Un tema central para la coyuntura política-económica durante las últimas semanas han sido las medidas que ha tomado el gobierno nacional respecto del mercado cambiario. El valor de la divisa extranjera es importante para controlar múltiples variables macroeconómicas, y más en una economía como la argentina que aboga por un desarrollo industrial postergado durante décadas. En efecto, a medida que se desarrolla la industria y mejora la economía en su conjunto, surgen las llamadas tensiones de crecimiento que se manifiestan fundamentalmente en el sector externo. Esta situación es llamada restricción externa y se trata de una problemática propia de cualquier economía en desarrollo que no imprime dólares.
Lo que sucede es que a medida que la industria crece, aumenta la demanda de insumos o bienes intermedios que, por una corta trayectoria productiva, aún el país no fabrica. Para no frenar este crecimiento de la industria se necesita divisa extranjera, ya que las partes con las que la economía nacional no cuenta, se compran en el exterior en dólares, que es la moneda que rige el comercio internacional. El control del valor de la divisa, entonces, resulta una variable trascendental.
Durante la última década el control del precio de la divisa había garantizado un valor que beneficiaba a la industria, que facilitaba la adquisición de insumos y energía en el exterior. Sin embargo, a medida que crecía la economía, se mejoraba la distribución de los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores: los bienes de uso, es decir, los bienes finales provenientes del extranjero, también se tornaron baratos de adquirir. A medida que este proceso se profundizaba, y de la mano con el uso de reservas para desendeudamiento, fueron necesarias ciertas medidas que canalizaran el uso de divisas hacia las ramas primordiales, como la industria y la reducción de la deuda, permitiendo a su vez sostener el consumo de bienes locales. Medidas en este sentido fueron el adelanto de ganancias para compra con tarjeta, el control de los montos de extracción, la restricción a la compra para atesoramiento, entre otras.
Estas medidas para preservar las reservas y aumentar a la vez el control del Estado sobre el mercado de divisa extranjera, generaron que aquellos que no podían volcar sus dólares en el mercado oficial, no pudiendo declarar su procedencia -vinculada generalmente a actividades ilegales-, promovieran un dólar paralelo e ilegal para poder operar. Creado este mercado, los medios concentrados lo magnificaron como una variable central y de referencia de las expectativas económicas. Lo que sucedió fue que en función de este dólar más caro, muchos comerciantes y productores comenzaron a utilizarlo de parámetro para aumentar injustificadamente los precios, argumentando que sus costos en dólares (insumos y demás) se habían encarecido, pese a que mientras se mantuvieran en el mercado oficial eso no podía suceder. Los medios hicieron su parte, generando psicosis en torno al mercado paralelo y buscando que la población por la repetición sistemática de este mensaje eventualmente convalidara los aumentos que carecían por completo de justificación.
Para evitar estas presiones, y desinflar expectativas, el Estado progresivamente aumentó la tasa de devaluación para fortalecer el mercado oficial y encarecer los productos extranjeros, protegiendo la industria local y los puestos de trabajo. Sin embargo, en este punto empezaron a operar con más fuerza los grupos exportadores, que especulando con la devaluación progresiva, no liquidaban sus cosechas, reduciendo además la disponibilidad de divisas que el país necesita para no interrumpir el desarrollo de la industria y continuar desendeudándose.
Frente a estas presiones desde varios frentes -exportadores, especuladores y medios concentrados- el gobierno convalidó una devaluación del 19%, llevando el dólar a $8. Las razones de esta medida fueron: otorgar reglas claras y previsibilidad temporal para posibilitar el ahorro en el marco de una administración ordenada de la política cambiaria; cerrar la brecha con el segmento ilegal desincentivando, mediante la apertura a la venta oficial al sector minorista, la compra en el mercado paralelo; incentivar el ahorro minorista de montos moderados en dólares con el fin de dinamizar el mercado inmobiliario, cuya actividad nunca logró desligarse de la divisa extranjera como medio de pago; propiciar el blanqueo de la economía a partir de una gestión impositiva personal; estimular el turismo en nuestro país, así como la mejora del saldo de la balanza de pagos, al otorgar a los visitantes extranjeros mejores condiciones a la hora de liquidar sus divisas. Y principalmente desbaratar movimientos especulativos contra las arcas del BCRA, ya que la estabilidad del dólar oficial eliminará todo argumento falso sobre incentivos de exportadores al almacenar su cosecha y a importadores a sobrefacturar o anticipar sus ventas al exterior.
Cabe mencionar que a la par de las nuevas medidas cambiarias, se lanzó el plan PRO.GRE.SAR para estimular los estudios universitarios, pero canalizado específicamente a los sectores de menores ingresos; además se aumentaron los montos de la jubilación, y paralelamente se lanzó el programa “Precios Cuidados”, para evitar aumentos injustificados en precios que no tienen elementos importados, pero actúan en forma oportunista en función de la sensación de inestabilidad que transmiten los medios. Lo importante a analizar de una devaluación de estas características es que es llevada adelante por un Estado que persigue el firme propósito de evitar el impacto sobre los sectores más vulnerables, y no presionada por los sectores exportadores y especuladores que lo que esperan es aumentar su saldos comerciales y sus ganancias a costa de la caída del poder de adquisitivo y el salario de los trabajadores.