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Clausuremos los “tenedores libres”

Ahora resulta que el Estado va a decidir cuántas copas de alcohol puedo yo tomar en un boliche. ¡Vamos bien! No descartemos que en las próximas horas se dedique a controlar la cantidad de achuras que ingiero en un tenedor libre (yo casi propongo que los prohíban en honor al colesterol bueno) o, por qué no, el número de horas de sueño que le dedico en días laborables. Y todo con la excusa de que los gobernantes se preocupan por nosotros. Demagogia “facha”. La nueva categoría que enmascara la intromisión del estado en la vida de los ciudadanos. 

Los buenos y bien intencionados legisladores del PRO Cristian Ritondo y Roberto Quattromano propusieron que en la ciudad de Buenos Aires se legisle prohibiendo las fiestas de “canilla libre”. Lo cuenta en una nota de Infobae Leo Tagliabue explicando las fundamentos. De aprobarse la iniciativa habrá fuertes multas y clausuras a los dueños de locales porque “procuramos evitar que los jóvenes caigan en la trampa de los especuladores que aplican estrategias de promoción y captación de clientes con promociones que apuntan al consumo abusivo de alcohol”, dicen los diputados. Además, agregan que la modalidad de la “canilla libre”  busca “darle forma de prácticas y valores positivos a la cultura del descontrol”. El descontrol, se aclara, es tomar mucho alcohol. No refiere a la ausencia de control de parte del Estado ineficiente al que se le escapa una tortuga como si fuera una liebre. Ejemplos de esto, abundan.

¿Hay alguna duda que existe un problema social ante la combinación de alcohol y manejo de automóviles? ¿Alguien pone en tela de juicio que la violencia entre nosotros se potencia con el consumo desmedido de alcohol y drogas legalizado de hecho ante la ausencia de controles? Claro que no. El problema se plantea cuando la solución a esta preocupación nace por entrometerse en la vida privada jugando al “papá Estado” y no en mejorar, aumentar y sofisticar los controles públicos sobre los excesos de algo que debería quedar en aquella esfera privada.

Al Estado no le incumbe saber si yo tomo demasiado alcohol o, todavía, si decido evadirme consumiendo drogas. Debe advertirme de modo eficiente y profuso de lo pernicioso y riesgoso para mi vida si hago eso. Pero si yo asumo esa actividad aún a costa de mi vida, los funcionarios no tienen derecho a regular mis decisiones tan íntimas. Salvo que como consecuencia de este accionar yo provoque perjuicios a terceros. Entonces sí el Estado debe aparecer. Si manejo borracho deberá impedirlo con controles de alcoholemia y, en lo posible, sancionarme de por vida ante un accidente grave. Si perturbo a terceros con alcohol o lo que sea, debe hacer cesar la molestia sobre mi congénere sofisticando los controles de inspección, prevención y finalmente represión de mi conducta pública. Pero meterse a decidir de antemano cuántas copas puedo tomar en un boliche es, aparte de ingenuo (por ser suaves), autoritario. ¿Creen en serio Ritondo y Quattromano que la gestión municipal que, por ejemplo,  no puede evitar la superpoblación en boliches habilitados para 200 y saturadas por 2000, que no es capaz de no permitir que caigan obreros de construcciones indecentes, van a poder contar los vasos de champagne que cada uno toma en los boliches porteños? ¿Pretenden constituirse en policías de los barman, contadores de despacho de tragos? Suena, por ser benévolos, ridículo.

El Estado no está para hacernos “buenas personas con hábitos recatados” (ruego se resalte a la enésima potencia el uso de comillas). Al menos, los Estados democráticos. Todas las expresiones del autoritarismo en la historia de la humanidad comenzaron por invadir los derechos individuales bajo el pretexto de mejorar la calidad ciudadana en busca de hombres y mujeres probos que fueran “ejemplo” para la sociedad. Pura expresión del fascismo que se sabe cómo terminó. No creo que estos dos legisladores actúen así con deliberación. Quizá con desconocimiento grave del tema.

La ciudad de Buenos Aires (y vale para todos) debería ser competente para detectar que si un borracho se sube a un auto sea detenido ipso facto y sancionado de manera ejemplar. Debería poder controlar que los mismos bolicheros que son clausurados acá por repetidos incumplimientos de seguridad, salubridad y demás no abran más allá  otros comercios tan irregulares hasta la próxima clausura. Debería dejarse de embromar con ideas retorcidas y empezar a hacer lo que tiene que hacer: cumplir con los controles existentes que, en muchos casos, brillan por su ausencia causando daños muchos veces irreparables.

Nacen nuevos “Campagnolis”

Los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández han pasado a integrar el triste conjunto de magistrados perseguidos por sus fallos. Son los “nuevos Campagnoli”. Impacta tanto el hostigamiento del que son víctima como la ausencia de difusión masiva de este hecho.

Herrero y Fernández integran la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Cientos de miles de jubilados los conocen (o deberían) porque fueron ellos los que los defendieron en los tribunales aplicando la Constitución, la sana crítica y el más elemental respeto por quien ha trabajado toda la vida y espera una jubilación digna. Son los mismos magistrados que sienten que repugna a la ley que un abuelo cobre la miseria que percibe o que se le niegue un reajuste salarial a pesar de haber aportado años y años para tener un poco más al momento del retiro. Y, lamentablemente, por eso se los quiere destituir.

Hace pocos días, con el voto de los representantes del Poder ejecutivo nacional y de los consejeros oficialistas se aconsejó abrir un jury de enjuiciamiento contra ellos.  Ellos son Ada Iturrez, Carlos Moreno, Manuel Urriza, Enrique “Wado” De Pedro y el vice ministro de Justicia, Julián Alvarez. Se opusieron Ricardo Recondo, Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi y Mario Fera.

Hay que leer las 21 fojas del dictamen acusatorio. Hay que hacerlo porque pocas veces  la arbitrariedad se expresó tan palmaria en negro sobre blanco. Es cierto que es tedioso y por momentos abstruso. Es que cuando se pretende consumar la injusticia, la oscuridad del lenguaje suele ser un buen taparrabos.

Para resumirlo, se imputan a Herrero y a Fernández defectos de forma en sus procederes. Nunca, pero nunca, se les imputa haber contravenido la ley de fondo o haber fallado inconstitucionalmente. En las causas base de la acusación (Aguiar y Camoerchioli) el representante de la Anses (la misma institución que desoye con deliberación y alevosía los fallos de la justicia que ordenan aumentarle a los jubilados que ganaron eternos procesos)  cree que los magistrados no respetaron el orden de votación en distintos fallos, omitieron considerar el voto en disidencia de su compañera de sala, no se excusaron ante supuestos casos de amistad con una de las partes y, ¡tremenda arbitrariedad!, osaron hablar con los medios del estado del fuero previsional. La Anses incumplidora en la sustancia de la justicia previsional se ofende por las formas. Los patos que le tiran a la escopeta.

Es impactante la posición  de la tercera integrante de la sala de la seguridad social, la Doctora Nora Cármen Dorado, que aparece como “agraviada” ante el proceder de sus colegas. No esperen encontrar los que se enfrenten a este expediente argumentos de derecho. Si lo leen, hallarán una especie de pelea de conventillo (con todo respeto por esas queridas viviendas populares) en donde un magistrada de la Nación cree que sus compañeros no la consideran, precluyen sus argumentos o, como decíamos en quinto grado, “le hacen el vacío”. ¿Opina la doctora Dorado que un jubilado que aportó años y años merece ganar 2800 pesos por tener la condena de ser un aportante autónomo? ¿Se siente agraviada la jueza porque la Corte ordena en casos como “Badaro” recomponer los haberes jubilatorios? De ninguna manera. La doctora Dorado se enoja porque los jueces que sí se ocupan del fondo de la cuestión omiten supuestas formas trascendentales como no pensar como ella y, encima, no considerarla la mejor compañera de la clase. Un ejemplo de compromiso con la justicia, sin dudas.

Ahora será el Consejo de la Magistratura en pleno el que deba decidir si dos jueces deben ser apartados de sus estrados por pensar distinto al poder y fundamentarlo de acuerdo a la Constitución. Deberán levantar la mano (como no lo hicieron ante jueces como Norberto Oyarbide) para expulsar a magistrados que contradijeron al Poder Ejecutivo de la Nación, que se cree el dueño de los aportes de trabajadores y jubilados y no se reconoce apenas como su administrador. Deberán, en suma, decidir si Campagnoli está sólo en el equipo de los echados fuera de la ley por ser honestos y por estar convencidos de que las normas  no son un escollo para los caprichos del que gobierna sino la base elemental del juego republicano.

Todos los estaremos mirando cuando alcen sus manitas.

Si Evita viviera, prohibiría los trapitos

La cosa sería así: resulta que hay muchos trapitos que ilegalmente cobran lo que se les ocurre por cuidarte el auto en los lugares de estacionamiento libre. Repito. Ilegalmente. Estacionamiento libre. Como no se los puede combatir porque el Estado es palmariamente incapaz (¿o cómplice?) de prohibirlos y, además, son personas en situación de exclusión social que, dicen, de no ser trapitos pasarían a otra actividad irregular como ser chorros, pungas o vaya a saberse qué otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos los controles y evitamos que el ciudadano que paga todos sus impuestos abone otra contribución (ilegal) más para estacionar en un lugar que debería ser libre si no quiere que le abollen la puerta o le estropeen una óptica del coche? ¡De ninguna manera! ¿A quién se le ocurre que el Estado se ocupe de poner un límite a lo que está mal? Lo que hacemos es incorporar esta actividad irregular a la regularidad y creamos el Registro de Trapitos de la ciudad de Buenos Aires. Más claro, imposible.

El proyecto de las legisladoras peronistas Graciela Alegre y Claudia Neira que acaba de ingresar en el parlamento local es la reproducción de la iniciativa del entonces diputado porteño Juan Cabandié. La idea logró consenso entonces entre los legisladores pero fue vetada por Mauricio Macri. Y ahora se presenta otra vez. Idéntica.

En sus amplios considerandos evalúa que el trapito es una realidad social. Amerita un fuerte “sic”, no me digan. Como tal, como realidad social que parece no se puede cambiar, no hay por qué prohibirla aunque esté fuera de la ley. Permítanme otro redundante pero necesario “sic”. En el proyecto se sostiene que el actual desorden estatal que hace que nadie los controle -mucho menos que les impida su irregular cobro de dinero- supone que hay que reglamentarlos. ¿Cómo? Así: como no pudimos con ellos, creamos un registro, les damos una ubicación fija y les ponemos un horario de trabajo.

¿No era que el lugar en donde ellos cobran para estacionar era de estacionamiento gratuito y libre? Sí, es cierto. ¿No es que no se puede cobrar de prepo por una actividad que es irregular sino ilícita? También. ¿Y entonces? Que para no victimizar a quien cobra fuera de la ley y evitar que se aplique esa misma ley, regularizamos lo irregular, incorporamos a lo legal lo ilegal y listo el pollo. Por lo del pago, argumentan los autores de la iniciativa, se deja sometido a la “libertad de ambas partes” (automovilista y trapito) para que consensúen si se paga o no. Ejemplo: “Buenas noches señor trapito”, dice el conductor de su coche. “Buenas, maestro”, responde el trapito. “Observe usted, señor trapito, que carezco de dinero en este día para darle. ¿Lo incomoda?”, inquiere el conductor. “Para nada, amigo conciudadano. Estacione gratis que yo le miro el auto. Será la próxima. Que cene bien”, se despide el trapito. Super real el diálogo, como todos imaginamos.

¿No sería más lógico impedir que se grave de manera arbitraria al pobre cristiano que deja en la calle su auto en los lugares permitidos (los pocos que quedan, gracias a la reforma de esta gestión) y tratar de generar alguna actividad legal de inclusión social para hombres y mujeres que pasan largas horas a la intemperie con un trapito en la mano? La lógica suele darse de patadas con la demagogia y, sobre todo, esta última gana siempre por dos cabezas.

No se duda de la buena intención de las legisladoras. Tampoco de la irracionalidad de ver que el Estado incompetente para evitar que personas humildes o mafias instaladas al lado de estadios sean reglamentadas so pretexto de que no se puede combatir el delito. No puedo ganarle al delito: más vale me uno a él, parece la consigna. Porque de esto se trata. Como no puedo con los trapitos que son ilegales me uno a ellos regulándolos y dándoles status de legales.

Es llamativo que quien proviene del peronismo imagine para esta problemática cristalizarlos en una actividad hecha a la intemperie, muchas veces bajo el agua y a expensas de la inseguridad callejera. Rara movilidad social esta de crear un registro que los condena a ser siempre trapitos y no los imagina aprendiendo otra actividad más digna, en alguna cooperativa amparada por el Estado con algún oficio menos indigno.

Si Evita viviera, se sorprendería de ver que sus pretendidos herederos piensan para hombre y mujeres en exclusión que mendigan (o patotean, según el caso) unos pesos por cuidar coches que su destino es tener un número de registro, una pechera y futuro para siempre en la calle cuidando autos. En realidad, si Evita viviera, andaría de sorpresa en sorpresa caminando por la realidad del 2014, siendo esta idea de las menos impactantes. Eso también es cierto.