El PRO y los K, juntos y en silencio, por el pago a los buitres

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad aprobó una declaración consensuada entre el kirchnerismo y la mayoría del PRO, saludando las gestiones oficiales y de opositores en pos de un arreglo de deuda con los fondos buitre, y para continuar con el pago del conjunto de la deuda.

La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

La capitulación final

Después del fallo colonial de la Corte americana contra Argentina, el pago a los llamados “fondos buitre” sería la señal definitiva del derrumbe del kirchnerismo como experiencia política. En estos años, el intento de arbitrar entre el capital internacional y los intereses nacionales tuvo como principal argumento a la ‘negociación inteligente’ de la deuda externa, que abriría paso a una reconstrucción del país bajo la dirección de la burguesía nacional. Hace rato que ese relato se venía desmoronando, si se tiene en cuenta la cláusula que premia jugosamente a los bonistas que entraron al canje con el crecimiento del PBI y que terminó neutralizando las ‘quitas’ sobre la deuda argentina o, más recientemente, la decisión de resarcir a Repsol y de pagar con creces la deuda con el Club de París.

La deuda que reconoció el kirchnerismo en los sucesivos canjes es el resultado de un largo proceso usurario, donde se han pagado intereses sobre intereses. A esta hipoteca se agregaría ahora la de los “fondos buitre”, según marcha la negociación anunciada por Kicillof. Por lo pronto, la pretensión de trasladar a Buenos Aires el pago de los bonos “reestructurados” para evitar la extorsión de los buitres fue volteada por el juez Griesa en la primera reunión con los negociadores argentinos. Esa tentativa tardía e improvisada de cambio de jurisdicción -después de haber aceptado la cláusula colonial de someter los arreglos de la deuda a tribunales internacionales- murió antes de nacer.

En cambio, los buitres sí apretarán a Argentina con la obligación de extender a los otros bonistas cualquier arreglo que supere las condiciones arrancadas en los canjes de 2005 y 2010, que estarán vigentes hasta fines de este año. En esas condiciones, la “negociación con dignidad” de Cristina-Kicillof será una copia de lo sucedido con Repsol y con el Club de París -o sea, el reconocimiento integral de la deuda exigida por los acreedores y una nueva emisión de bonos con rendimientos abusivos. Ello, sin que Argentina quede eximida de una nueva oleada de litigios -esta vez, de los bonistas que habían entrado al canje. Los que reclaman una rápida negociación y arreglo con los buitres, con la pretensión de cerrar el conflicto, no quieren ver que el camino de ese arreglo –e incluso su desenlace- estará minado de turbulencias y nuevas crisis.

La decisión de la Corte norteamericana sanciona otra bancarrota política: la del gabinete nacional, que justificó los arreglos ruinosos con Repsol y el Club de París con el argumento de que ganarían la “comprensión” de la Corte y el Departamento de Estado norteamericanos en la causa de los buitres. Esta política fue acompañada férreamente por la oposición, que viajó a Estados Unidos para refrendar la política oficial. Ahora, estos mismos opositores, junto con la totalidad de las cámaras patronales, exigen un arreglo rápido con los fondos buitres. Sergio Massa ha reclamado una bicameral, no para investigar la deuda ilegítima, sino para “monitorear” al gobierno en la negociación con Griesa y asegurar la capitulación ante los buitres. Los radicales se pusieron “a disposición” de lo que necesite el gobierno en el Congreso. Todos ellos, a coro, advierten contra “el peligro de un default”’ y la necesidad de “preservar el acceso al crédito internacional”. Saben muy bien, sin embargo, que los arreglos con Repsol, el Club de París y los buitres llevarán la deuda externa argentina a los 300.000 millones de dólares. Con semejante hipoteca nacional, los nuevos préstamos sólo podrían llegar en condiciones usurarias, algo que ya ocurre con las emisiones de las provincias.

Para abrirle camino al nuevo endeudamiento, los mismos que advierten contra un default con el capital financiero reclaman a la vez un default en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes: a ello conduciría una megadevaluación de la moneda, pulverizando el valor de la deuda pública en pesos con los fondos jubilatorios y el Banco Central. Los agentes políticos de los bonistas exigen también un tarifazo para que los recursos del fisco se apliquen de lleno al pago de la deuda. Pero a la luz de los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso esa confiscación social resultará inútil para evitar una nueva cesación de pagos.

En oposición a la unidad nacional de los K, Macri, Binner o Massa para llevarnos a ese rumbo de bancarrota, desde la izquierda planteamos la investigación integral del conjunto de la deuda, el repudio general de todos los compromisos usuarios y un impuesto extraordinario al capital financiero para recapitalizar al Banco Central y a la Anses del saqueo cometido en estos años. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los explotados de distintos países del planeta a una verdadera catástrofe social, es necesario convocar una movilización internacional por el repudio de la deuda usuraria.

El Mundial viene caliente

Es inocultable que la devaluación del peso no ha resuelto los problemas de ‘caja’ del gobierno y ha provocado una crisis industrial. En Córdoba, las suspensiones en la industria automotriz sumaron esta semana 1.900 trabajadores, mientras 150 metalúrgicas se acogen a los ‘recursos preventivos de crisis’, la venia para suspender o despedir. En Rosario, General Motors interrumpió su producción un día por semana, mientras que los recursos preventivos ya involucran a 3.000 trabajadores en toda la provincia. Mendoza sumó 6.000 desocupados en los últimos meses. El ajuste K, que fuera celebrado por todo el arco patronal, se ha convertido en un desajuste en gran escala. 

Es en este marco que la llamada “pax cambiaria” ha llegado a su fin y que se vuelve a disparar el dólar en los mercados de capitales. La sangría no podrá frenarse esta vez con un aumento de la tasa de interés en pesos, porque el nivel alcanzado -arriba de un 30% anual- es una carga insoportable para la economía. Por otro lado, las concesiones a los monopolios extranjeros, como ha sido el caso de Chevron o el resarcimiento ruinoso a Repsol, no han aportado nada a la posibilidad de obtener financiamiento internacional.

Una nueva devaluación volverá a aumentar el peso de la deuda pública dolarizada y disparará aun más los precios. Esto ocurre cuando el endeudamiento de los trabajadores alcanza a tres sueldos promedio, el nivel más alto de los últimos quince años -y similar, justamente, al que se registró en las puertas de la quiebra anterior (1998).

El kirchnerismo, en este cuadro, juega sus últimas fichas al reendeudamiento con el capital financiero internacional. Desde el FMI para abajo exigen una devaluación mayor del peso, la extensión de los tarifazos a todos los servicios y el levantamiento del llamado “cepo cambiario”. Un fallo desfavorable de la Corte norteamericana sobre el litigio con los fondos buitres obligará al gobierno a una negociación en condiciones negativas.

El gobierno transita por los carriles de un ‘rodrigazo’, precisamente cuando las grandes huelgas docentes y el paro del 10 demostraron que el movimiento obrero no lo va a aceptar sin grandes luchas. Ante la presión de los despidos, la UOM de Córdoba acaba de votar una huelga activa en la jornada aniversario del Cordobazo. En ese cuadro, la embestida judicial sobre Boudou demuestra que el gobierno carece de la capacidad para arbitrar la crisis; se mantenga inmóvil o vuelva a devaluar sus posibilidades se achican. Ya lo advirtió Bergoglio: “cuiden a Cristina”. El Episcopado ha vuelto a intervenir con un llamado a la “reconciliación nacional” y a pactar “políticas de Estado” -o sea a armar una “unidad nacional” que evite una repetición de 2001 en condiciones de mayor movilización y mayor politización de las masas. Esto explica las convocatorias a Moyano y Barrionuevo, y la unión entre macristas y kirchneristas en un engendro de “juventudes políticas”.

Una gran deliberación recorre a todas las clases sociales, en primer lugar a la clase obrera. Es necesario que enlacemos las grandes reivindicaciones de la hora -prohibición de suspensiones y despidos, abolición del impuesto al salario, ajuste móvil de salarios con la inflación, 82% móvil, y el reclamo de un inmediato para de 36 horas por estos reclamos- junto a los planteos políticos estratégicos, para unir al movimiento de la clase obrera con la izquierda. Con decenas de charlas, asambleas y debates, el Partido Obrero ha puesto en marcha la campaña por un Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, para poner en la agenda de los trabajadores la cuestión del poder

Macri, un adelantado de la “nueva” deuda externa

En la sesión legislativa de hoy, jueves 8, el gobierno de Mauricio Macri hará votar un nuevo aumento en la deuda externa de la Ciudad –esta vez, en 185 millones de dólares. Entre 2008 y 2013, el gobierno PRO triplicó la deuda porteña en moneda extranjera.  Con los nuevos compromisos que se habilitarán este jueves, la factura alcanzará los 2000 millones de dólares, una cifra que –después de la última devaluación- representa el 27% de los ingresos presupuestarios de la Ciudad. Si, como reclaman los economistas “Pro”,  la escalada devaluatoria da otra vuelta de tuerca, esa proporción se ubicará entre el 35 y 40% del presupuesto porteño. Los funcionarios de Macri se vanaglorian de haber bajado la tasa de interés en las sucesivas emisiones de deuda de los últimos tres años. No dicen que ello se logró a cambio  de acortar los plazos de devolución de los nuevos compromisos de deuda.  Justamente, la emisión que quieren aprobar ahora se relaciona con esos gravosos vencimientos: es que  los 185 millones irán destinados a amortizar la deuda que vencía este año, y que agrandó su peso después de la devaluación.  El gobierno PRO, por lo tanto, ya ingresó en la espiral de quienes toman deuda para pagar deuda. Para colmo, el proyecto que se pretende aprobar no especifica ni plazos ni intereses a pagar:  Macri le exige a la Legislatura un verdadero cheque en blanco.

¿A dónde fueron a parar los 2000 millones contraídos en estos años? El macrismo creó un difuso “Programa de Asistencia Financiera”,  que ha servido para borrar el rastro sobre el destino de los préstamos obtenidos. La participación de las obras de infraestructura en el presupuesto total se ha mantenido constante en los últimos diez años.  O sea que la nueva deuda cubrió, en su mayor parte, el aumento de gastos corrientes  Por si quedaran dudas de la desinversión, está a la vista el desastre de las inundaciones, por el incumplimiento de las inversiones previstas para el arroyo Medrano. En el mismo lapso en que se triplicó la deuda, los recursos efectivamente desembolsados para vivienda e infraestructura social se redujeron a la mitad. En contrapartida, y en una de las pocas emisiones de deuda con destino específico, el macrismo la destinó a la indexación de los contratos de recolección de residuos.  También tienen nombre y apellido los comisionistas de la deuda: la primera emisión de la gestión macrista (2008), de casi 500 millones de dólares, fue encargada –sin licitación- al Credit Suisse, a través de una “consultora” presidida por el ex jefe de campaña del PRO. Una emisión posterior fue encomendada al BST, un banco que está siendo investigado por operaciones de lavado de dinero.

El kirchnerismo porteño denuncia al endeudamiento del gobierno PRO,  pero se trata de pura demagogia.  En medio del tobogán de las reservas internacionales, el gabinete Capitanich-Kicillof  alienta abiertamente a las provincias al endeudamiento en dólares, con dos claros objetivos. Por un lado, desligar al tesoro nacional del auxilio a los distritos. Por el otro, asegurar, a como sea, el ingreso de dólares, para subir artificialmente el nivel de reservas.  Es claro que la nueva deuda que tomará Macri jugará esa función,  ya que le evitará al banco Central K desembolsar los dólares necesarios para amortizar la deuda que debía pagar este año el gobierno PRO. Al igual que YPF, los derechistas porteños están siendo peones del nuevo ciclo de endeudamiento externo que quiere abrir la administración “nacional y popular”.

En la sesión del jueves, denunciaremos esta tentativa, que forma parte de una orientación presupuestaria al servicio de la patria contratista y los negocios inmobiliarios.  El gobierno que se endeuda sostiene casi el 100% de sus ingresos en impuestos que gravan el consumo y el ingreso popular,  mientras que los capitalistas no aportan un peso por la renta extraordinaria que implica su sola radicación en el centro político, comercial y financiero del país. Plantearemos que se archive este nuevo pedido de deuda, y  una investigación  integral de las operaciones de endeudamiento desde que se inauguró la Ciudad Autónoma: destino de los fondos captados, comisiones pagadas y tenedores de sus títulos.

La otra cara de la toma de Lugano

Mientras la Metropolitana y la Federal tramaban el desalojo de la toma de Lugano, Mauricio Macri anunciaba la licitación para construir la “Villa Olímpica” a algunas cuadras del predio ocupado. El proyecto tiene como destino los terceros Juegos Olímpicos de la juventud, previstos para 2018 en Buenos Aires. La inversión anunciada, de 200 millones de dólares, equivale a todo el presupuesto anual de vivienda en la Ciudad. El macrismo dice que, después de los juegos, las obras quedarán “para provecho de los vecinos”. Pero el abismo entre el megaproyecto y la condición social de la Comuna 8 (Soldati-Lugano) es completo. Por caso, se ha prometido que el natatorio olímpico proyectado se destine luego a las escuelas, cuando en esta zona el déficit de vacantes escolares en escuelas estatales es pavoroso en todos sus niveles.

La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

Una historia de estafas

La Justicia volvió a ordenar el desalojo del predio ocupado en la Villa 20 a los gobiernos nacional y porteño. En las últimas horas, la gendarmería y la Federal se estuvieron reuniendo con la policía de Macri. El desalojo violento remataría una larga historia de defraudación a las familias sin techo de la Villa 20 y de toda la Comuna 8. Las leyes de urbanización de esa villa, votadas hace ocho años, nunca se llevaron adelante. En cambio, sí se invirtió en el polo empresarial farmaceútico que se erige a pocas cuadras de allí.

En 2010 se prometió a las familias que ocuparon el Parque Indoamericano “un peso de Nación por cada peso de Ciudad” para la construcción de viviendas. Otra mentira, en perjuicio de muchos de los que hoy ocupan en Lugano. En su abrumadora mayoría, esas familias alquilan piezas ínfimas en la Villa 20, a un costo de más de mil pesos mensuales. La miseria salarial, por un lado, y la suba de los alquileres, por el otro, las obligaron a dejar sus viviendas y tomar un terreno. La ocupación retrata la miseria social extrema a la que condena la política capitalista a los más explotados.

Desde el principio, el PRO rechazó tratar en la Legislatura cualquier iniciativa para poner en marcha una urbanización de la Villa 20 con los actuales ocupantes censados, incluidas sus necesidades habitacionales. Esto es lo que planteamos nosotros a través de un proyecto de ley. El gobierno de Macri, en cambio, presentaba ante la Justicia un llamado “plan de urbanización”, previo “desalojo de las tierras ocupadas”. Un verso. Los diputados del kirchnerismo, UNEN y MST han denunciado, en un comunicado, “la violación sistemática de las leyes (de urbanización), pero agregando que “la ocupación de los terrenos no debería ser la forma de alcanzar una vivienda digna”. También llaman a una “solución pacífica”, pero no defienden el derecho a la vivienda por parte de los ocupantes. El que no quiere los medios no quiere los fines.

Una vez más, la cuestión de fondo en esta crisis es el destino de las tierras ociosas del sur de la Ciudad, que para Macri y Cristina Kirchner deben reservarse para que el capital financiero extienda la especulación inmobiliaria desde Puerto Madero. Así lo refleja el Plan Maestro para la Comuna 8 y la negativa sistemática a urbanizar las villas, o refaccionar y reconstruir los complejos habitacionales de Lugano y de Soldati.

En este cuadro, planteamos:

1) ningún desalojo

2) realización de un censo integral para establecer el universo de todas las familias con necesidades habitacionales en la Villa 20, incluyendo a quienes alquilan y a los actuales ocupantes

3) inmediato inicio de la urbanización de la villa bajo control de representantes electos, incluyendo al conjunto de las tierras originalmente destinadas para ello -incluidas las que intrusa la Policía Federal

4) plan de urbanización bajo participación y control de representantes electos

5) créditos para acceder a las viviendas, que no superen el 20% del ingreso familiar.

El apagón de la educación pública

El sistema de “inscripciones online” para el ciclo lectivo 2014 ha sumido a la Ciudad en una grave crisis educativa. Según ha trascendido, existirían 17.600 alumnos sin vacantes, la mayor parte de los cuales pertenecen al nivel inicial (jardines). Pero esta cifra debe ser aun mayor: después de las inscripciones, y luego de haber recibido un mail de confirmación, miles de familias fueron colocadas en “lista de espera” o con vacante condicional.

En cualquier caso, y por las características del sistema online, la verdadera demanda de matrícula es un secreto celosamente guardado por el gobierno de la Ciudad. Los docentes, alumnos y padres han quedado completamente apartados del proceso de inscripción: la decisión de la escuela asignada y de la propia existencia o no de una vacante están bajo el arbitrio exclusivo y despótico del Ministerio de Educación.

Es claro que la incertidumbre en relación a las vacantes reclamadas empuja a muchas familias, particularmente en la enseñanza inicial, a buscar una vacante en escuelas o jardines privados.

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Default eléctrico: el gobierno y sus opositores en el banquillo

La catástrofe energética de estos días ha puesto en el tapete la fundición política y económica del régimen de rescate de las privatizaciones menemistas puesto en marcha a partir de 2002. La privatización eléctrica de los 90 -que en su momento apoyaron los K y sus actuales opositores- había sido un gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, Duhalde-Lavagna-Kirchner lo reemplazaron por el régimen actual: a cambio de pesificarles las tarifas, le consintieron a las eléctricas la más completa desinversión, y también las compensaron con subsidios crecientes. Los empresarios utilizaron esos recursos para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas.

Ahora, el gobierno ha insinuado una posible estatización del sistema eléctrico, que tiene como antecedente inmediato a la intervención a YPF. Allí, el gobierno desplazó a la fundida Repsol sólo para poner en marcha los acuerdos con Chevron. El lubricante de esa reprivatización ha sido el tarifazo en los combustibles -las naftas aumentaron un 80% desde que los “nac y pop” entraron a la petrolera. Esa seudoestatización, como rescate del capital en ruinas, se completa ahora con un acuerdo con los mismos vaciadores de YPF (Repsol). Pero la dolarización de los combustibles empujará, más temprano que tarde, a la de las tarifas eléctricas (las dos terceras partes de las usinas de Argentina se alimentan con gas o derivados del petróleo). Después de la fundición del régimen de los subsidios, los K –con el aval de toda la oposición tradicional– preparan el retorno a los 90.

Es este viraje en puertas el que explica la completa indolencia de los gobiernos y sus “entes reguladores” frente al colapso eléctrico. Las cámaras de distribución, cables o transformadores estallaron frente a la vista de los vecinos. Las distribuidoras, vaciadas de personal y de cuadrillas, no “saben” ni “contestan”. Estamos ante una clara extorsión contra el pueblo: “o aceptan el tarifazo, o seguirán sin luz y sin agua”.

En oposición al abandono del pueblo por parte de los gobiernos y las eléctricas, la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad planteó una emergencia eléctrica fundada en una enérgica intervención popular. En primer lugar, un comité de emergencia integrado por todos los bloques legislativos, y representantes electos de los trabajadores y vecinos afectados. Planteamos la constitución de cuadrillas de obreros y técnicos electricistas para responder a los reclamos. Ello, junto a la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Para financiar este planteo, sostuvimos un impuesto extraordinario a las salas de juego, que acaban de ser beneficiadas con una condonación de deudas impositivas por parte de los bloques del macrismo y los K en la Legislatura. En otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, nuestras bancadas tomaron iniciativas similares frente al desastre eléctrico e hídrico.

Mientras los legisladores de los partidos oficiales se negaban a deliberar, sus economistas recorrían los canales lamentando el “atraso o la insuficiencia de las tarifas”, como razón del colapso eléctrico. No pueden explicar, sin embargo, por qué en provincias como Santa Fe o Córdoba -que ya han aumentado fuertemente las tarifas- los cortes de luz  estuvieron a la orden del día. Es que la discusión sobre la “razonabilidad” de las tarifas carece de sentido en el marco de un régimen que se funda en la confiscación del patrimonio público, del presupuesto y de los usuarios. Por el contrario, reclamamos que todos los costos y resultados económicos del sistema eléctrico y energético deben ser abiertos a la consideración popular. No es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan la cuarta o quinta parte de sus precios internacionales. En ese cuadro,  la pretensión de “internacionalizar” las tarifas implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.

Una nacionalización de la industria energética,  bajo el control y  gestión de sus trabajadores, deberá  permitir una reapropiación social de esa renta energética.  Lejos de rescatar a los vaciadores –como ocurre con las estatizaciones kirchneristas- esa nacionalización deberá rescatar al patrimonio público a costa de quienes lo desfalcaron durante los últimos veinte años.

Cromañon, la impronta de una ciudad

En una visión superficial de la historia reciente, el noveno aniversario de la masacre de Cromañón parece ser sólo la evocación de una circunstancia atroz, casi perdida en el tiempo.

A poco de andar, sin embargo, encontraremos mucho más que eso.  Las causas que llevaron a la muerte de nuestros chicos nos devuelven brutalmente a la actualidad de la Ciudad y de su orientación social. A los intereses que defienden quienes la gobiernan hoy,  y quienes la gobernaron nueve años atrás.

Cromañón sacó a la luz una red de protección estatal y política sobre los intereses capitalistas en la industria del espectáculo y la noche. Funcionarios y gobernantes ampararon la habilitación de boliches en la mayor precariedad. Para los empresarios, menores costos. Para los trabajadores y jóvenes que concurrían, un sistema de zozobra permanente, que terminó estallando en la noche terrible de Once.

Pero ese escenario ¿no se despliega cotidianamente hacia el conjunto de la realidad laboral y social de la Ciudad? En la trastienda de la supuesta “capital del diseño” o de las “empresas tecno”, existen  miles de jóvenes precarizados, en call centers, en comercios o incluso en talleres clandestinos de trabajo semiesclavo.

Ayer, este régimen de liquidación de la vida y de las conquistas laborales se desarrolló bajo el amparo del seudoprogresismo.  Hoy, lo hace bajo las banderas del PRO. Pero en la Legislatura, unos y otros votan juntos, para asegurar la continuidad de la “Ciudad Cromañón”. Es lo que demuestran los consensos en favor de la privatización de tierras públicas o -más recientemente- el jubileo impositivo en favor de los zares del juego.

El acaparamiento de la Ciudad en favor del capital financiero, inmobiliario o del juego tiene como contrapartida a los múltiples cromañones cotidianos que soporta su población. Para algunos, la noche del 30 sólo será un incómodo recuerdo. Pero Cromañón reaparece todos los días, y con brutal vigencia, en el rostro del hospital desfinanciado; de la escuela sin matrícula; del vecino golpeado por los desequilibrios urbanos, desde las inundaciones recurrentes hasta el colapso eléctrico. 

Como Mariano Ferreyra, Luciano Arruga o los muertos de Once, los pibes de Cromañón abrieron un abismo infranqueable entre los que viven de su trabajo y los explotadores del trabajo ajeno, sus funcionarios y personeros.  Una vez más, ¡presentes! Por la memoria de ellos,  luchamos por una transformación social que ponga a los recursos de la Ciudad y del país en manos de quienes viven de su trabajo.

El tarifazo

La Justicia porteña habilitó a Macri a un aumento del 40% en la tarifa del subte. El aumento del subte consuma el pacto entre Macri y el gobierno nacional, en ocasión de transferirle los subtes, que otorgaba ‘facultades ilimitadas’ al gobierno PRO para financiar la concesión. El aumento del subte apresura un boletazo general en el transporte. El jefe de Gabinete, Abal Medina, anticipó ‘una revisión de tarifas (…) necesaria’. Claro, el presupuesto 2014 prevé una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. 

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

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