Derechos humanos: tiempo de consolidar y avanzar

Durante la campaña electoral, Amnistía Internacional invitó a los aspirantes a la Presidencia a comprometerse con una agenda de derechos humanos, con la convicción de que el mandatario que resultara electo tendría el enorme desafío no sólo de consolidar los avances logrados, sino también de encarar temas que fueron ignorados por el Gobierno saliente.

Hace pocos días, Amnistía Internacional se reunió con el ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, para presentarle sus principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el país. Desde nuestra perspectiva, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del área de Justicia, debe asumir un liderazgo que permita situar a este tema en el centro de las iniciativas y los programas, para así consolidar a la Argentina como un ejemplo a nivel mundial de respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales.

Durante el encuentro con el ministro Garavano, planteamos nuestra preocupación por las vacantes disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitamos que se tuviera en cuenta la diversidad de género en su integración a la hora de postular nuevos miembros. Continuar leyendo

China sigue sin respetar los Derechos Humanos

La persecución a activistas políticos, intelectuales opositores, ciberactivistas y personas que practican su religión fuera de los cauces oficialmente autorizados es una realidad cotidiana en China, lo que constituye un escenario de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Esta realidad no debe pasar inadvertida tras la visita oficial a la Argentina que realizó este fin de semana su presidente, Xi Jinping, más allá de las oportunidades comerciales que representa para nuestro país.

Existen suficientes evidencias de que ser crítico del orden oficial en China implica correr riesgos de sufrir hostigamiento e intimidación, ser detenido arbitrariamente o incluso ser víctima de desaparición forzada. Un ejemplo es lo que ha estado sucediendo en el último tiempo con un grupo de personas que formaron una organización llamada Movimiento de Nuevos Ciudadanos, para reclamar una mayor transparencia en la actividad del gobierno y mejoras en la educación de los hijos de los inmigrantes, entre otras cuestiones. Hasta abril pasado, 70 de sus miembros habían sido detenidos.

A pesar de la apertura económica, el sistema político se mantiene con el paso de los años. A fines de 2013, el Partido Comunista de China anunció el cierre de sus célebres campos de re-educación, que funcionaron durante casi 60 años y en los que se permitía alojar por hasta cuatro años a personas detenidas sin proceso. Allí, los internos debían trabajar en condiciones durísimas por un pago mínimo o, incluso inexistente. Sin embargo, las pruebas iniciales reunidas por Amnistía Internacional indican que en realidad los cambios han sido cosméticos, ya que las autoridades utilizan otras vías para mantener encerrados y torturar a los disidentes. Aunque la tortura es oficialmente ilegal, en la práctica, tanto los opositores políticos como los delincuentes comunes son sometidos a prácticas como la electrocución, palizas, denegación de tratamiento médico e inyección forzada de drogas.

Un caso emblemático es el de Ilham Tohti, un intelectual de la región autónoma uigur del Sing-kiang, crítico de las políticas del gobierno de Beijing hacia su etnia. Thoti fue detenido en enero de este año, bajo la acusación de separatismo y desde entonces está incomunicado, sin siquiera acceso a un abogado. Últimamente, se supo que estaría siendo sometido a un juicio en secreto, en el que podría ser condenado a prisión perpetua. Las autoridades se negaron a confirmarlo o desmentirlo.

En China todas las personas que sufren violaciones de sus derechos enfrentan barreras para acceder a la Justicia, que no es independiente ni imparcial sino que está controlado por el Partido Comunista, a través de los nombramientos, el manejo del presupuesto y otras herramientas.

El resultado es que millones de personas recurren a las peticiones, un sistema extrajudicial, por el cual es el gobierno el que canaliza reclamos, garantizado por la Constitución china. En 2013, se estima que se presentaron unas 600.000 peticiones por mes, principalmente por cuestiones como desalojos de tierras rurales y demoliciones de construcciones urbanas. Muchas de esas personas que recurren a las peticiones son detenidas u hostigadas, por autoridades locales que buscan que los casos no lleguen a altos funcionarios o no trasciendan públicamente.

La comunidad internacional debe actuar y presionar a las autoridades chinas para que esta realidad cambie. Y las autoridades que lo recibieron en su visita a la Argentina perdieron una buena oportunidad de hacerlo.

El Estado no puedo imponer a la sociedad concepciones morales o religiosas

El texto del artículo 19 del proyecto de reforma del Código Civil, tal cual lo aprobó hace pocas horas el Senado de la Nación, no sólo es incompatible con el derecho internacional sino que también resulta discriminatorio con las mujeres y hombres que buscan concretar su proyecto familiar a través de métodos de fertilización asistida.

El nuevo texto, que debe discutirse ahora en la Cámara de Diputados, establece que el embrión es persona desde el momento de su fecundación, en lugar del momento de su implantación en el vientre materno, que era la propuesta original de la comisión redactora de la reforma. De ser aprobado tal cual salió de la Cámara alta, este artículo estaría sacrificando los derechos de las mujeres y los hombres para dar prevalencia a valores morales, éticos o religiosos. Esto es así porque, en la práctica, se limitaría a las mujeres y familias acceder a la fertilización asistida para concretar su proyecto de familia deseado.

El derecho a tener hijos forma parte del ámbito de los derechos a la libertad personal, la intimidad, la vida privada y familiar. La posibilidad de acceder a la tecnología médica para ejercerlo es un reconocimiento a la autonomía y a la identidad de las personas, tanto en su dimensión individual como de pareja. Si bien los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud, es su obligación garantizar el acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces y accesibles.

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Imponer a la sociedad el criterio de que la existencia de la persona comienza con la fecundación del embrión resulta una violación a estos derechos. Los Estados no pueden imponer una única idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema administrativo, civil o penal, y mucho menos legislar o criminalizar a quienes disienten con esa noción.

No existe consenso desde la ciencia, la teología o la ética acerca del inicio de la vida humana. En un fallo reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben permitir diferentes y contradictorias opiniones sobre este tema; las concepciones morales, religiosas o de cualquier otro tenor que consideran que hay vida desde la fecundación del óvulo “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a este idea porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten”. Y concluyó que hasta su implantación en el útero, el embrión no puede ser entendido como persona.

La protección y promoción de salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres es un imperativo de derechos humanos. La reforma al cuerpo normativo central en materia civil debe constituirse en una instancia fundamental para adecuar, ordenar y actualizar el ordenamiento jurídico a las nuevas demandas de una sociedad en constante evolución. El texto del artículo 19 aprobado en el Senado transita un camino contrario al que nuestro país ha expresado con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la identidad de género. Es un momento oportuno para repensar esta política.

Siria: con intervención militar o sin ella, lo fundamental es proteger a la población civil

La comunidad internacional ha hecho demasiado poco hasta ahora, frente a los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado en Siria. La inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha permitido al régimen de Bashar al Assad cometer graves violaciones a los derechos humanos durante los últimos dos años y medio, con la confianza que le otorgó la protección de aliados como Rusia y China.

Si se hubiera dado intervención a la Corte Penal Internacional y se hubieran aplicado sanciones selectivas (como el congelamiento de los bienes del presidente Assad) es posible que la población siria se hubiese librado de los gravísimos abusos que padeció.

Hoy se ha llegado a una situación en la cual, salvo que cambie la dinámica y se ejerza una presión efectiva sobre todas las partes, es difícil que unas negociaciones resuelvan por sí solas la crisis. Las investigaciones y consultas a especialistas realizadas por Amnistía Internacional indican que muy probablemente se utilizaron armas químicas la semana pasada en las poblaciones de Zamalka y Ain Tarma, al este de Damasco. Sin embargo, la organización no tiene la información suficiente sobre quién utilizó o emitió esos agentes químicos y hace falta una investigación independiente en el lugar, para llegar a resultados concluyentes.

Sin perjuicio de que Amnistía Internacional no condena ni aprueba la posible intervención militar y tampoco adopta una posición sobre la legalidad o las bases morales para justificar esa acción, en caso de que concreten su anunciada intención de actuar contra el gobierno sirio, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia deben proteger a la acción civil. Esto significa concretamente: abstenerse de realizar ataques indiscriminados y desproporcionados, no situar objetivos militares en zonas densamente pobladas o en las proximidades de ellas y evitar utilizar a la población civil para proteger a objetivos militares (es decir, como escudos humanos).

En cuanto a Rusia y los demás aliados del gobierno sirio, deben dejar de suministrar armas y equipos a las fuerzas gubernamentales. Además, deben trabajar junto con otros Estados para presionar a Siria para que deje de cometer crímenes de derecho internacional y conceda el acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, a la Comisión de Investigación de la ONU y a las organizaciones de derechos humanos.

La comunidad internacional en general no puede seguir postergando la adopción de medidas para aliviar la terrible situación humanitaria existente dentro del país, donde se cree que hay más de cuatro millones de personas desplazadas de sus hogares. Se debe compartir la responsabilidad respecto de la asistencia y protección de los refugiados que han huido del conflicto, que hoy representan una enorme presión para los vecinos de Siria. Y todos deben, también, aceptar la responsabilidad compartida de investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria.