Decisiones políticas, estrategias judiciales: idas y vueltas entre la Corte y el Ejecutivo

“Si deseamos que se respete la ley, tenemos que hacer la ley respetable”.

Louis D. Brandeis

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre la reforma al Consejo de la Magistratura produjo reacciones tan predecibles como la propia sentencia. Igual de previsible fue la estrategia argumentativa para declarar inconstitucional la elección popular de sus integrantes así como el apoyo opositor a una Corte que con idas y vueltas siempre evitó contradecir al oficialismo, sedujo a sus adversarios y abandonó a sus socios, negociando muy inteligentemente con el Gobierno.

Con esta sentencia la Corte tomó la decisión más fuerte políticamente en sus últimos diez años. Más allá de lo previsible y evidente, el paso de los días debería permitir identificar algunas nuevas aristas y sacar algunas conclusiones más.

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Mucho ruido, pocos jueces: los problemas constitucionales de la reforma judicial

Anunciados y presentados los proyectos de reforma judicial impulsados por el Gobierno, algunos ya con dictamen de comisión y en pleno debate parlamentario, debemos señalar diez aspectos centrales de la discusión pública e identificar sus problemas políticos y constitucionales.

Resulta necesario, con ese objetivo, despejar ciertas confusiones y distorsiones producto de la alta polarización política que supo provocar el apuro contrario al sentido común y la relevancia del tema y las formas poco convencionales con las que se presentaron los proyectos en el Congreso para analizar las aristas vinculadas a la Constitución Nacional, la división de poderes y a la calidad institucionalidad de la democracia.

1. Mucho ruido. Lo primero y principal para hacer el debate civilizado es dejar las posturas extremas, evitar caer en los lugares comunes, tanto con las defensas corporativas como las reformas cosméticas, tanto con la impostura republicana como con la “democratización” demagógica, tanto con las denuncias de golpes de Estado judicial como las que anuncian una “democratización” a través de proyectos de dudosa profundidad y constitucionalidad, tanto aquellos que no ven ningún problema en el Poder Judicial y defienden sus peores prácticas como aquellos que comparan jueces elegidos por autoridades legítimas con dictadores y con lo peor de nuestro pasado autoritario.

Esos extremos del sinsentido, absurdo, que solamente están “pensados” para generar radicalización, indignación, rechazo irracional, odio ciego y polarizados gritos en el debate público, es decir, para obstaculizar el debate, deben ser evitados para posibilitar un análisis reflexivo.

Evitar eso es detener el espiral de autodestrucción, confrontación irreflexiva y demagogia alarmante en el que el debate público -a veces- parece haberse transformado.

2. La democracia necesita tener un debate inclusivo y profundo sobre el Poder Judicial. Profundizar la democracia en las propias instituciones democráticas y en el propio espacio del Poder Judicial y sus operadores; si no se aprovecha este contexto, la deuda seguirá pendiente. La partidización del Poder Judicial nunca será deseable ni constitucionalmente defendible. A pesar de eso, existieron pactos políticos que van más atrás del presente gobierno, que mantuvieron un Poder Judicial con severos defectos y fuertemente dependiente. Lo afirmamos ya acá: el Poder Judicial, aunque se lo niegue, hace política y necesita de una mejor política de parte de los partidos.

Es muy difícil coincidir con aquellos que postulan que hoy estamos ante un Poder Judicial independiente de factores políticos, mediáticos y económicos. Eso no quiere decir que los proyectos presentados por el gobierno ayuden y no empeoren ese escenario. El gobierno hoy tiene un fácil acceso -previa negociación- a conseguir impulsar sus propuestas en el Consejo de la Magistratura. La reforma del Consejo de la Magistratura del 2006 se lo facilitó, eliminando a las minorías partidarias.

El Poder Judicial hoy no es independiente y está muy lejos de cumplir las aspiraciones de control institucional de una democracia moderna, como proteger a las minorías y reconocer los derechos constitucionales. Ni hoy el Poder Judicial plural es independiente de factores políticos o económicos ni los proyectos en discusión parecen que vayan en esa línea. Los cambios facilitan un control que en la actualidad este o cualquier gobierno obtiene previa negociación partidaria y política, dentro y fuera del Consejo de la Magistratura.

En gran parte, como ya afirmamos, esta situación se debe, primero, a una deuda de la propia clase política y, después, de todos los operadores del Poder Judicial que usualmente forman directa o indirectamente parte de la clase política, de la función pública o de sus entornos.

3. El Consejo de la Magistratura es una institución muy imperfecta pero es una institución que mejoró los oscuros procesos de selección de jueces en sus 13 años de existencia. Antes esos procesos eran puro proceso político, poco transparente, partidizados, casi secretos, sin exámenes, sin evaluación de antecedentes, sin participación de los estamentos y alejados de toda forma democrática.

El Consejo, con todos sus defectos, mejoró el proceso de selección de magistrados. Lamentablemente el fin del proceso de selección de jueces termina con una terna en la que los candidatos son directa o indirectamente invitados a hacer “lobby político” por sus propias candidaturas ante el Poder Ejecutivo (sean gobernadores o presidentes) en lo que resulta un proceso que impide pensar que del actual sistema los jueces surjan sin una negociación y compromiso político. Muy lejos queda la “independencia judicial”. La independencia judicial, tal cual está el sistema de designación, no puede existir. Los jueces son políticos y deben hacer política para ser designados jueces y para postularse a nuevos cargos.

Los jueces en la actualidad se eligen, en su proceso final, a través de reuniones a puertas cerradas y charlas de teléfonos celulares con un acuerdo del Senado que también requiere procesos de negociación política semisecretos. Extrañamente nadie señala esa fase de un proceso intensamente político y partidario.

4. El Consejo de la Magistratura es débil, producto de su histórica puja con la Corte. Desde la presidencia de Nazareno hasta la de Lorenzetti, salvando todas sus diferencias, la Corte retuvo con sendas acordadas y pujas políticas facultades que constitucionalmente le corresponden al Consejo de la Magistratura (Art. 114).

Cabe recordar que la Reforma de 2006 realizada por el Gobierno nunca fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, aunque su inconstitucionalidad resulte clara. El Gobierno y la Corte resultaron aliados de esa reforma que debilitó el Consejo de la Magistratura (comenté las alianzas en este artículo del 2011, acá).

Al Gobierno se le facilitó su gestión y la Corte retuvo control sobre áreas que constitucionalmente fueron asignadas al Consejo de la Magistratura, especialmente la administración del presupuesto de todo el Poder Judicial pero también reglamentación y disciplina, entre otras.

5. Inconstitucionalidades cruzadas entre Gobierno y Corte Suprema. Los proyectos del oficialismo tienen problemas en su constitucionalidad pero la Corte Suprema también ejerce facultades constitucionalmente asignadas para el Consejo de la Magistratura y no declaró inconstitucional la reforma al Consejo que la terminó fortaleciendo. La Corte demostró en ese caso los límites de su “independencia”. Sorprende la esperanza de un control vigoroso por parte de una Corte Suprema que excepcionalmente frenó al Poder Ejecutivo. La Corte y el Gobierno han sido más aliados necesarios que adversarios coyunturales.

6. División de poderes dentro del Poder Judicial. Si observan el poder concentrado de la Corte frente al débil Consejo de la Magistratura, esta irregularidad debería también ofender a aquellos (pocos) que denuncian con razón la concentración inconstitucional y el personalismo ejecutivista ejercido en cualquier ámbito. En otra ocasión quizás se podrá explicar las razones de los silencios selectivos y la pasividad acrítica que sin duda resulta una posición y una forma de hacer política.

Se puede afirmar sin duda que así como el proyecto del oficialismo viola la tibia y tenue división de poderes en el presidencialismo argentino, la concentración de poderes de la Corte viola la división de poderes y facultades hacia dentro del Poder Judicial establecida en la Constitución Nacional.

6. La Corte y sus facultades. Hay un juego de espejos entre los personalismos y concentración de poderes del Presidente de la Corte y los Ejecutivos electos. Los cambios de la reforma constitucional de 1994 les quitaron esas facultades y se las dieron explícitamente al Consejo de la Magistratura en el artículo 114 de la Constitución, un órgano que en cualquiera de sus conformaciones es más plural, colectivo, representativo del Poder Judicial y sobre todo el único constitucionalmente competente.

Reconocer eso no significa afirmar que se pueda extraer competencias que le son propias de la Corte ni debe apoyarse un intento de neutralizar sus facultades, por ejemplo, en el manejo de su presupuesto y competencias constitucionales. Más allá de todos los posibles problemas, la Corte Suprema ha realizado una labor, siempre perfectible, con algunos errores y ciertas inercias, pero de calidad distinguible en comparación a sus antecesoras. Una cosa no implica la otra.

7. El proyecto del Consejo de la Magistratura es problemático por varias razones. La primera porque establece mayoría absoluta en una institución que se elegiría por la voluntad popular. Ese aspecto del proyecto resulta claramente contraproducente para un debate serio con la oposición sobre cómo mejorar el Consejo y al mismo Poder Judicial. La elección popular puede ser una mala propuesta, una medida peligrosa si la sumamos a una mayoría absoluta para proponer y acusar a los jueces, que generará inconvenientes en su implementación, pero no parece contradecir frontalmente el texto de la Constitución y su artículo 114.

Si el proyecto, producto de un debate en el Congreso que hoy parece imposible, incorporase más segundas minorías, un mejor diseño de los miembros del Consejo, procesos de audiencias, participación social (en la línea del decreto 222/03) y una escuela de formación judicial de calidad, podría superarse esta situación de confrontación. Ello dependerá de la seriedad, las voluntades y mayorías políticas que impulsan los proyectos y su diálogo con la oposición.

8. Pocos jueces. Se necesitan más jueces en la base de la estructura judicial, no nuevas instancias judiciales. Se necesitan nuevos jueces -véase la cantidad de jueces subrogantes que subrogan más de un juzgado, juzgado que son, de hecho, manejados por sus secretarios que no son elegidos con esa función, como dijimos acá- en nuevos juzgados, con capacidad física, edilicia y de recursos humanos acorde a lo que se necesita. Nuevas instancias judiciales de casación resultarían contraproducentes.

El Poder Ejecutivo suele perder oportunidades de nombrar a jueces ternados, que terminan desistiendo, en concursos que se multiplican sin resultados. El Poder Ejecutivo también es responsable de la lentitud e ineficiencia del Consejo de la Magistratura simplemente porque omite o demora indefinidamente la elección de candidatos a jueces que ya fueron ternados para su acuerdo en el Senado.

9. La reforma judicial a nivel federal. Las prácticas a nivel federal no son muchos menos preocupantes. Se podría decir que con todos los problemas que podemos señalar, las interacciones institucionales entre Ejecutivo y Corte Suprema son superiores a muchos poderes judiciales provinciales. Por tomar dos casos cercanos, el mismo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires derogó una de las medidas de transparencia para cubrir la única vacante que tiene sin completar hace varios años en el Tribunal Superior de Justicia. Paralelamente, parece haber una ofensiva política del oficialismo bonaerense contra el juez Arias y el defensor Axat, quienes investigaron el número de personas fallecidas en las inundaciones de La Plata.

Muchos jueces honestos y en un ejercicio correcto de la magistratura son amenazados mediáticamente por hacer cumplir la Constitución y las garantías penales cuando hay olas de demagogia política y penal.

10. Una reforma judicial en serio. Es cínico o hipócrita usar los ideales de libertad de expresión, derechos humanos y democracia para defender, bajo esos ideales, a corporaciones de medios y a sus negocios en un mercado oligopólico de la misma forma que esos ideales no deben servir para construir un grupo de medios afines a este o cualquier gobierno con una política de medios que contradice en acción el texto y la idea misma de la ley de medios audiovisuales plenamente constitucional y democrática.

Con el debate por la Justicia y el Poder Judicial sucede lo mismo: si se avanzan en estos proyectos tal cual están encarados sería un retroceso, abandonar el debate sería perder una oportunidad importante en una situación que parecía propicia, y negar la necesidad de una reforma judicial sería continuar con el espiral de inercias interesadas, bloqueos autodestructivos y silencios conservadores.

Una mejor democracia necesita de una mejor reforma judicial, o sea, más que mucho ruido, muchas y mejores razones -de un lado y de otro- para mejores jueces.

La Constitución, el Papa y el Estado laico

Como dijimos dos días después del sorpresivo anuncio del Vaticano, no cabe duda que la elección de un argentino como Papa es un dato histórico superlativo a nivel internacional e inevitablemente tendrá un impacto en la agenda política y social más allá de la comunidad católica. 

Es comprensible, en este contexto, toda la alegría y los festejos de los creyentes y personas afines a las diferentes y diversas congregaciones católicas, más allá de toda disputa ideológica y debates coyunturales o históricos. Mientras el Poder Judicial y la historia, Dios para algunos y el Pueblo para otros, juzgan lo que deben juzgar, reconocemos que el júbilo y toda celebración es más que razonable para la comunidad de practicantes y sus allegados.

Dicho esto, cabe recordar y continuar aclarando algunos errores típicos, como hicimos en la nota El Papa argentino y la Constitución Argentina: preguntas y respuestas,  y desenredar ciertas confusiones sobre el status de la iglesia católica en la Constitución Nacional, especialmente en a la luz de la idea de una democracia moderna  que reconozca la igualdad plena entre sus habitantes.

A pesar de estar íntimamente conectados, con el objetivo de ganar en claridad, pasamos a enumerar las aclaraciones:

1. El Estado argentino es Laico: la Constitución Nacional no establece un Estado confesional. No hay culto oficial en el Estado argentino. Ninguna religión tiene preferencia sobre otra, más allá que haya uno o más cultos con una cantidad importante de practicantes y creyentes.

Nuestra Constitución Nacional, la vida en democracia y la idea de igualdad y libertad de culto junto a las mejores prácticas de tolerancia religiosa a nivel histórico nos obligan a continuar en esa situación de mutuo respeto e igual trato a nivel religioso en todo espacio.

2. El sostenimiento económico del culto católico apostólico romano no significa que sea el culto oficial: el sostenimiento económico del gobierno federal -véase que no dice Estado- no implica el Estado asuma un culto oficial. Todo lo contrario, cabe recordar que el artículo 14, el artículo 20 y otros artículos de la propia Constitución Nacional y de los 13 Tratados con jerarquía constitucional establecen cláusulas exigiendo igualdad en el trato a nivel religioso.

La explicación del sostenimiento económico tiene un sentido histórico propio de nuestra historia en el  Siglo 19. En la actualidad, su permanencia se explica dado a las especiales condiciones de la reforma constitucional de 1994: los presidentes que firmaron el discutido Pacto de Olivos acordaron “no tocar” esa parte, más por diferencias y temores cruzados que por consensos sobre la “vigencia social” de esas cláusulas. Entre otros aspectos, también, en dicho capítulo, se afirma -artículo 25 CN- que hay que “fomentar la inmigración europea” . En efecto, hoy, en pleno 2013.

Cabe aclarar, como lo hicimos en la nota pasada, que el sostenimiento económico se  limita legalmente -aunque eso contradice la idea de igualdad constitucional- en nuestros días al pago de salarios de las autoridades eclesiales -producto de los decretos-leyes 21.950 y 21.540 dictados en el gobierno de facto de Onganía- y no al financiamiento estatal, directo o indirecto, de toda la Iglesia y sus actividades.

3. Según la Secretaría de Culto hay 2500 cultos reconocidos: todos ellos deben convivir de forma pacífica y tolerante en el espacio público, en los espacios  educativos, y se debe fomentar el diálogo interreligioso en condiciones de real igualdad de oportunidades, sin conferir desde el Estado o actores públicos, superioridad o prioridad a ninguno.

También cabe reconocer una pluralidad de congregaciones dentro del culto con más practicantes y creyentes, y sumando de la diversidad intensa de los demás cultos y creencias, Argentina es un País con un gran número de ateos y agnósticos que incluso después de haberse bautizado y confirmado en alguna religión por una práctica cultural histórica -que innegablemente tiene más de cultural/social que de religiosa- deben ser respetados en sus creencias actuales.

Si molesta -y hasta causa indignación- ver actos en los que un político, sea del color político que sea, hace campaña partidaria en un acto de gobierno o se confunde el gobierno con el partido político, la publicidad de gobierno con la publicidad de campaña, las instancias partidarias con las instancias institucionales de una democracia plural e inclusiva, debemos para ser particularmente consistentes y coherentes respetar al Estado Laico más allá de todas nuestras creencias sin pretender “convertir” a los demás a nuestro culto, partido o equipo de fútbol.

4. La religión de los Presidentes, Gobernadores y Autoridades Políticas no debe interferir con el respeto del Estado Laico y la igualdad de culto: Que los diferentes políticos de diversos colores, tendencias y vertientes, se hayan declarado, sincera o estratégicamente, cada uno a su forma, católicos o afines no afecta ni debe implicar una alteración del Estado laico. Quizás sería oportuno evaluar sus creencias desde sus hechos, desde sus prácticas, y no desde sus fugaces dichos.

Se suele repetir: errar es humano, perdonar es divino. Los funcionarios y representantes políticos deben ser responsables política e institucionalmente ante el Pueblo argentino, primero en el espacio público, y después frente a sus creencias personales. Y para ello deben respetar la Constitución Nacional y la igualdad democrática en todo sentido. Ya comentamos en este espacio, los problemas culturales e institucionales vinculados al sistema político en toda su estructura federal.

5. La Constitución es suprema a cualquier ley que viole el Estado Laico y la igualdad de culto. La Constitución es la Norma de normas, la Ley de leyes, la Regla de reglas: eeso quiere decir que si hay constituciones provinciales, leyes nacionales (como el Código Civil sancionado hace más de 140 años), ordenanzas municipales, etc. que se alejan del Estado Laico y de la igualdad en el trato y ejercicio de la libertad de culto, todas esas normas, aunque todavía vigentes, son inválidas, no deben ser aplicadas por las autoridades democráticas y deberían ser declaradas inconstitucionales.

La mayor cantidad de esas normas simplemente son muy antiguas, directamente anacrónicas, deben ser reformadas y/o actualizadas conforme a la actual Constitución Nacional y todos los tratados de derecho humanos que la comunidad internacional nos obliga a respetar saludablemente.

6. La Constitución Nacional y las menciones a Dios: la referencia a Dios en el preámbulo “como fuente de toda razón y justicia” y en el artículo 19 de la Constitución tampoco establecen una religión oficial ni se pueden entender como parte de un reconocimiento de culto oficial alguno.

Muchas constituciones del mundo, en la fórmula típica, propia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, evocan en su preámbulo a Dios sin por ello volverse un Estado confesional y darle prioridad a ningún culto, ni establecer una desigualdad en el trato entre religiones.

Para finalizar, un gráfico ejemplo de esto que comentamos lo podemos ver en la Constitución del país del anterior Papa Benedicto XVI: la Republica Federal Alemana. La Ley Fundamental Alemana de 1949 establece en su preámbulo que fue sancionada “consciente de su responsabilidad ante Dios”. No obstante, estamos ante otro Estado laico europeo -como España o Italia- con prácticas históricas hacia la iglesia católica y desafíos similares a los que tiene el Estado laico en Argentina.

El Papa argentino y la Constitución Argentina: preguntas y respuestas

Sin duda es histórica la elección de un argentino como autoridad máxima de la Iglesia Católica y en ese contexto más que comprensible la expresión pública de alegría y respeto de muchas personas, más allá de toda creencias e ideologías.

Por ello mismo, ante esta situación, nos puede parecer importante repasar cuál es la relación entre el Estado y la Iglesia según la ley de leyes, nuestra Constitución Nacional. En el gran campo de las imprecisas e incorrectas nociones de lo que la Constitución Nacional establece, un capítulo especial puede concentrarse sólo en las creencias que podemos encontrar sobre la relación Estado y religión en la Carta Magna. Las enumeramos y aclaramos una a una.

1. Afirmación: “El Presidente según la Constitución debe ser católico”. FALSO.

La Constitución Nacional fue reformada en 1994 y se eliminó el requisito que establecía la/el Presidente debía profesar la religión católica (apostólica romana).

Además, no sólo se eliminó ese requerimiento sino también el requisito que obligaba a los pueblos originarios a “evangelizarse”, a convertirse al culto católico. En la actualidad, los pueblos originarios tienen reconocida en la Constitución Nacional su libertad de creencia, su educación bilingüe y su preexistencia étnica.

Finalmente, la reforma constitucional de 1994 incorporó un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que impiden las políticas públicas diferenciales y los tratos desiguales en cualquier materia, incluso -por supuesto- la religiosa, reforzando la impronta y el compromiso con la igualdad.

2. Afirmación: “La Constitución Nacional reconoce al catolicismo como religión oficial”. FALSO.

La Constitución Nacional no reconoce religión oficial alguna y establece una libertad de culto (artículo 14, entre otros), que hoy es complementada con la obligación del Estado de abogar por la igualdad religiosa entre los diversos cultos y creencias establecida por los tratados de derechos humanos. Cabe aclarar que hay más de 2500 cultos oficialmente reconocidos por la Secretaría de Culto de la Nación (ver datos en la web de la Secretaría).

3. Afirmación: “La Constitución Nacional establece en su artículo 2 que el Gobierno Federal sostiene el Culto Católico Apostólico y Romano, por ende, éste es el culto oficial”. FALSO.

En la doctrina del derecho y específicamente la doctrina constitucional hace tiempo existe un consenso en que la palabra “sostiene” se entiende como “sostenimiento económico” y nunca como la concesión de un estatus preferencial, ni oficial, al culto católico ni a ninguna otra religión o creencia.

Las obligaciones del Estado son únicamente de carácter pecuniario para con ciertos cargos de jerarquía de la Iglesia Católica. El Estado le confiere un asignación mensual mientras están en funciones (aunque también a ciertos obispos y arzobispos jubilados), según las leyes 21.950 y 21.540, equivalente a un 70/80% de los salarios de juez de primera instancia. Esto es aproximadamente entre 25.000 y 28.000 pesos.

Cabe aclarar que los obispos y arzobispos de la religión católica son los únicos que tienen salarios y jubilaciones. La ley excluye a los rabinos, pastores, clérigo, presbítero y cualquier otro tipo de autoridad religiosa que no sea católica. Esa exclusión es una de las prácticas que se deben modificar en el corto plazo y una cláusula que merece ser actualizada en la Constitución Nacional para cumplir con las obligaciones de igualdad a nivel local e internacional.

4. Afirmación: “El artículo 2 de la Constitución no se puede reformar porque es un contenido pétreo y es parte de nuestra tradición nacional”. FALSO.

La Constitución Argentina no tiene contenidos irreformables o llamados “pétreos”. El artículo 30 de la propia Constitución dice claramente que “se puede reforma toda y cada una de sus partes”.

Más allá que la sociedad argentina sea mayormente creyente y dentro de esa primera y plural mayoría (“los/as creyentes”) haya una mayoría católica (entre practicantes y no practicantes, con sus diferentes trayectorias e intensidades, grupos y prácticas), hay también en Argentina una gran diversidad de cultos y creencias (recomiendo el estudio de Ciel-Piette-Conicet). El número de cultos reconocidos es el dato más gráfico de esa diversidad -y merece ser repetido-: 2500 cultos. Más allá que el catolicismo sea la religión más importante, la tradición argentina no es estática y se ha nutrido de una multiplicidad de cultos y comunidades que hoy está demostrada por estudios empíricos y por prácticas de tolerancia extendidas.

5. Afirmación: “Es legalmente correcto el establecimiento de símbolos religiosos en los espacios públicos (hospitales, escuelas, plazas, oficinas públicas, etc.) producto del artículo 2 de la Constitución Nacional”. FALSO.

El artículo 2 sólo establece una obligación dineraria específica. Nada más. No le concede un estatus preferencial a ningún culto ni religión. La Constitución Nacional es muy clara ya en el Preámbulo cuando invita a todas las personas “del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” con un reconocimiento explícito de la libertad de culto (artículos 14 y 20) en el marco de la igualdad más amplia que exigen los tratados internacionales de derechos humanos y una democracia moderna en el siglo XXI.

Los símbolos religiosos en las espacios públicos no deben ser aceptados porque implican un quiebre a la igualdad democrática, obligatoria para el Estado, frente a las preferencias privadas de los individuos o colectivos de personas en un espacios que es de todos. En todo caso, el Estado debe permitir la expresión de las múltiples creencias de forma armoniosa y equilibrada, intentando establecer políticas de tolerancia mutua y de cohabitación pacífica, pero sin tratos preferenciales ni especiales injustificados.

El Estado no puede permitir que en un registro civil haya símbolos religiosos ante una pareja que está contrayendo matrimonio civil, en una sala de audiencias de un juzgado penal o que funcionarios públicos fundamenten sus decisiones con sus convicciones religiosas y privadas, usualmente desatendiendo a la Constitución y leyes nacionales.

La instalación de símbolos religiosos, perfectamente apropiados para los espacios de las comunidades y asociaciones religiosas o para el espacio privado y familiar de los practicantes, no deben aceptarse en el espacio público salvo que haya una presencia equivalente de las demás creencias religiosas y no religiosas en dicho espacio.

6. Afirmación: “La educación pública puede ser católica por el artículo 2”. FALSO.

La educación pública en Argentina debe ser Laica, no religiosa, y sería inconstitucional que una Provincia o cualquier autoridad, promueva o establezca la educación religiosa obligatoria, específicamente de una religión, en el espacio tan intensamente público y necesariamente igualitario como la educación (sea pública o privada). Sin dudas, eso afectaría a igualdad religiosa de manera directa y condicionaría la libertad de cultos en el momento donde se necesita más pluralidad y autonomía para tomar decisiones.

Es ilegal que una autoridad estatal promueva imponer preferencias, en este caso religiosas, a sus ciudadanos y habitantes, al postular la obligatoriedad de la educación religiosa. El artículo 2 de la Constitución, por las razones que ya consideramos, lejos está de establecer la obligatoriedad de la educación religiosa.

El presente es un listado de afirmaciones incorrectas y de respuestas informadas sobre la relación entre el Estado e Iglesia Católica. La Constitución tiene un fuerte y doble compromiso con la igualdad y con la libertad de creencia o culto. Por todo ello, ningún trato especial se justifica cuando estamos hablando de asuntos religiosos, cada persona puede profesar la religión de Cristo, Buda, Krishna, Alá o Horus; ser agnóstica o atea y el Estado debe estar lo más distante posible de condicionar esa decisión.

La obligación política y legal del Estado es promover políticas sociales, educativas y culturales para la libertad y la igualdad que permitan proyectar las condiciones para que cada persona sea lo suficientemente autónoma y su contexto lo suficientemente plural para tomar sus propias decisiones en un marco de autogobierno personal.

Una sociedad más plural, más diversa, más tolerante y más democrática ya comenzó ese proceso de cambio hace tiempo y en la actualidad se encuentra a la vanguardia de las discusiones, debates y decisiones, que han hecho a Argentina un país reconocido y elogiado en sus avances por la igualdad como hoy es conocido por el Papa Francisco. Queda solamente seguir y profundizar ese camino.

Más justicia social, menos justicia penal: Justicia, clase y género

El debate sobre la reforma del Poder Judicial tuvo un clímax anunciado la semana pasada cuando, entre el discurso presidencial y los demás discursos protocolares e institucionales (todos centrales al mundo judicial), comenzaron a proyectarse las propuestas y las coordenadas de una discusión política que debería incluir a toda la sociedad, para expandirse territorial y temporalmente, y así ser lo más productiva, ascendente y horizontal posible.

Mientras esperamos los proyectos legislativos a presentarse, las voces a favor y en contra se multiplican, y entre las reacciones corporativas y las propuestas de reformas cosméticas, debemos señalar algunos desafíos concretos para que la Justicia no sea una celestial y emotiva palabra que se utiliza (y confunde) al referirse al más terrenal y menos sensible Poder Judicial.

Es claro que la reforma del Poder Judicial debe tener efectos, no sólo en un mejor funcionamiento interno de los tribunales, en su transparencia y calidad institucional, sino en la difícil relación (en la que también median otras instituciones: universidades, abogados, partidos, sistema político, etcétera) que tiene con la sociedad y con sus derechos, especialmente de los sectores más débiles y sus “derechos de papel”: las mujeres, los pobres y los jóvenes.

No puede olvidarse, especialmente en estos días, de estos tres grupos íntimamente relacionados. El Poder Judicial tiene tendencias corporativas, endogámicas, de casta. Los sesgos de clase, no sólo en las áreas penales, se vuelven más injustos y antidemocráticos porque parecen implicar una “Justicia de clase” que tiene a los sectores marginados, los más jóvenes y vulnerables, como selectivos sujetos de castigo, patrón que se potencia cuando pensamos en la relación castigo, clase y género.

Esta “justicia de clase” contrasta con la impunidad de los poderosos de todos los colores y sectores. Impunidad judicial para los poderosos, “justicia penal” para los pobres. 

1. En una sociedad diversa tenemos un Poder Judicial clasista y sexista: Nuestra comunidad hoy tiene una diversidad explosiva y expansiva. Diversidad que es política, partidaria, geográfica, de opción sexual, de clase social, etc., pero cuando desagregamos cada uno de esos grupos la complejidad aumenta y se multiplica. A pesar de ello, el Poder Judicial, histórica y actualmente, parece representar a un sector bien definido, que con algún matiz y excepción tiene como regla nítidos sesgos ideológicos y una composición de clase y género consolidando un grupo económico, social y político más homogéneo y con menos diversidad que la propia sociedad argentina.

Con diferentes grados, la Justicia Federal y especialmente los tribunales penales tienen los contrastes más fuertes, más notables, dado que miembros de cierta clase social (alta, media alta) terminan operando dentro de los engranajes de un sistema que identifica a los miembros de otra clase social vulnerable (baja, media baja) como sujetos específicos del proceso y castigo. Por eso nuestro siguiente punto.

2. La selectividad penal y las violaciones de derechos humanos: Sin duda una de las funciones más urgentes, necesarias y de las deudas más fuertes del Poder Judicial es frenar el poder punitivo descontrolado haciendo respetar las garantías constitucionales y los tratados de derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, incluso rompiendo con las inercias y prácticas judiciales que han llevado a desnaturalizar y abusar de institutos (como el juicio abreviado y la prisión preventiva) pensados para mejorar el sistema.

No se puede democratizar al Poder Judicial mientras viola derechos constitucionales de manera constante y sistemática. Eso incluye a los demás operadores principales del sistema penal: la policía y el sistema penitenciario. Ambos dependen claramente del Poder Ejecutivo aunque tienen relaciones jerárquica, directa y cotidiana con el Poder Judicial, compartiendo responsabilidades y prácticas históricas.

Sin reforma policial integral, que haga efectiva la tarea de hacer respetar a las fuerzas de seguridad todas las garantías constitucionales, en las calles de toda ciudad, especialmente en las villas y barrios marginales, y el respeto de los derechos humanos en un sistema penitenciario que hace tiempo ha demostrado ser la concreción de nuestras peores pesadillas y reflejo de un pasado que todos condenamos, cualquier reforma del Poder Judicial alejará todavía más la idea de Justicia o hará al sistema y sus actores cómplices de las injusticias más extremas, como en épocas propias de las más oscuras dictaduras.

La falsa dicotomía entre populismo penal y el cinismo judicial resulta inaceptable: ambas nos dejan en el infierno mismo, a un abismo de la dignidad humana y la justicia.

Todo se potencia si pensamos específicamente la relación entre castigo, género y pobreza. El tratamiento administrativo, hospitalario, policial y la persecución penal contra las mujeres -especialmente en casos de interrupciones de embarazo- aumenta la brutalidad de la llamada “justicia penal”. La correlación entre castigo, pobreza y juventud -derecho penal juvenil- se vuelve más injusta cuando lo pensamos en el eje pobreza, juventud y género, por diferentes motivos que desarrollamos a continuación.

3. El sexo de los jueces: Diferentes estudios nacionales e internacionales han demostrado los sesgos de género(s) que tiene el Poder Judicial. Las mujeres suelen estar subrepresentadas y tienen serias dificultades para competir y ascender en las estructuras judiciales con tendencias patriarcales. Esos sesgos, a quitarse en el ingreso de empleados y en los concursos judiciales, pero también en la capacitación de prácticas y en el mismo derecho, aumentan con el impacto del factor clase, en las mujeres que son operadoras del sistema judicial y en las mujeres dentro del sistema penal.

El gran número de decisiones de jueces varones -y algunas juezas, por supuesto- obstaculizando o judicializando abortos no punibles, en muchos casos invocando preferencias religiosas privadas como “razón” en el espacio público, son una muestra lamentable. El especial tratamiento que tienen los delitos sexuales, los procesos de revictimización de las mujeres, la vida de las mujeres embarazadas o madres con hijos en las cárceles, las prácticas de requisas vaginales/anales, la insólita aplicación de “atenuantes” y apreciaciones “sexistas” en expedientes de violación o abusos sexual por parte de jueces, entre muchos otros tópicos, deberían también incorporase en la agenda de discusión de un poder que aunque extensamente integrado por mujeres sigue con formación legal y prácticas patriarcales. El Poder Judicial, al igual que muchas de las fuerzas de seguridad, con sus contradicciones, comparte una misoginia y clasismo todavía muy fuerte. 

Más allá de la confusión, ingenua o no, intencionada o no, entre la justicia y el Poder Judicial está claro que, especialmente en la idea de justicia penal, cuando pensamos en estos sectores, resulta una contradicción en términos, sea en el proceso judicial o ya sea en el momento de la ejecución de las penas. En las cárceles hay más injusticias sociales que justicia penal. La mejor respuesta a la inseguridad está en la justicia social, no en la penal que se ha demostrado siempre brutal e ineficaz.

Tanto en la idea misma de democracia como en el texto de la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 19 y ss. Tratados) están comprometidos con otra idea de justicia que no es la que el Poder Judicial administra cuando aplica penas: la justicia social. Ese especial tipo de justicia necesita de un Poder Judicial más democrático, pero sobre todo de todas las instituciones y actores partidarios comprometidos con más igualdad social y una mejor democracia. Desde reformas impositivas hasta reformas en códigos y prácticas del proceso penal, pasando por el debate político de aborto no punibles luego del fallo del año pasado de la propia Corte Suprema, hacen pensar que para “democratizar” al Poder Judicial, también hay que democratizar a la sociedad con más educación, justicia social y sobre todo con menos justicia penal para los sectores más débiles y necesitados.

Más allá de los discursos y los debates necesarios, son las acciones en el tiempo las que producen los cambios que la constitución y la verdadera justicia exige. Mientras tanto, en la actualidad, entre la justicia penal y los desafíos de la justicia social, la única justicia con la que podemos contar es la justicia poética de pensar y saber que la cosas pueden y deben cambiar.  

Ni justicia ni legítima: el Poder Judicial ante la sociedad

Ayer se celebró la conferencia de apertura del año judicial en el contexto del aniversario por los 150 años de la Corte Suprema de la Nación. Sin duda, los tiempos han cambiado drásticamente para el Poder Judicial y para la propia Corte en estos años. Su exposición es mucho mayor en la opinión pública, su perfil es más alto y su capacidad de afectar la agenda política y mediática en la política institucional aumentó. Al Poder Judicial se lo exige, se le pide más. La sociedad se informa de las decisiones judiciales y se manifiesta a favor o contra ellas, con la acción directa en las calles. Es razonable: una democracia madura exige un Poder Judicial muy diferente, consciente de su carácter político y a la altura de su rol institucional, abierto a la participación, transparente, comprometido con la igualdad constitucional, la democracia y los derechos humanos.

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Justicia y Poder Judicial: más diferencias que identidades

El necesario debate de la llamada “democratización del Poder Judicial” recién comienza. Si se quiere superar el mero oportunismo, no se puede cerrar ningún debate en unos pocos meses ni con medidas de corto plazo, cosméticas y retóricas. Por ello, hay varias puntos iniciales -y centrales- que deben guiar una discusión sobre el Poder Judicial, sus problemas y la vías de ampliar espacios democráticos dentro del sistema político.

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El presidencialismo más allá de las presidencias

El presidencialismo no es sólo un esquema institucional en nuestra Constitución Nacional sino que es una cultura política, una forma de vida social. Como toda práctica cultural, con el tiempo resulta muy difícil de distinguir e identificar aunque estemos plenamente sumergidos y se reproduzcan en ella -salvo contadas excepciones- los mismos patrones y defectos que criticamos fuera de nuestros círculos. Esas críticas caen en un juego de espejos. Se critica lo que se practica. Nos resulta muy difícil reconocer que todos estamos en una cultura presidencialista y eso tiene efectos directos en nuestras conductas, formas de resolver conflictos, tomar decisiones y hacer política.

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Razones para establecer el juicio por jurados

A causa de varios casos resonantes, como la sentencia del juicio por la desaparición de Marita Verón en Tucumán, se han escuchado muchas voces proyectando el juicio por jurados como una solución a los graves problemas y deficiencias del Poder Judicial. Más allá de las reacciones, cabe reflexionar sobre la oportunidad de establecer una institución históricamente reconocida de manera enfática en tres artículos de la Constitución Nacional (arts. 24, 75 inciso 12 y 118) pero relegada y resistida por muchos en el sistema político y judicial.

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