Es poco reconfortante observar cómo referentes de la alta política argentina de las últimas décadas desfilan por Comodoro Py. Por estos días se recuerdan las reiteradas presencias de los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Esta semana se anexará Cristina de Kirchner (al cierre de este análisis la Cámara Federal no había resuelto la recusación de Claudio Bonadio). El actual presidente Mauricio Macri ya tiene una carátula con su nombre y citación de testigos por el affaire Panama Papers.
Parecería que en nuestra querida república sus protagonistas tienen algo que les impide ser un verdadero cambio de transparencia y honestidad.
Cuentan que Henry Ford, cuando un periodista lo consultó sobre la magnitud de su visión empresaria, le respondió: “¿Ve ese foco de luz?”. “Sí”, le respondió la cronista. “Yo lo vi primero”. En política, la información juega ese rol. Le permite a quien la dispone primero actuar con rapidez y explicar antes de que le pregunten. Macri tuvo esa posibilidad. Treinta días antes de que se conociese su participación como director en una empresa offshore de su padre, fue advertido de que se iba a dar a divulgar. Desaprovechó la oportunidad. Distinto hubiese sido que en conferencia de prensa hubiera dicho lo que después fuera de tiempo debió explicar. Esa falta de reacción en tiempo político permitió que se instalara la duda.
La Justicia argentina en los casos que tienen que ver con los ilícitos del poder está embarrada, o cuanto menos su conducta no es nítida. Pasó de dormirse sobre los expedientes a ser el correcaminos. El oportunismo de esta institución no difiere en nada del oportunismo de la mala política. Se debe recordar que muchos de los jueces que hoy parecen implacables fueron producto de la política que hoy los horroriza. Entre paréntesis, está muy bien que los horrorice.
Convengamos que a la sociedad tampoco le interesó bregar por una Justicia justa y no servil a la política de turno. Tampoco sintió como propia la lucha contra la corrupción. Podríamos decir que en esta década y media la sociedad pasó por aquel “Que se vayan todos”, tuvo un entretiempo batiendo cacerolas hasta decidir votar por un cambio. Claro que en esto último hubo mucha duda, porque el resultado del ballotage fue 51 a 49 por ciento. Ahora escandaliza tanto como los videos y las informaciones sobre corrupción que jueces y dirigentes políticos sientan que el pedido de “Que vayan presos” debe ser atendido rápidamente. Aunque suene verdad de Perogrullo, las personas deben ir presas luego del debido proceso y no para calmar reclamos sociales o “entretener a la gilada” (Juliana Di Tullio dixit).
Mientras la atención mediática por las conductas de los unos y de los otros sigue ocupando casi todos los espacios, las mediocridades políticas no dan respuesta a la realidad cotidiana. Los jubilados, que fueron saqueados una y otra vez en su obra social, en sus aportes, hoy siguen castigados en un 78% con haberes pobres y con el recorte al costado más flaco de un anciano: el medicamento. La inflación sigue generando no sólo dolores en los bolsillos enflaquecidos, sino que, junto al impacto de la devaluación y de los tarifazos, provoca que muchas familias se hayan quedado sin trabajo. Otras temen por él.
En cuanto a las tarifas, una vez más capital y Buenos Aires quedan en notoria ventaja sobre el resto del país. ¿Increíble, no? Otra vez la desigualdad hace foco en el interior. En Santa Fe ya se pagaba por el servicio eléctrico entre tres o cuatro veces más antes del aumento. Según el gobernador Miguel Lifschitz, quien dice estar escandalizado por la brutalidad del aumento, “si Cammesa nos aumenta seis o siete veces el costo, no podemos hacer nada”. El tema es que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pagaba en enero cien pesos por megawatt, ahora deberá abonar por igual concepto 771 pesos. No obstante, le ha solicitado a la Federación de Industriales de Santa Fe un listado de las empresas que no pueden pagar el aumento para refinanciarles la deuda. Y atenderá con subsidios 340 mil casos sociales.
La preocupación no es menor, dada la incidencia que este aumento tiene sobre la industria y el comercio. Sólo en Rosario la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reconoce la posible caída de dos mil puestos laborales. A propósito, Antonio Caló, al inaugurar una impactante sala de terapia intensiva en el sanatorio Rosendo García de Rosario dijo: “A fin del 2015 nuestros compañeros tenían un sueldo promedio de mil dólares, hoy es de quinientos dólares”. Continuó: “Ya embromamos bastante con tener un pedacito de poder Moyano, Barrionuevo y yo. Ahora vamos a tener un solo secretario general y volveremos a ser poder. El 29 el Gobierno liberal de Macri deberá entender que no se juega con los trabajadores. Queremos emergencia ocupacional, no doble indemnización. Ya aprendimos cuando resignamos aumento salarial por puestos de trabajo y nos embromaron”.