Por: Luis Novaresio
El ex gobernador de Santa Fe y candidato a Presidente de la Nación Hermes Binner aseguró ayer que “la marihuana entra por la ruta 11 y la cocaína por la 34″ y que eso “todos lo saben”. Silencio. ¿Otorgan? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Algún juez o fiscal federal va a citar como testigo al hombre que salió segundo en las elecciones presidenciales de octubre de 2011? Nada hasta ahora.
Después del escándalo institucional de proporciones aún no cuantificadas que implicó el pase a retiro y detención del jefe de toda la policía de Santa Fe acusado de narcotráfico agravado se desató un clásico en la discusión argentina. El “¿yo señor? no, señor” del Gran Bonete, que dispara con ventilador a máxima potencia la responsabilidad entre el estado federal y el local. Esto tiene como único fin no arruinar las expectativas electorales de cada uno. Porque de esto se trata: de medir todo con la encuesta del día que sume o reste votos para los próximos comicios. Del tema de fondo, bien gracias.
Binner, que nombró en su gestión al comisario Hugo Tognoli como jefe de la División de drogas peligrosas (sic) y que ungió a Antonio Bonfatti como su sucesor, publica una solicitada personal diciendo que él no tiene nada que ver con el tema (el actual gobernador todavía está tratando de nadar con semejante salvavidas de plomo). La ministra de Seguridad Nilda Garré y el ministro real de la cartera en las sombras Sergio Berni, se encargan de remarcar que la cocaína santafesina es socialista y que la marihuana de la provincia de la bota les es tan ajena como la del territorio de algún país africano con capacidad de embargar la Fragata Libertad.
La mayoría de los dirigentes con chance de decisión está sumergida en el holandés discurso de despenalizar la tenencia y consumo de estupefacientes para uso personal para dar satisfacción a un reclamo de clase media alta que quiere jugar a ser “libre” con drogas sintéticas y de evasión. No importa que, de hecho, en las calles marginales el paco esté despenalizado respecto del pibe pobre que lo consume para mitigar vivir en una realidad que no le muestra futuro y, a veces, ni la chance de comer dos veces al día. De lo que se trata es de ser “progresista” con el que puede subirse al tren de la modernidad y no quedar en cafúa si en un boliche de zona norte consume pastillas o drogas sintéticas que representan el mismo valor que una asignación universal por hijo.
La Argentina está “infectada” por la droga. Y por las consecuencias de su comercio que, en muchos casos, viene a financiar negocios que templan, sino queman, la actividad política. Hermes Binner no miente cuando señala los corredores de los estupefacientes. No hay radares para el tráfico aéreo. Por poner un solo ejemplo de las rutas, bajando por la 11 desde Formosa que conecta con Paraguay, cualquiera puede seguir con el cargamento que quiera si sortea dos puestos (apenas dos) de Gendarmeria en Tatané y Mansilla y luego en Chaco en Lapachito y Basail. Si llega a Santa Fe, el camino es directo, salvo algún control policial Recreo o en cercanías de Rosario. Eso, es cierto, es responsabilidad nacional. Pero es inacción consecuente de la provincia si no lo denuncia ante quien corresponde: la Justicia. Y peor, si lo hace recién cuando encarcelan al jefe de Policía. Si no, ¿no nos hubiéramos enterado?
Alfonso Murguía, un especialista mexicano que definió a su Ciudad Juárez como la más peligrosa del mundo por consecuencia del narcotráfico visitó Rosario este fin de semana y dijo: “Si no hacen lo que tienen que hacer, están a un año y medio de experimentar lo que nos pasó a nosotros. Y de ahí, no se vuelve”.
Frente a esto, parece que hay dos opciones: o se sientan a la misma mesa los inquilinos del poder nacional y provincial para encarar en serio el combate a este flagelo dejando de lado la especulación mezquina de un voto más o menos, una gobernación más o menos o el camino será cobrar peaje a lo que pasa por las rutas a la vista de todos. Si es que, de alguna u otra forma, esto último ya no se está haciendo.