La otra cara de la toma de Lugano

Mientras la Metropolitana y la Federal tramaban el desalojo de la toma de Lugano, Mauricio Macri anunciaba la licitación para construir la “Villa Olímpica” a algunas cuadras del predio ocupado. El proyecto tiene como destino los terceros Juegos Olímpicos de la juventud, previstos para 2018 en Buenos Aires. La inversión anunciada, de 200 millones de dólares, equivale a todo el presupuesto anual de vivienda en la Ciudad. El macrismo dice que, después de los juegos, las obras quedarán “para provecho de los vecinos”. Pero el abismo entre el megaproyecto y la condición social de la Comuna 8 (Soldati-Lugano) es completo. Por caso, se ha prometido que el natatorio olímpico proyectado se destine luego a las escuelas, cuando en esta zona el déficit de vacantes escolares en escuelas estatales es pavoroso en todos sus niveles.

La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

Una historia de estafas

La Justicia volvió a ordenar el desalojo del predio ocupado en la Villa 20 a los gobiernos nacional y porteño. En las últimas horas, la gendarmería y la Federal se estuvieron reuniendo con la policía de Macri. El desalojo violento remataría una larga historia de defraudación a las familias sin techo de la Villa 20 y de toda la Comuna 8. Las leyes de urbanización de esa villa, votadas hace ocho años, nunca se llevaron adelante. En cambio, sí se invirtió en el polo empresarial farmaceútico que se erige a pocas cuadras de allí.

En 2010 se prometió a las familias que ocuparon el Parque Indoamericano “un peso de Nación por cada peso de Ciudad” para la construcción de viviendas. Otra mentira, en perjuicio de muchos de los que hoy ocupan en Lugano. En su abrumadora mayoría, esas familias alquilan piezas ínfimas en la Villa 20, a un costo de más de mil pesos mensuales. La miseria salarial, por un lado, y la suba de los alquileres, por el otro, las obligaron a dejar sus viviendas y tomar un terreno. La ocupación retrata la miseria social extrema a la que condena la política capitalista a los más explotados.

Desde el principio, el PRO rechazó tratar en la Legislatura cualquier iniciativa para poner en marcha una urbanización de la Villa 20 con los actuales ocupantes censados, incluidas sus necesidades habitacionales. Esto es lo que planteamos nosotros a través de un proyecto de ley. El gobierno de Macri, en cambio, presentaba ante la Justicia un llamado “plan de urbanización”, previo “desalojo de las tierras ocupadas”. Un verso. Los diputados del kirchnerismo, UNEN y MST han denunciado, en un comunicado, “la violación sistemática de las leyes (de urbanización), pero agregando que “la ocupación de los terrenos no debería ser la forma de alcanzar una vivienda digna”. También llaman a una “solución pacífica”, pero no defienden el derecho a la vivienda por parte de los ocupantes. El que no quiere los medios no quiere los fines.

Una vez más, la cuestión de fondo en esta crisis es el destino de las tierras ociosas del sur de la Ciudad, que para Macri y Cristina Kirchner deben reservarse para que el capital financiero extienda la especulación inmobiliaria desde Puerto Madero. Así lo refleja el Plan Maestro para la Comuna 8 y la negativa sistemática a urbanizar las villas, o refaccionar y reconstruir los complejos habitacionales de Lugano y de Soldati.

En este cuadro, planteamos:

1) ningún desalojo

2) realización de un censo integral para establecer el universo de todas las familias con necesidades habitacionales en la Villa 20, incluyendo a quienes alquilan y a los actuales ocupantes

3) inmediato inicio de la urbanización de la villa bajo control de representantes electos, incluyendo al conjunto de las tierras originalmente destinadas para ello -incluidas las que intrusa la Policía Federal

4) plan de urbanización bajo participación y control de representantes electos

5) créditos para acceder a las viviendas, que no superen el 20% del ingreso familiar.

El apagón de la educación pública

El sistema de “inscripciones online” para el ciclo lectivo 2014 ha sumido a la Ciudad en una grave crisis educativa. Según ha trascendido, existirían 17.600 alumnos sin vacantes, la mayor parte de los cuales pertenecen al nivel inicial (jardines). Pero esta cifra debe ser aun mayor: después de las inscripciones, y luego de haber recibido un mail de confirmación, miles de familias fueron colocadas en “lista de espera” o con vacante condicional.

En cualquier caso, y por las características del sistema online, la verdadera demanda de matrícula es un secreto celosamente guardado por el gobierno de la Ciudad. Los docentes, alumnos y padres han quedado completamente apartados del proceso de inscripción: la decisión de la escuela asignada y de la propia existencia o no de una vacante están bajo el arbitrio exclusivo y despótico del Ministerio de Educación.

Es claro que la incertidumbre en relación a las vacantes reclamadas empuja a muchas familias, particularmente en la enseñanza inicial, a buscar una vacante en escuelas o jardines privados.

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Default eléctrico: el gobierno y sus opositores en el banquillo

La catástrofe energética de estos días ha puesto en el tapete la fundición política y económica del régimen de rescate de las privatizaciones menemistas puesto en marcha a partir de 2002. La privatización eléctrica de los 90 -que en su momento apoyaron los K y sus actuales opositores- había sido un gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, Duhalde-Lavagna-Kirchner lo reemplazaron por el régimen actual: a cambio de pesificarles las tarifas, le consintieron a las eléctricas la más completa desinversión, y también las compensaron con subsidios crecientes. Los empresarios utilizaron esos recursos para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas.

Ahora, el gobierno ha insinuado una posible estatización del sistema eléctrico, que tiene como antecedente inmediato a la intervención a YPF. Allí, el gobierno desplazó a la fundida Repsol sólo para poner en marcha los acuerdos con Chevron. El lubricante de esa reprivatización ha sido el tarifazo en los combustibles -las naftas aumentaron un 80% desde que los “nac y pop” entraron a la petrolera. Esa seudoestatización, como rescate del capital en ruinas, se completa ahora con un acuerdo con los mismos vaciadores de YPF (Repsol). Pero la dolarización de los combustibles empujará, más temprano que tarde, a la de las tarifas eléctricas (las dos terceras partes de las usinas de Argentina se alimentan con gas o derivados del petróleo). Después de la fundición del régimen de los subsidios, los K –con el aval de toda la oposición tradicional– preparan el retorno a los 90.

Es este viraje en puertas el que explica la completa indolencia de los gobiernos y sus “entes reguladores” frente al colapso eléctrico. Las cámaras de distribución, cables o transformadores estallaron frente a la vista de los vecinos. Las distribuidoras, vaciadas de personal y de cuadrillas, no “saben” ni “contestan”. Estamos ante una clara extorsión contra el pueblo: “o aceptan el tarifazo, o seguirán sin luz y sin agua”.

En oposición al abandono del pueblo por parte de los gobiernos y las eléctricas, la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad planteó una emergencia eléctrica fundada en una enérgica intervención popular. En primer lugar, un comité de emergencia integrado por todos los bloques legislativos, y representantes electos de los trabajadores y vecinos afectados. Planteamos la constitución de cuadrillas de obreros y técnicos electricistas para responder a los reclamos. Ello, junto a la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Para financiar este planteo, sostuvimos un impuesto extraordinario a las salas de juego, que acaban de ser beneficiadas con una condonación de deudas impositivas por parte de los bloques del macrismo y los K en la Legislatura. En otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, nuestras bancadas tomaron iniciativas similares frente al desastre eléctrico e hídrico.

Mientras los legisladores de los partidos oficiales se negaban a deliberar, sus economistas recorrían los canales lamentando el “atraso o la insuficiencia de las tarifas”, como razón del colapso eléctrico. No pueden explicar, sin embargo, por qué en provincias como Santa Fe o Córdoba -que ya han aumentado fuertemente las tarifas- los cortes de luz  estuvieron a la orden del día. Es que la discusión sobre la “razonabilidad” de las tarifas carece de sentido en el marco de un régimen que se funda en la confiscación del patrimonio público, del presupuesto y de los usuarios. Por el contrario, reclamamos que todos los costos y resultados económicos del sistema eléctrico y energético deben ser abiertos a la consideración popular. No es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan la cuarta o quinta parte de sus precios internacionales. En ese cuadro,  la pretensión de “internacionalizar” las tarifas implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.

Una nacionalización de la industria energética,  bajo el control y  gestión de sus trabajadores, deberá  permitir una reapropiación social de esa renta energética.  Lejos de rescatar a los vaciadores –como ocurre con las estatizaciones kirchneristas- esa nacionalización deberá rescatar al patrimonio público a costa de quienes lo desfalcaron durante los últimos veinte años.

Cromañon, la impronta de una ciudad

En una visión superficial de la historia reciente, el noveno aniversario de la masacre de Cromañón parece ser sólo la evocación de una circunstancia atroz, casi perdida en el tiempo.

A poco de andar, sin embargo, encontraremos mucho más que eso.  Las causas que llevaron a la muerte de nuestros chicos nos devuelven brutalmente a la actualidad de la Ciudad y de su orientación social. A los intereses que defienden quienes la gobiernan hoy,  y quienes la gobernaron nueve años atrás.

Cromañón sacó a la luz una red de protección estatal y política sobre los intereses capitalistas en la industria del espectáculo y la noche. Funcionarios y gobernantes ampararon la habilitación de boliches en la mayor precariedad. Para los empresarios, menores costos. Para los trabajadores y jóvenes que concurrían, un sistema de zozobra permanente, que terminó estallando en la noche terrible de Once.

Pero ese escenario ¿no se despliega cotidianamente hacia el conjunto de la realidad laboral y social de la Ciudad? En la trastienda de la supuesta “capital del diseño” o de las “empresas tecno”, existen  miles de jóvenes precarizados, en call centers, en comercios o incluso en talleres clandestinos de trabajo semiesclavo.

Ayer, este régimen de liquidación de la vida y de las conquistas laborales se desarrolló bajo el amparo del seudoprogresismo.  Hoy, lo hace bajo las banderas del PRO. Pero en la Legislatura, unos y otros votan juntos, para asegurar la continuidad de la “Ciudad Cromañón”. Es lo que demuestran los consensos en favor de la privatización de tierras públicas o -más recientemente- el jubileo impositivo en favor de los zares del juego.

El acaparamiento de la Ciudad en favor del capital financiero, inmobiliario o del juego tiene como contrapartida a los múltiples cromañones cotidianos que soporta su población. Para algunos, la noche del 30 sólo será un incómodo recuerdo. Pero Cromañón reaparece todos los días, y con brutal vigencia, en el rostro del hospital desfinanciado; de la escuela sin matrícula; del vecino golpeado por los desequilibrios urbanos, desde las inundaciones recurrentes hasta el colapso eléctrico. 

Como Mariano Ferreyra, Luciano Arruga o los muertos de Once, los pibes de Cromañón abrieron un abismo infranqueable entre los que viven de su trabajo y los explotadores del trabajo ajeno, sus funcionarios y personeros.  Una vez más, ¡presentes! Por la memoria de ellos,  luchamos por una transformación social que ponga a los recursos de la Ciudad y del país en manos de quienes viven de su trabajo.

El tarifazo

La Justicia porteña habilitó a Macri a un aumento del 40% en la tarifa del subte. El aumento del subte consuma el pacto entre Macri y el gobierno nacional, en ocasión de transferirle los subtes, que otorgaba ‘facultades ilimitadas’ al gobierno PRO para financiar la concesión. El aumento del subte apresura un boletazo general en el transporte. El jefe de Gabinete, Abal Medina, anticipó ‘una revisión de tarifas (…) necesaria’. Claro, el presupuesto 2014 prevé una reducción del 29% en la participación de los subsidios a los servicios públicos en los gastos totales. 

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

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Un pacto contra la ciudad

El macrismo envió a la Legislatura un supuesto “plan maestro” para los barrios de Soldati y Lugano (Comuna 8). Están en juego unas 500 hectáreas, que podrán ser concesionadas o vendidas a capitales privados. Entre otros predios, el “plan” contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera, para el desarrollo de una playa de cargas en aquel espacio verde. Además, el ex Parque de la Ciudad será concesionado para recitales arancelados, en favor de una corporación internacional de la industria del espectáculo. El administrador de este remate de tierras será la Corporación del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto del Estado, en el “modelo” de Puerto Madero. Nada indica, por lo tanto, que los ingresos por la venta de tierras apuntalen a una urbanización social, como se sugiere difusamente en este ‘plan’. Como prueba de ello, y en la misma Comuna 8, la urbanización de la Villa 20 y la construcción de un verdadero hospital en Lugano duermen el sueño de los justos.

El tratamiento en sesión de este proyecto, previsto para el jueves pasado, fue postergado. Pero los motivos de la dilación son tan graves como los del propio “plan”. No es un secreto que la Legislatura tiene pendientes varios proyectos que apuntan a una vasta privatización del suelo. Es el caso de la Isla Demarchi, donde el kirchnerismo impulsa un desarrollo inmobiliario camuflado en un polo Audiovisual, o del emprendimiento Solares de Santa María de IRSA, para edificar una legión de megatorres de lujo junto a la reserva ecológica de la Costanera Sur. En esa lista, también se encuentra la “rezonificación” del Parque Tres de Febrero en Palermo, la construcción de megashoppings en Caballito y en Palermo y la entrega de una manzana de Colegiales a un grupo privado de la industria del espectáculo.

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La rebelión educativa y la campaña electoral

La recta final de la campaña electoral tiene como telón de fondo a intensas manifestaciones de lucha entre la juventud secundaria y universitaria, a escala nacional. Los secundarios de la Capital protagonizan un gran movimiento contra la tentativa de liquidar las conquistas de la enseñanza media en este distrito, para imponer una secundaria degradada en sus títulos y contenidos. Por indicación del Ministerio de Educación kirchnerista, el macrismo quiere avanzar en la llamada “educación permanente”, la doctrina del Banco Mundial que, desde los años ’70, pretende “adaptar” al sistema educativo a las condiciones del derrumbe capitalista.

En Tucumán, una reacción estudiantil relacionada con la inseguridad cotidiana (abusos sexuales a estudiantes en las inmediaciones de la universidad) ha llevado a una escalada de tomas de facultades, que cuestiona el derrumbe más general de la UNT. Más aguda aún es la crisis en La Rioja, donde el despido de docentes cesanteados desató una rebelión universitaria que no concluyó siquiera con la renuncia del rector. El domingo pasado, estudiantes, docentes y toda una parte del pueblo llevó adelante la manifestación popular más importante de los últimos cuarenta años en la provincia. El “riojanazo” denunció a una camarilla universitaria que maneja desde hace décadas un presupuesto cuantioso, pero sólo para multiplicar las cajas paralelas, el entrelazamiento con capitalistas privados y la precarización laboral de docentes y no docentes. Ni qué decir que ese “modelo” tiene su principal expresión nacional en la UBA: la asamblea universitaria que elegirá su rector volverá a silenciar el desfalco cotidiano que se lleva adelante en la más grande universidad del país. Pero también acá hubo un sólido pronunciamiento de la juventud, con las victorias de la izquierda en 8 de las 13 facultades de la UBA.

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El círculo rojo y el círculo negro

La alusión de Mauricio Macri a un ‘círculo rojo’ de figuras ‘influyentes’ en torno de sí mismo ha levantado polvareda en la campaña electoral. Cristina Kirchner no dudó en identificar a ese círculo con una conspiración de las ‘corporaciones’, en alianza con la oposición. Pero olvidó decir que, en ese mismo reportaje, Macri relata las tratativas en torno de una alianza entre él, Massa y Scioli, que el jefe del PRO no descarta para un futuro próximo. La presidenta, en ese caso, debería reconocer que ha pactado su propia sucesión con uno de los preferidos del ‘circulo rojo’, el gobernador de Buenos Aires.

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

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Una nueva hipoteca sobre la economía nacional

Los pagadores seriales reabren el canje de deuda Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado… continuar leyendo →