratamiento temprano ayudará a que exista mayor planificación económica y emocional, que permita brindar una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familiares.

Para finalizar, considero prudente insistir en que la demencia no es un paso normal en el proceso de envejecimiento humano, sino que es una afección que debe ser atendida, y para la cual el Estado debe contar con los recursos necesarios para su diagnóstico y tratamiento. Ello es una obligación moral y también debe ser un derecho correctamente reconocido y protegido por nuestra ley.

Penas más duras para proteger a nuestros adultos mayores

El pronunciado aumento de la violencia y los delitos cometidos contra los adultos mayores hace necesario, por parte de quienes tenemos la función de legislar, que busquemos soluciones adecuadas para proteger a quien están expuestos a dichos riesgos. Si bien existen problemas que exigen una respuesta de política social y criminal más amplia e integral, no por ello debemos dejar de contribuir y generar acciones inmediatas para responder a los problemas de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

Si tomamos en cuenta la totalidad de Sudamérica, la Argentina es el país con mayor porcentaje de adultos mayores, ya que ellos representan el 13% de la población actual. En algunas ciudades –por ejemplo, Buenos Aires– la cifra asciende al 25%. Es decir, uno de cada cuatro habitantes es adulto mayor.

El aumento de la esperanza de vida, tributaria de avances en medicina, salud y disminución de la mortalidad, sumado a la disminución en la tasa de nacimientos y la baja de las tasas de fecundidad, tienen por resultado sociedades con un gran número de adultos mayores.

Con el crecimiento de esta franja etaria, también se profundizaron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados contra los ancianos por delincuentes que los escogen como víctimas predilectas debido a una presunta debilidad o un mayor grado de indefensión.

Por todas estas razones, resulta imperioso avanzar legislativamente, estableciendo medidas protectoras ante el crecimiento de estas nuevas modalidades del delito. Por lo tanto, he propuesto legislativamente brindar herramientas a la Justicia para que, ante cualquier delito cometido contra un anciano, los jueces puedan ponderar la posibilidad de aplicar penas mayores al incrementar en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la escala penal correspondiente.

Si bien todas estas medidas deberán ser enmarcadas por la autoridad de aplicación en una política criminal y de seguridad integral, es central que al momento de juzgarse al delincuente, se meritúe si éste ha violado los derechos de algunos de los más indefensos de nuestra sociedad, y a quienes más les debemos: los adultos mayores.

La importancia de la medicina preventiva en el deporte

Ezequiel, de 27 años de edad, murió luego de correr una maratón. Héctor, de 28 años, dejó su vida en una cancha de fútbol. Manuel, de 26 años, falleció mientras practicaba su rutina de crossfit en un gimnasio. Beltrán, de 14 años de edad, murió durante una clase de gimnasia escolar. Oriana, falleció mientras jugaba al hockey. Tenía 13 años. Mateo falleció a los 17 años mientras entrenaba durante una gira de rugby en Sudáfrica. Diego murió a los 39 años una vez finalizado el partido de rugby que había disputado en Córdoba.

A esta lista de tragedias le podríamos sumar muchísimos más casos en los que ocurrió lo que comúnmente se denomina “muerte súbita”. Pero ¿qué tienen en común las muertes de Ezequiel, Héctor, Manuel, Beltrán, Oriana, Mateo, Diego y la de tantos otros? Eran jóvenes y deportistas, pero todo indica que ninguno de ellos se había sometido a los estudios clínicos de medicina preventiva para detectar si padecían una cardiopatía congénita o algún impedimento para llevar a cabo actividad física de alta exigencia.

El chequeo clínico rutinario de la salud de los deportistas es algo que raramente se cumple, y muchas veces se limita a quienes integran equipos que compiten profesionalmente en las ligas y divisiones superiores de clubes. Los equipos pequeños y amateurs, sin importar la disciplina deportiva de que se trate, rara vez llevan a cabo estos exámenes sobre sus planteles.

Es evidente la falla en los controles de la medicina preventiva. Las investigaciones muestran que las causas más frecuentes de muerte súbita son: la cardiopatía hipertrófica, la enfermedad cardíaca valvular, estenosis valvular aórtica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de Brugada, anomalías congénitas y miocarditis, entre otras.

Las causas entre los deportistas también varían de acuerdo con la edad. En los atletas de más de 35 años, el 80% de los casos de deceso se debe a la enfermedad arterial coronaria, mientras que otros estudios realizados en Italia y Estados Unidos demostraron que en atletas menores de 35 años es la miocardiopatía hipertrófica o la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, dos enfermedades que se encuentran dentro del grupo de las cardiopatías congénitas.

La muerte en ocasión de deportes puede ser prevenida, pero para ello deben seguirse las recomendaciones de los cardiólogos y deportólogos: 1) el deportista debe someterse a las evaluaciones de aptitud física; 2) deben difundirse las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP); 3) los centros deportivos deben contar con desfibriladores.

Sin dudas, el primer punto es el más importante. Si no se toma conciencia acerca de los beneficios de la evaluación predeportiva, los demás será paliativos, que podrán o no funcionar, dependiendo de la suerte de cada caso.
La inquietud generada por el panorama de desatención descripto, me motivó a presentar en abril de este año un proyecto de ley estableciendo un régimen básico de medicina preventiva en el deporte. En dicho proyecto se establece la obligatoriedad en la realización de estudios médicos a todo deportista, profesional o amateur, que intervenga en certámenes nacionales e internacionales. Esta obligación apunta a evitar o reducir un gran porcentaje de las muertes que se originan como consecuencia del alto rendimiento que se les exige a los deportistas sin mediar la realización de los estudios previos que determinen si está habilitado clínicamente para ello.

La importancia de la medicina preventiva en el deporte significa reducir los mayores costos que la atención de afecciones más graves implica, y lo que resulta mucho más importante, prevenir muertes que bien podrían haber sido evitadas.

Políticas erradas que destruyen empleo

Los números son elocuentes: durante el primer cuatrimestre de 2014, el patentamiento de automotores registró una caída del 18,3%, respecto del mismo período del año pasado. Asimismo, la producción de automotores cayó un 17,8% durante dicho lapso de tiempo.

Esta retracción comercial e industrial ha generado una ola de suspensiones y despidos en plantas automotrices que ya afecta a miles de trabajadores. Por si ello fuera poco, la situación se está extendiendo a otros sectores vinculados a esta industria, como ser la autopartista y la metalmecánica.

Por su parte, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ha adelantado que de mantenerse la tendencia negativa actual, a partir de mediados de este año, comenzarán también allí las suspensiones y despidos de personal. Tarde o temprano, la crisis también afectará a otros rubros como el de los neumáticos, repuestos, lubricantes, talleres y demás áreas vinculadas.

Llegados a este punto, no viene al caso buscar y asignar las culpas de la crisis que está atravesando la industria automotriz argentina y que afecta a la economía en general y al empleo de mano de obra en particular. Urge en este instante encontrar una salida para que el impacto sea menor y para que en el mediano plazo, la situación se pueda revertir.

Ante el panorama expuesto, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la Nación, además de las medidas macroeconómicas tendientes a controlar la inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos, tome las decisiones necesarias para revertir el crítico momento que está atravesando el sector automotriz.

Entiendo que para ello resultarán imprescindible dos cuestiones. En primer lugar, derogar o reducir sustancialmente el impuestazo establecido a fines del 2013 por la ley 26.929. En segundo lugar, promover una línea de créditos blandos, con tasas reducidas y plazo extendidos, para que los usuarios de vehículos vuelvan a mostrarse interesados en adquirir nuevos automotores, y el mercado vuelva a funcionar con transparencia y libertad.

Por otro lado, y más allá de las negociaciones que se impulsen con Brasil para reactivar las exportaciones, el gobierno nacional debería orientar sus esfuerzos en facilitar el acceso a otros mercados, a fin de minimizar el riesgo que implica tener un solo destino para la mayor parte de las exportaciones de vehículos

Si todo ello no se realiza, el sector continuará paralizado y la caída será cada día mayor.

El gobierno debe entender que en nuestro país rigen las mismas reglas que en el resto del mundo: las buenas políticas tienen buenas consecuencias, y las malas políticas tienen malas consecuencias. No hay forma de escapar a dicha realidad.

Un parche que está lejos de ser la solución definitiva

Pese a que históricamente he estado a favor de toda iniciativa legislativa que fomente la inclusión, el empleo y la correcta registración laboral, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la “promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral” me genera algunas inquietudes. ¿Es esta la respuesta necesaria y adecuada al problema que tenemos hoy? ¿Realmente entendemos la gravedad del trabajo no registrado?

La informalidad laboral no es un problema nuevo. El último estudio del barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina expresa que el trabajo no registrado viene en franco aumento desde el año 1974. Las estadísticas son dispares, pero no pocos analistas aseveran que aquél alcanza a más del 40% de los trabajadores de Argentina. Al analizar el proyecto del Gobierno tengo la sensación que se trata de una iniciativa más, que podrá ser acompañada, pero que no generará más empleo ni solucionará la informalidad. La iniciativa es importante porque en ella el Gobierno reconoce tardía y parcialmente los síntomas de la enfermedad.

En el proyecto, el Poder Ejecutivo acepta que sólo con crecimiento económico y más controles no alcanza para revertir la informalidad. Se necesitan reformas sobre las instituciones laborales con énfasis en las pequeñas empresas, que son uno de los eslabones más débiles de la cadena económica y sobre las que se ejercen mayores presiones.

Según la consultora Idesa, solamente uno de cada cinco empleos del norte Argentino es de calidad. Los últimos datos del propio INDEC son elocuentes al respecto: en la Ciudad de Buenos Aires el 44% de los ocupados son asalariados privados registrados. En la Patagonia ese porcentaje se reduce al 36%. En la región centro al 33%, y en el norte apenas al 18%. Estos datos demuestran que la tasa de empleo no registrado es muy alta, especialmente en aquellas zonas de nuestro país donde residen los sectores sociales más vulnerables. A la problemática descrita se suma la incoherencia del Estado, que combate el trabajo no registrado, pero al mismo tiempo es el mayor empleador informal del país.

Si no generamos medidas tendientes a la creación y conservación del empleo, el estancamiento que se observa en la economía y que promete acentuarse, tendrá graves consecuencias sobre los trabajadores en cuanto a su estabilidad y ocupación. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo persigue dos loables objetivos: la creación de un Registro Público de empleadores con sanciones y la creación de beneficios para el trabajo registrado. En el registro mencionado serán inscriptos quienes hayan eludido normas laborales, perdiendo la posibilidad de acceder a subsidios, préstamos de bancos públicos, y el derecho de contratar con el Estado.

Los beneficios para el empleo registrado serán la rebaja de las contribuciones patronales para aquellos empleadores que contraten nuevos trabajadores y los inscriban debidamente. Ahora bien, si entendemos que la mayor proporción de empleo no registrado se encuentra en pequeñas empresas, ¿de qué sirve la amenaza de quita de subsidios que el pequeño empresario no recibe, o la imposibilidad de acceder a contrataciones que jamás buscó? Es primordial buscar soluciones que verdaderamente generen empleo y disponer las condiciones, económicas y sociales, para que ningún trabajador quede desprotegido en la República Argentina.

Más allá de los aspectos laborales que encuadran al proyecto del Poder Ejecutivo, no debemos dejar de prestar atención a temas, incluso más importantes que hace a la esencia de nuestra concepción de país, como ser ciertos desatinos rayanos con la inconstitucionalidad. Tal es el caso de la obligatoriedad de centralizar la fiscalización sobre el cumplimiento de la ley, es decir ejercer el poder de policía, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ello además de ser opuesto a nuestra carta magna, va en contra de lo dispuesto por el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) suscripto entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional. En virtud de dicho pacto, cada provincia ejerce el control de lo que sucede en materia laboral dentro de su territorio. Lo que dispone el proyecto recientemente sancionado implica un nuevo avance del Estado Nacional sobre las jurisdicciones provinciales, en franco antagonismo con el artículo 1º de nuestra Constitución que consagra los principios de representatividad, republicanismo y federalismo.

La lucha contra el empleo informal será eterna hasta tanto no tengamos al frente del Estado Nacional a alguien que entienda que los beneficios de estar dentro de la ley deben superar los de la informalidad. Y que los costos de acceso a la legalidad nunca deben ser tan altos que se vuelvan de imposible cumplimiento para la sociedad. El punto justo debe ser encontrado entre los trabajadores y los empleadores. Leyes como la que propone el Gobierno son un pequeño parche, pero lejos se encuentran de una solución definitiva para los trabajadores argentinos. Y ello siempre sin dejar de tener en cuenta todos los preceptos y principios consagrados en la Constitución Nacional.