Los atentados en la maratón de Boston han demostrado al mundo que eventos deportivos pueden ser un objetivo común para aquellos que utilizan de la violencia extrema como medio de lucha. A Brasil, los ataques le preocupan aún más.
En una nación que albergará tres importantes eventos deportivos en tres años (Copa de las Confederaciones, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos), la opinión pública expresó justas preocupaciones poco después de los ataques. Las principales revistas del país tuvieron en la tapa de la semana siguiente al atentado preguntas como ¿Brasil está preparado? ¿Estamos seguros con nuestros eventos deportivos?
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La noticia publicada en la edición del 3 de julio del periódico Folha de São Paulo sobre el temor de una acción terrorista de matiz islámica desde Brasil en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ha traído un punto de reflexión importante sobre los órganos gubernamentales.
En un mundo en constante cambio y que pide respuestas rápidas con relación a las amenazas al Estado y su población, las instituciones del Gobierno tratan estos temas conforme sus prioridades, muchas veces sin una política común.
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La visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Panetta, al Brasil esta semana ha sido poco debatida en la prensa brasileña, aunque la seguridad y la defensa sean temas de gran importáncia para un país que se postula como una potencia emergente. Sin embargo, la visita de Panetta he traído puntos importantes que involucran no solamente a Brasil sino también a sus vecinos.
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En las últimas semanas, algunos estados de Brasil han vivido una situación peculiar con la huelga (o el intento de huelga) de sus fuerzas policiales. Antes de entrar al análisis del tema, es importante aclarar que en el sistema federalista brasileño las policías son de responsabilidad de los estados de la federación. La excepción es la Polícia Federal -responsable de las fronteras y del combate contra el narcotráfico y los ilícitos transnacionales- que queda bajo control del gobierno en Brasilia.
Como no hay una política salarial nacional para las diferentes polícias, en Brasil tenemos una diferencia enorme de ingresos. Hay estados que pagan a un efectivo que inicia la carrera 620 reales (alrededor de US$ 344 mensuales) hasta otros que pagan al mismo oficial 2.576 reales (unos US$ 1431 mensuales), según datos de noviembre de 2011.
Aunque no tenga el sueldo más bajo entre las policías, fue en el Estado de Bahia donde la huelga policial generó una situación caótica. En 12 días, el número de homicidios alcanzó la cifra de 180 personas, a un promedio de 14 muertes por día. Según información de medios de prensa, la mayoría de los homicidios fueron obra de la propia policía en huelga contra usuarios de drogas y narcotraficantes involucrados con la corrupción policial.
La cima del conflicto se produjo cuando diversas policías de otros estados comunicaron la intención de lanzar también un paro. La única que cumplió fue la policía militar de Río de Janeiro. Sin embargo, la fuerte respuesta del gobernador Sergio Cabral frustró el intento.
Enfrentado a esta situación, Brasil debate hoy sobre la legitimidad de los sindicatos policiales. Una categoría que utiliza armas para proteger a la población y el orden legal ¿puede tener el derecho a lucha a través de huelgas? Si la respuesta es no, ¿cómo garantizar que las fuerzas policiales tengan un sueldo justo para la manutención de sus familias? Aunque no tengamos respuestas preparadas para estas cuestiones, la sola apertura del debate ya es muy importante en un país de tanto peso en el escenario mundial.
Entiendo que lo principal que nos ha enseñado el paro que afectó a los estados de Bahía y Río de Janeiro es la necesidad de establecer una escala de sueldos policiales que pueda ser utilizada por toda la federación. Dejar los salarios librados a la responsabilidad (o la falta de ella) de los funcionarios y legisladores estaduales es una política que intenta mantener la esencia del federalismo pero que en la práctica atenta contra la misma - como lo ha demostrado esta huelga con su alto costo en vidas y su desafío al propio Estado de Derecho.
En la ultima semana, la población de la ciudad de Río de Janeiro ha vivido una gran expectativa de victoria en la lucha contra el narcotráfico a partir del arresto de Antonio Bonfim Lopes, alias "Nem", el líder en la venta de drogas en la favela Rocinha - la mayor de Brasil y una de las más grandes del mundo.
Dos días después de encerrar a "Nem" en la cárcel, las fuerzas de seguridad pública tomaron el control de la Rocinha con más de 2.000 efectivos de las policías civil y militar, con apoyo de tanques de la armada brasileña. Juntamente con el control del conjunto de favelas del llamado "Complexo do Alemão" en 2010, la ocupación de la Rocinha por parte de las autoridades hace que tengamos una situación sin igual a favor de la vigencia del estado de derecho en Río de Janeiro. Más que una acción militar y policial, este control disminuye la fuerza del tráfico de drogas en Brasil e impacta indirectamente en este mercado illegal en el Cono Sur.
Sin embargo, aunque tengamos que celebrar esta importante victoria para la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2016, lo difícil para el Estado brasileño empieza ahora. El control total de la polícía y de las instituciones públicas va a depender de la profundización de las políticas sociales en estas áreas que el Estado ha olvidado por décadas. Al descuidar por años la formulación de políticas públicas para ayudar a las personas de bajos ingresos, el Estado posibilitó que los narcos ofrecieran provisiones básicas por bajo precio a cambio de su apoyo a la criminalidad.
Recientemente, una de las más importantes redes de televisión de Brasil ha producido un documental sobre los habitantes del Complexo do Alemão un año después de la ocupación militar y la derrota del narcotráfico. Cuando los periodistas preguntaron a los vecinos si preferían la favela bajo control del Estado o de los narcos, de manera casi unánime respondían: de los narcos. El argumento era que, sin la presencia de narcotraficantes, el desempleo y la falta de políticas de apoyo en situaciones de extremada miseria han reaparecido desde 2010.
Este contexto demuestra que la política de seguridad pública por el control de áreas dominadas por narcotraficantes no puede dejar de coordinar políticas sociales. En ese sentido, la política de seguridad democrática del gobierno de Colombia puede ser una buena inspiración. Más allá de los ejemplos de modelos que parcialmente han funcionado bien, en el marco de la economía de un país emergente que crece proporcionalmente más que el promedio mundial, el gobierno del estado de Río de Janeiro encuentra una excelente coyuntura para cooperar con la iniciativa privada y con las organizaciones no gubernamentales para ofrecer el apoyo que no han dado en el Complexo do Alemão.
Se si pierde esta oportunidad, desafortunadamente la población de Brasil perderá confianza en el estado de derecho y, consecuentemente, habrá un terreno fértil para el regreso de la influecnia de la criminalidad sobre la mundialmente conocida Cidade Maravilhosa.
