La iteración de errores parece conformar el ADN político argentino. Oleadas zigzagueantes acercan y alejan a sus habitantes de la previsibilidad necesaria. Argentina ya conoció lamentablemente procesos inflacionarios y sus consecuencias. También es cierto, aunque muchos lo olviden y otros no quieran recordarlo, que, en el 2002, de una inflación mensual de 10,4% en mayo pasamos a un 0,2% en octubre. En ese mismo año, de un índice de precios mayoristas del 14,9% en mayo pasamos al 0,5% en octubre y -1,7% en noviembre. No hubo magia, hubo plan. Entre otras cosas, en medio de una enorme recesión, el ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna, cortó de cuajo en 48 horas la emisión monetaria.
El populismo con el cual gobernó sus últimos años el kirchnerismo de mano de Cristina Fernández llevó primero a la decisión mayoritaria de los ciudadanos de optar por un cambio. Mauricio Macri ganó las elecciones y ante la crisis debía inevitablemente devaluar, actualizar tarifas. Ahora bien, para que esto resulte, debía ser parte de un plan integral, aún hoy ausente. Tampoco era de manual convocar inicialmente a un Consejo Económico Social, pero la realidad muestra que hubiese sido oportuno. Allí debió haberse dado el puntapié inicial al esbozo de un puñado de políticas de Estado para luego profundizarlas en la discusión parlamentaria y sancionarlas.
El presidente Macri en estos sesenta días de Gobierno ha reconocido con valentía públicamente la existencia de los dos grandes flagelos a combatir. No existe otro verbo para aludir al narcotráfico y a la inflación. Ambos hoy lo acechan, pero ambos son el producto de políticas desacertadas que, por la magnitud de sus consecuencias, deben tener tratamiento de políticas de Estado. Claro que quien debe convocar para que esto se efectivice es el Presidente.
La recesión puede ayudar al Gobierno a que esta inflación que viene en ascenso desde diciembre se desacelere, pero los efectos de una economía en recesión no van de la mano de la erradicación de la pobreza. A propósito, los ajustes impositivos para el presente año aplicados en Capital Federal se hicieron con una expectativa inflacionaria del 35 al 50 por ciento. No es una buena señal para las metas inflacionarias que se fijó el Gobierno nacional, la que emite el corazón político del macrismo.
En cuanto a la recesión, una observación más: cuando se ingresa en este proceso, la crisis se agudiza, porque se vende menos, se compra menos, se consume menos. A esto hay que añadir los aumentos tarifarios nacionales, provinciales y municipales. Se habla por estas horas —como trascendido— de avanzar sobre un proyecto que regule la protesta social. Lo más importante es evitarla, no regularla. Para ello hay que crear las condiciones que les quiten razón a quienes quieran aferrase a ella.
Sorprende que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) demore tanto su puesta en marcha, de allí que el Frente Renovador mantenga el cálculo de IPC Congreso hasta su normalización. Según fuentes de la propia oposición, el desguace y el destrato en el capital humano producido desde el 2007 hasta la fecha en dicho instituto hace atendible esta demora.
El Gobierno ya se reunió y acordó algunos puntos de trabajo con las cegetés representantes del sector privado. Ahora, el Gobierno debe sentarse con los referentes de las centrales que representan a sus propios trabajadores: los estatales. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, mencionó que marzo será el mes de este encuentro. El 24 de febrero hay un paro de los estatales. La convocatoria posterior al paro debe leerse como que el Gobierno lo cree inevitable y político.
Los jubilados encontraron en su ombudsman Eugenio Semino un hábil dirigente sindical. Propuso la paritaria para este sector, que, junto con los trabajadores en negro y los desocupados, conforma un grupo marginal en las prioridades de muchos Gobiernos; parecería que del actual también. Los porcentajes son engañosos si no se tiene en cuenta el monto del cual se parte: el 15% de cuatro mil pesos no es lo mismo que el 15% de veinte mil pesos. La sensibilidad social debe mirar a los ojos de la necesidad y aplicar las políticas acordes.