Gran parte de los niños de la ciudad de Buenos Aires tiene la suerte de crecer en el seno de una familia. En ella, los padres cuentan con el derecho de criar a sus hijos en libertad, según sus propias creencias, sin la interferencia del Estado. Pero los hijos no son propiedad de sus padres. La libertad de estos para elegir las mejores maneras de educarlos tiene un límite: no se pueden violar sus derechos. El derecho a la privacidad en el marco de la familia no justifica conductas violentas que puedan generar daño a los niños.
Muchos chicos de nuestro país están expuestos a la violencia doméstica, ya sea porque escuchan amenazas entre sus padres o las reciben de ellos. Esto los pone en una situación difícil. Como ha sido ampliamente estudiado, el efecto de vivir rodeado de violencia, cuando no es la muerte o un daño físico reparable, suele estar acompañado de ansiedad, problemas en el rendimiento escolar, aumento de la agresividad.
Aunque el maltrato ocurra en el hogar, no se trata de un hecho privado, porque todo lo que concierne al desarrollo integral de un niño es un tema de interés público. Esto es así por, al menos, dos cuestiones fundamentales: porque al ser menores no pueden protegerse tan fácilmente por sus propios medios, pero también porque las consecuencias de esa violencia generan consecuencias sociales indeseables en otros niños u otros adultos. Hay evidencia de que los niños enfrentados a situaciones violentas en sus hogares disminuyen los resultados en pruebas de lectura y matemática con respecto a sus pares en las escuelas, y aumentan la mala conducta de la clase. Se ha comprobado también que los niños que sufren violencia en sus casas suelen ser luego adultos violentos y, por lo tanto, tienden a perpetuar el daño recibido.
Ahora bien, toda la sociedad debe proteger a los niños: los médicos, los maestros y también los vecinos. Centrándonos justamente en el sistema educativo, el artículo 67 de la ley n.o 26.206 de 2006 de educación nacional, referido a las obligaciones de los docentes, afirma en el inciso e): “proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la ley n.o 26.061” (ley nacional de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes).
Existen protocolos en las escuelas que establecen que los maestros deben avisar a sus superiores si observan signos de violencia doméstica en sus alumnos. Con esto es con lo que no cumplieron ni la directora del jardín de infantes ni la maestra del niño de 5 años que hace unos días fue asesinado en su casa. Por eso es que el Ministerio de Educación de la ciudad les inició un sumario administrativo y las suspendió (con goce de sueldo) hasta que se efectúe la investigación correspondiente. Se hizo lo que se tenía que hacer. Si no se hubiese tomado esta medida, muy raramente la escuela podría contribuir a disminuir los casos de maltrato infantil. Siempre habría incentivos para no cumplir con las obligaciones si no hay costos por la inconducta (por ejemplo, el miedo a las represalias de los padres o de la propia escuela por obligar a las autoridades a hacer más tareas). Como decimos los economistas, los incentivos tienen que estar alineados. El que hace bien su trabajo debe ser reconocido y el que lo hace mal debe ser sancionado. En este caso, no hacer bien un trabajo costó la vida de un chico de 5 años. La Unión de Trabajadores del Estado decidió realizar un paro de 24 horas en repudio a la sanción, la sociedad no debería acompañarlo. Los niños merecen ser defendidos.