Por: Marcelo Ramal
Finalmente, se emitirá la Moreno-card en algunos supermercados. La tarjeta será financiada por un fondo (fideicomiso) que formarán las compañías de seguros, el que deberá cobrar una comisión menor a la que hoy reciben a los bancos (el 1 por ciento mensual en lugar del 3 por ciento). La Moreno-card circulará, al menos por ahora, solamente entre los grandes supermercados. El consumidor pagará, por sus saldos, un 22% anual. El gobierno asegura que la reducción de la comisión servirá para prolongar el congelamiento de precios establecido con estos supermercados. Sin embargo, el alza de los precios de los alimentos en marzo, a pesar del congelamiento, superó las tasas de enero y febrero.
Queda claro, de todos modos, que una reducción de la comisión de las tarjetas no puede absorber, en el tiempo, el aumento de precios sucesivo que provoca la inflación. Lo que ocurrirá en realidad es que los supermercados se quedarán con una parte de las ganancias que ahora van a los bancos. Los súper que no integran las grandes cadenas no tendrán esa ventaja. Los bancos, por su parte, buscarán compensar esa reducción de sus beneficios con un recargo a las tarjetas que operan en otros rubros del comercio. El interés del 22% anual sobre los saldos de los consumidores es -en un marco de congelamiento de precios- una tasa confiscatoria. También es superior a los aumentos salariales, del 15 al 17%, que está ofreciendo el gobierno en las paritarias.
La tarjeta no tendrá promociones ni descuentos. O sea que será el pretexto para una cartelización de los supermercados, organizada desde el propio Estado, para evitar una competencia que baje los precios en un momento de caída de las ventas.
El fondo de las aseguradoras -que financiará las tarjetas- deberá asegurar su capital contra la inflación y la devaluación del peso, pues de otro modo se vaciará en tiempo relámpago. Los bancos lo hacían mediante tasas de interés usurarias, que cobraban con la justificación del “riesgo”. El fideicomiso asegurará su capital con el Banco Central (con seguros de cambio) y el Nación (con algún bono que se ajuste por inflación). La reducción de la comisión que hoy cobran los bancos será bancada por las finanzas públicas. La conclusión que se saca de aquí es que el gobierno va de improvisación en improvisación, y que se gasta los últimos cartuchos para evitar que la inflación se desmadre en una hiper.
La financiación de la compra de alimentos pretende que no caiga el consumo, como consecuencia de la desvalorización que ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios. El oficialismo pretende compensar este deterioro mediante la facilitación del endeudamiento de las familias. En lugar de estos mamarrachos confiscatorios, que refuerzan las ganancias de los supermercados, es necesario incrementar el poder adquisitivo de los salarios, con aumentos generales superiores a la inflación y un mínimo igual al costo de la canasta familiar. Asimismo, es necesario poner fin a la confiscación de la riqueza social por parte de los sectores financieros, mediante la nacionalización de la banca y de las compañías de seguro. Es fundamental, asimismo, que los grandes proveedores y los supermercados abran sus libros y se establezca un control de sus operaciones por parte de los trabajadores. El manejo extraordinario de dinero efectivo por parte de las cadenas comerciales facilita las operaciones que se realizan en los mercados paralelos de divisas, donde se especula contra el peso.
El anuncio de la tarjeta se produce cuando el congelamiento de precios está naufragando. Las estimaciones siguen arrojando aumentos del 2 al 2,5% mensual en los alimentos y bebidas. La lista de precios que debería servir de base para el congelamiento no existe. La prolongación del dudoso ‘congelamiento’ apunta a presionar contra las paritarias.
La Moreno-card es un recurso último del gobierno frente al desmadre de la inflación y de la devaluación del peso, pero no resuelve la carestía ni la caída del empleo de los trabajadores, así como tampoco resuelve la crisis generada con los inversores capitalistas en la minería, el petróleo y el agronegocio sojero, los que constituyen el esquema de sustentación del gobierno K.