El último mes del primer semestre del Gobierno del presidente Mauricio Macri comienza con el Día del Trabajador. De diciembre a marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registra 120 mil bajas entre empleo privado y público. A esto, que de por sí es preocupante, se le debe anexar lo que indica la tasa de actividad. En Argentina siempre ha oscilado entre un 46% y un 47%, pero hoy está en un 42 o 43 por ciento. Es decir, hay un porcentaje de gente desanimada que no intenta conseguir trabajo. Fuentes serias hablan de un 8% de desocupación. Es imprescindible un Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) serio y datos creíbles.
Abril concluirá este viernes 29 con una movilización de los sectores del trabajo. Las cinco centrales sindicales marcharán, probándose anticipadamente la camiseta de la unidad que llegará el 22 de agosto. La fecha no sólo es simbólica, sino que además contempla un tiempo de espera prudencial para expresarse sobre las políticas del actual Gobierno. Lo de este viernes será sólo una demostración de fuerza de lo que puede ocurrir si el Gobierno actual no da respuesta. Por ahora el documento consensuado el mes pasado para la Unidad para la Justicia Social no ha perdido vigencia. La Confederación General del Trabajo (CFT) insiste en la emergencia ocupacional y le exige al Poder Ejecutivo Nacional un plan antiinflacionario y políticas para reactivar el empleo. El ministro de Trabajo Jorge Triaca le acercó al Presidente un paquete de iniciativas dadas a conocer ayer a la tarde, entre ellos el proyecto sobre el primer empleo. Seguramente este anuncio traerá chisporroteos altisonantes con otros sectores, especialmente el Frente Renovador, que lo incluyó dentro de un paquete integral de protección al trabajo y al trabajador.
En realidad, creo que el apuro del Gobierno fue acercar al Congreso una herramienta propia desde donde discutir, dado que o trababa los proyectos en comisión o debía discutir desde la nada; el Senado tiene su proyecto y Diputados también. En definitiva, se tratará de arribar a un proyecto unificado. Mañana, el presidente Macri anunciaría un índice de empleo catalogado por sus colaboradores como más transparente. Creen sus allegados que estos anuncios, más el énfasis en la obra pública, podrán cambiar el humor social hoy algo alterado. Recordemos que el Presidente ha convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para mayo con el objetivo de aumentarlo. Actualmente se encuentra en 6.060 pesos; el Gobierno impulsa una suba del 30%, siguiendo la línea de las paritarias.
Hasta aquí queda claro que el presidente Macri ha ayudado con sus políticas a la alta concentración en pocas manos y confía en la teoría del derrame. También ha apostado el todo por el todo al acuerdo internacional con los holdouts. Cabe recordar que el ingreso al default, más allá de los aplausos irresponsables de aquel momento, costó lágrimas a varias generaciones; su salida también. En julio o agosto podrá Macri evaluar si la decisión que ha tomado con el rumbo de sus políticas le permite continuarlas y profundizarlas o deberá pensar en un cambio. Todo indicaría, de no ocurrir algún imponderable, que para la fecha citada el Presidente estará sin demasiada espalda política ni margen social.
Mucho se ha hablado en estos tiempos, incluida la diputada Elisa Carrió, sobre la mala comunicación que el Gobierno hace de sus propios actos políticos. En realidad, lo que existe es una marcada ausencia de políticas con sentido social, en contraposición a lo que sucede con el sector de mayores ingresos. Un ejemplo claro es lo que ocurrió el sábado último en Santa Fe. El Presidente recorrió la zona inundada, se consternó por el desastre de una provincia que, de 19 departamentos, 18 están en emergencia hídrica; pero no dio a conocer una sola política concreta para aliviar a los sectores desesperados de la producción y el trabajo. Son los momentos en los cuales el Ministerio de la Producción debería tener visibilidad.
La diputada Carrió se ha convertido en la fiscal y guardaespaldas sin nombramiento del Gobierno de Macri, desde supervisar los Panama Papers que le facilitó Francisco Macri antes de llevarlos a la Justicia, hasta justificar la inacción de la ministra Patricia Bullrich en Comodoro Py aduciendo que la ex presidente Cristina Fernández iba a voltear al actual Gobierno.
El tema de los paraísos fiscales y su utilización hasta hoy son, como dice Alberto Fernández, “para lavar o para evadir”. Barack Obama fue más claro aún al decir que el problema justamente reside en su legalidad, por lo tanto, insta a rever la ley que los autoriza, dado que el dinero volcado en las cuentas offshore evadiendo impuestos provoca que haya menos presupuesto para educación, salud, seguridad.
En estos últimos tiempos, tal vez virtud del nuevo Gobierno, todo aquel que quiera puede conocer las rutas del dinero y sus complicidades políticas y empresariales. Es hora de que conozcamos las complicidades judiciales, el de un Poder Judicial que, lejos de ser el bastión de la anticorrupción de la república, se convirtió —con las excepciones correspondientes— en el bastión de las complicidades de los corruptos. Hoy todo se conoce pero nada se comprueba. Es imprescindible que los affaires de la corrupción sean juzgados seriamente, no con amagues.
El presidente Macri, destinatario de una brutal herencia política, debió, no obstante, gobernar en estos cuatro meses sin empeorarla, porque los damnificados son siempre los mismos.