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Un pensamiento que reproduce prejuicios y violencia

El pasado martes, el secretario de Seguridad Sergio Berni volvió con otro de sus discursos rancios, oportunistas y populistas, que no ofrecen soluciones para la inseguridad, sino que combaten fuego con fuego, delito con irracionalidad, miedo con expresiones de terror y dijo: “Estamos infectados de delincuentes extranjeros”.

Ningún discurso solucionará la inseguridad mágicamente, mucho menos aquellos que fomentan la xenofobia y refuerzan los peores prejuicios sociales y de las fuerzas de seguridad. El grito obsoleto de Berni no apunta a mejorar la situación sino que destruye una posible respuesta institucional, dinamita el reconocimiento de derechos y la igualdad de los extranjeros que distingue positivamente a la Argentina, fomenta irresponsablemente lemas del pasado y hunde a la función pública -y a la comunidad de argentinos- en la ignorancia y violencia.

Como si fuera poco, el discurso tiene un correlato más violento en las acciones de la Gendarmería reflejadas por las imágenes de la casi cotidiana represión de la protesta social: cuerpos sangrando, oficiales deteniendo militantes, trabajadores y hasta diputados –el caso de Nicolás del Caño-  recibiendo balas de gomas; las fuerzas de seguridad criminalizando la manifestación política y negando el derecho a la protesta. Berni da discursos violentos y los acompaña con represión institucional.

Los prejuicios que dispara Berni son refutados por los datos estadísticos cotejados por el propio Estado, tanto a nivel del Servicio Penitenciario como de la Corte Suprema, y así contradicen abiertamente al funcionario. Según los datos del Servicio Penitenciario Nacional, cada 100 personas en prisiones federales, solamente 19 son extranjeras. Y el número se reduce entre 5 a 10 cuando sumamos a todas las cárceles provinciales, de acuerdo a cifras de la Procuración Penitenciaria Nacional.

Todo indica que Berni parece estar “infectado” (sic) de prejuicios y violencia. La vacuna de la xenofobia y el instinto represivo, sin embargo, la conocemos bien: respetar los derechos, la Constitución, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, los derechos de los extranjeros y  evitar los discursos del rancio oportunismo que nunca solucionó nada para darle cordura a las respuestas oficiales.

 

Legalidad y legitimidad en la protesta social

La tormenta del default de la deuda y las negociaciones con los bonistas llevó a un segundo plano ciertos conflictos sociales, en ascenso y en íntima conexión, vinculados a despidos y suspensiones en diferentes sectores de la industria. A esos conflictos laborales, que parecen aumentar como expresión de la puja distributiva, se suman ciertos recurrentes conflictos territoriales y episodios represivos observados a diferentes niveles en Neuquén, Córdoba, Entre Ríos y Formosa en estos últimos tiempos.

En especial, el conflicto de los despidos en LEAR -que incluyó despidos a delegados sindicales que el Poder Judicial ya ordenó restablecer a la Empresa y al SMATA- trajo a la luz algunas viejas/nuevas declaraciones del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, sobre el ejercicio del derecho a la protesta. Sus dichos merecen análisis, especialmente, dado la respuesta represiva y la violencia institucional expresada por la Gendarmería la semana pasada.

El secretario de Seguridad suele repetir en sus discursos que el derecho a la protesta cortando una calle “es un delito federal”. Tales dichos ignoran la Constitución, la práctica social y las mismas instituciones de la democracia:

-El derecho a la protesta está protegido por la Constitución Nacional. Está vinculado especialmente, en los casos de conflicto obrero, al derecho a huelga (Art. 14 y 14 bis), pero en general se reconoce el derecho peticionar a las autoridades (Art. 14), a la libertad de expresión, al principio republicano de gobierno (Art. 1) y a la soberanía popular (Art. 32), o a formas especiales de protección del orden institucional (Art. 36) y a nuevas formas de participación política propias de la democracia. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Derechos laborales, igualdad de la mujer o tantos otros derechos que hoy consideramos básicos no existirían sin el derecho a la protesta.

-Toda sociedad acepta y ejerce el derecho a la protesta. Desde la Sociedad Rural hasta las clases medias urbanas, de la mano de partidos políticos opositores, ejercen el derecho a la protesta y cortan calles en sus actos políticos. La protesta es una práctica social que toda la sociedad ejerce, sin distinción de clase o color político. A pesar de eso, el secretario de Seguridad parece solamente estar concentrado en amenazar a los trabajadores, perseguir conflictos laborales y sectores de bajos recursos disidentes. Sus expresiones contra militantes, Diputados electos o movimientos sociales específicos son tan recurrentes como selectivas. Toda persecución selectiva de carácter político, partidaria y/o clasista es evidentemente inconstitucional e ilegal, y debe ser repudiada.

-La Secretaría de Seguridad carece de facultades judiciales. No puede determinar qué es una protesta ni quién puede protestar. Berni suele decir que hay una intencionalidad política o una “asociación ilícita” en el actuar de los manifestantes y que los que protestan son “delincuentes” y así “justifica” su accionar represivo. La legalidad de una protesta sólo puede ser determinada por el Poder Judicial con las garantías constitucionales y el derecho a la defensa que el mismo secretario parece olvidar recurrentemente. Ante la duda, la Constitución presume que la protesta es legal y legítima.

Por todo ello, los excesos discursivos de Berni parecen tener peligrosa correlación y coherencia con su decisión política de reprimir de forma violenta y criminalizar la protesta. Su retórica es nociva pero sus acciones se han vuelto ilegales dado que suele violar no sólo derechos constitucionales sino genera víctimas y violencia innecesaria, en lugar de mayor negociación político y diálogo entre las partes, y forja antecedentes explosivos en un escenario de mayor puja por empleos y salarios.

El discurso público de Berni es brutal en una democracia: vincula “militante social” con “terrorista”, llama a los que ejercen la protesta “activistas violentos” y al mismo tiempo ignora que hay un derecho a la libertad de expresión, al derecho de huelga y a peticionar ante las autoridades legítimas. Ese discurso criminaliza el ejercicio de los derechos políticos de una democracia, que incluye pero va mucho más allá del voto y de las elecciones.

Todo ilícito en cualquier protesta, de existir, debe ser investigado individualmente por el Poder Judicial y no descalifica el derecho a manifestarse. No se justifica que ningún funcionario político se vuelva un sheriff superior -más allá de tentativas buenas intenciones- por sobre las instituciones, el proceso judicial y sus garantías.

En este contexto es clave mantener tanto las estrategias legales que defienden los derechos constitucionales así como las acciones pacíficas de los actores sociales que alimentaron el músculo de la protesta social para expandir el derecho a expresarse cívicamente, ejerciendo su libertad de expresión y fortaleciendo una de las herramientas más importantes que tiene la democracia: el derecho a la protesta.