Se sabe que actualmente cerca de las tres cuartas partes de los habitantes del mundo tiene acceso a un teléfono celular. Argentina no escapa a la expansión de la telefonía móvil que se observa a nivel mundial. Según el informe Maximizing Mobile del Banco Mundial (en 2012), el 86 % de los hogares del país tiene recepción de señal de celulares.
Sin embargo, el entusiasmo con los celulares en Argentina se termina cuando uno mira que los reclamos por la prestación de servicios que dan las empresas de telefonía celular han empezado a ser recurrentes entre los usuarios. Es más, según lo afirman varios artículos periodísticos recientes, este tipo de quejas lidera el ranking en los organismos de defensa del consumidor de los distintos niveles de gobierno. La problemática la venimos sufriendo todos los ciudadanos y es el reflejo de la falta de poder fiscalizador del Estado.
Como ilustración vale una anécdota personal. Mantengo la misma línea de teléfono hace bastante tiempo, como la mayoría de las personas que hace varios años usamos celulares. Nunca he cambiado mi plan desde la contratación original, que consistía en un precio dado y una serie de servicios (básicamente minutos de llamadas libres, cierta cantidad de mensajes de texto libres, algunos números de llamada gratuitos y uso de internet ilimitado).
A principios de abril, por el robo de mi móvil en un colectivo (otro problema de falta de poder del Estado), concurrí a la compañía de celular para dar de baja el chip y aproveché para preguntar si podía bajar los costos de mi plan. Para ello, pedí que me detallaran los servicios que tenía y las alternativas. Ahí descubrí que lo que yo pensaba que contenía mi plan no eran más los servicios originales (los minutos libres a otras empresas de celulares habían bajado a la mitad). Pero me aseguraban que mi plan seguía siendo el mismo: efectivamente el nombre no había cambiado. En el ínterin, recibí una comunicación de la empresa en la que me informaban que el costo de mi línea volvería a aumentar 14 %. Cuando finalmente compré un nuevo teléfono, volví a ir a la empresa a buscar el nuevo chip e hice el ejercicio de volver a preguntar qué servicios tenía. Resulta ser que, a partir de mayo, mi plan ya no incluía números libres (excepto uno: a una línea fija).
Este caso es un ejemplo más de fracaso regulatorio, pero también de relato. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con las paritarias de los aceiteros (que lograron un aumento de sus salarios de bolsillo del 36 % -cumpliendo la pauta fijada por el gobierno de que sea del 27,8 %- usando el artilugio de “adicionales” salariales) o de los bancarios (negociaron subas del 33 % con “sumas no remunerativas”) y lo que pasa con los celulares? Es exactamente lo mismo: el aumento de la tarifa se conjuga con servicios cada vez menores.
Las empresas de telefonía móvil juegan con los consumidores y el Estado mira para otro lado, preocupándose más por defender el relato que el bienestar de los ciudadanos. El Estado tiene un rol fiscalizador de la actividad económica que no puede ser desatendido. Esperemos el futuro sea mejor.