La vida se abre camino

Quienes llevamos una vida luchando por los derechos humanos, la igualdad y la diversidad, nos vemos invadidos de felicidad cuando recibimos noticias que nos tocan el corazón y nos ayudan a seguir luchando por construir una sociedad mas justa. Una sociedad que nos permita a todos/as mirarnos como iguales y desde allí subirnos a la ola del progreso y el crecimiento. Con inclusión, sí, pero con dignidad y teniendo muy en claro quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.

Todo esto es doblemente grato, cuando la noticia es la sanación social y reparación histórica que representa un anuncio como es la recuperación del nieto número 116.  Continuar leyendo

Edificar una política de seguridad efectiva

Edificar una política de seguridad que combine altos niveles eficacia con la defensa irrestricta de las herramientas del Estado de Derecho es un desafío central para los próximos años, tanto a nivel nacional como en nuestra Ciudad. Mientras sectores de la oposición apelan a la mano dura y a la criminalización de la pobreza desde los medios de comunicación para hacer campaña electoral, respondemos con un debate serio y profundo sobre la seguridad democrática como proyecto.

La seguridad democrática ha reemplazado en nuestro país la política de Doble Pacto los 90s: aquel que tenían entre sí las fuerzas policiales, absolutamente desgobernadas y por ende al margen de cualquier control por parte de los gobiernos y de la ley, y el poder político, que se dedicaba únicamente a negociar.

Aún falta mucho camino por recorrer para resolver la grave crisis que estamos viviendo. Por eso, proponemos diez soluciones al problema de la inseguridad en la Ciudad:

1. Coordinación de toda el área metropolitana: no podemos seguir con cada fuerza actuando descoordinadamente y con los cruces habituales entre funcionarios/as: el accionar de la Policía Federal, la Metropolitana y la Bonaerense, junto a Prefectura y Gendarmería, deben estar centralizadas e interrelacionadas. Deben compartir objetivos y acciones comunes, como parte de una estrategia integral contra el delito.

2. Coordinación multiagencial: lo mismo deben hacer los ministerios. No sólo debe actuar el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sino también los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Espacio Público.

3. Lograr la gobernabilidad del sistema de seguridad: los gobiernos nacional y de la Ciudad deben ser capaces de controlar en su conjunto el sistema de seguridad, atacando cualquier intención de los comisarios de actuar a la sombra de las leyes.

4. Revolucionar la Policía Metropolitana: desde sus inicios, con el nombramiento del Fino Palacios, la metropolitana nace con un vicio de origen: una finalidad meramente política disfrazada de seguridad. Hoy, cuatro años después, contamos con una fuerza raquítica, descoordinada y con decenas de denuncias de corrupción. Es necesario duplicar la cantidad de agentes que ingresan por año, multiplicar su presencia en todas las comunas de la ciudad e imprimirle una dirección que la aleje de la interna policial y la acerque a los/as ciudadanos/as.

5. Establecer un protocolo de actuación de todas las fuerzas que intervienen en el área Metropolitana, que enmarque su actuación y prevenga de las prácticas corruptas y otorgue seguridad y respaldo a aquellos policías que son responsables.

6. Mejorar las condiciones laborales de los policías y los gendarmes, hoy pésimas, para promover las conductas transparentes con estímulos reales, y restablecer una cadena de mando enfocada en el deber con la población.

7. Renovar el marco legal: está pendiente una actualización del código procesal penal, así como también sancionar una ley marco del accionar policial, dado que el vigente tiene más de 50 años.

8. Prevención y control del delito: La prevención del delito es la llave para la tranquilidad del y de la ciudadano/a. Su vinculación con las políticas de contención social no es lineal: si bien va de la mano con un bienestar general de la población y con la creación de empleo, la prevención implica hoy mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. A su vez, es necesaria la creación de un área específica de Estadística Criminal propia que permita establecer un mapa del delito. Para la reducción de mercados delictivos tales como los robos de celulares o pertenencias privadas y de los mercados de drogas o trata es urgente que las Coordinaciones de Auditoría Policial Comunal se pongan realmente en funcionamiento y estén coordinadas con las políticas de seguridad.

9. Regular el mercado de seguridad privada: Este es sin dudas un sector parasitario de la inseguridad, que lucra con el miedo de la gente y las fallas del Estado, e incluso ofrece en varios casos mejores condiciones laborales que la policía, y recluta agentes retirados/as. Por lo tanto, tiene intereses contradictorios con la solución del problema. La seguridad no es un negocio, es una responsabilidad del Estado.

10. Participación Popular y Ciudadana: es imprescindible implementar en cada Comuna los foros de seguridad pública para promover el control social de las fuerzas de seguridad. La Ley 4007 lleva dos años de vigencia y el gobierno de la ciudad mira para otro lado.

Debe ser un compromiso central para una futura gestión en la Ciudad tomar el eje de la seguridad democrática, de manera transversal a los colores e identidades políticas, buscando articular ampliamente con todos ellos. Es decir, tomar la seguridad no como un negocio, ni como bandera político electoral, ni propagandística, ni tampoco con fines represivos. Se trata de alcanzar la transparencia y la planificación necesarias, desde el compromiso transversal de todos los sectores, para dar respuestas a los/as ciudadanos/as. Desde la base de la eficacia y el respeto del Estado de Derecho

Por una urgente Revolución Verde

Este día de la primavera será histórico. Se espera que cientos de miles de ambientalistas nos concentremos en simultáneo en Nueva York, Londres, París, Berlín, Rio de Janeiro y Buenos Aires para alertar sobre el cuidado del medio ambiente, en lo que será conocido como la movilización contra el cambio climático más numerosa de la historia.

La importancia de la movilización radica en que tendrá lugar dos días antes de la apertura de la Cumbre de emergencia sobre el Clima a la que asistirán más de 120 jefes y jefas de Estado, de cara a la próxima cumbre de Paris 2015. Miles de voces “verdes” alzadas por este tema universal deberán llegar a los oídos de los principales dirigentes del planeta.

La situación es alarmante: tuvimos en 2014 el mes de Agosto más caluroso de los últimos 134 años. Un reciente informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que la temperatura promedio del planeta se encuentra en una escalada de dos grados por año. Y asegura que sólo “un gran cambio institucional y tecnológico”, acompañado de “inversiones sustanciales”, podrá revertirlo.

El documento de la ONU señala que, a este ritmo, los Estados tienen apenas 15 años para llevar adelante los esfuerzos necesarios para detener el cambio climático. Sí, leyeron bien. Tan sólo 15 años para modificar de raíz las políticas públicas que nos están llevando a un callejón sin salida. Vencido el plazo, el objetivo se volverá tan costoso como desastrosas sus consecuencias.

Por eso, con la movilización del domingo buscamos generar un efecto concreto en las autoridades de los tres poderes y en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, para que se comprometan a tomar decisiones importantes sobre el cuidado del medio ambiente. Queremos poner en marcha una verdadera revolución verde, tanto a nivel político como a nivel ciudadano.

Hay que decir también que el problema del medio ambiente es especialmente sensible a las principales ciudades del mundo, dado que en ellas se concentran los mayores niveles de contaminación y donde se ve más afectada la calidad de vida de las personas. Los desafíos en la Ciudad de Buenos Aires se centran en el saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza, la regulación de la construcción en barrios sobrecargados de cemento como Caballito, Almagro y Balvanera, y el cumplimiento de la Ley Basura Cero.

Esta ley, sancionada en 2007 con el objetivo de reducir la generación de residuos, es ignorada por el gobierno de la ciudad que, como venimos denunciando hace tiempo, no sólo no cumple con los parámetros de reducción establecidos por la norma sino que descarga las responsabilidades sobre terceros. Los contratos abusivos de las empresas de recolección con el Gobierno de la Ciudad han alcanzado estatus de escándalo: en CABA pagamos hasta diez veces más por tonelada reciclada que en otras ciudades del país.

Durante mi mandato como legisladora porteña, promoví la creación de la Comisión de seguimiento de la Ley de basura cero, convencida de la necesidad de regulación y control de los organismos públicos y de las empresas encargadas. A su vez, impulsamos la Ley de Construcciones Sustentables, con el objetivo de otorgarle a los y las vecinos y vecinas el poder que les otorga la Constitución de ser partícipes del planeamiento urbano, y establecer así límites concretos a las construcciones desreguladas. Incentivar el desarrollo de Energías limpias es otro de los desafíos de la Ciudad en materia ambiental, priorizando los contratos con aquellas empresas comprometidas con la reducción de emisiones de monóxido de carbono.

Estos temas que nos preocupan los llevamos a la vigésima Cumbre de la Tierra “Río+20” en el 2012, a la que asistimos en calidad de representantes de la legislatura porteña, junto a miles de congresistas de todo el mundo reunidos para seguir los avances en cada ciudad de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992.

El cambio climático es una realidad palpable por todos y todas. Es necesario ponerse en marcha e instalar en la agenda pública la necesidad del compromiso de todos los sectores políticos para poner en práctica una estrategia fruto del consenso, que otorgue al Estado las herramientas para revertir la situación. La revolución verde es urgente: no tenemos mucho tiempo.

La reforma de 1994 y la ampliación de derechos

Esta semana se cumplieron dos décadas de vigencia de nuestra Constitución reformada en 1994. Como partícipes del proceso constituyente, lejos estamos de creer que la reforma tuvo un eje republicano, basado únicamente en valores liberales centrados en combatir el “presidencialismo” y otras perspectivas similares. Nuestra Constitución de 1994 estableció un piso común de derechos ciudadanos incorporados a la vida política del país, y su defensa y ampliación sigue marcando nuestra agenda hasta hoy.

Muchas de las constituciones posteriores de América Latina han sido innovadoras en garantizar una mayor participación ciudadana e igualdad en la diversidad, pero fue la nuestra la pionera en la región en incluir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con el más alto rango. En ese sentido, fuimos una guía en ampliación democrática que vive la región.

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Poner el eje en la gestión ambiental

La semana pasada se cumplieron seis años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lamentablemente, no escuchamos pronunciamientos de ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad que rinda cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones que el fallo les demanda. No es un tema menor: se trata del corazón mismo del área metropolitana y de la calidad de vida de millones de personas.

El Gobierno porteño debería explicar, en primer lugar, porqué se retrasa con sus cumplimientos presupuestarios con la ACUMAR, organismo designado por la Corte para cumplimentar el fallo y compuesto en un 50 % por el Estado Nacional, un 25% por la Provincia de Buenos Aires y un 25% por CABA. En segundo lugar, debe responder por los habitantes de las villas y asentamientos lindantes con el riachuelo, en severo riesgo ambiental, que esperan ser relocalizadas en complejos de vivienda que el PRO no ha terminado de construir a pesar de que se han vencido largamente los plazos. Y finalmente, existen unas 300 empresas de la CABA que continúan sin presentar el Plan de Reconversión Industrial, lo que da cuenta de la falta absoluta de control hacia la contaminación del río.

Como integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles que constituyen el Cuerpo Colegiado de seguimiento al fallo, puedo afirmar que la gestión del Gobierno de la Ciudad en este punto carece de planificación y evidencia una desidia preocupante.

La recuperación de la Cuenca Riachuelo-Matanza es una oportunidad única para la necesaria equiparación de los barrios del sur con los del norte de la ciudad. Es un paso indispensable para la integración armónica de toda el área metropolitana. Cumplir, como gobierno de la Ciudad, con los objetivos y responsabilidades adjudicados por la ACUMAR es una prioridad absoluta de una gestión que tenga como horizonte mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Ello implica coordinar y concretar con ACUMAR gestiones y programas relativos al ordenamiento ambiental de la cuenca, el monitoreo de la salud de los habitantes, la urbanización de las villas, la construcción de viviendas, el proceso participativo para realizar las relocalizaciones necesarias y el cumplimiento planes de reconversión industrial a los estándares de emisión adecuados.

Más allá de los bonitos anuncios electorales sobre la “Ciudad Verde”, hasta hoy no vimos nada de eso. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la Ley Basura Cero, la ausencia de una estrategia urbana que frene las construcciones no armónicas en barrios sobrecargados de cemento, el reciente intento de convertir la Reserva Ecológica en un basural y los emprendimientos privados en parques y plazas públicas sin consultar a los vecinos.

Para avanzar hacia una Buenos Aires en la que todos y todas vivamos mejor, hay que superar la actual dicotomía Ciudad-Nación, dejar de pasarse la pelota de las responsabilidades no resueltas y construir y articular desde una mirada amplia el diálogo necesario para cumplir con una gestión plural y eficaz.

Pero el diálogo al que hago referencia debe superar las meras buenas intenciones y plasmarse en logros concretos. Un avance en ese sentido fue sin dudas la inauguración de la Autopista Illia, fruto del trabajo conjunto entre la Ciudad y el Estado nacional. Sin embargo, en materia ambiental, los incumplimientos con el saneamiento de la Cuenca del Riachuelo y con la Ley de Basura Cero por parte del PRO no pueden caer siempre en la excusa del “no me dejan”. La Ciudad paga por cada tonelada de basura 1400 pesos, mientras que otras ciudades, como Córdoba, pagan menos de 200 pesos. Nadie los obliga. El problema actual es que se considera a la recolección de basura como un negocio privado del que sacar una tajada antes que como un servicio público.

Hay mucho para hacer. Es posible incrementar los espacios verdes de la ciudad incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y del Riachuelo. Es urgente también priorizar a aquellas empresas que garanticen sustentabilidad ambiental para las compras y contrataciones por parte del GCABA, y cumplir con el ahorro del agua y el estimulo a las energías limpias en el marco de los compromisos para reducir los efectos del Cambio climático al que adhieren las grandes ciudades del mundo.

Durante mi mandato como legisladora, impulsé una normativa obliga al ejecutivo a presentar una Evaluación Ambiental Estratégica que considere las obras proyectadas en cada barrio y comuna de acuerdo a su sustentabilidad, dándole voz a los vecinos y sus organizaciones civiles. La reciente aprobación del Parque de la Estación en Once es un logro que convertimos en ley a partir de la iniciativa de los habitantes del barrio, aprovechando terrenos ferroviarios vacantes.

Cuando ponemos el eje en la gestión ambiental estamos defendiendo la calidad de vida de todos y todas. Una gestión ambiental con perspectiva metropolitana, diversa e inclusiva y no discriminatoria puede recomponer, recuperar y preservar los recursos naturales y patrimoniales de la Ciudad. Y trabajar para el desarrollo económico sustentable no sólo para el presente, sino también para las generaciones futuras.

Una estrategia que elimina barreras

El Observatorio de Derechos de Personas con Discapacidad fue creado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación en el año 2011, en cumplimiento del mandato de la Convención de Naciones Unidas en la materia. Tiene por objeto monitorear y hacer un seguimiento de las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, en la ejecución de esta convención y propiciar y promover la difusión de los derechos de este grupo y el uso de un bagaje de herramientas, tanto del ámbito nacional como el internacional, para defender y garantizarlos en forma adecuada.

La Convención tiene aspectos muy novedosos e interesantes. Por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas puede hacer investigaciones de oficio y cada país, a su vez, debe presentarle un informe periódico del estado de situación. También cuenta con el mecanismo de peticiones donde los individuos pueden reclamar ante el Comité por el incumplimiento de sus derechos. Además, en la Argentina existe un sistema interno de protección de derechos por vía de los amparos.

El Observatorio busca impulsar, a través de la difusión de buenas prácticas, el acabado cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En esta primera etapa hemos tomado como prioridad la necesidad de crear observatorios en cada provincia. Actualmente existen sólo en Tucumán y San Juan y está en ciernes la creación de uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Mendoza. Pero tenemos el objetivo central de que haya más observatorios y de fortalecer los vínculos y el intercambio de los actuales grupos de trabajo.

Además de esta línea de acción, de aquí al 2015 nos hemos fijado distintas iniciativas preponderantes. Entre ellas aparece el seguimiento de las políticas de educación inclusiva. Esto significa que no haya ni un solo niño/a o adolescente con discapacidad sin vacantes en la escuela ordinaria. Son sólo pocos los casos de discapacidad mental severa que podrían o deberían justificar el espacio excluyente de la educación especial. Se trata de algo fundamental para remover los obstáculos que hoy existen en otras esferas y sectores. Para lograrlo, necesitamos accesibilidad e interacción con las comunidades pedagógicas. Para llevar esto a cabo, es necesario todo un debate al interior del sistema educativo. Implica, además, no sólo el trabajo desde Ministerio de Educación, sino también la tarea de cada provincia y la responsabilidad de las escuelas.

En segundo lugar, trabajamos para promover el empleo y el trabajo digno. El objetivo es que el propio Estado Nacional cumpla, en todos sus ministerios y áreas, con el cupo del cuatro por ciento para que podamos ingresar en el Congreso nacional un proyecto de ley de inclusión en las compañías. Buscamos, además, avanzar en la Red de Responsabilidad Social (RS) de empresas para que no se tome a la contratación de personas con discapacidad como una acción cosmética, de marketing o de filantropía sino que haya un cambio en la modalidad organizacional, en el sentido de valorizar la diversidad. Desde el INADI, trabajamos mucho en este criterio cuando creamos la Red de Empresas por la Diversidad. Vamos a continuar en esta línea y por supuesto que lo haremos con el Ministerio de Trabajo, que ya viene desarrollando iniciativas de este tipo. Pero la idea es potenciarlo desde la difusión y desde la dinámica del intercambio con instituciones como la UIA, CAME CGERA, CGE, que representan a empresas de todos los niveles, para poder avanzar en este camino.

Por otra parte, nos ocupamos de otros temas importantísimos como lo es la accesibilidad integral y para esto ya hemos tomado contacto con la Federación Argentina de Municipios porque queremos promover el modelo de Red de Ciudades Accesibles. Se trata de un movimiento global que hace a los centros urbanos amigables no sólo para personas con discapacidad física o motriz sino también para niños/as, y adultos/as mayores. Esto implica trabajar fuertemente con los/as intendentes/as, Concejos Deliberantes, Facultades de Arquitectura y Urbanismo. También articulamos con los ministerios de transporte porque es fundamental que todo lo nuevo en materia de infraestructura y de transporte público tengan alcance y que se introduzcan las modificaciones necesarias en coches, colectivos, unidades y estaciones que todavía no están acondicionados. Para lograrlo, vamos a colaborar con la CNRT, el Ministerio de Transporte, cada uno de los gobiernos provinciales a cuyo cargo está todo el sistema de transporte público, y con la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestra cuarta prioridad se relaciona con la salud. Estamos al tanto de la lógica de los distintos subsistemas dentro de este sector. Pero creemos que la principal barrera está en el incumplimiento de muchas de las obras sociales y las prepagas. Buscamos así fortalecer la relación con la Superintendencia de Salud y, en lo que hace a prestaciones, con el PAMI y el PROFE (Programa Federal de Salud), para ayudar a las personas con discapacidad en la emergencia pero también para promover mecanismos más sencillos y para que los servicios lleguen a tiempo y con calidad.

También queremos articular con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo que se vincula con hacer alcanzables los desarrollos científicos y tecnológicos para este grupo social y así resolverles problemas y hacerles más fácil la vida cotidiana. En ese sentido, el INTI viene desarrollando una labor muy importante que valorizamos y ayudamos a difundir. Son varios los logros que consiguió en estos últimos años pero es necesario ponerlos a la luz y darlos a conocer.

Con mucho entusiasmo asumimos esta tarea que no nace con nosotros/as pero que sí estamos en condiciones de gestionar poniendo la mayor eficacia a la tarea y haciendo más plena la participación directa de las personas con discapacidad en esta gestión. Hemos convocado a la sociedad civil en su conjunto porque son varias las organizaciones no gubernamentales que ya vienen operando tanto con la CONADIS (Comisión Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad), como con el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la idea es que no hagamos nada sin las propias personas con discapacidad al frente de las distintas líneas de acción. Lo hemos comenzado a hacer y pensamos que esto también va a potenciar el crecimiento y la acción del propio movimiento social de este colectivo, como también va a disparar el intercambio fructífero de los distintos grupos, a nivel de las diferentes problemáticas, provincias, y ante la diversidad de discapacidades que requieren abordajes creativos y múltiples.

Todas las voces, todas

El día 29 de octubre quedará en la historia como un día más igualitario, inclusivo y democrático, ya que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue sabia la decisión de publicar el fallo después de las elecciones legislativas, ya que podía malinterpretarse y correrla de su eje.

Después de cuatro años de idas y vueltas se declaró su plena vigencia. Es un paso importante, se pudo enfrentar los intereses corporativos que venían aferrándose con uñas por medio de medidas cautelares judiciales. A partir de la fecha se puede aplicar integralmente. Era una deuda de la democracia.

La comunicación es un derecho, es un derecho para todos y todas. En la Argentina, durante siglos el discurso estuvo hegemonizado por unos pocos grupos, que tenían acceso a la palabra y, como dice Foucault, la palabra es poder.

Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Cómo influye en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas? Trataré de explicarlo para que a los las que aún le quedan dudas abran sus mentes para conscientizarse del cambio real que genera.

Durante años las corporaciones han impedido el acceso a la información, porque defendían su rentabilidad ante todo. La ley le da forma, ordena el mapa de medios, rompe la matriz autoritaria que venía sosteniéndose desde la dictadura militar. Posibilita a las comunidades para que puedan tener acceso, potenciar y difundir sus opiniones. Esto no es menor, antes sólo los que tenían recursos y poder llegaban a tener un programa de TV, gestionar una radio o escribir en un periódico. Es el fin de la colonización de los medios. Por medio de la democratización, la tercera parte de las frecuencias de radio y televisión quedan disponibles para las organizaciones sin fines de lucro, lo que se hace es regular las licencias para impedir la conformación de monopolios y fomenta la producción de contenidos locales. Con la anterior ley de la dictadura sólo tenían acceso las entidades con fines comerciales.

Todo país que aspira al progreso debe luchar contra la concentración. Organizaciones sociales, políticas, asociaciones de todo tipo vienen luchando desde hace años para que  la ley de medios tenga plena aplicación. Ésta era una disposición que estaba vigente desde la dictadura y que permitió la concentración y la privatización de la TV entre otras cosas.  Hay que resaltar también que la norma es importante para que los medios no sean un condicionamiento en la política.

Es fundamental señalar que se concretó porque hubo decisiones políticas, voluntad  y coraje de Néstor y Cristina Kirchner que promovieron que se discuta, que la impulsaron para que se trate en el Congreso.

Hoy tenemos la ley que es la forma, tendremos en un futuro que discutir los contenidos en el marco de la pluralidad. Este fallo quedará en la memoria, es la expresión cultural de un pueblo. Es el poder discursivo en manos de la sociedad, es la horizontalidad en el discurso para que nunca más baje de arriba hacia abajo, sino que se escuchen todas las voces, todas.

Una ciudad con más basura y menos espacios verdes

En el día de ayer, viernes, hubo una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Obras y Servicios Públicos. Allí se firmó un dictamen de mayoría que estipula la instalación de plantas de tratamiento de residuos en 17 predios de la Ciudad. Esto es una clara demostración de que se está incumplimiento de la Ley de Basura Cero en nuestra Ciudad.

Están destruyendo nuestro hábitat, podando los pocos espacios verdes que quedan y llenando el resto con basura que no cuenta con un adecuado tratamiento.

Entre los espacios verdes afectados se encuentran dos hectáreas del Parque de los Niños, ubicado en Costanera Norte, hay terrenos linderos con los ferrocarriles, descampados y galpones. Se deben ampliar los espacios naturales  incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y el Riachuelo y nuevos arbolados en calles, paseos, plazas y parques.

Denunciamos que no se está cumpliendo con la Ley de Basura Cero, que existe en el plano de la teoría pero no tiene correlato en la realidad urbana. Exigimos la separación en origen de los residuos sólidos urbanos y recolección diferenciada acompañada de una importante campaña de difusión masiva con el objetivo de maximizar el reciclado y disminuir el volumen de basura generado por la CABA.

Se toman decisiones que afectan a lxs vecinxs sin una normativa que fije la obligación de presentar una Evaluación Ambiental Estratégica, sin considerar  la sumatoria de impactos de las obras proyectadas por zona, sin la  intervención de los ciudadanxs y las entidades que lxs representan. 

El proyecto denominado “higiene urbana” toma para las definiciones las mismas de la ley 1854, tiene que haber plantas de tratamiento, pero con tecnologías que no pongan en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar directa o indirectamente al ambiente,  centros de transferencia, centros verdes y puntos limpios.

El foco de la discusión es la discrecionalidad con la que se actúa en la gran cantidad de terrenos que se propone desafectar y qué es lo que esta desafectando,  se da vía libre para arrasar con los espacios verdes en perjuicio de los derechos de la ciudadanía.

Desidia: miles de Pechitos en la Ciudad

Las personas en situación de calle han sido excluidas del mandato de Mauricio Macri. En la Ciudad  hay 17.000 personas viviendo bajo estas condiciones y 700.000 con emergencia habitacional. Se computa no sólo a los que viven en la calle sino también los/as que no tienen garantizado un techo digno, con acceso al agua, energía y servicios básicos.

Es importante destacar que Naciones Unidas ha hecho foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar paradigmático en donde crece el número de viviendas que no tienen condiciones dignas para ser habitadas así como un sitio donde no hay políticas públicas al respecto. Por ejemplo, hay una partida presupuestaria destinada a urbanizar la Villa 31, y sin embargo no hay intención por parte de la actual gestión de hacerlo. Es parte de una concepción que busca la especulación y los negocios inmobiliarios en el espacio público.

Quieren titularizar el dominio para comprar a las personas humildes a un precio vil y hacer negocios con sus amigos a costa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Por otra parte, con respecto a las personas que están en la calle, se limitan a buscarlos cuando hace frío, pero no tienen respuestas ni soluciones para cada sujeto, no es sólo darle dinero o tratar de sacarlos como si fueran un objeto o meterlos en una institución, sino que hay que ver qué problema tiene la persona, cómo es su origen,  de dónde vienen, qué les pasa, qué sucedió con su familia, etcétera. Cada persona tiene que ser tratada como tal con cariño e inclusión social. 

Por un lado, hay un tema de falta de ejecución del presupuesto, pero también la ciudad ha duplicado sus ingresos y disminuyó su presupuesto en materia de vivienda, lo que es un retroceso en materia de techo digno, así como en la inclusión social. Los “pobres” son tratados desde una concepción neoliberal, como los excluidos que no han llegado a progresar por su falta de esfuerzo. Una visión netamente utilitarista de la sociedad, ”ser” es ”tener” para los/as chicos/as PRO.

Estamos hablando de un gobierno que reprimió a personas con vulnerabilidad como lo hizo la Unidad de Control de Espacio Público, que reprimió a los más débiles en el Hospital Borda. No es desafortunado pensar que quisieron hacer una limpieza étnica en la vía pública. Gabriela Michetti visitó el programa de Mirtha Legrand, se le preguntó por Pechito  y trató a las personas en situación de calle como patológicas.

Se hacen visibles para el PRO sólo cuando se las/os nombra en programas de TV. Esto sucedió con  nuestro amigo Alejandro “Pechito” Ferreyra. Se lo llevo el SAME el día 29 de agosto en perfecto estado de salud. El 30 de agosto el BAP lo traslada al Hospital Rawson contra su voluntad y luego desparece. Los/as vecinxs pedimos un habeas corpus. El 1º de septiembre aparece golpeado y en pésimas condiciones de salud. Presentamos una denuncia por abandono de persona. El 7 de septiembre muere y no hay ninguna respuesta por parte del Gobierno de la ciudad. Tenemos que seguir luchando para que esto nunca más suceda, que se haga justicia, y que haya políticas sociales para los miles de Pechitos que padecen las mismas condiciones.

Privatización de la educación y vaciamiento de las actividades culturales

Un punto que está haciendo eclosión en la Ciudad es el maltrato hacia las actividades culturales y la educación en general. En el Ministerio de Cultura se puede observar una  ejecución de 41,8% del presupuesto para 2013. En la distribución del gasto, las partidas que reciben más recursos en el presupuesto 2013 son el Ministerio de Cultura. Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestaria es bajo, con un porcentaje de 24,9%. Otra partida que recibe muchos recursos es la Dirección General de Promoción Cultural, con un monto que asciende a $107,35 millones para 2013. Otro gasto importante en el presupuesto es el Ente Autárquico Teatro Colón, con un monto que asciende a $302,36 millones y tiene un nivel de ejecución de 47,1% en el segundo trimestre. El presupuesto estimado para el Ente Autárquico Teatro Colón representa un 22% de los recursos estimados para el Ministerio, cobrando una gran relevancia. A pesar de que los trabajos de refacción de la fachada e interior del teatro eran necesarios, se evidenciaron una serie de irregularidades en cuanto a los procedimientos. La falta de control de gastos, el exceso de pagos por caja chica, la falta de inventario y una inexplicada transferencia de once millones a la Fundación son algunos ejemplos. Además se debe mencionar la desvinculación y tercerización de una gran parte de su personal.

En cuanto a los programas con menor ejecución presupuestaria, podemos encontrar la Secretaría de Turismo (0,3%) y la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio (22,5%), Promoción y Protección de Bares Notables (0%), Comisión Preservación del Patrimonio de la Ciudad (21,2%), Incentivo a la Producción Cultural (9,5%), Formación Artística Instituto Superior De Arte (2,1%) que se encarga de dar las carreras que puede ofrecer el Teatro Colón. En cuanto al Programa Cultural en Barrios -que sólo tiene un nivel de ejecución presupuestaria de 2,8% al segundo trimestre- sufrió un importante recorte en los últimos años. Los/as trabajadores/as del los centros culturales barriales del programa soportaron el cierre de más de 500 talleres artísticos que se dictaban en los centros culturales barriales, a los que asisten más de 20.000 vecinos diariamente y en los cuales se desempeñan 250 docentes.

Por otro lado, el Ministerio de Educación presenta una ejecución de 51,1% con un presupuesto para 2013 de $9.935,30 millones y un monto devengados al segundo trimestre de $5.073,94 millones. Las partidas con mayor monto presupuestado para 2013 son la Dirección General de Educación de Gestión Estatal con $5.079,99 millones, destacándose la educación primaria con un monto de $2.035,29 millones; ambos caso muestran un elevado nivel de ejecución presupuestaria de 56,3% y 51,6% explicado principalmente por gasto de personal docente. La siguiente partida que se destaca en monto es la Dirección General de Gestión Privada, con $1.647,82 millones presupuestados para 2013 y un nivel de ejecución al segundo trimestre de 56,6%. Esta partida está explicada principalmente por las transferencias a la educación privada que tiene un monto presupuestado para 2013 de $1.622,90 millones. En el segundo trimestre las transferencias a la educación privada tienen un alto nivel de ejecución con un 55,6% del crédito vigente para esta partida.

Otro aspecto a destacar es la escasa relevancia que se da a la inversión en infraestructura escolar y obras públicas. Podemos ver como ejemplo el escaso monto destinado en el presupuesto 2013 a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento que asciende a $255,96 millones con un nivel de ejecución de 30,8% en el segundo trimestre. Otro ejemplo es equipamiento mobiliario con un presupuesto para 2013 de solo $5,01 millones y un escaso nivel de ejecución al segundo trimestre de 11,1%.

Una partida totalmente rezagada en la ejecución presupuestaria es Mitigación de Riesgo y Ley de Escuelas Seguras, que solo usó en el segundo trimestre el 7,4% del crédito vigente.

Otras partidas de escasa ejecución presupuestaria en el segundo trimestre son Evaluación de la Calidad Educativa (19,2%) necesarias para evaluar el nivel de aprendizaje y enseñanza de las escuelas y poder mejorar los aspectos con mayores falencias y reforzar las instituciones con mayores problemas. Otra partida con poca ejecución presupuestaria es Sistemas y Proyectos de Informatización (22,5%) remarcando la poca importancia que le da el Gobierno de la Ciudad a la incorporación de tecnología a la educación a diferencia del Gobierno Nacional.

La mentalidad privatizadora que está aplicando sobre los colegios está socavando la educación pública igualadora de oportunidades. El aumento de las transferencias a los colegios privados, los cierres de grados de escuelas públicas y la reducción de la currícula son algunos ejemplos. Progresivamente, se está avanzando hacia una ciudad para unos pocos.