Una “indignación” que se perdió en las redes

Hace sólo cinco meses la agrupación Podemos irrumpía como sensación electoral en España, al obtener 1,2 millón de votos y cinco escaños en el Parlamento europeo. Las elecciones europeas son, por regla, más accesibles a las agrupaciones que se mueven en los márgenes de la política por referencia a aquéllas que disputan posiciones nacionales ejecutivas.

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, es un politólogo. Se hizo notorio desde los programas de la televisión alternativa que él mismo dirigía con la intención evidente de capitalizar el movimiento de “indignados”, el cual emergió en España hace tres años, aunque luego se diversificó en distintas acciones reivindicativas y también perdió presencia callejera. Fue un equivalente, en cierto modo, del movimiento asambleario de Argentina en 2002. A partir de sus creaciones mediáticas, Iglesias pasó a los debates televisivos por aire, donde ganó una audiencia con impacto electoral. Los líderes de Podemos provienen del PSOE y del PC.

Podemos no es, a nivel europeo, completamente original. Antes que él, brilló en los medios y en las urnas el francés Olivier Besancenot, de origen trotskista. Besancenot es un buen polemista, que se valió de un pastiche programático en boga, que mezclaba los planteos de numerosos movimientos sociales sin una línea estratégica. Les dio, a mediados de la década pasada, un gran susto a los partidos tradicionales de la izquierda, del cual al final éstos salieron ilesos.

Otro fenómeno, si se puede llamar así, es el del italiano Beppe Grillo, que ganó (y mantiene) entre un 20 y un 25 por ciento del electorado. Grillo tiene una cantidad enorme de seguidores en las redes, pero curiosamente prohíbe a sus dirigentes participar de programas televisivos, por temor a que pierdan la línea que él les baja. En definitiva, Podemos se inscribe en una lista de tentativas de llegar al estrellato por vía mediática -algo que también ocurre con muchas derechas chovinistas europeas.

El papel de los medios masivos y de las redes sociales en la irrupción de Podemos ha sido destacado por propios y ajenos. Un analista político recuerda que, en una conferencia que dictó Iglesias ante las juventudes comunistas, en 2013, señaló que “no importan los contenidos, aún siendo positivos como en la dictadura del proletariado, si no se venden” (El País, 10/10). La utilización de esta expresión que el “neoliberalismo” ha convertido en popular “no importan los contenidos… si no se venden” no es sinónimo de desarrollo de una conciencia de clase o socialista, sino del predominio de la publicidad sobre el programa.

Aún más llamativo es el pasaje de la apología de la “acción directa” al electoralismo: la calle sirve de escenario para proyectarla a las redes sociales y a los estudios de televisión -de ningún modo para oponer la acción de los explotados al Estado. Para todo esto hay que pagar, sin embargo, un “peaje”, porque la difusión en los medios alternativos está bajo la propiedad y tutela firme de las mayores corporaciones capitalistas. No sorprende, por eso, que Podemos esté tropezando tempranamente con contradicciones políticas que, en definitiva, son insalvables.

La cancha y los pingos

Para sorpresa de muchos, aunque no de todos, la agrupación de Iglesias ha resuelto no presentarse en las próximas elecciones municipales. El diario El País lo interpreta, sin ser desmentido, como “temor al descontrol organizativo y para no quemar la marca Podemos” (ídem, 22/9). La decisión, no por casualidad, parece haber “provocado decepción entre las bases de la formación” (ídem), aunque responde a una lógica implacable. Un borrador de principios políticos atribuye el éxito de Podemos al “factor sorpresa ante la ciudadanía”, que ahora requiere “una estrategia bien pergeñada”. Podemos advierte que perdería la ventaja, en votos, que le ofreció la “sorpresa”.

Hay, sin embargo, algo más importante todavía. La dirección de Podemos está convencida de que las listas municipales son propicias para el ingreso de un número elevado de candidatos -a diferencia de los pocos al Parlamento europeo. Ha advertido -como en el ejemplo citado del italiano Grillo- que esto daría cabida a toda clase de tendencias y de simples arribistas, los que operan fuera del control del círculo dirigente. En estas condiciones, la hazaña mediática es impotente. Ante el primer desafío, luego de su ascenso electoral, Podemos se convierte en un cero electoral.

No por eso, sin embargo, Podemos ha optado por el abstencionismo en el turno municipal: un instructivo convoca a los afiliados a promover candidaturas de “unidad ciudadana y popular”. Llama a insertar candidatos de Podemos en otros agrupamientos, particularmente en aquellos movimientos locales que también surgieron al calor de los “indignados”. Como ejemplo de estas alianzas, Iglesias menciona al grupo Ganemos, que tiene presencia en ciudades como Andalucía, Sevilla o Málaga. Ganemos se encuentra, a su vez, en avanzadas tratativas con Izquierda Unida (IU). En Andalucía, IU participa del gobierno junto al PSOE. Esto no sería obstáculo para una lista de IU con Ganemos, que podría ser apoyada por Iglesias. La omisión de las municipales, con el argumento de no perder espacios y reputación electoral, desemboca en un entrelazamiento con los ‘partidos de Estado’, a los que el mismo Iglesias ha definido como una “casta política”.

El pez por la boca

En relación a la cuestión catalana, Iglesias, relata La Vanguardia (5/6), “está en contra de la independencia de Cataluña, pero reivindica el derecho de catalanes y vascos a decidir su futuro en una consulta” -exactamente la posición de la gran burguesía de Cataluña. Un analista define a esta posición como “un perfecto ejercicio de marketing político, con el propósito de pescar a dos aguas” y así “evitar cuidadosamente todo problema de fondo” (El País, 10/10). Otro observador destaca “el perfil bajo pero tolerante de Podemos en la cuestión catalana y en el referéndum”, y lo caracteriza como un “producto apto” (sic) para un sector del electorado frío en materia de independencia. Podemos no pretende desarrollar un ala radical en el movimiento soberanista, sino capturar votos en los dos polos de la pugna catalana sobre la base de la ambigüedad política. Aunque se supone republicano, Podemos no intenta aprovechar el independentismo catalán para dar un golpe decisivo a la monarquía española. La independencia real de Cataluña y el País Vasco, y la conquista de la República exigen un programa y un método, así como movilizaciones revolucionarias.

En un reportaje posterior a la elección de mayo, Iglesias afirmó que “este (sic) euro no sirve”, pero recalcó que “nosotros no pretendemos una vuelta al pasado, a la peseta. Planteamos que es inaceptable una moneda única que no esté controlada por instituciones democráticas” (El País, 23/5). La “indignación” de Podemos (o de Iglesias) con el capitalismo es harto limitada; peseta o euro, ¿y una planificación socialista? Iglesias plantea “un default y una reestructuración de deuda”, algo que está en la carpeta de varios institutos oficiales, como alternativa a la deflación implacable que asola a la Unión Europea. Abreva en el kirchnerismo, que ha duplicado la deuda pública en una década y lleva a la quiebra al sistema jubilatorio y monetario.

Sea como fuere, este “programa” ha sido elucubrado por una minoría académica para que sirva de plafón a un esquema publicitario cuyo costo económico desconocemos, pero que ha desembocado en la propuesta de meter candidatos designados en otras listas para las municipales para evitar el aluvión en las propias. Asistimos a una disolución “temporal”.

Entre Francisco y la devaluación

No es un dato menor que el discurso de Cristina Kirchner en la ONU comenzara evocando al “default más grande de la historia”. Después de recordarle a los jefes de Estado que el kirchnerismo fue el que rescató la deuda contraída por Videla, Martínez de Hoz, Cavallo y De la Rúa, la Presidenta reivindicó el pago de 190.000 millones de dólares al cabo de una década. En cambio, no dijo que, al cabo de semejante sangría, la deuda argentina duplica hoy a la de 2001, sólo por haber refinanciado y capitalizado intereses impagos. Como consecuencia de ello, Argentina enfrenta una nueva bancarrota general.

Pero la confesión de esa quiebra no pasó por Nueva York. Mientras Cristina peroraba en la ONU, los funcionarios kirchneristas les avisaban a los importadores que sólo podrían obtener dólares por medio de la Bolsa o de la compra de títulos públicos -o sea, a 14 pesos. La generalización de este mecanismo es la señal de largada de una megadevaluación. En Washington, la Presidenta habló de la cesación de pagos de 2001. Pero, en Buenos Aires, avanzaba una nueva declaración de quiebra del país. Continuar leyendo

Trabajar por la urbanización de la Villa 20

La reunión de la Comisión de Vivienda del lunes 1 de setiembre concentró todas las tensiones políticas derivadas del desalojo de Lugano. Más de doscientos vecinos, de la villa 20 y de otros barrios, se hicieron presentes y expusieron su situación: la brutalidad del desalojo ejecutado por la Metropolitana y la gendarmería nacional; el maltrato y hostigamiento que reciben ahora en los paradores u hogares donde fueron alojados; la vía libre a los narcos por parte del Estado y de sus fuerzas de ‘seguridad’.

Fue una denuncia brutal contra los dos Gobiernos. A renglón siguiente, el presidente de la comisión propuso tratar los proyectos “relacionados con la toma de Lugano”. Entre ellos, varias declaraciones o “pedidos de informes”. Pero no incluyó en el temario al proyecto de urbanización integral del barrio “Papa Francisco” y de la Villa 20, que nuestra banca presentó junto con otros diputados a partir de un trabajo de docentes de Arquitectura de la UBA y de los propios delegados villeros.

El argumento exhibido por la mayoría de los diputados, tanto macristas como kirchneristas, es que resultaba “absurdo” votar un proyecto que aún no había sido discutido por los asesores de la comisión. Una pura dilación, porque hace semanas que fue presentado y porque el PRO no quiere ninguna urbanización, cualquiera sea el proyecto que se trate.

En estas condiciones, mocionamos que el proyecto se incluyera en el orden del día y que también fuera votado por la comisión. Se encontraban presentes cinco diputados del PRO y cinco de la oposición, y el desempate por parte del presidente podía ser favorable al proyecto. De distintos modos, intentamos ser persuadidos por los K para que “no se vote”, ya que “no estaban asegurados los votos en el recinto”. Señalamos que era al revés: que teníamos que arrancar un dictamen favorable en la comisión, y luego, a través de una enérgica campaña política, preparar las condiciones para una votación favorable en el recinto. Nuestra moción, apoyada por el bloque de La Alameda, fue calurosamente sostenida por los vecinos presentes. El diputado kirchnerista “Quito” Aragón, que intentó denostar nuestro planteo, fue abucheado. La reunión se convirtió en una caldera, mientras el público reclamaba “que se vote, que se vote”.

Bajo esa gigantesca presión, los dos diputados kirchneristas presentes tuvieron que apoyar la moción del Frente de Izquierda. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Comisión, de UNEN. El despacho, con voto mayoritario, estaba en condiciones de ser aprobado. Mientras algunos diputados macristas interponían chicanas para ganar tiempo, otros entraban en estado de desesperación. En esas condiciones, el macrismo trajo de su casa al diputado José Luis Acevedo, con el único objetivo de levantar la mano e impedir una votación a favor de la urbanización de la Villa. La llegada de Acevedo desató el escándalo y el repudio de todos los presentes. Lo mismo ocurrió con los reclamos para la sesión de un predio donde puedan erigirse viviendas transitorias a los desalojados, que se lo exigimos igualmente a la Nación y a la Ciudad.

Ningún encubrimiento

Despejada nuestra tentativa de debatir la urbanización de la Villa, la presidencia de la comisión propuso aprobar los pedidos de informes y declaraciones relacionados con la crisis de Lugano. Nos opusimos a firmarlos, no por su contenido, sino por la función política de esos proyectos inocuos: distraer la atención legislativa de la única cuestión que importa, o sea, la urbanización de la Villa 20. Señalamos que, en relación al punto, sólo íbamos a apoyar lo que implicara la conquista efectiva del derecho a la vivienda. De ese modo, desenmascaramos el parlamentarismo vacío de los bloques patronales. Los vecinos presentes desarrollaron toda una experiencia política.

La reunión de la legislatura ha dejado dos tareas precisas. Por un lado, es necesario redoblar la campaña por la aprobación del proyecto de urbanización. En segundo lugar, reagrupar y rodear de solidaridad a los desalojados, que el Gobierno pretende expulsar de los paradores para promover su desmoralización. Todo el movimiento de lucha por el techo debe sumarse: una victoria en Lugano servirá de palanca para impulsar la lucha de todas las villas de la Ciudad.

El PRO y los K, juntos y en silencio, por el pago a los buitres

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad aprobó una declaración consensuada entre el kirchnerismo y la mayoría del PRO, saludando las gestiones oficiales y de opositores en pos de un arreglo de deuda con los fondos buitre, y para continuar con el pago del conjunto de la deuda.

La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

La capitulación final

Después del fallo colonial de la Corte americana contra Argentina, el pago a los llamados “fondos buitre” sería la señal definitiva del derrumbe del kirchnerismo como experiencia política. En estos años, el intento de arbitrar entre el capital internacional y los intereses nacionales tuvo como principal argumento a la ‘negociación inteligente’ de la deuda externa, que abriría paso a una reconstrucción del país bajo la dirección de la burguesía nacional. Hace rato que ese relato se venía desmoronando, si se tiene en cuenta la cláusula que premia jugosamente a los bonistas que entraron al canje con el crecimiento del PBI y que terminó neutralizando las ‘quitas’ sobre la deuda argentina o, más recientemente, la decisión de resarcir a Repsol y de pagar con creces la deuda con el Club de París.

La deuda que reconoció el kirchnerismo en los sucesivos canjes es el resultado de un largo proceso usurario, donde se han pagado intereses sobre intereses. A esta hipoteca se agregaría ahora la de los “fondos buitre”, según marcha la negociación anunciada por Kicillof. Por lo pronto, la pretensión de trasladar a Buenos Aires el pago de los bonos “reestructurados” para evitar la extorsión de los buitres fue volteada por el juez Griesa en la primera reunión con los negociadores argentinos. Esa tentativa tardía e improvisada de cambio de jurisdicción -después de haber aceptado la cláusula colonial de someter los arreglos de la deuda a tribunales internacionales- murió antes de nacer.

En cambio, los buitres sí apretarán a Argentina con la obligación de extender a los otros bonistas cualquier arreglo que supere las condiciones arrancadas en los canjes de 2005 y 2010, que estarán vigentes hasta fines de este año. En esas condiciones, la “negociación con dignidad” de Cristina-Kicillof será una copia de lo sucedido con Repsol y con el Club de París -o sea, el reconocimiento integral de la deuda exigida por los acreedores y una nueva emisión de bonos con rendimientos abusivos. Ello, sin que Argentina quede eximida de una nueva oleada de litigios -esta vez, de los bonistas que habían entrado al canje. Los que reclaman una rápida negociación y arreglo con los buitres, con la pretensión de cerrar el conflicto, no quieren ver que el camino de ese arreglo –e incluso su desenlace- estará minado de turbulencias y nuevas crisis.

La decisión de la Corte norteamericana sanciona otra bancarrota política: la del gabinete nacional, que justificó los arreglos ruinosos con Repsol y el Club de París con el argumento de que ganarían la “comprensión” de la Corte y el Departamento de Estado norteamericanos en la causa de los buitres. Esta política fue acompañada férreamente por la oposición, que viajó a Estados Unidos para refrendar la política oficial. Ahora, estos mismos opositores, junto con la totalidad de las cámaras patronales, exigen un arreglo rápido con los fondos buitres. Sergio Massa ha reclamado una bicameral, no para investigar la deuda ilegítima, sino para “monitorear” al gobierno en la negociación con Griesa y asegurar la capitulación ante los buitres. Los radicales se pusieron “a disposición” de lo que necesite el gobierno en el Congreso. Todos ellos, a coro, advierten contra “el peligro de un default”’ y la necesidad de “preservar el acceso al crédito internacional”. Saben muy bien, sin embargo, que los arreglos con Repsol, el Club de París y los buitres llevarán la deuda externa argentina a los 300.000 millones de dólares. Con semejante hipoteca nacional, los nuevos préstamos sólo podrían llegar en condiciones usurarias, algo que ya ocurre con las emisiones de las provincias.

Para abrirle camino al nuevo endeudamiento, los mismos que advierten contra un default con el capital financiero reclaman a la vez un default en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes: a ello conduciría una megadevaluación de la moneda, pulverizando el valor de la deuda pública en pesos con los fondos jubilatorios y el Banco Central. Los agentes políticos de los bonistas exigen también un tarifazo para que los recursos del fisco se apliquen de lleno al pago de la deuda. Pero a la luz de los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso esa confiscación social resultará inútil para evitar una nueva cesación de pagos.

En oposición a la unidad nacional de los K, Macri, Binner o Massa para llevarnos a ese rumbo de bancarrota, desde la izquierda planteamos la investigación integral del conjunto de la deuda, el repudio general de todos los compromisos usuarios y un impuesto extraordinario al capital financiero para recapitalizar al Banco Central y a la Anses del saqueo cometido en estos años. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los explotados de distintos países del planeta a una verdadera catástrofe social, es necesario convocar una movilización internacional por el repudio de la deuda usuraria.

El Mundial viene caliente

Es inocultable que la devaluación del peso no ha resuelto los problemas de ‘caja’ del gobierno y ha provocado una crisis industrial. En Córdoba, las suspensiones en la industria automotriz sumaron esta semana 1.900 trabajadores, mientras 150 metalúrgicas se acogen a los ‘recursos preventivos de crisis’, la venia para suspender o despedir. En Rosario, General Motors interrumpió su producción un día por semana, mientras que los recursos preventivos ya involucran a 3.000 trabajadores en toda la provincia. Mendoza sumó 6.000 desocupados en los últimos meses. El ajuste K, que fuera celebrado por todo el arco patronal, se ha convertido en un desajuste en gran escala. 

Es en este marco que la llamada “pax cambiaria” ha llegado a su fin y que se vuelve a disparar el dólar en los mercados de capitales. La sangría no podrá frenarse esta vez con un aumento de la tasa de interés en pesos, porque el nivel alcanzado -arriba de un 30% anual- es una carga insoportable para la economía. Por otro lado, las concesiones a los monopolios extranjeros, como ha sido el caso de Chevron o el resarcimiento ruinoso a Repsol, no han aportado nada a la posibilidad de obtener financiamiento internacional.

Una nueva devaluación volverá a aumentar el peso de la deuda pública dolarizada y disparará aun más los precios. Esto ocurre cuando el endeudamiento de los trabajadores alcanza a tres sueldos promedio, el nivel más alto de los últimos quince años -y similar, justamente, al que se registró en las puertas de la quiebra anterior (1998).

El kirchnerismo, en este cuadro, juega sus últimas fichas al reendeudamiento con el capital financiero internacional. Desde el FMI para abajo exigen una devaluación mayor del peso, la extensión de los tarifazos a todos los servicios y el levantamiento del llamado “cepo cambiario”. Un fallo desfavorable de la Corte norteamericana sobre el litigio con los fondos buitres obligará al gobierno a una negociación en condiciones negativas.

El gobierno transita por los carriles de un ‘rodrigazo’, precisamente cuando las grandes huelgas docentes y el paro del 10 demostraron que el movimiento obrero no lo va a aceptar sin grandes luchas. Ante la presión de los despidos, la UOM de Córdoba acaba de votar una huelga activa en la jornada aniversario del Cordobazo. En ese cuadro, la embestida judicial sobre Boudou demuestra que el gobierno carece de la capacidad para arbitrar la crisis; se mantenga inmóvil o vuelva a devaluar sus posibilidades se achican. Ya lo advirtió Bergoglio: “cuiden a Cristina”. El Episcopado ha vuelto a intervenir con un llamado a la “reconciliación nacional” y a pactar “políticas de Estado” -o sea a armar una “unidad nacional” que evite una repetición de 2001 en condiciones de mayor movilización y mayor politización de las masas. Esto explica las convocatorias a Moyano y Barrionuevo, y la unión entre macristas y kirchneristas en un engendro de “juventudes políticas”.

Una gran deliberación recorre a todas las clases sociales, en primer lugar a la clase obrera. Es necesario que enlacemos las grandes reivindicaciones de la hora -prohibición de suspensiones y despidos, abolición del impuesto al salario, ajuste móvil de salarios con la inflación, 82% móvil, y el reclamo de un inmediato para de 36 horas por estos reclamos- junto a los planteos políticos estratégicos, para unir al movimiento de la clase obrera con la izquierda. Con decenas de charlas, asambleas y debates, el Partido Obrero ha puesto en marcha la campaña por un Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, para poner en la agenda de los trabajadores la cuestión del poder

Macri, un adelantado de la “nueva” deuda externa

En la sesión legislativa de hoy, jueves 8, el gobierno de Mauricio Macri hará votar un nuevo aumento en la deuda externa de la Ciudad –esta vez, en 185 millones de dólares. Entre 2008 y 2013, el gobierno PRO triplicó la deuda porteña en moneda extranjera.  Con los nuevos compromisos que se habilitarán este jueves, la factura alcanzará los 2000 millones de dólares, una cifra que –después de la última devaluación- representa el 27% de los ingresos presupuestarios de la Ciudad. Si, como reclaman los economistas “Pro”,  la escalada devaluatoria da otra vuelta de tuerca, esa proporción se ubicará entre el 35 y 40% del presupuesto porteño. Los funcionarios de Macri se vanaglorian de haber bajado la tasa de interés en las sucesivas emisiones de deuda de los últimos tres años. No dicen que ello se logró a cambio  de acortar los plazos de devolución de los nuevos compromisos de deuda.  Justamente, la emisión que quieren aprobar ahora se relaciona con esos gravosos vencimientos: es que  los 185 millones irán destinados a amortizar la deuda que vencía este año, y que agrandó su peso después de la devaluación.  El gobierno PRO, por lo tanto, ya ingresó en la espiral de quienes toman deuda para pagar deuda. Para colmo, el proyecto que se pretende aprobar no especifica ni plazos ni intereses a pagar:  Macri le exige a la Legislatura un verdadero cheque en blanco.

¿A dónde fueron a parar los 2000 millones contraídos en estos años? El macrismo creó un difuso “Programa de Asistencia Financiera”,  que ha servido para borrar el rastro sobre el destino de los préstamos obtenidos. La participación de las obras de infraestructura en el presupuesto total se ha mantenido constante en los últimos diez años.  O sea que la nueva deuda cubrió, en su mayor parte, el aumento de gastos corrientes  Por si quedaran dudas de la desinversión, está a la vista el desastre de las inundaciones, por el incumplimiento de las inversiones previstas para el arroyo Medrano. En el mismo lapso en que se triplicó la deuda, los recursos efectivamente desembolsados para vivienda e infraestructura social se redujeron a la mitad. En contrapartida, y en una de las pocas emisiones de deuda con destino específico, el macrismo la destinó a la indexación de los contratos de recolección de residuos.  También tienen nombre y apellido los comisionistas de la deuda: la primera emisión de la gestión macrista (2008), de casi 500 millones de dólares, fue encargada –sin licitación- al Credit Suisse, a través de una “consultora” presidida por el ex jefe de campaña del PRO. Una emisión posterior fue encomendada al BST, un banco que está siendo investigado por operaciones de lavado de dinero.

El kirchnerismo porteño denuncia al endeudamiento del gobierno PRO,  pero se trata de pura demagogia.  En medio del tobogán de las reservas internacionales, el gabinete Capitanich-Kicillof  alienta abiertamente a las provincias al endeudamiento en dólares, con dos claros objetivos. Por un lado, desligar al tesoro nacional del auxilio a los distritos. Por el otro, asegurar, a como sea, el ingreso de dólares, para subir artificialmente el nivel de reservas.  Es claro que la nueva deuda que tomará Macri jugará esa función,  ya que le evitará al banco Central K desembolsar los dólares necesarios para amortizar la deuda que debía pagar este año el gobierno PRO. Al igual que YPF, los derechistas porteños están siendo peones del nuevo ciclo de endeudamiento externo que quiere abrir la administración “nacional y popular”.

En la sesión del jueves, denunciaremos esta tentativa, que forma parte de una orientación presupuestaria al servicio de la patria contratista y los negocios inmobiliarios.  El gobierno que se endeuda sostiene casi el 100% de sus ingresos en impuestos que gravan el consumo y el ingreso popular,  mientras que los capitalistas no aportan un peso por la renta extraordinaria que implica su sola radicación en el centro político, comercial y financiero del país. Plantearemos que se archive este nuevo pedido de deuda, y  una investigación  integral de las operaciones de endeudamiento desde que se inauguró la Ciudad Autónoma: destino de los fondos captados, comisiones pagadas y tenedores de sus títulos.

La otra cara de la toma de Lugano

Mientras la Metropolitana y la Federal tramaban el desalojo de la toma de Lugano, Mauricio Macri anunciaba la licitación para construir la “Villa Olímpica” a algunas cuadras del predio ocupado. El proyecto tiene como destino los terceros Juegos Olímpicos de la juventud, previstos para 2018 en Buenos Aires. La inversión anunciada, de 200 millones de dólares, equivale a todo el presupuesto anual de vivienda en la Ciudad. El macrismo dice que, después de los juegos, las obras quedarán “para provecho de los vecinos”. Pero el abismo entre el megaproyecto y la condición social de la Comuna 8 (Soldati-Lugano) es completo. Por caso, se ha prometido que el natatorio olímpico proyectado se destine luego a las escuelas, cuando en esta zona el déficit de vacantes escolares en escuelas estatales es pavoroso en todos sus niveles.

La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

Una historia de estafas

La Justicia volvió a ordenar el desalojo del predio ocupado en la Villa 20 a los gobiernos nacional y porteño. En las últimas horas, la gendarmería y la Federal se estuvieron reuniendo con la policía de Macri. El desalojo violento remataría una larga historia de defraudación a las familias sin techo de la Villa 20 y de toda la Comuna 8. Las leyes de urbanización de esa villa, votadas hace ocho años, nunca se llevaron adelante. En cambio, sí se invirtió en el polo empresarial farmaceútico que se erige a pocas cuadras de allí.

En 2010 se prometió a las familias que ocuparon el Parque Indoamericano “un peso de Nación por cada peso de Ciudad” para la construcción de viviendas. Otra mentira, en perjuicio de muchos de los que hoy ocupan en Lugano. En su abrumadora mayoría, esas familias alquilan piezas ínfimas en la Villa 20, a un costo de más de mil pesos mensuales. La miseria salarial, por un lado, y la suba de los alquileres, por el otro, las obligaron a dejar sus viviendas y tomar un terreno. La ocupación retrata la miseria social extrema a la que condena la política capitalista a los más explotados.

Desde el principio, el PRO rechazó tratar en la Legislatura cualquier iniciativa para poner en marcha una urbanización de la Villa 20 con los actuales ocupantes censados, incluidas sus necesidades habitacionales. Esto es lo que planteamos nosotros a través de un proyecto de ley. El gobierno de Macri, en cambio, presentaba ante la Justicia un llamado “plan de urbanización”, previo “desalojo de las tierras ocupadas”. Un verso. Los diputados del kirchnerismo, UNEN y MST han denunciado, en un comunicado, “la violación sistemática de las leyes (de urbanización), pero agregando que “la ocupación de los terrenos no debería ser la forma de alcanzar una vivienda digna”. También llaman a una “solución pacífica”, pero no defienden el derecho a la vivienda por parte de los ocupantes. El que no quiere los medios no quiere los fines.

Una vez más, la cuestión de fondo en esta crisis es el destino de las tierras ociosas del sur de la Ciudad, que para Macri y Cristina Kirchner deben reservarse para que el capital financiero extienda la especulación inmobiliaria desde Puerto Madero. Así lo refleja el Plan Maestro para la Comuna 8 y la negativa sistemática a urbanizar las villas, o refaccionar y reconstruir los complejos habitacionales de Lugano y de Soldati.

En este cuadro, planteamos:

1) ningún desalojo

2) realización de un censo integral para establecer el universo de todas las familias con necesidades habitacionales en la Villa 20, incluyendo a quienes alquilan y a los actuales ocupantes

3) inmediato inicio de la urbanización de la villa bajo control de representantes electos, incluyendo al conjunto de las tierras originalmente destinadas para ello -incluidas las que intrusa la Policía Federal

4) plan de urbanización bajo participación y control de representantes electos

5) créditos para acceder a las viviendas, que no superen el 20% del ingreso familiar.

El apagón de la educación pública

El sistema de “inscripciones online” para el ciclo lectivo 2014 ha sumido a la Ciudad en una grave crisis educativa. Según ha trascendido, existirían 17.600 alumnos sin vacantes, la mayor parte de los cuales pertenecen al nivel inicial (jardines). Pero esta cifra debe ser aun mayor: después de las inscripciones, y luego de haber recibido un mail de confirmación, miles de familias fueron colocadas en “lista de espera” o con vacante condicional.

En cualquier caso, y por las características del sistema online, la verdadera demanda de matrícula es un secreto celosamente guardado por el gobierno de la Ciudad. Los docentes, alumnos y padres han quedado completamente apartados del proceso de inscripción: la decisión de la escuela asignada y de la propia existencia o no de una vacante están bajo el arbitrio exclusivo y despótico del Ministerio de Educación.

Es claro que la incertidumbre en relación a las vacantes reclamadas empuja a muchas familias, particularmente en la enseñanza inicial, a buscar una vacante en escuelas o jardines privados.

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