Superar la inercia institucional

La reforma constitucional de 1994 se realizó bajo la retórica de modernizar el Estado y mejorar la calidad del viejo esquema presidencial con ciertas innovaciones institucionales. Dicho esquema, según los propios firmantes del Pacto de Olivos y la posterior Convención Constituyente, debía ser atenuado para reducir las facultades del Poder Ejecutivo y así fortalecer la protección de todos -nuevos y viejos- derechos del texto fundamental.

A tal fin, una de las instituciones de contrapeso que incorporó nuestra Constitución Nacional fue el Defensor del Pueblo (Art. 86) con el específico objetivo de tutelar los derechos y garantías de la sociedad a través de la protección judicial o administrativa. En pocas palabras, podríamos describir al Defensor del Pueblo -u Ombudsman en el Derecho Comparado- como una estructura de abogados legitimados, procesal o administrativamente, para defender los derechos constitucionales ante acciones u omisiones de la administración pública.

Su rol protector, su defensa, se realiza en concreto con el accionar legal del equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo -mayormente abogadas/os, por supuesto- ante los estrados judiciales. De forma general, se le reconoció legitimación procesal activa en todos los derechos y especialmente en los derechos de incidencia colectiva (Art. 43 CN). Para ello, podrán estructurarse defensores adjuntos en diferentes áreas sensibles -Salud, Derechos Humanos, Seguridad Social, Ambiental, Servicios Públicos, etc- con el objetivo de dividir la función tutelar y hacer un seguimiento acorde a la especificidad de los derechos y/o de los sectores vulnerables y grupos afectados.

El Defensor del Pueblo, como institución del sistema político, fue regulado específicamente por la ley 24.248. Se instituyó operativamente por primera vez en 1994 y tuvo a su primer Defensor del Pueblo en Jorge Maiorano (1994-1999). Posteriormente, en 1999, fue nombrado Eduardo Mondino (1999-2009) que mantuvo su cargo dos periodos de 5 años, reelección mediante. Terminado su periodo, Mondino renunció con el objetivo de presentarse como candidato a Senador de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, desde ese momento (2009), su renuncia produjo la acefalia de la Defensoría del Pueblo y su cargo fue ejercido por un Defensor Adjunto -hasta 2013- y un Secretario de forma interina.

En sus dos décadas, el Defensor del Pueblo estuvo un cuarto de su vida institucional acéfala, lo que impacta directamente en su impronta y en su actividad operativa a la hora de consolidar la protección de los derechos en el largo plazo.

La omisión del sistema político, especialmente del Congreso de la Nación, de impulsar el procedimiento para elegir Defensor del Pueblo, quizás proyectando un proceso abierto y participativo como el realizado con los candidatos a Jueces Supremos (Decreto 222/2003), demuestra de forma evidente la debilidad de la gran mayoría de las reformas constitucionales hijas del Pacto de Olivos.

Lamentablemente, en algunos casos, como sucedió con el Consejo de la Magistratura (Art. 114 CN) y la Auditoria General de la Nación (Art. 85 CN), entre otras innovaciones institucionales de la reforma de 1994, a veces hubo flojos diseños institucionales o muy baja implementación operativa. En otros casos, y este es el claro caso del Defensor del Pueblo, la simple ausencia de voluntad política, traducida en una omisión que lleva cinco años, termina transformando una prometedora institución para limitar arbitrariedades y proteger derechos en una burocracia pasiva con una gestión acéfala y sin horizonte.

Superar la inercia institucional y dejar atrás la omisión legislativa con el Defensor del Pueblo es una obligación constitucional pero sobre todo una urgente deuda con el sistema democrático y los derechos de todos.

Dos graves atentados impunes

Dos décadas han pasado desde el atentado terrorista de la AMIA y, cabe recordar especialmente en estas fechas, 22 años desde el atentado en la Embajada de Israel. Dos décadas de inercias políticas y complicidades judiciales. Dos atentados terroristas en plena democracia sin respuestas institucionales ni resultados considerables producto de sospechadas e improductivas investigaciones judiciales. Los dos más graves atentados internacionales que sufrió nuestra comunidad política en toda su historia todavía permanecen sin sus responsables identificados y juzgados.

Nada más razonable que acompañar de forma solidaria el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas, la AMIA, la DAIA, las distintas agrupaciones que impulsan la memoria colectiva y la lucha cultural contra la impunidad, dentro y fuera de la diversa comunidad judeoargentina. Una irresponsabilidad institucional y política cruza a todos los gobiernos. Un reclamo político que es también una deuda judicial. Impunidad producto de la ausencia de respuestas políticas e investigaciones placebos.

Continuar leyendo

Argentina y Alemania: contrastes judiciales

En unos meses se cumplen diez años de los cambios institucionales que llevaron a la nueva composición del árbitro institucional argentino: la Corte Suprema. Además, en esa misma línea, estamos a un año del debate social y político sobre la “democratización del Poder Judicial”, malogrado por la fallida reforma judicial y declarada inconstitucional por la propia Corte.

Alemania, nuestro rival del domingo próximo, tiene una de las estructuras de organización del Poder Judicial más interesantes para contrastar con nuestro modelo. En especial en tres aspectos centrales: i) Organización del poder (centralizada/descentralizada); ii) Composición (elitista/diversa o reducida/numerosa) y iii) Distribución geográfica (unitarismo/federalismo). Veamos cómo es la composición y el funcionamiento del tribunal máximo en ambos países.

1- Organización centralizada vs. Organización descentralizada. Por un lado, en Argentina todo se concentra en la Corte Suprema, la cabeza del Poder Judicial. A pesar que la Constitución Nacional establece que ciertas facultades deberían estar en manos del Consejo de la Magistratura, la Corte se ha negado -hasta el momento- a ceder su poder sobre la administración del presupuesto, ciertas funciones reglamentarias y otras atribuciones conferidas expresamente en el artículo 114. Cabe agregar, además de las cuestiones de gobierno y de gestión, la Corte Suprema decide sobre todos los casos y áreas del derecho con su “última palabra”. Una estructura concentrada para la decisión y gestión judicial.

Por otro lado, Alemania tiene una estructura muy plural y distintiva. Como centro de relevancia posee un Tribunal Constitucional, que decide cuestiones políticas y constitucionales con competencia exclusiva pero además tiene cinco diferentes Cortes Supremas en cinco temas especiales: la Principal Corte Suprema Federal (con competencia Civil, Comercial, Penal, etc), la Corte Suprema en lo Social, la Corte Suprema Laboral, la Corte Suprema Administrativa y la Corte Suprema de Finanzas Públicas. Es notable la mayor pluralidad de actores judiciales y una distribución temática de las áreas y casos a decidir. Una estructura descentralizada y diversificada funcionalmente.

2- Elite Judicial vs. Diversidad Judicial. Argentina tiene una Corte Suprema de 7 a 5 Jueces Supremos con más de 200 funcionarios judiciales como colaboradores (secretarios y prosecretarios) nombrados sin concursos previo ni carrera profesional meritocrática. La concentración de poder económico, administrativo y legal-decisorio de la Corte Suprema argentina es evidente. Pocos miembros, muchos poder de gestión y decisión.

En contraste, el Poder Judicial Alemán no sólo tiene una distribución de competencias en seis “Cortes Supremas”, en la que resalta el gran Tribunal Constitucional, sino la composición de las Cortes hacia dentro de su estructura es realmente diversa, interesante y compleja. Para comenzar con las dos estrellas del sistema: El Tribunal Constitucional tiene 16 jueces y la Corte Suprema Federal, 32. En cambio, la Corte en lo Laboral tiene 35, la Corte Administrativa tiene 54, la Corte en lo Social se compone de 50 y la de Finanzas cuenta con 18. Las mayorías de las Cortes están divididas en salas temáticas en las que se llevan los casos de acuerdo a criterios funcionales.

En total, Alemania parece tener –aproximadamente- 180 Jueces Supremos. Sin duda, los Jueces del Tribunal Constitucional son mucho más relevantes, así como los de la Corte Suprema (usualmente en tensión política y fricción legal con aquellos en cuestiones candentes) pero la descentralización judicial impide los personalismos, los conflictos de interés y la concentración decisoria en pocas manos judiciales.

Además, se destaca una alta profesionalización de la carrera judicial al mismo tiempo que una fuerte impronta sobre la estabilidad de las decisiones jurisprudenciales. Hay muchos jueces pero los criterios son estables. En Argentina, a contraluz, hay pocos jueces, fuertes inconsistencias y cada década la Corte cambia la mayoría de sus criterios jurisprudenciales (incluso con Jueces Supremos que llevan tres décadas en el cargo).

3- Unitarismo Supremo vs. Federalismo Judicial. Mientras la Corte Suprema Argentina está concentrada y tiene única representación en Buenos Aires, específicamente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en Alemania cada una de las Cortes mencionadas está distribuida en diferentes ciudades de su territorio. La Corte Constitucional y la Corte Suprema Federal están en Karlsruhe (suroeste), la Corte de Finanzas en Munich (sureste), la Corte en lo Laboral está en Erfurt (centro), la Corte en lo Social en Kassel (centro) y la Corte Administrativa en Liepzig (centro). Una descentralización del poder geográfico -véase que todas las Cortes están lejos del poder político de Berlín o del poder económico de Frankfurt- que permite otra forma de acceso a la “Justicia” en la estructura federal.

Sin duda, este brevísimo y fatalmente superficial repaso de algunos de los contrastes más importantes entre los modelos de Alemania y Argentina no nos permite llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, como podemos ver en los aspectos señalados, para tomar una metáfora mundialista, la distribución del poder hacia dentro de la esfera judicial en Alemania dificulta en lugar de facilitar que los árbitros (los jueces) sean más estrellas del juego democrático que los propios jugadores políticos.

La última final entre Alemania y Argentina tuvo a un árbitro mexicano como protagonista crucial. Por eso, recordemos que en la democracia y en el fútbol, si los árbitros se vuelven protagonistas centrales del juego, es que quizás estamos cambiando de juego.

Consideraciones sobre la CONADEP de la corrupción

La comisión de “personalidades públicas” para investigar la corrupción de cualquier gobierno es una muy mala idea y debe evitarse. En el mejor de los casos, es una respuesta peligrosamente ingenua y, en el peor, es una respuesta oportunista e hipócrita. Sobran las razones para pensar mejores respuestas, no crear falsas épicas y ensayar nuevos caminos. Comparto algunas consideraciones.

I. Una CONADEP de la corrupción no va a solucionar el problema cultural de la anomia social y la falta de respeto a la ley que tenemos en la sociedad argentina, indiferentemente de la ideología política o de la clase social.

II. Una CONADEP de la corrupción no va a resolver la ausencia de políticas públicas de transparencia y de derecho al acceso a la información en todos los niveles: municipales, provinciales y nacional.

III. Una CONADEP de la corrupción servirá para ocultar el increíble fracaso de la casi totalidad de investigaciones judiciales sobre los escándalos de coimas más famosos y notables de nuestra historia.

IV. Una CONADEP de la corrupción estaría concentrada demasiado en demonizar lo político, lo público y al Estado, sin estudiar los actores privados y corporaciones económicas estables de la corrupción en estos 30 años de democracia. No se puede solucionar un problema político sin política.

V. Una CONADEP de la corrupción de corte elitista, de “personajes públicos” e “iluminados”, no va a reducir el autoritarismo y personalismo que tenemos en nuestra cultura política sino que los terminará reforzando.

VI. Una CONADEP de la corrupción nos impedirá ver la debilidad de las instituciones y la ausencia de una política pública para los derechos de todos, en lugar de clientelismo político, marketing electoral de la denuncia y show mediático -no de la propuesta y construcción de consensos- como práctica política infértil.

VII. Una CONADEP de la corrupción no incorpora a la sociedad que tiene que pensarse parte de una cultura disfuncional al ser juzgada por personas con supuesta “superioridad moral”, desde arriba y desde afuera (sic). Sin participación democrática y debate social en igualdad no hay reflexión pública e inclusiva.

VIII. Una CONADEP de la corrupción distorsionará la complejidad de los actores de la corrupción, simplificando sus redes y prácticas de una forma que no permitirá entender sus causas profundas más allá de categorías maniqueas y dicotómicas del show mediático, de “buenos y malos”, en acciones que son colectivas y cruzan todo el arco político y social.

IX. Una CONADEP de la corrupción no dará respuesta a la falta de proyectos políticos a largo plazo, la flaca presencia de ideas en el debate público y la carencia de principios éticos en la mayoría de los espacios del poder de todo tipo.

X. Una CONADEP de la corrupción sería un árbol moral que nos impediría ver el bosque incendiado por una cultura de prácticas sociales problemáticas. Todos somos parte del problema y parte de la solución.

La CONADEP fue sin duda innovadora, poderosa y valiente en 1984. En la actualidad puede ser una mentira y una forma de engañar a la sociedad. Una forma de no hacerse responsable, de no enfrentarse al espejo. Es fomentar -y repetir- un show de “pan y circo moral” que muchos dicen criticar.

El ciclo de las democracias argentinas tiene este patrón: Desde Ménem a Kirchner, cada gobierno responsabilizó al anterior. Señalar el caos producto de su predecesor se utiliza para concentrar más poder institucional para “solucionar los problemas” con golpes de efecto de corto plazo. Ese ciclo de concentración de poder y “emergencia político-moral” es tan predecible como improductivo.

Salir de ese ciclo de infantilidad política que atribuye a los demás, siempre al pasado o al otro, todas las responsabilidades sería un gran paso para madurar como democracia. Pensarse fuera de ese círculo vicioso de ilusiones autodestructivas y concretar políticas estructurales de largo plazo con respuestas a la altura de las necesidades colectivas, podría evitar seguir en la cultura de la mentira y el autoengaño.

La clave, otra vez, pasa por concretar políticas públicas consensuadas, transversales y transparentes de largo plazo. Para todo esto faltan nuevas prácticas políticas, no viejas ilusiones con nuevos ropajes. ¿Quién se animará?

Corte Suprema de EEUU en números: Lo previsible y lo político

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) sobre los bonistas de títulos argentinos, los famosos holdouts, puso en escena un nueva y atípica cara de la judicialización de la política. Como sabemos, la Corte Suprema de EEUU decidió finalmente rechazar el caso llevado por el gobierno argentino ante sus estrados. No es extraño: el tribunal máximo tiene un lista muy limitada y selectiva de decisiones proyectadas con la cual, como actor institucional clave en el sistema político, decide en qué temas intervendrá en la agenda pública estadounidense.

La Corte Suprema de EEUU recibe, cada año, un promedio de 10000 peticiones para revisar casos y resuelve, aproximadamente, entre 75 y 80 casos por año. La probabilidad de que este tipo de casos hubiese obtenido una respuesta, previa audiencia y argumentos públicos de las partes, era extraordinariamente baja. La Corte Suprema rechaza más del 99 % por ciento de los casos que se presentan para su análisis.

Pensar la Corte Suprema de Estados Unidos, teniendo en mente la realidad del poder judicial local y de la Corte Suprema Argentina, es un error tan fatal como recurrente. La Corte argentina ha llegado a dictar sentencias en más de 19.000 casos, contando expedientes comunes y previsionales (jubilaciones), en un solo año (2004). Estamos ante una Corte, la de Estados Unidos, que opera ante una lógica muy distinta.

La Corte estadounidense y la Corte argentina son dos modelos de Corte y de actor institucional, muy diferentes en calidad y cantidad tanto de casos como de decisiones.

Ante esta situación, el rechazo de la Corte Suprema estadounidense no puede catalogarse de inesperado ni de sorprendente para ningún sector político informado de la práctica institucional de aquel máximo tribunal. Si a esa práctica operativa, se le suma el perfil político y los precedentes de la Jurisprudencia de la Corte Suprema, las probabilidades eran todavía más reducidas.

En general, en la máxima instancia judicial, toda decisión de rechazar analizar un caso apelado, confirma la decisión del tribunal inferior. Esa decisión, encubierta a veces en argumentos técnicos o en una mera respuesta negativa -y arbitraria-, es una respuesta que debe leerse políticamente. Especialmente, por razones cuantitativas, en nuestro ámbito. Los jueces suelen utilizar, tanto allá como acá, esa vía para confirmar las decisiones sin asumir costos innecesarios y delegando simbólicamente la responsabilidad política en un instancia inferior.

Todo silencio u omisión judicial debe entenderse como una respuesta política. Especialmente en casos sensibles y de alto voltaje político o económico.

Ahora, no obstante ello, en este caso puntual la respuesta judicial era estadística y políticamente previsible. La apelación a la Corte de EEUU era una forma de ganar tiempo, no una forma de esperanza procesal. Los milagros y la justicia divina suelen estar lejos de los tribunales. Queda esperar que después del traspié judicial, la capacidad de negociación, una capacidad siempre más política que legal, se haga presente en esta nueva etapa abierta por la decisión suprema.

La ley y el juego: anomia y personalismos

La selección nacional no jugó bien. El juego del equipo estuvo lejos de gustar, de ser atractivo para los ojos de los exigentes hinchas argentinos, y apenas fue efectivo. Se ganó 2 a 1. Un gol en contra y un gol del mejor jugador del mundo. Más allá de los increíbles talentos, de los rivales que no asustan, de todo el trabajo previo, algo parece faltar en el corazón de un equipo que podría brillar y hacerse respetar.

El Mundial recién comienza. Un primer partido no determina nada y el equipo de Sabella puede encontrar su propia magia, ganar y gustar. Sin embargo, al hacer esta descripción de aficionado parece que estuviésemos sintetizando el imaginario histórico de nuestra vida como sociedad: grandes expectativas, bajos resultados. Alto potencial, bajo rendimiento. Tenemos recursos abundantes pero vivimos en una sociedad con pobreza estructural. Todos reconocen mucho talento individual pero un juego social siempre desdibujado.

Los paralelismos entre la selección y su juego, vis a vis, la sociedad argentina y su vida política e institucional, resultan no sólo evidentes sino extremadamente gráficos.

Continuar leyendo

El Poder Judicial, actor cada vez más decisivo de la política argentina

Uno de los fenómenos más notables en estos 30 años de democracia fue la creciente judicialización de la política. Esto es, las decisiones centrales de un sistema democrático son tomadas por el poder judicial. Los tribunales y sus sentencias, audiencias públicas, indagatorias y posibles procesamientos se vuelven, de una forma u otra, parte vital del espacio político y, en ciertas especiales ocasiones, su epicentro.

Dos decisiones claves del 2013, como fueron la problemática reforma judicial (que criticamos acá) y la mismísima constitucionalidad de la llamada “Ley de Medios”, tuvieron como respuesta final una decisión de la Corte Suprema. Con toda la relevancia que se le concedió, las instancias judiciales previas y la propia Corte Suprema fueron actores decisivos, en un juego político lleno de tensiones y al mismo tiempo fundamental para nuestro Estado de Derecho.

Hay dos caras recurrentes a la judicialización de la política. Por un lado, la reacción crítica desde “la política” al poder de los jueces. Es cierto, el Poder Judicial no está ni institucional ni democráticamente legitimado para dar muchas de las respuestas definitivas a las que es enfrentado, incluso más allá de su buena voluntad. Sin embargo, por otro lado, tenemos un aspecto que suele olvidarse: la judicialización es una reacción al silencio de la política partidaria. Tantas veces, la judicialización es la contracara de la inacción y la pasividad política.

Mucho del protagonismo de los jueces no es producto únicamente de la propia iniciativa judicial, impulsada por actores sociales, operadores jurídicos o abogados resonantes, sino resultado de la inacción de los demás poderes ejecutivos y legislativos. Temas como la limpieza del Riachuelo, el aborto no punible, la transparencia y el derecho a la información terminan en tribunales por la ausencia de respuestas políticas concretas.

La negación, inacción o violación de los poderes políticos, legislativos y ejecutivos, abren la puerta al protagonismo judicial. Producto del temor a asumir un costo mediático, la inercia legislativa o la simple indiferencia institucional, los poderes políticos producen delegaciones de la decisión, desde la arena política al expediente judicial.

Judicializar la política es una decisión política. A veces directa o indirecta, de un sector o de todos los actores políticos, pero siempre es una decisión que parte de la propia política. En ese contexto de jueces en el centro de la atención pública y de la exposición mediática, uno de los aspectos inevitables de la “judicialización de la política” es su efecto boomerang: la “politización del poder judicial”.

Por último, la judicialización de la política tiene como aspecto positivo que el conflicto político con alta tensión recibe en el canal judicial un proceso más racional y metódico, producto del lenguaje del derecho. Discutir todo conflicto en términos legales debería enfriar la pasión de la política y permite así una racionalización de los conflictos, especialmente en temas polarizados.

También hay aspectos negativos en la judicialización. El lenguaje del derecho suele requerir traductores. Por ende, cuando un problema político entra en una Corte de Derecho se suele generar una barrera de lenguaje con la sociedad, al mismo tiempo que se pierde en legitimidad, publicidad y responsabilidad de las decisiones que se toman.

Más allá de los puntos fuertes y débiles de la judicialización de la política es innegable que, en todas sus formas, es un fenómeno de nuestra cultura política e institucional que llegó para profundizarse.

Breve diccionario judicial para entender la citación a Boudou

Una de las deudas del mundo judicial es comunicar sus decisiones con claridad. Muchas veces es difícil entender el idioma de los jueces incluso a los propios abogados y colegas judiciales.

Quizás por eso, el llamado del Juez Lijo para indagar al vicepresidente Amado Boudou abrió una serie de preguntas sobre qué es la indagatoria en un proceso penal y sus posibles resultados judiciales y políticos. Para responder los interrogantes abiertos cabe elaborar un breve diccionario judicial. Al efecto de ser claros, estructuramos los conceptos claves según el orden de las etapas de un juicio penal (1. Instrucción de la Investigación 2. Juicio 3. Apelación y 4. Ejecución de Sentencias).

- Indagatoria: Estamos en una etapa previa al juicio propiamente dicho. Todavía no hay ni acusados, ni juicio. El fiscal está reuniendo pruebas para evaluar hacer la acusación frente al Juez de Instrucción (siempre es un Juez solamente). Como parte de las pruebas se hace la indagatoria. Todo imputado en sede penal tiene el derecho a ejercer su defensa en el llamado a indagatoria por el delito que se lo investiga (todavía no se lo acusó de nada). La indagatoria, aunque suena a interrogatorio, es un ejercicio de derecho de defensa del imputado en la etapa anterior al juicio oral. No hay acusación pero hay imputación. No es acusado pero está siendo investigado.
Al imputado se le harán preguntas y tendrá el derecho de mantenerse en silencio o realizar la declaración inmediata o posteriormente. Se le comunica qué hecho se le imputa y las pruebas que hay en su contra. La concurrencia es obligatoria. En esta etapa está precisamente Boudou. Está siendo investigado por la posible comisión de un delito: Judicialmente es un imputado. Para estas etapas judiciales, no hace falta, constitucionalmente, su licencia, renuncia o juicio político.

Después de 10 días hábiles desde que se realiza la indagatoria cualquier Juez debe hacer tres 3 cosas:

1. Declarar el Sobreseimiento: Esto es, cuando el juez dice que no hay presupuestos legales o probatorios para seguir la investigación. Por ende, se desiste de la investigación, no se lo acusa de ningún delito (eso es el procesamiento) y no se dicta sentencia (absolutatoria o condenatoria). No hubo acusación ni juicio y tiene carácter definitivo. No se lo investigará por ese hecho nunca más.

2. Dictar la Falta de Mérito: Cuando el juez no pueda declarar el sobreseimiento pero tampoco tiene muchas pruebas incriminatorias, dictará la falta de mérito (algo intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento). La diferencia entre el sobreseimiento y la falta de mérito es que ésta última no es definitiva. A pesar que todo indicaba que había un posible delito, el Juez considera que “no hay mérito” para que el imputado sea acusado por ahora en el juicio (puede seguir el juicio a otras personas pero no al imputado). Mientras el sobreseimiento es para siempre, la falta de mérito es temporal. Alguien con falta de mérito puede ser acusado posteriormente en el juicio propiamente dicho. Nunca un sobreseído puede volver a ser acusado.

3. Dictar el Procesamiento: Cuando se deja de investigar en la etapa de instrucción el fiscal solicitará al Juez, con su requerimiento, que “eleve a juicio” todo lo investigado.

- Juicio Oral: Entramos en “El Proceso”: El juicio propiamente dicho. Esta etapa es oral, tiene audiencias de juicio y se analizan las pruebas (recolectadas y nuevas) y permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes. Este es el caso de Mauricio Macri desde hace tiempo en diferentes causas. Macri está procesado. Boudou está imputado, aunque también podría quedar procesado. Ninguna de las dos situaciones implican tener condenas ni sentencia firmes.

Después del proceso oral llega la etapa de dictar sentencia:

- Sentencia absolutoria: La absolución es cuando se lo declara “no culpable” (el poder judicial nunca puede decir que alguien es “inocente”, sino que no hubo pruebas para comprobar su culpabilidad, cosa que es diferente). El último ejemplo claro de absolución fue el caso del ex presidente De la Rúa, absuelto en la última semana de diciembre pasado por el juicio de “las coimas del Senado”. Dicho proceso, como tantos otros en temas de corrupción, duro más de 13 años.

- Sentencia condenatoria: La condena, quizás el más simple de los conceptos, es cuando el Juez encuentra culpable del delito a la persona por todas las pruebas (testigos, documentos, declaraciones, etc) consideradas en el proceso oral frente a las partes. Ejemplo: Pedraza fue condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra, cumplió con prisión preventiva y su condena está firme. Está cumpliendo su condena en la cárcel.

- Sentencia Firme o No Firme: Después de dictar una condena tiene que ser confirmada, si las partes la apelan, por todas las instancias (Casación y Corte Suprema). Si la persona condenada tiene un delito que no amerita prisión seguirá libre hasta que se confirme, si la persona tiene prisión preventiva, seguirá en prisión hasta que se confirme. Ejemplo: Felisa Miceli, ex-Ministra de Economía, fue condenada por delito de cohecho a 4 años, no tiene condena firme y, por ende, sigue en libertad. Por otro lado, una condena no firme puede revocarse, esto es, reducirse o directamente eliminarse para que vuelva a un nuevo juicio. Una sentencia firme es definitiva.

Una aclaración final: Los procesos judiciales nunca son rápidos. Especialmente en temas sensibles. El caso de Fernando De la Rúa (13 años de procesos para llegar a su absolución) resulta ejemplar ante un hecho de impacto increíble que generó una crisis política intensa, un gran escándalo público y hasta, supuestamente, la renuncia del entonces vicepresidente Chacho Álvarez.

En el caso hipotético de Boudou, Macri o de cualquier funcionario público de primera línea, de concluir sus procesos con una sentencia condenatoria y firme que implique arresto (todavía no probado pero poco probable en términos históricos), antes del fin de sus mandatos (muy poco probable en términos de tiempos judiciales), se podrá producir el Juicio Político para hacer cumplir la sentencia judicial (nunca sucedió en términos históricos y es muy improbable en términos de la voluntad de las mayorías políticas que se necesitan). La única inmunidad constitucional es la de arresto mientras dura su cargo. Después de su mandato, no hay fueros ni inmunidad constitucional, salvo nuevo cargo.

Los jueces pueden actuar estratégicamente, también. Pueden hoy declarar una falta de mérito para evaluar procesar a los antes imputados o procesados en otros contextos de su vida política.

Finalmente, cabe señalar que los juicios contra la corrupción en toda nuestra historia política suelen generar más la ilusión de “justicia” que un efecto de “justicia” concreto. Estamos ante un efecto placebo: hay una ilusión de resultados pero sin efectos reales. Por eso mismo en nuestro diccionario “Justicia” no significa “poder judicial”. Justicia es un ideal. Poder judicial, una institución muy imperfecta.

Google en la Corte Suprema

En estos días continuarán las audiencias públicas ante la Corte Suprema en un caso clave para pensar y entender la libertad de expresión en la era de Internet: el caso de la ex modelo Belén Rodríguez contra los buscadores Google y Yahoo. El tribunal máximo deberá dar una respuesta sobre la responsabilidad legal de los buscadores de Internet como intermediarios fundamentales en un mundo hiperconectado.

Pensar la libertad de expresión en el siglo XXI sin ser consciente del rol crucial que ocupan los buscadores, como empresas y como canales de comunicación pública, en el futuro de la era digital sería un gravísimo error.

En el caso específico, Rodríguez demanda a Google y Yahoo por daño moral y uso indebido de la imagen al conectar su nombre a sitios pornográficos y condicionados. El derecho a la imagen, el derecho a la privacidad y al honor son los derechos centralmente alegados -junto a una supuesta violación de copyright- para fundar la demanda en contra de los buscadores, solicitar la remoción de los contenidos (fotos/nombres) y solicitar la indemnización por daño moral.

Dado que los buscadores claves de Internet son empresas privadas que enfrentan potenciales demandas millonarias, el primer gran peligro es que la siempre temida censura de los viejos tiempos, la censura pública y estatal, se traslade a los grandes buscadores, o sea, se convierta en censura privada y sin control.

La simple amenaza legal o la demanda judicial pueden generar múltiples formas de censura, previa o posterior, pero a todas luces una forma de censura privada.

En el caso específico, la decisión pasará el filtro de las instancias judiciales y de la propia Corte. Sin embargo, la posibilidad de que la amenaza judicial persuada a actores privados que buscan maximizar sus beneficios y quieran evitar costosos trámites judiciales es demasiado alta. Lo que se traduce en nuevos peligros para la libertad de expresión. Ese derecho fundamental, entonces, se enfrenta a claros desafíos más allá de la regulación pública y los filtros del Estado a Internet.

Resulta evidente evitar dar respuestas a nuevos desafíos desde viejos paradigmas.

La última audiencia en la Corte fue el histórico debate entorno a la “Ley de medios” que posibilitó expandir el debate sobre la libertad de expresión con sus niveles interemedios entre lo público y lo privado. Con estas nuevas audiencias, entre los “amigos del tribunal” (amicus curiae) de la semana pasada y las exposiciones de las partes, el próximo jueves, quedarán establecidas las fronteras de la discusión pública y los puntos de partida para otra decisión clave.

La Corte deberá responder, desde la Constitución Nacional, conjugando la libertad de expresión y los derechos subjetivos, articulando clásicas libertades en nuevos contextos.

No repetir los errores de nuestra historia política

¿Qué sucedió en el año 1994? ¿Qué hecho recordamos? Un hecho histórico representativo de aquel invierno del ‘94 es la caminata que hizo Diego Maradona junto a una enfermera, terminado el partido de Argentina vs. Nigeria en el mundial de los Estados Unidos.

Ese momento es, sin duda, el hecho bisagra que recordamos todos. Un antes y un después. Incluso cuando éramos muy jóvenes o directamente niños. “Me cortaron las piernas” dijo en la conferencia de prensa ante el escándalo del antidoping. Tristeza, indignación, reacciones públicas, defensa y debate social vendrán después.

Ahora, mientras Maradona juraba por Dalma y Giannina, los argentinos y argentinas podrían haber dicho “me cortaron las piernas democráticas” lo que significó “nos excluyeron del acuerdo de la reforma constitucional”. Se llevó adelante una reforma constitucional sin debate democrático y sin acuerdos sociales. El juego de la democracia excluía a su jugador más importante en el evento extraordinario de la política democrática, su mundial: la reforma constitucional.

Veinte años de reforma constitucional

Se cumplen ya dos décadas de la reforma constitucional de 1994 y en ese caso la historia cambió silenciosamente. Ese fue un hecho bisagra que la sociedad debe tener presente. La reforma abrió la posibilidad para un nuevo mandato presidencial. El objetivo principal de la reforma fue habilitar constitucionalmente la reelección.

Después de la concreción del Pacto de Olivos, hacia fines de 1993, se llevó adelante la reforma constitucional sin mayores conflictos ni sorpresas. La única sorprendida fue la sociedad argentina que no participó del proceso constituyente y que vivió los años previos en confrontación intensa y denuncia constante que volvió sorprendente y sospechoso el pacto.

El Pacto de Olivos fue producto de una negociación secreta, a espaldas de la sociedad. La reforma de 1994 no fue producto de consensos sociales sino de consensos de cúpula partidaria: Carlos S. Ménem (PJ) y Raúl Alfonsín (UCR). En Mayo del 94 y a lo largo de aproximadamente seis meses se desarrolló la convención constituyente en la ciudad de Santa Fe. A pesar de las formalidades, lo pactado determinó el resultado del proceso y se habló de la reforma de “dos personas”. Sin duda, esa reforma es “el contramodelo” de una reforma democrática, inclusiva y dialogada, de una Constitución y de toda legislación republicana.

Veinte años después, estamos discutiendo tres normas de importancia vital para una sociedad moderna: un Código Civil y Comercial, un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal. En este contexto, resulta necesario señalar que todo Código (penal, civil, etc) debe ser debatido y discutido por la sociedad que pretende regular. El debate político sobre la legislación permite a la sociedad comunicar sus necesidades y dialogar las respuestas legales hacia el futuro.

No repetir los errores y defectos de la historia política, así como no reincidir en las frustraciones mundialistas pasadas, es parte del desafío constante tanto en el fútbol como en la política democrática.

Toda reforma legal que mejore nuestros derechos siempre necesita del diálogo abierto propio de la democracia. Las respuestas dialogadas y las leyes socialmente debatidas son el jogo bonito del juego democrático.