Desde el año 2005, el acceso público a las costas del lago Escondido se ha convertido en una lucha emblemática que fue cobrando trascendencia en todo el territorio nacional. Se reclama el cumplimiento del artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro, que asegura “el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”.
La causa por el acceso público al lago cuenta con el apoyo de nueve (9) presentaciones de amicus curiae, impulsadas por distintas organizaciones sociales que manifestaron su interés en la causa aduciendo una serie de derechos que no habían sido reconocidos por el Estado, dado que el lago se mantiene virtualmente “privatizado” para el acceso de los ciudadanos, salvo que medie una invitación o un recorrido programado por la empresa Hidden Lake S. A., perteneciente al millonario británico Joseph Lewis.
Amicus curiae, o “amigos del tribunal” es una institución del derecho clásico que en Río Negro se encuentra vigente a través de una ley específica. Son presentaciones que realizan terceros ajenos a una causa judicial que tengan un interés demostrable en la resolución final del litigio y quieran expresar sus opiniones para contribuir en el proceso judicial en marcha.
Las organizaciones que se han presentado hasta ahora son la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad de San Carlos de Bariloche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, la Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén (ATEN), la Central de Trabajadores de Río Negro (CTA), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Alerta Angostura, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Asociación Civil Árbol de Pie de Bariloche y la Asociación por el Acceso a Costas de Ríos y Lagos Cristian González de San Martín de los Andes.
La causa lago Escondido es una causa ganada. En el año 2009, el Superior Tribunal de Justicia, en una sentencia ejemplar, ordenó al Estado rionegrino que garantizara el carácter público del acceso al lago y que habilitara, en un plazo de 120 días, el sendero de montaña de difícil acceso y también el camino de Tacuifí, que nace en el paraje El Foyel. Este último camino siempre fue, y sigue siendo, el camino visiblemente más corto, accesible a todos y que requiere menos esfuerzos presupuestarios para su habilitación. En el 2013, y ante el incumplimiento, otro fallo ordenó lo mismo en el término de 90 días. Pese a todo ello, el acceso sigue vedado para todos los ciudadanos.
La influencia ejercida por la empresa Hidden Lake S. A. sobre distintas gestiones gubernamentales —provinciales y locales— y todo tipo de ardides judiciales han permitido dilatar el cumplimiento efectivo de esa histórica sentencia; es el Estado provincial, en cada instancia, el responsable de la ejecución de las obras. Pese a todo esto, esta causa acompañada por muchas organizaciones sociales y asambleas sigue en pie y con muchos más apoyos.
En las últimas semanas, este reclamo emblemático y sentido para el pueblo ha cobrado mayor fuerza en la opinión pública debido a algunas situaciones que causan indignación.
El Presidente de la nación visitó, en Semana Santa, la Estancia Lago Escondido, debido a su amistad con el dueño, quien sigue negando el acceso público al espejo de agua.
A esto debe sumarse que la central hidroeléctrica Río Escondido, que se encuentra dentro de la propiedad de Lewis, fue beneficiada por una concesión de uso de agua para generación de energía a través de una ley provincial del año 2010. La ciudad de El Bolsón inauguró obras en el año 2014 para abastecerse de la energía proveniente del sistema interconectado nacional, pero, sorpresivamente, ahora sería la central de Río Escondido la que abastecería de energía a esa zona.
La empresa Central Hidroeléctrica Lago Escondido S. A. incumplió los plazos de la concesión y no realizó las obras que debían llevarse a cabo, por lo tanto, el Poder Ejecutivo provincial plantearía una nueva ley para readecuar las condiciones. Esta posición, favorable a la empresa, traerá una serie de debates, teniendo en cuenta el rechazo generalizado que tiene esta compañía en la comunidad de El Bolsón.
Por último, el primero de mayo último, un grupo de vecinos y organizaciones sociales marcharon hacia el lago Escondido por el camino de Tacuifí, pero fueron interceptados por la guardia privada de Lewis y la policía provincial, que les impidió continuar camino al lago.
Los amicus curiae por el lago Escondido demuestran el fuerte apoyo de las organizaciones en esta causa tan simbólica, sin embargo, los Estados nacional y provincial se mantienen ausentes en la defensa de los intereses públicos que seguimos reclamando hace más de diez años.