Por: Mariana Zuvic
En una maniobra sorpresiva y de evidente ilegalidad, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 4 de noviembre de 2015, el Frente para la Victoria (FPV) nombró como nuevos auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN) a dos fieles representantes de La Cámpora, por un mandato de ocho años, al ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón y al secretario de Justicia, Julián Álvarez, aún en funciones en el Poder Ejecutivo, en reemplazo de los auditores Oscar Lamberto y Vicente Brusca, nombrados por el mismo FPV. Entendieron, erróneamente, que el mandato de ocho años de los reemplazados terminaba el 5 de septiembre, en lugar del 10 de diciembre, como lo indica el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Evidentemente, este cambio debía ser realizado por el Congreso renovado el 10 de diciembre de 2015, en su nueva integración. Pero no, el kirchnerismo se adelantó. El procedimiento de designación de los nuevos auditores fue inconstitucional y estuvo teñido de irregularidades graves. Fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo antirreglamentariamente, en una sesión especial, sin estar incluida en el orden del día y sin ser votada su incorporación posterior por una mayoría de las tres cuartas partes de los votos, que el oficialismo no reunía, jurando sin el quórum requerido.
¿Y por qué el FPV actuó de esta forma apresurada e ilegal buscando mantener esta mayoría? Porque, justamente, durante el año parlamentario que comienza en 2016, la AGN tiene que presentar y solicitar la aprobación de todos sus informes recopilados sobre la gestión del actual Gobierno, que finaliza su mandato el 10 de diciembre de 2015. Todos saben que esos informes, algunos ya tratados inicialmente o anunciados, en su mayoría son desaprobatorios de la gestión gubernamental, e incluso han sido el origen de denuncias o acciones penales con destino judicial, por los delitos derivados o las graves faltas que conllevan responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. Resulta entonces necesaria esa mayoría para desaprobar o archivar dichos informes y dejar a salvo la responsabilidad penal del Gobierno saliente. ¿No es ilegal auditar la propia gestión, lo que obligaría a excusarse o a ser recusados?
Conclusión: Se han violado la Constitución Nacional, el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, la ley 24156, los mecanismos de control de los órganos de Gobierno, la representación parlamentaria, la ética pública, los principios republicanos y el orden democrático.
Terminemos con la impunidad. No podemos permitir acciones dictatoriales en plena democracia. El 22 de noviembre #Cambiemos.